23 de abril de 2017

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ECUADOR: VICTORIA PÍRRICA (II)

Por: Guillermo Navarro Jiménez.

19 de enero de 2007

El Ministro de Gobierno designado, Gustavo Larrea, asume que el haber logrado una nueva mayoría en el Congreso Nacional, mediante la alianza con el Partido Sociedad Patriótica (PSP) del ex Presidente Lucio Gutiérrez, es una victoria política, puesto que, según sus palabras, ha evitado el “choque entre dos trenes”, en referencia a las diferencias entre el Ejecutivo a posesionarse y el Congreso Nacional en el cual se había, inicialmente, conformada una mayoría de derecha. Más, a la luz de los elementos que se incluyen inmediatamente, lo logrado no es más que otra victoria pírrica.

1. Ante la previsible mayoría de la derecha en el Congreso Nacional y de la oposición que esta presentaría en contra de la Consulta Popular (CP) que posibilitaría la realización de la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes (ANC), el pueblo ecuatoriano que se había pronunciado por la ANC inició una serie de movilizaciones en contra del Congreso aún antes de que se conforme la mayoría de la derecha.. Este proceso, a nuestro criterio, señalaba que el pueblo ecuatoriano había rebasado el fetichismo constitucional, fetichismo respecto al cual Carol Murillo, en forma lúcida, menciona que: “Muchos legalistas hablan del Ecuador, de las leyes del país, de su institucionalidad, de su Estado, digamos, de sus edificios, como si aquí la norma, el estatuto jurídico que ordena el caos social -implícito a todo pueblo primigenio y/o en formación-, funcionara de tal modo que no necesitara un golpe, una implosión, para cesar su farsa, su trampa y su impudicia”, a lo que agrega que las leyes: “constituyen el canon del silencio de las masas, que disciplinan el país según el pergamino de una oligarquía/burguesía encarnada en los leguleyos del deber ser -social, político, económico-; leguleyos que franquean la visión de patria en el bello principio de la igualdad mientras consagran la muerte del Estado”. En otros términos, consideramos que la mayoría del pueblo ecuatoriano tenía: “la convicción de que ninguna norma legal ni constitucional puede prevalecer sobre el derecho que representa la suprema necesidad del pueblo. En otras palabras, no es el pueblo para la ley, sino la ley para el pueblo”, posición que como bien lo afirma Fernando Tinajero: “ lo ha visto con claridad el señor Correa, cuando ha señalado la contradicción que representa la recalcitrante oposición a la asamblea en nombre de la misma Constitución que se pretende superar”. En esta perspectiva, la victoria sugerida por Gustavo Larrea, es una derrota en tanto y en cuanto su acción responde a una visión errónea respecto al nivel de conciencia alcanzado por la mayoría de ecuatorianos y, fundamentalmente, por cuanto el acuerdo de cumplir a rajatabla con las normas constitucionales vigentes consagra las normas que se pretende cambiar, consolida el fetichismo de las leyes que domestican;

2. El Presidente electo Rafael Correa, había iniciado una campaña en procura del apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, lo que, sin lugar a dudas, había generado un amplio apoyo, manifiesto no sólo en adhesiones públicas, sino incluso en manifestaciones, en las que el rechazo al Congreso, sobre la base de una previsible oposición de la anterior mayoría constituida en el Congreso Nacional, de la cual era parte PSP, a la CP y, consecuentemente, a la ANC de plenos poderes era evidente. Tan evidente que todos los movilizados reclamaban que por tratarse de una ANC de plenos poderes, el Congreso debía desaparecer por, en esa condición, carecer de función alguna que justifique su presencia. En esta perspectiva, la posición de la derecha era insostenible y se aprestaba a una inminente derrota. El choque, entonces no tenía como contendores al Ejecutivo con el Congreso Nacional, lo era entre éste, que representa la institucionalidad que quiere cambiarse, y las masas movilizadas por el cambio. El acuerdo logrado con el PSP, no sólo que desmoviliza a quienes enfrentaban al Congreso, sino y lo que es más grave puede convertirse en un instrumento de desmovilización aún mayor, puesto que en el acuerdo el objetivo de convocar a una ANC de plenos poderes ha sido abandonado, como lo demuestra el que la pregunta de la CP diría: “¿Está de acuerdo con la instalación de una asamblea nacional constituyente?” (1), omitiéndose “de plenos poderes”, como constaba en el texto de la comunicación de 25 de agosto del 2006, remitida por Rabel Correa Delgado, Manuela Gallegos Anda y Gustavo Larrea Cabrera a Xavier Cazar, Presidente del Tribunal Supremo Electoral. Comunicación en que la pregunta rezaba: “¿Aprueba usted que se convoque e instale una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes, que elabore y apruebe una Nueva Constitución Política de la República de conformidad con el siguiente estatuto electoral?”. Igualmente lo demuestra que en el marco del acuerdo se acepte que la ANC se sujete a una agenda previamente establecida, la que se limitaría a reformas políticas (2), con lo que igualmente se renunciaría al objetivo de modificar el modelo de “economía social de mercado” implícito en la Constitución vigente, cambio sobre el cual ha insistido permanentemente el Presidente electo Rafael Correa (3). Dado que el establecimiento de una agenda previa, limitada a reformas políticas, dejaría intocado el modelo de desarrollo, el acuerdo responde a la tesis y pretensión de la derecha ecuatoriana, que no a lo planteado por el Presidente electo Rafael Correa, por lo que los términos del acuerdo implican una derrota política, a la que debe sumarse la desmovilización que propicia el acuerdo con el PSP, lo que reducirá ostensiblemente la fuerza del Ejecutivo. El acuerdo entonces es una derrota y, de ninguna manera, un triunfo;

3. El suponer que el acuerdo logrado con el PSP determinará que, en adelante, todo caminará con fluidez para la realización tanto de la CP como de la ANC, significa olvidar que el PSP es un producto de la “profesionalización” de la política. Profesionalización en su enfoque más rastrero: el hacer de la política una forma de vida, profesionalizarse en el chantaje vil, en la venta de conciencias, en forma de enriquecimiento ilícito, en el reparto de la troncha, en la verborrea intrascendente, en el vacío ideológico. Como ello es así, la senda que espera al acuerdo, estará llena de esa práctica aborrecible, por lo que la fluidez y la unidad se mantendrá única y exclusivamente si el gobierno del Presidente electo Rafael Correa atiende las exigencias de PSP, por más absurdas e ilegales que estas sean. Caso contrario no deberá extrañar que el PSP retorne a su antigua alianza con la derecha ecuatoriana, pero lo hará en condiciones de ventaja, provisto de un enorme poder, puesto que el acuerdo ha consagrado que la convocatoria a CP debe, ineludiblemente, ser aprobada por el Congreso Nacional. Al abandonarse la posibilidad de que la convocatoria a CP proceda por el ejercicio de la soberanía por el pueblo que la sustenta, y optarse por la vieja práctica política del entente en las altas esferas, se ha creado las condiciones para que el PSP decida si procede o no la CP, para que ejercite el elevado grado de “profesionalización” política que ha demostrado más que fehacientemente. Depender de Gutiérrez es de por sí una derrota, como ya lo anuncian los “logros” que aquel ha alcanzado ya en el marco del acuerdo;

4. El poder no constituye un solo todo en el marco de la Institucionalidad de Estado. Esta constituido por una serie de instancias que permiten ejercerlo, incluso sin atender al cuerpo legal al que debería ajustarse siempre su ejercicio. El PSP lo sabe bien, como lo demostró durante todo el lapso en que Gutiérrez ejerció la presidencia de la República. Por ello, en el marco del acuerdo ha exigido la presidencia del Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General de la Nación (4). Si bien no existe dato evidente alguno, lo más probable es que el PSP haya demandado se designe un nuevo Tribunal Constitucional (TC), proceso en el cual el PSP seguramente reclamará la presidencia. ¿En que propósitos?

- Si el Presidente electo Rafael Correa, pretendiese volver a la ruta de convocar a la CP en ejercicio de la soberanía popular, el Fiscal General de la Nación, podría iniciar un proceso por violación de la Constitución;

- El TC en manos de Gutiérrez, procedería a calificar la violación de la Constitución, con lo que las puertas quedarían abiertas para que el Congreso inicie un juicio político en contra del Presidente Rafael Correa, lo que podría terminar con su destitución. Esta intención se advierte en el texto de la entrevista de Gutiérrez ya citada;

- En caso en que en el Congreso Nacional prosperase la convocatoria a la ANC, a Gutiérrez le restaría otra instancia para ejercer su “profesionalización” política, el TSE;

- La presidencia del TSE y del TC deberá permitir que Gutiérrez sea políticamente habilitado, puesto que como él lo señala, tiene reclamos en esas dos instancias para lograr ese objetivo.

Por todo lo dicho, el acuerdo implica una cesión innecesaria de instancias muy importantes de poder, por lo que el gran ganador del acuerdo es Gutiérrez y el PSP, y no el Presidente electo Rafael Correa y los partidos que le apoyan.

En conclusión, el acuerdo logrado con el PSP es una derrota que no una victoria, circunstancia que vale advertir, en dos propósitos, en la necesidad de incrementar las movilizaciones a favor de la ASN de plenos poderes, y, apresurar la conformación de un gran frente progresista que enfrente las embestidas de la derecha en contra de la ASN de plenos poderes como es previsible, embestidas entre las cuales, seguramente se inscribe la anuencia de Lucio Gutiérrez. Si adicionalmente a ello, contribuye a que el gobierno del Presidente electo Rafael Correa reflexione sobre sus acciones y consecuencias, habremos avanzado sustantivamente en procura de concretar la CP y de avanzar en la línea de convocar a una ANC de plenos poderes.

Notas:
1) Véase: “Rafael Correa enviará el texto de la Consulta al Congreso”, Diario El Comercio, Quito, Ecuador, 13 de enero del 2007.
2) Véase entrevista con Lucio Gutiérrez publicado bajo el título: “Queremos una asamblea con agenda y máximo de 7 meses”, publicada en la edición del Diario El Comercio, Quito, Ecuador, 13 de enero del 2007.
3) Estrictamente, el Presidente electo Rafael Correa, plantea desmontar el modelo neoliberal. Más como los principios teóricos corresponden a la “economía social de mercado”, no es arbitrario utilizar indistintamente uno u otro.
4) Según el Diario El Universo: “Esa dignidad, según el acuerdo, le corresponderá a Sociedad Patriótica. Véase Diario El Universo: “El CNJ elegirá el nuevo fiscal”, Guayaquil, Ecuador, 13 de enero del 2007.

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