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VENEZUELA: FUNCIONARIOS CANALLAS DE UN GOBIERNO QUE SE DEFINE DESDE LAS ALTURAS COMO OBRERISTA Y SOCIALISTA
Edwin Sambrano Vidal.
La unidad de los trabajadores y control obrero sobre la producción.
125 años del Primero de Mayo de 1886. Miles de jornadas de lucha. Millones de trabajadores asesinados, martirizados, perseguidos o desplazados. La lucha principal es la lucha por la liberación de la clase obrera, que hoy podemos llamar la clase trabajadora para incluir a un universo que se hizo muy amplio con el desarrollo de las fuerzas productivas, que en buena es parte el resultado del avance de la ciencia, la tecnología y la técnica.
Los trabajadores del mundo han sido, desde el Siglo XIX el motor de las Repúblicas, de la democracia y de los derechos y libertades públicas. En gran medida, el bienestar del cual disfrutan las llamadas sociedades modernas es el producto del movimiento obrero o de las luchas laborales, además del trabajo de los trabajadores. De estas realidades suelen olvidarse, en la Venezuela de hoy, los burócratas, muchos intelectuales, los integrantes de esa fauna parasitaria que denominamos “los políticos”, los sindicalistas, los militares y especialmente los empresarios y patronos, tanto del sector privado como del público.
Insensibles aprovechados
Es un olvido mezquino y torvo que en algunos casos se convierte en miserable e infame. Que reniega de la condición humana y que convierte a los “olvidadizos” en unos insensibles, en perversos guardianes de un injusto estado de cosas del cual obtienen un bienestar inmerecido que es negado sistemáticamente a los que trabajan y producen las condiciones para que ese bienestar exista socialmente.
Funcionarios Canallas
Actualmente, dentro de la Venezuela que se define desde las alturas del gobierno como obrerista y socialista, hay cientos de funcionarios quienes, con mayor crueldad, utilizan los derechos de los trabajadores para obtener de parte de los patronos un beneficio para negar la aplicación de esos derechos. No es sólo la ignorancia y la negligencia, que en algunos casos es ya una grave falta cuando se ocupa un cargo que exige sabiduría y diligencia para poder desempeñarlo con eficacia social y cumplir los objetivos de la Ley. Me refiero, por ejemplo a los Coordinadores e Inspectores del Trabajo, los Jueces laborales, los funcionarios y técnicos de la seguridad y la higiene o salud ocupacional. La negligencia y la ignorancia en estos cargos son una falta que merece castigos ejemplares para formar una conciencia del servicio público a favor de los derechos laborales. Hay quienes tienen mayor perversidad; los que conspiran junto con los patronos para negar los derechos de los trabajadores, para engañarlos y someterlos a cargas y represalias por ejercer sus derechos y luchar por mejorar su calidad de vida. Esos son verdaderos canallas, abusadores, delincuentes que se ocultan tras el cargo y vociferan una falsa condición revolucionaria para cometer estos delitos.
No hay castigo para los que venden a los trabajadores
Ninguno de estos sujetos de mal vivir ha sido castigado, los altos jerarcas del poder los mantienen atornillados en sus puestos porque reciben las lisonjas y las garantías de mantener una situación que los sostiene en sus altos cargos partidistas o administrativos. Les importa el presupuesto para derivar de allí una riqueza súbita y escandalosa. Si revisamos el patrimonio personal o familiar actual de cada uno de estos funcionarios y lo comparamos con el de hace diez o doce años, nos encontraremos el desaguadero por el cual se ha ido una inmensa fortuna derivada de la venta del petróleo crudo. Petróleo que alimenta el consumismo de los países industrializados y la riqueza de ciertos conglomerados económicos a costa de la explotación de millones de trabajadores en el mundo.
Un gasto para el atraso: Pan hoy y hambre para mañana.
Lo mismo encontraremos en los nuevos empresarios privados que se han creado y engordado a la sombra del gasto público. De un gasto que, dicho sea de paso, es un gasto improductivo, verdadero derroche que atrasa al país y que nos conduce cada vez más al abismo de una guerra civil. Este es el gasto en las importaciones de alimentos, de bienes de consumo y suntuarios. Es el gasto en publicidad, en propaganda electoral, en el mantenimiento de millones de legionarios electoralistas, controladores de la voluntad electoral. Es el gasto en el sobreprecio de las obras públicas, en los préstamos para ficticios proyectos que mueren al nacer. Mientras que brilla por su ausencia la inversión productiva en el mejoramiento del plantel industrial, o en la instalación de nuevas industrias, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en la educación de tercer, cuarto y quinto nivel. Se niegan los recursos para cumplir con los derechos de los trabajadores industriales y de servicios del país, quienes viven en la zozobra de la incertidumbre, obligados a realizar luchas insólitas, como para que se cumplan compromisos establecidos en los contratos colectivos o en la ley. Tienen que realizar marchas y paros para que se discutan los contratos en el tiempo previsto en sus cláusulas o en la ley. Es inexplicable que no se homologue los salarios y beneficios de acuerdo al principio de que a trabajo igual en condiciones de calidad y eficiencia igual se corresponde un salario igual. Es incongruente que no se aumenten los salarios en cuantía suficiente para anular la inflación, y que esta continúe siendo un flagelo. No sólo porque ya se ha abatido en la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, sino porque teniendo Venezuela una industria básica bajo control del Estado proclamado socialista, una sólida fuente financiera con el petróleo, relaciones internacionales amplias y libres (sin bloqueo ni embargo internacional), estabilidad política y una población no muy numerosa, pero joven y preparada, no se impulsa un programa de producción agropecuaria y agroindustrial y de industrialización suficiente que produzca una situación de abundancia en vez de la escasez.
Control Obrero con democracia proletaria
Es aún más alarmante que, planteado el control obrero y que los trabajadores asuman la responsabilidad de dirigir la producción asumiendo la condición de productores libres, los principales obstáculos vengan del Estado y del Gobierno que no respaldan consecuentemente estas iniciativas y que torpedean la democracia proletaria generando una costra elitesca que pretende ocupar el puesto de los capitalistas explotadores y saqueadores, en vez de ser genuinos representantes de los trabajadores para el bienestar del colectivo laboral y comunal.
A los 125 años de las jornadas de Chicago no queda otro camino que luchar para lograr la unidad de los trabajadores.