24 de agosto de 2019

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ESPAÑA: REGRESO A LA EPOCA FRANQUISTA

Por: Felipe Valdés.

6 de enero de 2007

Vuelven los peores tiempos de la censura, cuando la autoridad gubernativa, sin encomendarse a Dios y sin contar siquiera con el juez, podía cerrar un medio, prohibir un libro o clausurar un periódico. En breve el Gobierno podrá, con la ley en la mano, cerrar una web si le viene en gana y sin permiso del juez.

Es la clave del anteproyecto de Ley de "Impulso" de la Sociedad de la Información -que puede leer íntegro pinchando aquí (pdf)-, que se aprobará próximamente. Con Fernando Moraleda como impulsor de la misma, la Administración tendrá capacidad de cerrar páginas web sin pasar por el juez. Por supuesto, medios de comunicación incluidos.

Este miércoles, 27 de diciembre, terminó el plazo de alegaciones sobre el proyecto de Ley, que se aprueba con la excusa de combatir el phishing [intentar obtener información personal vía Internet, como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria] y los consejos médicos no autorizados. Sin embargo, hay gato encerrado, y es que dicha ley -que de momento es anteproyecto, aunque va viento en popa tras haber terminado el 27 de diciembre el plazo de alegaciones- no especifica este detalle, por lo que cualquier autoridad administrativa, por ejemplo un concejal, y, desde luego, el Gobierno, podrán cerrar cualquier página web que les moleste sin pasar por el juez.

MORALEDA SE QUEDA SOLO

Y es que esta chapuza canta tanto que los únicos que apoyan en esto al presidente Zapatero -o al alma mater de la Ley, el secretario de Estado de Comunicación, el controlador Fernando Moraleda-, es la SGAE, por la cuenta que le trae.

Ni siquiera el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, quiso presidir la última reunión del Consejo Asesor de Telecomunicaciones. El presidente de Internautas.org, Víctor Domingo, hombre proveniente de la izquierda, ha lanzado una campaña contra esta inquietante posibilidad, según explicó a Periodista Digital:

Fundamentalmente el punto 11.2. En el, de forma muy confusa, deja la puerta abierta para que una autoridad administrativa bloque una página web. En la anterior legislatura, en el año 2002, cuando salió la Ley de Comercio Electrónico, quedaba muy claro que sólo puede cerrar una página un juez. Como así lo indica la justicia española y todos nuestros códigos. Es decir que una Dirección General, una Secretaria de Comercio, el Ministerio de Cultura, etc, pueden clausurar una web. Eso significaría que hemos entrado en el territorio de la Inquisición.

Pero hay otro punto mucho más grave. En abril de 2005, en una normativa llamada “Derecho de los Usuarios de Telecomunicaciones”, el Ministerio de Industria introdujo de rondón un apartado para la interceptación de las comunicaciones electrónicas. Esta normativa está impugnada en el Supremo y ha sido admitida a trámite. En ella se crea un “Agente Facultado” por encima de la Justicia para la interceptación de esos mensajes. De sólo pensarlo se me ponen los pelos de punta por las cribas que pueden hacer.

¿EL MÁS CONTROLADOR DEL GOBIERNO?

Como recuerda Hispanidad, el actual secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, es aún más agresivo con la prensa independiente de Internet que su predecesor Miguel Barroso, aquel que intentaba forzar a los grandes anunciantes para que retiraran sus ‘spots’ de las páginas de Internet críticas con el Gobierno.

Lo primero que hizo Moraleda al llegar a Moncloa fue suprimir toda la prensa independiente de Internet de la Guía de Comunicación de Presidencia del Gobierno, verdadero vademécum de la información en España.

Periodista Digital