24 de agosto de 2019

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LA VERDAD HISTÓRICA EN COLOMBIA

Por: Alberto Pinzón Sánchez.

10 de diciembre de 2006

Lo que está haciendo crisis en Colombia, y lo hemos dicho en todas las formas, son 500 años del uso de la mentira y la violencia política oficiales, como armas de gobierno y relación social de dominación política. Son quinientos años en los cuales la oligarquía

Colonial de terratenientes-mineros esclavistas-exportadores y luego sus descendientes criollos Transnacionalizados, han venido utilizando hasta el día de hoy; la doble moral, el engaño y la mentira deliberada, para mantener sus privilegios económicos y sociales obtenidos con la pólvora y la espada (con empuñadura de cruz), fanatizar a los colombianos entre ’godos y cachiporros ’ y llevarlos a esas carnicerías mutuas que llamaron pomposamente ’guerras civiles bipartidistas’, que siempre terminaron en un pacto inter-oligárquico para el reparto de la burocracia y del tesoro público. Pero sobre todo, para imponer el terror del Estado y la violencia política sectaria como relación de explotación del trabajo de los colombianos. (1)

¿Acaso se olvidaron ya de que nuestro primer conquistador español, el abogado leproso Jiménez de Quesada, fue quien introdujo a nombre de Estado español, el secuestro, la tortura y el desmembramiento en Colombia, para obligar al cacique chibcha de Chía, a que le diera su tesoro dorado?

¿Ya se olvidaron de la misa de capitulación en la gran catedral de Zipaquirá, que en 1781 ofició en persona el Arzobispo y Virrey de España, Caballero y Góngora, para engañar con incienso al pueblo Comunero, desarmarlo y luego proceder a su exterminio físico y al desmembramiento de sus dirigentes más destacados como José Antonio Galán, Lorenzo Alcantúz y sus otros leales compañeros?

¿También quedó en la ’amnesia histórica’ y en la mentira jurídica, la guerra y las muertes que provocó el brazo armado del leguleyo F.P Santander en el sur del país, José María Obando, cuando se le llamó a juicio por el primer magnicidio colombiano que él cometió contra el sucesor de Simón Bolívar, el gran mariscal Sucre?

¿Se conoce por ventura la ’verdad jurídica’ y el hilo conductor del vínculo histórico perverso que se estableció entre el anterior general Obando con el regenerador Rafael Núñez y de este, con los carniceros de la guerras civiles del 85, Rafael Reyes quien 25 años después se convirtió en dictador bipartidista, y con los matarifes de las guerras civiles del 95 y de los mil días?

¿Donde esta la ’verdad jurídica’ de la masacre cometida en 1928 por ejército colombiano en las bananeras de Santa Marta, que ni siquiera un jurista como Jorge Eliécer Gaitán, con todos los debates públicos que dio, pudo esclarecer?

¿Donde está la verdad judicial de los escándalos que tumbaron al dictador Reyes en 1909. O el llamado ’danza de los 24 millones de dólares’ que el gobierno de los Estados Unidos dio en los años 30s a la oligarquía gobernante, como pago por el istmo de Panamá?

Quien conoce la verdad jurídica de los escándalos y la corrupción oficial de la familia López Michelsen con la firma ’Handel’ durante el periodo de la segunda guerra mundial y que se continuaron en la década de los 70 con la hacienda la libertad?

Donde están los fallos esclarecedores de las instituciones de justicia, sobre la muerte de Jorge Eliécer Gaitán; o la ’verdad legal’ sobre el periodo aciago llamado de la Violencia bipartidista que se inicia en 1946, y que ni siquiera ha podido establecer a hoy, el número de asesinados por la violencia política oficial?

¿Quien pude dar información verídica sobre la corrupción y la violencia política oficial que inaugura el dictador bipartidista Gustavo Rojas Pinilla con los bombardeos asistidos por militares norteamericanos en Villa Rica e Icononzo y los campos de concentración para prisioneros políticos que allí se establecieron?

¿Serán acaso los panfletos del ministerio de defensa que firman Alfredo Rangel sobre la guerra contra-insurgente, o Eduardo Pizarro, los que esclarezcan la ’verdad’ de lo que se inició en 1962 a partir del informe secreto y las ordenes impartidas al gobierno colombiano por el General del US-Army, Yarbourough; y que a falta de otra mejor denominación se ha optado por llamar conflicto colombiano, el que hoy según cifras no totalmente verdaderas son más de 60.000 fusilados y desaparecidos por el Estado, 4 millones de Has expropiadas por 2.600 narco-paramilitares oficiales y 4 millones de desplazados?

¿Donde está, (fuera de la confesión cínica de su ejecutor el llamado tigre Noriega ), los fallos jurídicos y sus consecuencias, sobre el fraude electoral que llevó en 1970 a la presidencia de Colombia al clan Pastrana?

¿Dónde está la contabilidad pública verdadera del banco de la República, sobre la millonada de dólares provenientes del narcotráfico lavada a partir del invento oficial en 1974 de la ’ventanilla siniestra’?

15 años después de su asesinato de Luis Carlos Galán y las pistas falsas aportadas por el general Maza, quien sabe a ciencia cierta cual fue la orden que dio el candidato presidencial por el partido liberal, Santofimio Botero?

¿Quien juzgó en tribunales oficiales o internacionales, las torturas políticas que autorizaron el conocido binomio de la Seguridad Nacional, Camacho Leiva-Turbay Ayala?

¿Qué tribunal penal (nacional o internacional) ha osado interrumpir hasta hoy, la serena y silenciosa calma poética del ex presidente Belisario Betancur quien asumió ’toda la responsabilidad’ como comandante supremo de las fuerzas armadas del Estado, en los acontecimientos del Palacio de justicia (1985), cuando se desaparecieron oficialmente (no se sabe aún la verdad) mas de 20 personas. Delito atroz que no tiene prescripción?

Después del exhibicionismo mediático y el ’espectáculo jurídico’ de la Fiscalía y de la Comisión de Acusaciones del Parlamento y que duró los 4 años del gobierno del Presidente Samper: ¿Dónde está la verdad jurídica y las consecuencias penales directas de la elección suya, con dineros de la mafia de Cali?

En consecuencia: La crisis ACTUAL de Colombia, es fundamentalmente una crisis histórica y por tanto económica, social, política, moral y cultural; cuya ’compleja’ solución se ha postergado hasta la actualidad. Y este aspecto histórico es el que una vez más, la astuta y embustera oligarquía colombiana quiere escamotear, reeditando engaños y mentiras, e invocando la impune ’verdad judicial’ que le ha sido tan encubridora y favorable.

’Dejemos que las instituciones jurídicas hagan su trabajo, mientras YO me dedico a gobernar’, ha dicho (30. nov 06) el Minifuhrer Uribe Vélez, tratando de evitar el resquebrajamiento del bloque de clases dominante que se insinúa. Mientras ’el Tío’ (del

Narco Paramilitar Araujo); el ministro de lo publico llamado en Colombia con el grandioso nombre de Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, le hace eco sentenciando la ficción leguleya de que ’la responsabilidad es individual’, mientras oculta ladinamente que la responsabilidad política y pública de una mafia familiar de la cual hace parte y trabaja en sus oficinas, no lo es.

Mientras tanto, Ricardo Santamaría, el carnal asesor del jefe liberal apéndice de Cesar Gaviria y candidato presidencial Pardo Rueda (valga decir la embajada Americana); propone desde su columna (El País. Cali.01 dic. 06) la única herramienta eficiente que han usado durante los últimos 500 años: ¡Un nuevo Frente Nacional ampliado. Leámoslo:

¿Qué tal una cumbre en el Palacio de Nariño entre el presidente Uribe, el jefe del liberalismo, César Gaviria y el máximo líder del Polo Democrático, Carlos Gaviria? ¿Para qué? Para suscribir un acuerdo político contra la presencia del paramilitarismo en la política y en apoyo a las instituciones de justicia que están investigando estos casos. Acuerdo que borraría el otro: el del 2001 que suscribieron varios dirigentes en apoyo al proyecto político paramilitar. Ello marcaría la diferencia para que éste no sea un escándalo más. De nada sirve que unos y otros se ataquen. En esto hay que impulsar una política multipardista.

Para el Marxismo la verdad es una categoría lógica que tiene varios criterios entre los que se pueden destacar: 1-De correspondencia; que los hechos correspondan con lo afirmado.2- De coherencia, es decir que haya coherencia con el resto de la afirmación. 3- De evidencia, que se presente con claridad y distinción a la mente humana. 4-Pero sobre todo y esto es lo que le da su fortaleza y utilidad filosófica como guía para la acción y la transformación de la sociedad: ’que se compruebe en la práctica social’. Este es el criterio de verdad que siempre Marx nos enseñó a atenernos.

La actual manifestación en la esfera de lo político, de la crisis de la sociedad colombiana y que es uno de sus aspectos, como toda situación de la lucha de clases puede tener un desenlace hacia la instauración definitiva del Fascismo en su variedad colombiana, o hacia una solución política democrática y popular.

Todo depende de la correlación de fuerzas sociales en contradicción y lucha. Es decir, todo depende del despliegue de la lucha de masas.

La verdad oligárquica, basada en la mentira, la patraña, el embuste, la farsa, la falsedad, el enredo, la invención, la calumnia, el camuflaje, la simulación, el fingimiento, el engaño, la perfidia, la falsificación, la omisión, la ficción, el eufemismo, la propaganda mediática, la doble moral, la hipocresía, la violencia política y el terror secular del Estado que acabamos de mostrar; no podrá salir de sus tribunales, cortes, comisiones y demás artificios políticos creados para legitimar y encubrir su dominación y explotación de clase.

La lucha de masas en sus diversas formas, como hasta hoy lo ha hecho, sacará a flote la contradicción, tanto tiempo ocultada, que mueve la crisis en Colombia, y continuará descarnando como en San Onofre brutalmente la realidad, arrasando a quienes mantuvieron enajenado por siglos al pueblo colombiano.

Este es el criterio de verdad al que nos debemos atener y no a los cantos electorales melodiosos, de esa sirena que hoy con un pañuelo amarillo en el cuello, como hace 225 años lo hiciera el Arzobispo-Virrey, invita balbuseante al pueblo trabajador a que abandone su legítima defensa por considerarla obsoleta, y se confíe en unos tribunales bipartidistas que se hicieron para ahorcarlo, someterlo y para exterminarlo. La historia de José Antonio Galán y sus comuneros, para no mencionar la de Pardo Leal y sus Patriotas Unidos, no se volverá a repetir. ¡Pueden y deben contar con esa conciencia histórica, que ya es una Verdad practica colectiva, firmemente asentada en la mente y la Praxis del pueblo trabajador colombiano!.

Nota:
1) Fernando Guillén Martínez. El Poder Político en Colombia. Ed. Planeta. 1996.