15 de julio de 2017

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Colombia.

EL DESMORONAMIENTO DEL ESTADO

Por: Apolinar Díaz Callejas.

17 de noviembre de 2006

(Argenpress). A lo largo de los cuatro años del gobierno anterior del presidente Uribe Vélez y de las pocas semanas del ejercicio de su nuevo mandato en virtud del quebrantamiento de la tradición política colombiana con la aprobación por los diversos grupos políticos que integran su vocería en el Congreso de la Republica, de la reelección presidencial inmediata, los colombianos hemos visto y seguimos viendo el desmoronamiento de las instituciones jurídicas de gobierno, tanto en lo nacional como en lo departamental y municipal. Los más importantes organismos del Estado como las empresas telefónicas, el Seguro Social, el Instituto de la Reforma Agraria, el Sistema Eléctrico y las actividades fundamentales propias del Estado están siendo eliminadas y colocadas en proceso de privatización. Nunca antes en la historia de Colombia hubo un gobierno que desmontara una por una las empresas encargadas del suministro de los Servicios Públicos y la Seguridad Social en un empeño alocado, estilo Bush, de privatizar todas las actividades del Estado.

A lo anterior se agrega el desmoronamiento de la Seguridad Pública que ha traído el más dramático destape de toda clase de crímenes y delitos contra la vida humana. En el primer gobierno de Uribe Vélez la muerte de personas indefensas estaba a cargo de los llamados “paramilitares en moto.”En Barranquilla, Cali, Cúcuta, Valledupar, y zonas campesinas esos asesinatos cubrieron el territorio nacional. Bajo el nuevo gobierno de Uribe Vélez la forma de ejecutar los asesinatos políticos ha cambiado en el país. Ahora se habla de asesinato “con un tiro en la cabeza a las victimas.” Como para que nadie pueda sobrevivir al ataque.

Esta delincuencia se ha desarrollado abiertamente y a luz pública, también por acciones de unidades del ejército y/o de la propia policía. El país mira con espanto las decenas de muertos por “fuego amigo” como son llamadas las acciones criminales entre ejército y policía. La explosión de crímenes y delitos cometidos por militantes de los partidos gobiernistas, por la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia que ha comenzado y ordenado poner en marcha investigaciones implacables sobre la corrupción en sectores políticos unidos a grupos paramilitares, ha dado una voltereta total al problema de la corrupción y los crímenes paramilitares. Tal es el caso del departamento de Sucre donde han sido expedidas ordenes de encarcelamiento a varios parlamentarios de partidos que rodean al presidente Uribe, al tiempo que ha destapado la expectativa nacional ante las investigaciones que deben comenzar en los Santanderes, Antioquia, Magdalena, Guajira, Cesar, Valle del Cauca, Meta, Arauca y otros departamentos. Todo el país está a la expectativa de que sean descubiertos en las investigaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia los responsables de los acuerdos y acciones conjuntas de las dirigencias política nacional con los grupos paramilitares.

El país no sale del espanto de esta realidad y cada vez es más exigente de una acción Estatal contra los dirigentes de los partidos y grupos políticos de gobierno y la corrupción criminal que se ha ido extendiendo en todo el territorio nacional, ante un gobierno impotente para controlar la descomposición social y criminal que ha llevado a Colombia a crímenes masivos regionales, especialmente de campesinos, como no se había visto nunca antes en el país.

Sin embargo, esperamos que la acción implacable de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y otros poderes públicos encargados de garantizar la vida y honra de los colombianos, pueda derrotar y exterminar la ola de crímenes políticos, económicos y sociales en que ha caído Colombia.

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