25 de marzo de 2014
edicion 434
Información y análisis de América Latina y del mundo

LA TIERRA Y EL PODER MILITAR EN COLOMBIA.

Por: Darío Fajardo Montaña*.

Viernes 6 de octubre de 2006

Una observación persistente frente a la sociología política colombiana es el profundo desconocimiento del país sobre sus Fuerzas Armadas y el marginamiento que caracteriza a esta institución en el conjunto de la Nación.

Al examinar la formación de los ejércitos en Venezuela y la Nueva Granada durante la guerra de independencia, un agudo analista de la historia nacional, Fernando Guillén Martínez, destacó que en Colombia se formo ’un espíritu de cuerpo’ al servicio de intereses de grupo y no como en Venezuela, al servicio de la Nación. (Guillén 1979, 297).

Los ’Generales Hacendados’ alcanzaron un peso político determinante en la alta oficialidad y, aliados con los demás miembros de las clases dominantes, se orientaron a debilitar el ejército que formó el Libertador Simón Bolívar como herramienta para la emancipación y la construcción de naciones libres e independientes, capaces de producir un equilibrio político frente a los grandes centros del poder internacional.

El proyecto político de los Hacendados de la Nueva Granada se orientó hacia el fortalecimiento de los poderes regionales, en desmedro de los gérmenes de un poder central y de su expresión militar. Esta orientación, sumada a la debilidad fiscal del Estado condujo al manejo de los ’territorios baldíos de la Nación’ como fuente de ingresos fiscales y como recompensa militar. Esto contribuyó a la formación económica, política y social del latifundio republicano.

La oposición de la clase dominante neogranadina a la formación de un ejército profesional fue entonces un rasgo de la historia política del país en el siglo XIX; otro, fue el telón de fondo de las recurrentes guerras regionales y bipartidistas en la que se trenzaron los diversos Generales Hacendados por el control del gobierno Nacional. Inicialmente se tradujo en oposición al Libertador, luego al general Urdaneta y a la oficialidad venezolana, para afianzarse más tarde con la derrota militar y ulterior represión de los artesanos y de su adalid el general José María Melo en 1854. A finales del siglo, la correlación de las fuerzas económicas y políticas del país configuró un nuevo ’momento fundacional’. Su expresión fue la constitución de 1886 y su signo político, el autoritarismo, claves dentro de las que se creó el Ejército Nacional de Colombia.

A partir de la conformación regular del Ejército, el reclutamiento de su oficialidad ha ocurrido principalmente entre las capas medias de provincia, caracterizadas por su peculiar tradicionalismo político, religioso y cultural, que ha facilitado el reforzamiento de los nexos entre terratenientes y militares: los jóvenes oficiales destacados, al mando de unidades locales, en particular a partir de la violencia de los años 50, han sido atraídos sistemáticamente por los terratenientes mediante ’compañías’ y facilidades para adquirir tierras y ganados con el único fin de garantizar la protección militar. Los vínculos así creados explican la formación de una nueva capa de ’ex Generales Hacendados’, elemento esencial de la constelación latifundiaria, característica en regiones como el Magdalena Medio, el Meta y Caquetá.

Doctrina cumplida

Esta situación política interior, en que las lealtades del Ejército continuaban comprometidas con los Poderes Regionales, confluyó con el desarrollo de la Doctrina de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, que desdibujó los objetivos de los ejércitos como defensores de la nacionalidad, y los suplantó por la defensa a ultranza de los intereses estadounidenses.

De este modo, las Fuerzas Armadas se convirtieron en ejércitos de ocupación de su propio país.

La Doctrina de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos incorporó las experiencias de las guerras contra-insurgentes de Argelia, Indochina y otros países y dentro de ellas abrió espacio a la formación de grupos especiales, encargados de la ’guerra sucia’. El Ejército colombiano adoptó a profundidad esta doctrina y tradujo en ella su propia experiencia construida durante los años de la llamada ’primera violencia’ con los ’pájaros y chulavitas’, embriones de los futuros paramilitares. (Véase El Terrorismo de Estado en Colombia, Bruselas, 1992).

Las clases dominantes optan

Opuestas de manera violenta y reiterada a una reforma agraria efectiva, las clases dominantes colombianas, dieron como únicas alternativas a los campesinos sin tierra, contratos de aparcería, o la colonización en regiones marginales. A su vez, la crisis de la agricultura condujo a generar en estas últimas el escenario obligado para implantar los cultivos proscritos, precisamente a finales de la década del pacto de Chicoral (años 70).

Los grandes narcotraficantes encontraron así una población forzada a producir los cultivos proscritos como única alternativa de ingresos. A ella se le obligó por medio del terror a trabajar, o a entregar a bajos precios su producción. En estas condiciones la guerrilla entró a mediar a favor de los colonos y a ampliar su base social.

Así se definieron nuevos campos de confrontación, en los que las fuerzas institucionales entraron a apoyar a los narcotraficantes en las zonas de producción de de sus cultivos y además en todos los escenarios de la vida del país: desde los reinados de belleza y el parlamento, hasta las operaciones militares, en su planificación, organización y ejecución.

En síntesis, el desarrollo de esta política, aplicada además para apoyar la expansión del control de tierras y territorios, como se dijo anteriormente, tiene raíces en las viejas relaciones de los hacendados con las instituciones armadas del Estado. Esas relaciones se preservan en un ’continuum’ que se extiende desde los enfrentamientos de los Hacendados con los colonos y agregados de la década de los 20, la formación y operación de de los grupos Para-policiales durante la llamada Violencia (chulavitas, pájaros etc.) en la década de los 50 y la cadena del Paramilitarismo actuante desde los 80 hasta hoy, animada por las ’alianzas estratégicas’ con los narcotraficantes. (Betancurt y García, 1990).

De lo anterior se desprende el porqué de tan obstinada resistencia del estamento militar a cualquier posibilidad de cambio en el régimen agrario y aún más a una reforma agraria democrática.

(*). Darío es antropólogo de reconocida y amplia trayectoria investigativa del problema agrario colombiano.
 Cuaderno N° 1: Tierra, Poder Político y Reformas Agraria y Rural. ILSA. Bogotá. Agosto 2002. Pag 31y 32.