4 de junio de 2017

INICIO > LATINOAMERICA > Colombia

FARC propone pacificación: gobierno "interesado".

6 de octubre de 2006

El acuerdo humanitario supone que las guerrillas de las FARC liberen a un grupo de 59 rehenes, entre militares, policías, tres norteamericanos y políticos, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, por unos 500 revolucionarios presos en cárceles colombianas y del exterior.

Combatiente de las FARC. Foto: FARC.

@DIN, 2 de octubre de 2006 - Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron que esperan que se efectúen lo más pronto posible las negociaciones con el Gobierno colombiano para un intercambio humanitario, informó hoy la cadena latinoamericana Telesur. Los guerrilleros "saludan la disposición anunciada por el presidente, Álvaro Uribe", de retirar las tropas de dos municipios del sur de esa nación para ese proceso de canje.
Raúl Reyes, segundo al mando del grupo insurgente, precisó que tras un eventual cumplimiento del presidente Uribe del despeje de los municipios Pradera y Florida, procederán a efectuar una “verificación” con acompañamiento internacional, que les permitirá determinar si hay condiciones para iniciar las discusiones.
El segundo al mando del grupo insurgente, Raúl Reyes, dijo que los miembros de las FARC se encuentran ’’listos’’ para ese proceso y manifestó que desean que esto sea realizado ’’cuanto antes’’ porque hasta ahora ’’se ha perdido mucho tiempo’’.
Los comentarios de Reyes, los primeros que hace un vocero del grupo insurgentes desde que el Ejecutivo colombiano indican que FARC está dispuesta a retirar las tropas de los municipios Florida y Pradera y fueron difundidos este domingo por la agencia Colprensa.
El vocero de las FARC explicó que después de que Uribe oficialice el retiro del ejército de los poblados de Florida y Pradera, departamento del Valle, en el suroeste colombiano, realizarán una ’’verificación’’, que les permitirá determinar si hay condiciones para iniciar las discusiones.
La verificación se efectuaría con un ’’acompañamiento internacional’’, en el que participarían representantes de Francia, España y Suiza, además de delegados de Cuba y Venezuela, aparte de personalidades de Colombia que se han mostrado favorables al intercambio, reportan agencias internacionales de noticias.
A juicio del vocero de las FARC, un eventual acuerdo y la liberación de lado y lado, sería una muestra de que podrían hacer muchas cosas en una mesa de negociación, ’’de que se pueden conseguir por la vía del diálogo y la concertación’’.
Los insurgentes han insistido en que ’’para conversar y concretar el canje’’ se requiere el despeje de la llamada ’’Zona de encuentro’’ durante 45 días.
Reyes recordó que un acuerdo como este se habría alcanzado hace mucho tiempo, y acusó al Gobierno colombiano por retardar la decisión que, a juicio de las FARC, habría podido evitar muertos y sufrimientos..
Con el intercambio humanitario, las FARC entregarían a unos 59 políticos y militares que mantienen retenidos a cambio de unos 500 insurgentes que se encuentran presos.

Gobierno colombiano analiza canje

Por su parte, el Gobierno colombiano considera "interesante" la postura de las FARC para alcanzar un canje de rehenes de esa guerrilla y rebeldes presos, señaló ayer el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín.
"Me parece que empieza probablemente a abrirse un camino para acordar las condiciones del acuerdo humanitario", dijo el alto funcionario a periodistas tras las declaraciones del portavoz oficial de las FARC, Raúl Reyes, difundidas el domingo.
Las FARC "están listas" para el intercambio humanitario que supone el canje de 59 rehenes de esa guerrilla por unos 500 rebeldes presos, afirmó Reyes.
"Quisiéramos que se diera cuanto antes (el intercambio) porque se ha perdido mucho tiempo. Se habrían evitado tantos muertos, tanto sufrimiento de los familiares, si desde el cuatrienio pasado se hubiera tomado la decisión que hoy se anuncia. Por ello decimos: estamos listos", había dicho el portavoz guerrillero.

Ex candidato presidencial apoya canje

El ex candidato presidencial Alvaro Leyva dijo que aspira a que el acuerdo humanitario entre las guerrillas de las FARC y el Gobierno colombiano, se cristalice en dos meses.
’Aspiro que en dos meses ya los que van a regresar, estén en sus hogares, absolutamente felices y tranquilos’, precisó Leyva al telenoticiero Noticias Uno.
Para el negociador de paz y ex ministro de Estado, el acuerdo humanitario es un hecho, sobre todo por el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a través de Raúl Reyes, un mando del estado mayor, quien dijo que esa guerrilla está lista para el canje.
Explicó que el tema del decreto que oficialice el despeje de los caseríos de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca (suroeste), se dará en su momento para evitar errores logísticos.
Explicó que si ese documento se firma ahora, nada está listo y se hace ’necesario que haya cierta preparación’.
Este domingo, el Gobierno colombiano, a través del ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, dijo que considera ’interesante’ la postura de las FARC para alcanzar un canje.
’Me parece que empieza probablemente a abrirse un camino para acordar las condiciones del acuerdo humanitario’, dijo el alto cargo a periodistas tras las declaraciones del portavoz oficial de las FARC, Raúl Reyes, difundidas en medios de comunicación colombianos.
El acuerdo humanitario supone que las guerrillas de las FARC liberen a un grupo de 59 rehenes, entre militares, policías, tres norteamericanos y políticos, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, por unos 500 revolucionarios presos en cárceles colombianas y del exterior.

Apoyo a las FARC en Europa

Propuesta de las FARC-EP para la Disminución de la intensidad del Conflicto

Las FARC siempre estuvieron dispuestas a llegar a un acuerdo humanitario en Colombia. Prueba de ello es el documento que reproducimos a continuación, donde se muestra la voluntad de los revolucionarios en buscar la paz:

El enfrentamiento armado en Colombia es consecuencia de los conflictos económicos, políticos y sociales, que a través de nuestra historia no han sido resueltos por la oligarquía bipartidista liberal-conservadora en el poder.
La existencia de un Régimen político antidemocrático y violento sobre el cual se ha edificado un sistema económico que privilegia a una minoría, mientras mantiene a la inmensa mayoría de colombianos privados de sus más elementales derechos, es la causa que ha generado las profundas diferencias sociales.
Es por ello que la Agenda Común hacia el Cambio por la Nueva Colombia se convierte en la guía fundamental en el proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
Tal como lo afirmamos en el Acuerdo de San Francisco de la Sombra "...somos conscientes de la responsabilidad histórica ante el pueblo de Colombia, que en medio de las dificultades y sacrificios mantiene la fe y la esperanza de vivir en un país en paz con justicia social. que supere las grandes diferencias económicas, políticas y sociales que mantienen enfrentados a los colombianos."
En este orden de ideas presentamos a la consideración de la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación y del pueblo colombiano, un conjunto de propuestas encaminadas a disminuir la intensidad del conflicto.

1. DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL Y PARAMILITARISMO ESTATAL

La aplicación sistemática y permanente de la foránea Doctrina de Seguridad Nacional, importada de las escuelas militares de los Estados Unidos, como concepción de Estado de la oligarquía en el poder, conforma el principal obstáculo para avanzar en la solución del conflicto social colombiano.
En desarrollo de esta Doctrina el Estado ha desatado una guerra no declarada contra el pueblo colombiano en la que gasta más de una tercera parte del presupuesto nacional. Intervienen en esta guerra no declarada asesores militares extranjeros, particularmente norteamericanos, en una indignante violación de la soberanía nacional.
El paramilitarismo de Estado, como expresión práctica de esta doctrina, se constituye en la mayor dificultad que impide llegar a acuerdos de una tregua con cese de fuegos y hostilidades.
El paramilitarismo provoca: asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento forzado, desalojos, expropiación y repoblación con bandas de paramilitares de tierras rurales y urbanas de los desalojados, amenazas contra los dirigentes de organizaciones populares, desapariciones, sobornos, exilio, narcotráfico, inmovilidad de las fuerzas sociales que propugnan por cambios democráticos y terror generalizado.
Un acuerdo para la disminución del conflicto implica, necesariamente, el desmonte del paramilitarismo, el retiro del país de todos los asesores militares extranjeros, la reducción del gasto militar y la depuración de las Fuerzas Armadas de todos los oficiales y suboficiales comprometidos con estos grupos llevándolos ante los tribunales de la justicia ordinaria para que paguen por sus crímenes; igual suerte deben correr los civiles comprometidos en su financiamiento, promoción y patrocinio.

2. RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS , CIVILES Y POLÍTICOS DE LOS COLOMBIANOS

La violación a los Derechos Humanos por parte del Estado, aviva el conflicto. El exterminio físico de más de 4.500 dirigentes de la Unión Patriótica es fehaciente prueba de que en Colombia no existen estos derechos. Por eso proponemos que un acuerdo sobre la disminución de la intensidad del conflicto debe estar sustentado en garantizar los derechos a la vida, trabajo, vivienda, salud, educación, recreación y descanso, así como la libertad de organización, movilización y expresión de todos los colombianos.

3. CAMBIO DE LA POLÍTICA NEOLIBERAL

La antidemocrática política neoliberal impuesta por el Fondo Monetario Internacional, aplicada sumisamente en nuestro país a partir del gobierno de Barco y continuada por Gaviria, Samper y Pastrana, nos ha llevado a la peor crisis económica de los últimos tiempos: ruina del campo, quiebra de la pequeña y mediana industria nacional, progresivo aumento del costo de los servicios públicos, concentración de la riqueza y monopolización de los sectores financiero, industrial, comercial, agropecuario y minero, subió el número de desempleados, aumentó la inequidad social, los despidos de trabajadores y empleados de las empresas públicas y privadas. Se perdieron garantías del derecho al trabajo, se restringieron las libertades de sindicalización, movilización y huelga; se aumentaron los impuestos; se cerraron escuelas, colegios y universidades públicas, y hospitales. Se arruinó a los deudores del Upac, se incrementó la represión contra campesinos, destechados y trabajadores informales, y creció la explotación del trabajo infantil.
El neoliberalismo con su política privatizadora enajenó los bienes de las empresas del Estado y compromete el desarrollo, la soberanía e independencia de la patria al poner en manos de las empresas transnacionales los sectores estratégicos. Modificar dicha política, para beneficio de los colombianos, debe ser compromiso del Estado y el gobierno en el marco de un acuerdo para la disminución de la intensidad del conflicto.

4. PRISIONEROS DE GUERRA

En desarrollo de la confrontación han caído como prisioneros de guerra combatientes de ambas partes. La firma de un acuerdo sobre disminución de la intensidad del conflicto debe contemplar una fórmula que permita la libertad de los prisioneros.

5. SUSPENSIÓN DE LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES

La extradición de nacionales lesiona la dignidad de los colombianos y viola la soberanía patria. Como parte del acuerdo sobre disminución de la intensidad del conflicto esta política debe ser revocada.

6. CASTIGO PARA LOS CORRUPTOS

La corrupción es un cáncer que padece la nación desde sus inicios. La lucha contra este fenómeno tiene entre sus primeros antecedentes el decreto del Libertador Simón Bolívar quien estableció severas penas a los funcionarios del Estado que robaran los dineros del erario público. Todavía hoy, mientras se deterioran aceleradamente las condiciones de vida de todos los colombianos, observamos diariamente escandalosos casos de corrupción cuyo denominador común es la impunidad y autoría de representantes de la clase politiquera administradora del Estado desde siempre. El acuerdo sobre disminución de la intensidad del conflicto debe incluir castigo ejemplar para los responsables y devolución de lo robado a los colombianos, tal como lo exige el conjunto de la sociedad.

7. PLAN COLOMBIA Y SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS

La agresión del Estado contra los campesinos con el pretexto de ser cultivadores de hoja de coca y amapola en desarrollo de la política intervensionista de los Estados Unidos no puede continuar.
Lo que queda de tan demencial acción es el asesinato de centenares de compatriotas, daños a la salud de los pobladores, principalmente niños, miles de hectáreas de cultivos de pancoger arrasadas, centenares de animales domésticos muertos, fuentes de agua contaminadas, daños inmensos al ecosistema y la biodiversidad, ruina económica de las regiones y desplazamiento de los campesinos. Ningún gobierno, ningún Estado, en nombre de ningún interés tiene el derecho de tratar de esa manera a sus conciudadanos, a menos que se haya propuesto convertirse en verdugo de su propio pueblo.
El acuerdo sobre disminución de la intensidad del conflicto debe contemplar la suspensión del Plan Colombia.

8. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los grandes medios de comunicación se han convertido en uno de los principales instigadores del conflicto. Por lo tanto, en el marco del acuerdo sobre disminución de la intensidad del conflicto, deben parar las hostilidades contra el pueblo colombiano, sus organizaciones sociales, políticas y armadas. De continuar con su política de hacer apología de los grupos paramilitares deben ser sancionados cancelándoles las licencias de funcionamiento.

9. COMO PROPUESTA DE APLICACIÓN INMEDIATA EN LOS ACUERDOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD DEL CONFLICTO, ANEXAMOS NUESTRA PROPUESTA SOBRE SUBSIDIO PARA LOS DESEMPLEADOS.

Raúl Reyes
Joaquín Gómez
Carlos Antonio Lozada
Andrés París
Simón Trinidad
Montañas de Colombia, febrero 2 de 2002

ANEXO
PROPUESTA DE LAS FARC-EP A LA MESA NACIONAL DE DIALOGO Y NEGOCIACION SOBRE SUBSIDIO AL DESEMPLEO

1. Para aliviar transitoriamente las penurias económicas del pueblo colombiano, las FARC-EP proponen la adopción del subsidio al desempleo por un año, período en el cual la Mesa Nacional de Dialogo y Negociación busca acuerdos permanentes para solucionar el problema del desempleo.
Desempleados: 3 millones quinientos mil colombianos
Valor del subsidio por persona: $ 230.000 pesos que equivalen a U$ 100*, más seguridad social.
Monto del subsidio mensual total: $ 805.000.000.000 equivalentes a U$350’000.000 de dólares.
Total anual del subsidio: $ 9 billones 660 mil millones de pesos, que equivalen a U$ 4.200’000.000 de dólares.
2. Los recursos del subsidio de desempleo se obtendrán así:
1. Del Plan Colombia: $ 2 billones 990 mil millones de pesos.
2. Creación de un nuevo impuesto a través de Bonos para la Paz a capitales superiores a los 1.500 millones de pesos: $ 2 billones de pesos.
3. Empresarios del gran capital financiero : $ 3 billones de pesos.
4. Aportes de la comunidad internacional: $ 1 billón 670 mil millones de pesos.
3. La Mesa Nacional de Diálogo y Negociación convocará en Los Pozos a los dirigentes de las Centrales Obreras, sindicatos y organizaciones campesinas, indígenas y desempleados, para establecer el número total de desempleados del país en los distintos sectores de la producción, por regiones y por ramas de la producción.
4. Los recursos serán administrados y fiscalizados por una comisión de la Mesa Nacional de Dialogo y Negociación.
5. La Mesa Nacional de Diálogo y Negociación hará una gira internacional para explicar la propuesta y buscar aportes y financiación para concretar el acuerdo.

Información relacionada
El canje es inevitable

Por: Carlos A. Lozano Guillén

Las pruebas de supervivencia de los doce diputados del Valle del Cauca en poder de las FARC, conocidas el domingo 24 de septiembre pasado, son un gesto de buena voluntad de la guerrilla, aunque falta que ésta cumpla el compromiso de dar también las señales de vida de los retenidos en el sur del país, que según explican sus voceros no ha sido posible por los operativos del Plan Patriota en el área.
Este acontecimiento demuestra que el acuerdo humanitario o canje de prisioneros es inevitable. El Gobierno Nacional no puede seguir postergando el despeje de los municipios de Pradera y Florida en el Valle del Cauca, que es la garantía para el desplazamiento de los voceros de las FARC al encuentro con el Gobierno. Todo indica que la decisión estaba tomada hace dos semanas, un día antes que estallara el escándalo de los autoatentados y montajes de la inteligencia de la XIII Brigada, pero el alto mando militar y el vicepresidente Francisco Santos, presionaron para que se condicionara a una declaratoria unilateral de cese de fuego por parte de las FARC.
Una manera de obstaculizar las garantías plenas para el cara a cara entre el Gobierno y la insurgencia.
Como lo dicen los doce diputados en el video, la Casa de Nariño sigue acariciando la idea del rescate a sangre y fuego, lo cual coloca en inminente peligro la vida de los retenidos en poder de la guerrilla. De lo contrario hubiera decretado ya el despeje, pero no sólo se niega a hacerlo, sino que desafiando el clamor nacional e internacional, decidió militarizar la región, donde hay combates con las fuerzas revolucionarias. Además, como por arte de magia, según los reportes militares, fueron descubiertos laboratorios para la producción de cocaína.
Nunca antes se conocieron estos hallazgos, pero ahora los presentan como prueba de la imposibilidad de retirar la Fuerza Pública del territorio de los dos municipios.
Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior y de Justicia, declaró al conocer las pruebas de supervivencia, que la guerrilla debe hacer nuevas manifestaciones de buena voluntad, que es la manera de seguir dilatando la determinación gubernamental. Refleja la ausencia de voluntad política en el Gobierno.
Los instrumentos jurídicos para el acuerdo humanitario existen, el apoyo nacional e internacional también, entonces ¿qué más espera el presidente Uribe Vélez para concretarlo?
Exigir nuevos gestos de buena voluntad, sin demostrar los propios, es la forma torpe como el Gobierno le saca el bulto a la decisión del despeje, porque es él y no otro el que debe decretarlo.
El país -y no sólo los familiares de los retenidos- está a la espera que esto suceda en los próximos días.

DIEZ DÍAS QUE ESTREMECIERON AL MUNDO
John Reed.
PREFACIO DEL AUTOR Este libro es un trozo de historia, de historia tal como yo la he visto. (...)
TORTURADORES & CIA.
Autor: Xabier Makazaga.
MEMORIA DE UNA GUERRA Perú 1980-2000
FICHA TÉCNICA Análisis histórico-político Páginas: 321 Año: Abril 2009. Precio para (...)