25 de enero de 2020

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EL SALVADOR: HASTA AHORA NO REPARACIÓN PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Por: Zoraya Urbina (COLATINO)

17 de enero de 2013

Cunegunda Peña Bonilla, de 76 años, no volvió a ver a su hijo Manuel Peña Martínez, entonces de 21 años, desde el 3 de junio de 1980, cuando desapareció

Asegura que Manuel era secretario general de UPT (Unión de Pobladores de Tugurios). El día que desapareció venía de una reunión en la UCA (Universidad Centroamericana José Simeón Cañas). Nunca más supo de él. «Quisiera que si está vivo, verlo y si no, saber dónde están esos huesitos, porque como familia tenemos derecho de tener un lugar a donde enterrarlo y donde ir a llorarlo», expresa.

Ella es una de las miles de mujeres que perdieron a sus seres queridos durante el Conflicto Armado Salvadoreño y que hoy se reunieron para recordar a sus familiares.

En este contexto y en la víspera de la conmemoración del Vigésimo Primer aniversario de la Firma de Los Acuerdos de Paz, el Comité de Trabajo Pro Derechos Humanos de Memoria Histórica de El Salvador pidió reparación para las víctimas del Conflicto Armado y sus familias y castigo para los asesinos.

Ovidio Mauricio, de Tutela Legal del Arzobispado y del Comité, dijo que si bien reconocen que hay algunos avances, que ha impulsado el Gobierno del Presidente Mauricio Funes, aún falta reparación para las familias.

Muchas de las madres que perdieron a sus hijas e hijos en la guerra a manos de los Escuadrones de la Muerte, no tienen quién las apoye económicamente y muchas viven en la pobreza extrema y la mayoría no ha tenido un proceso sicológico mediante el que hayan sanado sus heridas.

Apolonia Sofía Escamilla, de 76 años, aún llora a su hija, que a los 17 años fue asesinada por estos grupos a los que el Estado apoyaba. “No es posible que ellos anden libres ahora y no paguen por sus crímenes, queremos justicia, mire aquí andamos y ¿quién por nosotros?”, cuestiona.

En este contexto, el Comité demandó al Fiscal General, Luis Martínez que atienda las demandas y peticiones de las víctimas y de sus familias; al Procurador de Derechos Humanos, Óscar Luna que emita resoluciones respecto a los casos que se han llevado a la institución que preside.

A la Corte Suprema de Justicia que “diligencien los recursos presentados ante sus instancias y se tome relevancia de los mismos”. A la Asamblea Legislativa que declaren el 30 de agosto como “Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada”.

Al Presidente Funes que de seguimiento a la Política de Reparación y a las instituciones estatales que actúen responsablemente en relación a las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, enfatizaron la necesidad de prescindir de la Ley de Amnistía para que los culpables reciban el castigo que les corresponde.