24 de agosto de 2019

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VENEZUELA: RETORNO A LA MONARQUIA

Edwin Sambrano Vidal.

2 de agosto de 2011

Es como si desde adentro se quisiera destruir este extraordinario esfuerzo del pueblo venezolano de intentar una transformación socio-cultural de la sociedad para superar el capitalismo. Se expone esta experiencia a la burla y al descrédito. Con esa conducta se identifica la revolución bolivariana y el camino al socialismo con una política y un proyecto personalistas, en el cual la Constitución, las leyes, la voluntad colectiva y la institucionalidad revolucionaria son realidades inertes, cuyo único cerebro y cuya única decisión capaz de moverlas y darles algún sentido es el camarada Chávez. Eso es la máxima expresión de la incongruencia que desnaturaliza y, de seguir así, más temprano que tarde, exterminará la posibilidad del cambio real de esta sociedad.

Parece un retorno a la monarquía

El camarada Chávez se ha ido convirtiendo en una especie de monarca, cuyos deseos y opiniones pasan a ser órdenes divinas e inexorables, sin posibilidad de discusión alguna y por supuesto, sin objeción. Es verdaderamente insólito, por ejemplo, que existan las disposiciones legales sobre las medidas sustitutivas en materia penal para beneficiar a reclusos por razones humanitarias y que el Ministerio Público o Fiscalía, las Defensorías y los Tribunales penales las hayan ignorado hasta que al presidente Chávez, en un arrebato de magnanimidad y misericordia y poco antes de salir del país a tratarse de su grave enfermedad en Cuba, se le ocurriera recomendar o exhortar la aplicación de algunas medidas de esas a los compatriotas presos. Igual observamos en el caso de la juez Afiuni, en el cual el presidente bramó solicitando penas más allá de las que dispone el actual Código Penal de raíz Gomecista (su concepción y criterios datan de la sangrienta y oprobiosa dictadura del General Juan Vicente Gómez de principios de siglo XX). Frente a un supuesto delito contra la administración de justicia o un acto de corrupción, sin que haya sido condenada, esta juez penal fue inmediatamente apresada, esposada y sometida a tratos crueles e infamantes; encerrada junto con reclusas que ella había juzgado en ejercicio de sus atribuciones.

La obediencia ciega

Todas las opiniones y decisiones del presidente son justificadas por otros poderes públicos en actos de solidaridad automática que ponen en escandalosa evidencia la ausencia de autonomía; echando por tierra buena parte de la teoría política que sostiene el proyecto de transformación y colocando en ridículo a la Constitución.

A los ciudadanos se les desprecia

Mientras así se comporta la institucionalidad frente a los deseos del presidente, los ciudadanos se esmeran en solicitudes ante los organismos públicos para la defensa de sus derechos, sin que, en la mayoría de los casos estos organismos NI SIQUIERA RESPONDAN. Existe una mora de servicio público espantosa. Se denuncia a los funcionarios por múltiples conductas contrarias a la ley y a sus obligaciones y estos son respaldados por sus superiores y se mofan descaradamente de los ciudadanos, de sus abogados defensores (incluso los defensores públicos) y de las organizaciones sociales que representan sus derechos. Continúa campante la arbitrariedad y el abuso, la corrupción y el relajo administrativo, el desconocimiento de los derechos individuales y colectivos, y la justificación del atropello como razón de estado y privilegio de los gobernantes y poderosos, que son propios de la administración pública capitalista y del capitalismo subdesarrollado y dependiente.

El caso SIDOR es el colmo

En Sidor, la empresa siderúrgica que es emblema de la voluntad nacional de industrialización independiente, de la capacidad de producción de los trabajadores y de su voluntad de movilización y lucha por la transformación, hemos presenciado la quiebra institucional más estruendosa. El gobierno bolivariano mantuvo la privatización en respaldo al grupo transnacional. Desde 2003 al 2007 se convalida desde el gobierno un gigantesco fraude contra los trabajadores de más de 565 MILLONES DE DOLARES al dejar de pagarle su derecho laboral de participar en las utilidades y de más de 900 MILLONES DE DÓLARES contra el Fisco Nacional. Fraude que fue urdido y ejecutado en conocimiento de los funcionarios venezolanos y, cuando los trabajadores reclamaron y el fisco objetó, desde las alturas del gobierno se cohonestan las acciones fraudulentas. En 2007 y 2008 los trabajadores lucharon por mejores condiciones salariales y desde el gobierno tomaron iniciativas en complicidad con la transnacional, llegando incluso a la brutal agresión del 14 de marzo de 2008. Cuando el movimiento se hizo indetenible se optó por la compra de las acciones de la transnacional pagándole un precio exorbitante, 1.970 MILLONES DE DOLARES por el 60% (casi el doble de lo que la transnacional había pagado un decenio antes por el 70%) excluyendo a los trabajadores de toda información sobre la negociación.

Ahora revienta el robo de las cabillas y desde el PSUV y la gobernación del Estado Bolívar se defiende a los incriminados, mientras la alta gerencia de la empresa alienta la violencia intrasindical y apoya la confiscación de las elecciones de la Directiva Sindical.

Toda esta embestida contra la institucionalidad deslegitima al proceso de cambios colocándolo como más de lo mismo, como continuación de la hipócrita legalidad capitalista. He allí el peligro de continuar con estos errores.