24 de agosto de 2019

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WIKILEAKS PERU: COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO EN RED DE NARCOS

La Noticia

13 de diciembre de 2010

(1) Los cables firmados por el embajador de EE.UU. Michael McKinley sobre la corrupción en el Ejército son una bomba. (2) El diario El País ha publicado cables filtrados por Wikileaks.

Un cable filtrado por la red Wikileaks deja al descubierto la red de corrupción que se instrumenta en el Ejército Peruano y que implicaría al propio Comandante General del Ejército, Paul Da Silva, con el narcotráfico.

El cable, firmado por el entonces embajador de Estados Unidos en Perú, Michael McKinley, da cuenta del testimonio de un testigo que afirma que en el 2007, el general Da Silva (entonces comandante de la Región Militar del Norte) coordinaba con el ex director de la Cámara Nacional de Pesquería de Piura, Rolando Eugenio Velasco Heysen, envíos de droga.

Velasco Heysen fue capturado meses después por tratar de exportar más de 800 kilos de cocaína camuflados en un cargamento de pota congelada. El cable también revela una reunión entre Velasco, Da Silva y el entonces comandante general del Ejército General (r) Edwin Donayre.

Velasco dijo que la reunión respondía a temas pesqueros y contratos con la institución castrense, pero el testigo de la embajada comentó que eso “no tenía sentido porque las reuniones ocurrieron fuera de la época en la que el Ejército firma nuevos contratos”.

Doc
Otro de los cables deja al desnudo la política del gobierno aprista de combate a la droga en la zona del VRAE, pues cables de la embajada dejan en evidencia que la red de corrupción montada por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos continúa vigente en la zona.

Un cable enviado por la embajada en el 2009, revela que el ‘Doc’ “colaboró con jefes del Ejército y otros funcionarios de seguridad para desarrollar una red de protección que favorecía a unos traficantes de droga mientras cooperaba con Estados Unidos para combatir a otros”.

McKinley y otros funcionarios de la embajada recibieron las denuncias de altos mandos militares, que acusaron a algunos de sus compañeros de armas de recibir “lucrativos pagos de los traficantes de droga que actúan en el valle de los ríos Apurímac y Ene, VRAE”.

El VRAE es uno de los últimos reductos de Sendero Luminoso, en los que el Ejército desarrolla diversas operaciones que muchas veces terminan en rotundos fracasos, al parecer porque los subversivos están advertidos de ellas con anticipación.

Según los documentos, las operaciones tienen escasas posibilidades de éxito porque interfieren con la actividad de los narcos y sus protectores. Los informantes de la embajada citan como ejemplo el fracaso de la ‘Operación Excelencia 777’, lanzada entre agosto y octubre de 2008.

El Ejército peruano tiene en la zona numerosos puestos de vigilancia formados por soldados que aceptan regularmente sobornos. Ante la ineficacia de esa estrategia, durante el gobierno de Alejandro Toledo se establecieron bases militares de un centenar de soldados. Pero el jefe del Ejército fue sustituido cuando el nuevo modelo apenas llevaba cinco meses en marcha y la estrategia quedó abandonada y el número de militares quedó fijado en 700 para una extensión de 12.000 kilómetros cuadrados.

“(El testigo protegido de EEUU) asegura que (el militar) fue apartado porque sus operaciones amenazaban el lucrativo negocio de la venta de combustible por parte de oficiales del Ejército a traficantes de droga”, señala uno de los documentos.

Pero la colusión se da a toda escala. Los traficantes también nutren sus filas con ex soldados. “Cuando los soldados han completado su servicio voluntario y aprendido tácticas y utilización de armas -pero han ganado poco dinero-, a menudo son reclutados por las redes de narcotráfico”.

Los narcos los emplean como moChileros para que transporten la droga a pie por la selva. Por esa labor les pagan unos 30 dólares por kilo.

Ayuda por SL
Otro de los cables revela que Estados Unidos habría accedido prestar asistencia militar a Perú para acabar con Sendero Luminoso, que cobra cupos al narcotráfico y adoctrina a los empobrecidos habitantes de esas regiones andinas.

De acuerdo a las cifras de la embajada, la subversión perpetró en 2009 más de cien ataques, derribó un helicóptero y mató a 75 agentes del Estado. El salvajismo de las huestes senderistas fue tan intenso y los ataques tan alarmantes, que la embajada pidió a Washington más colaboración con el Ejército y un programa contra las minas en las rutas transitadas por el Ejército.

El embajador, Michael McKinley, aconsejó al Departamento de Estado la urgente aprobación de la asistencia. “Creemos que nuestra implicación (con la entrega del programa) nos aportará valiosas enseñanzas sobre las minas, tal como ocurrió durante la guerra del Cenepa de 1995”.

El rebrote del senderismo, su asociación con el narcotráfico y la retórica antiyanqui de sus propagandistas intranquiliza a Estados Unidos, cuya embajada colabora con los servicios de inteligencia y apremia la ayuda como “una solución a un verdadero problema en el campo de batalla”.

El objetivo es impedir que Sendero pueda llegar a crear una zona liberada en áreas sin presencia del Estado, tal como ocurrió con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a finales de los noventa.