10 de noviembre de 2019

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ECUADOR EN LA CORRUPCIÓN: YO ACUSO

Raúl Moscoso Álvarez.

2 de diciembre de 2010

Dos funcionarios públicos de alto rango se han cargado contra más de seiscientos cincuenta servidores y trabajadores de PETROECUADOR y sus familias.

El primero, con ínfulas de zar anticorrupción, mal entendedor de las figuras delictivas y del sentido de la proporción, dio un arma mortal al otro, el marino retirado, capitán de la nave PETROECUADOR, para que con ella clave y barrene, con sevicia, como lo hace el picador al toro bravo, la honra, el buen nombre, la estabilidad y la economía doméstica de sus víctimas, que, en cifras conservadoras, superan las tres mil doscientos cincuenta personas (trabajadores y familiares), Esa arma mortal, digna de un asesino en serie de honras y puestos de trabajo, consistió en ver (conviene en este punto estudiar el fenómeno sicológico de la proyección), en un negocio decente, conflictos de intereses, aprovechamiento de información privilegiada, peculado y atraco de fondos públicos. Hallaron mala fe, enormes perjuicios al Estado y crimen de lesa patria en estos empleados, trabajadores, ingenieros y técnicos, por ser tenedores de pocas acciones en GASPETSA; empresa pequeña, nacional, dedicada a prestar el servicio concreto de mezclar gasolina con aceite para abastecer a los pescadores artesanales de Esmeraldas.

Es que GASPETSA no es de una de esas transnacionales que operan en nuestro país bajo oscuros velos societarios, de los que se sirven las filiales para librar a sus matrices de posibles responsabilidades en nuestro país, derivadas del incumplimiento de la ley y de los contratos. Acaso por esto (de ser empresa pequeña, nacional y sin palancas) ha sido tan denostada. Tampoco tiene vínculo con empresas extranjeras, ora se trate de empresas privadas, como REPSOL (existe un informe, guardado bajo siete llaves, de la secretaría anticorrupción, entonces presidida por el señor Cortázar, sobre la entrega fraudulenta del campo TIVACUNO); AGIP (esta firma como la anterior operan en territorios WAO; nacionalidad cuya cultura marcha inexorablemente a su exterminio); ora de estatales, como PERTAMINAS (cuyo abogado era un ex ministro de Estado), SINOPEC (empresa china, socia de ANDES PETROLEUM, enloquecida por explotar el ITT,), ENAP (empresa chilena a la cual el inefable presidente Noboa regaló campos en explotación, como si fueran bienes propios de libre disposición), o ANDES PETROLEUM (el mismo ex ministro aludido hizo lobby por esta empresa que opera los bloques 14 y 17, situados en el parque nacional YASUNÍ); ora, en fin, de empresas mixtas, con mayoría de capital privado, como PETROBRAS (que pretende levantar el vuelo, con derecho a reconocimiento de inversiones, antes de que se de la caducidad ad-portas del convenio de operación unificada de Palo Azul, sin opción a reembolso); grandes empresas cuyos volúmenes de negocios exceden sideralmente la magnitud de los de GASPETSA; firma conformada – repito- por pequeños tenedores de acciones, de nacionalidad ecuatoriana, con el capital social distribuido democráticamente, que no maneja ni controla, ni de lejos ni de cerca, la distribución de combustibles en el norte el país, como le han hecho creer y decir al Presidente de la República.

Insumos extraños al combate a la corrupción han sido empleados en la fabricación de esta arma letal: el afán desmedido de figuración, el propósito servil de hacer méritos antes el gobernante, el plan de separación masiva de empleados en PETROECUADOR con el menor costo posible para la empresa y acaso, aún cuando me niego a creer, el objetivo de distraer a la opinión pública respecto de casos que apestan por su grado de descomposición.

El repertorio de infundios proferidos por el bisoño jinete, sin cabeza y de muerto corazón, contra los empleados y trabajadores, mujeres y hombres que han servido por muchos años a la empresa, ha sido utilizado, por el experimentado marino de guerra, como causal para el visto bueno que otorga el envalentonado ministerio del ramo, a través de inspectores de trabajo con vocación de alfombra, para que la empleadora pública termine unilateralmente el contrato de trabajo con un dependiente corrupto, sin percatarse de que ninguno de los despedidos se halla en el supuesto de conflicto de intereses, contemplado en el artículo 14 de la Ley de Empresas Públicas, cuerpo legal que por otra parte no se debe aplicar a situaciones anteriores a su vigencia, más aún, en tratándose de empleados sin capacidad de incidir en los negocios de las aludidas contratantes pública y privada, y de que, por obra y gracia de la Constitución de MONTECRISTI, buena parte de los afectados con esta forma de terminación de la relación laboral, por tratarse de servidores públicos, no se hallan sometidos al Código de Trabajo sino a la normativa referida al servicio civil y carrera administrativa; servidores públicos, para cuya separación se precisaba de sumarios administrativos y resoluciones debidamente motivadas.

Lo cierto es que estos dos funcionarios públicos (el fabricante y el usuario del arma) han engañado al Jefe de Estado y han inducido a que él y el gobierno de todos los ecuatorianos cometan una tremenda injusticia, de palabra (sabatina) y obra (despidos), que debe ser inmediatamente reparada, por medio de la expedición de un decreto ejecutivo que, aceptando públicamente el error, de un solo tajo, deje sin efecto la resolución de despedir a estos trabajadores y servidores públicos; disponga el archivo de los cientos de vistos buenos en trámite; cancele a las autoridades públicas que les han hecho meter la pata (ya es hora de que el señor Presidente apele a los fusibles políticos), y respete el contrato de PETROECUADOR con GASPETSA, celebrado a la luz del día, para que realice una actividad lícita, habida consideración de que éste, como cualquier otro contrato, es ley entre las partes, aquí y en la Conchinchina. Tiene que ser, por lo tanto, una decisión de ejecución inmediata y en paquete, que cobije a todas los trabajadores y servidores públicos, sin previos análisis caso por caso ni requerimientos de fallos de casación que confirmen la respectiva ilegalidad del visto bueno, luego de siete o más años de engorrosos trámites ante los jueces, quiénes, por cierto – no se si por regla general o por excepción – mojan los pantalones al momento de fallar en contra del Estado, a menos que estimulantes positivos, suministrados en dosis suficientes, les den el coraje que falta para hacer justicia. La posta la tiene el señor Presidente de la República.