10 de febrero de 2019

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LOS DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA

Informe del gobierno de Estados Unidos.

27 de febrero de 2009

Aunque el gobierno boliviano respetó los derechos humanos de sus ciudadanos en general, los problemas más significativos fueron: abusos por parte de fuerzas de seguridad y uso excesivo de la fuerza en conflictos internos; duras condiciones carcelarias; arrestos y detenciones arbitrarias; ataques del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial; amenazas a las libertades civiles, incluyendo los derechos legales y la libertad de prensa; corrupción y falta de transparencia en el gobierno; discriminación en razón de género, pertenencia étnica y orientación sexual; trata y tráfico de personas; trabajo infantil; trabajo forzado o bajo coacción; y condiciones de trabajo deplorables en el sector minero.

Bolivia es una democracia constitucional, multipartidista con una población de aproximadamente 9.25 millones. En 2005 en un proceso libre e imparcial, los ciudadanos eligieron presidente a Evo Morales Ayma, líder del partido Movimiento al Socialismo (MAS). Los esfuerzos del gobierno por llevar a un referéndum nacional una controvertida nueva constitución, las demandas de la oposición a favor de una mayor autonomía regional y las exigencias apremiantes de recursos gubernamentales condujeron a una serie de enfrentamientos violentos y bloqueos de caminos a gran escala. Las autoridades civiles en general mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad.

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Respeto a la Integridad de la Persona, Incluyendo el ser Libre de:

a. Privación Arbitraria o Ilegal de la Vida
El gobierno o sus agentes no cometieron ningún asesinato con motivaciones políticas, pero un número estimado de 17 personas murieron durante conflictos con vinculaciones políticas. Un simpatizante de la oposición murió por inhalación de gas para el control de disturbios durante el referéndum autonómico del 4 de mayo en el departamento de Santa Cruz. El 5 de agosto, dos mineros murieron en una confrontación con la policía durante una protesta en la población de Caihuasi, en el departamento de Oruro. Un enfrentamiento violento con participación de campesinos progubernamentales y partidarios del prefecto alineado con la oposición Leopoldo Fernandez dio por resultado la muerte de 13 personas en el departamento de Pando el 11 y 12 de septiembre, de acuerdo con la fiscalía. El 15 de diciembre, al desbandar una protesta realizada por miles de personas en la localidad de Patacamaya relacionada con las restricciones impuestas por el gobierno a la importación de automóviles usados en una zona franca, la policía disparó y ocasionó la muerte de una persona. Aproximadamente diez personas resultaron heridas, incluyendo varios policías.

El 5 de agosto, policías que intentaban despejar un bloqueo de una semana en la carretera entre Cochabamba y La Paz se vieron enfrascados en una confrontación con hasta 4.000 mineros en huelga. El gobierno y líderes sindicales se culparon mutuamente por la muerte de dos mineros que recibieron impactos de bala y resultaron muertos. Una investigación sobre la causa exacta de las muertes todavía estaba en curso.

Las muertes ocasionadas por linchamientos continuaron siendo un problema. Aunque no hubo estadísticas oficiales sobre las muertes por linchamiento, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) del gobierno registró 31 casos hasta el mes de septiembre; siete casos en El Alto, cinco en La Paz, dos en Potosí, nueve en Cochabamba, uno en Sucre y siete en Santa Cruz. Los informes de la prensa local el Cochabamba informaron acerca de 15 linchamientos. La oficina del Defensor del Pueblo en Cochabamba estimó que hubo por lo menos 45 linchamientos en todo el país.

En lugares donde el linchamiento fue común, algunos residentes intentaron justificar la práctica afirmando que era parte de su tradición de "justicia comunitaria" y una respuesta práctica a la falta de acceso a la justicia a través del sistema legal, lo cual constituyó un problema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en un informe del mes de junio de 2007 que sólo 180 de los 327 municipios tenían un juez, sólo 76 tenían un fiscal y sólo 11 tenían un defensor público. Según un informe publicado por Freedom House el 2008, una "falta de claridad" en la codificación de las leyes consuetudinarias indígenas dio por resultado "docenas de actos de ‘justicia por manos de la comunidad’ incluyendo linchamientos, en violación de las normas internacionales de los derechos humanos".

En un caso de alta repercusión sucedido el 17 de noviembre, una gran muchedumbre de residentes de Achacachi apedreó y quemó a once personas sospechosas de ser haber cometido robos, matando a dos y lesionando gravemente al resto. Según medios de comunicación locales, que publicaron imágenes vívidas de las víctimas, la policía rescató a los sobrevivientes después de varias horas de tortura en una cancha de fútbol de la localidad. Los residentes se negaron a cooperar con una investigación oficial. En otro caso ocurrido el 4 de diciembre, un joven en Riberalta fue golpeado hasta morir por robar papel higiénico.

En diciembre la Corte Suprema solicitó al Congreso autorizar un juicio de destitución para retirar las inmunidades de que gozan integrantes del Ministerio de Gobierno supuestamente implicados en los homicidios de Gonzalo Durán Carazani, Juan Carlos Serrudo y José Luis Cardozo por fuerzas de seguridad en noviembre de 2007. Las muertes ocurrieron durante las protestas sobre el estatus de Sucre como capital del país. El retiro de la inmunidad es necesario antes que la Corte Suprema pueda proceder con el enjuiciamiento. El Congreso todavía no había emitido una decisión sobre este asunto hacia el final del año.

No hubo avances nuevos en las investigaciones militares ni en las civiles sobre la muerte de Osmar Flores Torres ocurrida en septiembre de 2007 en Arani, ocasión en la cual la policía negó haber utilizado armas letales en respuesta a una manifestación. Las autoridades militares y civiles llevaron a cabo investigaciones separadas. Los fiscales reclamaron firmemente que los militares no estaban cooperando plenamente en este caso, mientras que el Ministerio de Defensa alegó que fiscalía no había seguido el procedimiento para solicitar información. El caso permaneció en fase de investigación por un lapso de 18 meses y el juicio no está programado para comenzar sino hasta marzo o abril de 2009.

Según el fiscal asignado, no hubo avances en el caso de Herman Ruiz, herido por bala y muerto en abril de 2007. Ruiz formaba parte de un grupo de manifestantes que intentaban tomar una planta de gas natural.

No hubo avances en el caso ocurrido el año 2006 en que integrantes de las fuerzas de seguridad en el Parque Nacional Carrasco dieron muerte a los productores de coca Ramber Guzmán Zambrana y Celestino Ricaldis. El caso permanecía en la fase de investigación preliminar, principalmente debido a una falta de acción por parte de la fiscalía, aunque también hubo críticas sobre el nivel de la cooperación por parte de los militares.

No hubo avances en la muerte por disparo del policía Santiago Orocondo Arevillca, quien se encontraba fuera de servicio. Autoridades civiles en el Ministerio de Defensa no respondieron a la solicitud de información del fiscal.

Las autoridades cerraron la investigación de la muerte del oficial naval Wilder René Blanco Mendoza, ocurrida el 2006, sin presentar acusaciones, a pesar de las denuncias de corrupción en la investigación y de las amenazas no documentadas contra el fiscal y la familia de Blanco.

b. Desaparición

No hubo informes de desapariciones realizadas por motivos políticos.

c. Tortura y Otros Tratamientos y Castigos Crueles, Inhumanos o Denigrantes

Las leyes prohíben estas prácticas y no hubo informes confirmados de que funcionarios de gobierno las hayan utilizado. Hubo varias denuncias de violencia ejercida por vigilantes actuando por cuenta propia que ocasionaron abusos extrajudiciales contra las personas, incluyendo informes específicos de golpizas y abusos infligidos por integrantes de las fuerzas de seguridad.
El Defensor del Pueblo informó que entre todas las instituciones gubernamentales, la policía era la institución que más frecuentemente violaba los derechos humanos. La oficina del Defensor del Pueblo recibió 1.183 quejas acerca de la policía. Según el Defensor, aunque la cantidad de denuncias se incrementó, la cantidad general de denuncias todavía era "relativamente baja" considerando la "constante conmoción" en Bolivia.

El 26 de febrero, partidarios del MAS, el partido de gobierno, atacaron a Juan Choque Apaza un activista indígena que protestaba contra el gobierno. Cuando un gran grupo de partidarios del MAS cercaron el congreso, Choque intentó recolectar firmas para hacer una petición al presidente Morales. En respuesta, la multitud lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. El 4 de marzo, según una entrevista con Choque, el Ministro de Gobierno Alfredo Rada le dijo que suspendiera una huelga de hambre o que sería golpeado nuevamente por partidarios del gobierno. Choque declaró que continuó su huelga y que poco después más partidarios del MAS lo encontraron y lo golpearon. Partidarios del MAS lo habían golpeado por llevar a cabo una huelga de hambre en contra del gobierno. Choque denunció además que fue atacado por partidarios del gobierno en otros incidentes en ocho de los nueve departamentos del país, incluyendo un ataque ocurrido el 13 de junio en Santa Cruz por parte de oficiales de policía sin uniforme que robaron su libro de firmas para la petición. Dijo que sus quejas presentadas a la oficina local del Defensor del Pueblo habían sido ignoradas. Representantes del Defensor del Pueblo dijeron que intentaron investigar las acusaciones de Choque pero que las encontraron incoherentes y carentes de evidencia. Un representante dijo que se escribió una carta al Ministerio de Gobierno apoyando el derecho de Choque a realizar una huelga de hambre.
El 29 de diciembre, inmediatamente después de una reunión con el Presidente Morales, integrantes del grupo social militante progubernamental Ponchos Rojos agredieron verbalmente a Choque, tomaron su teléfono celular y su libro de firmas y amenazaron con atacarlo antes que la policía escoltara a Choque fuera de ese lugar. Al día siguiente, la policía municipal obligó a Choque a dejar de recolectar firmas, declarando que no tenía permiso para establecer un centro de recolección de firmas para presentar una petición.

Durante su detención, Roberto Lenín Sandóval López se quejó de que las fuerzas de seguridad lo golpearon y amenazaron mientras estaba detenido (ver sección 1.d.).

Condiciones de las Cárceles y Centros de Detención

Las condiciones de las cárceles fueron duras. Las cárceles estuvieron atestadas y en malas condiciones. Hubo 7.778 reclusos (6.831 hombres y 947 mujeres) en instalaciones diseñadas para acomodar a 4.700 reclusos. Las autoridades gubernamentales controlaron con efectividad solamente el perímetro externo de seguridad de cada prisión. Dentro de los muros de las cárceles, los reclusos usualmente mantuvieron el control y pandillas dirigieron actividades criminales desde el interior de sus celdas.

La violencia entre reclusos y en algunos casos la participación de los guardias de las cárceles contra los prisioneros, constituyeron problemas.

Con respecto a la fuga de reclusos en Sucre ocurrida en noviembre de 2007, en la cual más de 100 reclusos escaparon, aproximadamente un 30 por ciento regresó a la cárcel. La fiscalía y la policía de Chuquisaca están investigando los casos restantes y están tratando de encontrar a los demás fugitivos, pero el progreso ha sido lento.

La corrupción representó un problema entre los guardias de rango inferior que perciben un salario bajo y entre los gobernadores de las prisiones. La cantidad de personas recluidas en los centros de detención siguió constituyendo un problema debido a un incremento generalizado del crimen. La capacidad económica de un recluso a menudo determinó el tamaño de su celda, privilegios de visitas, su elegibilidad para autorizaciones de salida por el día y la ubicación y duración de su encierro. Hubo informes de que los reclusos pagaron montos de dinero por celdas a los ocupantes previos o a reclusos que controlaban bloques de celdas. Aunque la ley permite que niños hasta los 6 años de edad vivan con un padre o madre en reclusión, niños de hasta 12 años vivieron con sus padres encarcelados. Aproximadamente 1.400 niños y niñas vivieron con uno de sus padres en la cárcel, como una alternativa para que no quedar sin hogar. Durante las vacaciones escolares, el número de menores que viven con sus padres en las prisiones puede duplicarse. Según el gobierno municipal aproximadamente 300 niños y 100 mujeres vivieron en la cárcel de San Pedro en La Paz como dependientes de reclusos varones.
La dieta estándar de las cárceles fue insuficiente y los reclusos que pudieron hacerlo complementaron la dieta estándar de la prisión comprando comida.

La ley dispone que los reclusos tengan acceso a asistencia médica, pero no hubo un servicio de atención de salud adecuado y fue difícil que los reclusos obtuvieran permiso para recibir tratamiento médico fuera de la cárcel. Organizaciones no gubernamentales (ONG) y reclusos denunciaron la existencia de casos de tuberculosis y VIH/SIDA en las cárceles. Sin embargo, los prisioneros con mayores recursos económicos pudieron obtener permisos de transferencia a prisiones más cómodas o incluso a instituciones privadas externas a la cárcel debido a razones "médicas". Los reclusos que pudieron pagar tuvieron acceso a drogas y alcohol y algunas veces utilizaron niños para traficar drogas dentro de las cárceles.

Hubo prisiones separadas para mujeres, excepto en el caso de la cárcel de Morros Blancos en Tarija, donde hombres y mujeres compartieron las instalaciones. Las condiciones de las reclusas fueron similares a las de los hombres; sin embargo, el hacinamiento en la cárcel de mujeres de San Sebastián en Cochabamba fue peor que en la mayoría de las cárceles para hombres.

Según funcionarios del Ministerio de Gobierno, 710 reos jóvenes sentenciados (de 16 a 21 años de edad) no fueron separados de los reclusos adultos en las cárceles y los reclusos adultos algunas veces los abusaron. Programas de rehabilitación para delincuentes juveniles u otro tipo de prisioneros fueron escasos o inexistentes. Los detenidos en espera de la realización de sus juicios fueron encarcelados juntamente con los reos sentenciados.

Generalmente el gobierno permitió visitas a las prisiones por parte de observadores independientes de derechos humanos, jueces y representantes de los medios de comunicación y dichas visitas se efectuaron a lo largo del año.

d. Arresto o Detención Arbitraria

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitraria; sin embargo, hubo varios casos en que las fuerzas de seguridad aprehendieron y retuvieron a personas bajo circunstancias legalmente dudosas.

Según informes de prensa, el 2 de junio, seis integrantes de un equipo de la policía obligaron a un líder de la oposición juvenil de Chuquisaca, Roberto Lenín Sandóval López a entrar a un automóvil y lo trasladaron a una instalación carcelaria en El Alto, cerca de La Paz. Sandóval, su esposa y su hija fueron lesionados durante el arresto de Sandóval. Según el Defensor del Pueblo, el arresto violó la constitución y fue realizado sin una orden judicial. Mientras que el ministro gobierno justificó la acción declarando que Sandóval iba a ser acusado por terrorismo, sedición e intento de asesinato, los miembros de la oposición denunciaron que el arresto tenía la intención de intimidarlos para que no propusieran a un candidato para el cargo de prefecto del departamento de Chuquisaca. Integrantes de la policía interrogaron a Sandóval, presuntamente amenazaron su vida y presuntamente lo obligaron a prestar una confesión falsa antes que un juez lo liberara el 3 de junio por falta de pruebas.

En un caso separado, entre mediados de septiembre y diciembre, las fuerzas de seguridad del gobierno confinaron al prefecto Pando y otras 36 personas por su presunta participación en la violencia dentro y en los alrededores de la población de Porvenir, Pando, el 11 de septiembre y por violar el subsiguiente estado de sitio. El Defensor del Pueblo informó que al realizar los arrestos la policía violó los derechos constitucionales de por lo menos 14 personas al no presentar órdenes judiciales autorizando los arrestos, al irrumpir en horas extraordinarias no permitidas por las leyes, por no permitir el acceso a jueces en un lapso a 48 horas, por prohibir contactos externos durante su confinamiento, por utilizar en algunos casos un tratamiento cruel o tortura durante y después de los arrestos y por hacer uso excesivo de la fuerza contra las familias de las personas arrestadas.

Otros dos empleados de la prefectura de Pando fueron arrestados por cargos de corrupción y de igual manera fueron transportados por vía aérea a La Paz para su encarcelación hasta el inicio de un juicio, en violación de los procedimientos legales y, de acuerdo con algunos integrantes de la oposición, como parte de un más amplio plan de capturas posteriores al 11 de septiembre contra los aliados de Fernández.

La fiscalía informó que nueve partidarios de Morales, principalmente campesinos, fueron muertos mientras marchaban ese día hacia la capital de Pando, Cobija. El presidente Morales declaró que Fernández era responsable de una emboscada contra los marchistas y por sus muertes y que permanecería indefinidamente confinado en La Paz aguardando juicio.
El gobierno transportó a todos los 39 detenidos en Pando hasta La Paz para aguardar acusaciones formales. La Corte Suprema dictaminó que el arresto de Fernández era ilegal sobre bases de jurisdicción y de procedimiento y puso dos plazos para su transferencia de la cárcel de La Paz a una jurisdicción diferente. El gobierno desestimó ambas órdenes judiciales y el 5 de noviembre inició una investigación del Congreso de dos jueces de la Corte Suprema y del fiscal general, Mario Uribe, por ayudar a un fugitivo de la justicia.

El gobierno levantó el estado de sitio el 23 de noviembre. El 28 de noviembre un juez local aceptó el caso del gobierno, incluyendo acusaciones de asesinato y terrorismo contra Fernández y otras 20 personas. La corte también aceptó las acusaciones de corrupción contra los dos empleados de la prefectura de Pando. La corte liberó a dieciséis detenidos.

La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y el Defensor del Pueblo publicaron informes acerca de los acontecimientos de Pando que en general apoyaron la tipificación hecha por el gobierno de que había sido una "masacre" perpetrada por funcionarios de la prefectura y del comité cívico alineados con la oposición. El informe del Defensor instó a que se realizara una investigación más profunda sobre el contexto y el trasfondo de los acontecimientos y criticó al gobierno por violar los procedimientos legales en los arrestos y detención de sospechosos. El Defensor criticó al gobierno por mantener a los sospechosos en una detención prolongada sin tener acceso a sus familias o abogados, o siquiera a los propios buenos oficios del Defensor. A finales del año Naciones Unidas se encontraba investigando los acontecimientos de Pando.
En un caso separado, las autoridades de gobierno también detuvieron y enviaron a la jefe de la policía en Porvenir, Mirtha Sosa Chalar, a La Paz para ser interrogada acerca de los acontecimientos en Pando. Sosa declaró en entrevistas que había sido golpeada y amenazada con sufrir un ataque sexual por fuerzas de seguridad pero no fue acusada de ningún crimen, y después fue liberada.

El 13 de octubre, miembros de la policía y de la naval arrestaron con uso de la fuerza en Riberalta a la personalidad de los medios de comunicación Jorge Melgar Quete por emitir un discurso del Ministro de la Presidencia Juan Quintana pronunciado el 7 de agosto en el que aboga por el "entierro" político del prefecto de Pando Fernández. El gobierno sostuvo que fue un arresto legal, pero el hijo de Melgar declaró en entrevistas que en ningún momento se presentó o discutió algún documento legal. El gobierno trasladó a Melgar a La Paz, donde permaneció detenido. En una audiencia el juez determinó que el caso debía ser juzgado en Riberalta, no en La Paz y envió a Melgar nuevamente en una cárcel de La Paz hasta que pudiera ser transportado a Riberalta, donde permanecía hasta finales del año. El abogado de Melgar reclamó que el gobierno no tenía permiso judicial para arrestar a Melgar fuera del horario diurno, acción que requiere un tipo especial de orden y que el arresto se realizó sin la presencia del representante de la fiscalía, que también es un requisito.

El 10 de septiembre el gobierno detuvo al líder del Comité Cívico de la Prefectura de Tarija Reynaldo Bayard por su supuesta participación en la destrucción de un gasoducto. La oposición rechazó las acusaciones del gobierno como un intento de silenciar a los opositores sin ofrecer pruebas de las acusaciones. Bayard permanecía detenido.

Papel de la Policía y del Aparato de Seguridad

La Policía Nacional tiene la responsabilidad principal por la seguridad interna, pero las fuerzas militares pueden ser convocadas para prestar ayuda en situaciones críticas, que ocurrieron durante el año. La Policía Nacional puso en disciplina a sus oficiales emitiendo 1.446 sanciones administrativas hasta el 1 de diciembre. Algunas veces los fiscales se mostraron renuentes a enjuiciar a los oficiales de las fuerzas de seguridad por delitos presuntamente cometidos mientras estaban en el cumplimiento de su deber, en parte debido a que dependen de la Policía Técnica Judicial para investigar a sus propios oficiales.

Arresto y Detención

Generalmente, los arrestos fueron realizados abiertamente, pero hubo informes creíbles de arrestos y detenciones arbitrarias. Algunos familiares de sospechosos detenidos durante el estado de sitio en Pando se quejaron de que la policía y autoridades de la prefectura negaron que se hubieran hecho detenciones, induciendo a las familias a sospechar que se habían tomado medidas extra legales hasta varios días después, cuando el gobierno anunció las detenciones.

La ley establece el requisito de una orden de arresto y la policía debe informar al fiscal sobre un arresto dentro de ocho horas. La ley requiere que un detenido sea remitido a un juez dentro de 24 horas (excepto bajo la declaratoria de estado de sitio, en el cual un detenido puede ser retenido por 48 horas), tiempo durante el cual el juez debe determinar si es apropiado continuar la detención previa al juicio o conceder la libertad bajo fianza y debe ordenar la liberación del detenido si el fiscal no presenta razones suficientes para el arresto. Informes fidedignos indicaron que en algunos casos los detenidos estuvieron privados de libertad por más de 24 horas sin una aprobación de la corte.

Más del 70 por ciento de los detenidos esperaban sus sentencias, pero las cortes proporcionaron libertad bajo fianza para algunos detenidos. Los jueces tienen la autoridad para ordenar la detención preventiva de un sospechoso cuando se considera que existe el riesgo de que huya. Si un imputado no es detenido, un juez puede ordenar restricciones importantes sobre su capacidad de movilizarse.

Los detenidos en general tuvieron un rápido acceso a sus familias y se les permitió tener acceso a abogados, pero aproximadamente 70 por ciento de ellos no pudieron pagar los costos de un abogado defensor y los defensores públicos de oficio estuvieron sobrecargados de trabajo.
Durante el año el gobierno proporcionó capacitación exhaustiva sobre derechos humanos a 170 oficiales de policía y proporcionó a 850 cadetes y otros oficiales de policía capacitación sobre procedimientos legales que también incluyó instrucción sobre derechos humanos.

La negación del acceso a la justicia debido a detenciones prolongadas siguió representando un problema. Aunque la ley establece que la fase preparatoria de un caso no puede durar más de 18 meses y que la fase del juicio no puede sobrepasar los tres años, algunos sospechosos guardaron detención preventiva por más tiempo que el establecido por los límites legales. Si el proceso investigativo no es completado en 18 meses, el detenido puede solicitar su liberación a ser determinada por un juez; sin embargo, la corrupción judicial, una escasez de defensores públicos, los inadecuados mecanismos para realizar el seguimiento de los casos y los complejos procedimientos penales mantuvieron a algunas personas encarceladas por más de 18 meses antes de su juicio.

Niños de 11 a 16 años de edad pueden ser detenidos indefinidamente en centros infantiles si se conoce o sospecha que cometieron algún crimen, o para su protección, por orden de una trabajadora social. No hay revisión judicial de dichas órdenes

e. Negación de Juicio Público Imparcial

La ley dispone la existencia de un poder judicial independiente, pero el poder judicial fue ampliamente considerado corrupto y fue debilitado por la interferencia del poder ejecutivo. Las cortes no se han recuperado desde el 2007 de los intentos del gobierno de presionar al poder judicial, retirar a varios de sus integrantes y debilitar su independencia. Un estudio de Transparencia Internacional del año 2007 informó que más del 80 por ciento de los consultados consideraba que el sistema judicial era corrupto.

Hay tres niveles de cortes dentro del sistema judicial: juzgados, cortes superiores de distrito y la Corte Suprema de Justicia. La revisión de las cortes superiores está restringida a una revisión de la aplicación de las leyes. La Corte Suprema atiende apelaciones en general, pero su revisión está restringida a casos que implican circunstancias excepcionales.

El Tribunal Constitucional es una institución independiente y tiene jurisdicción original y de apelación sobre asuntos constitucionales. El Tribunal es la más alta autoridad del país sobre asuntos constitucionales y está separado de la Corte Suprema, que es la máxima autoridad en todos los otros asuntos legales.

El Tribunal Constitucional normalmente funciona con cinco miembros titulares y cinco suplentes, pero protestas violentas por parte de partidarios del gobierno en el año 2007, una reducción de sueldos de 50 por ciento, un intento por parte del poder legislativo de destituir a cuatro de sus miembros, y problemas de salud dejaron al tribunal con una sola integrante. No pudiendo reunir el quórum de tres personas, el tribunal funcionó sólo esporádicamente, acumuló tres años de casos retrasados y no pudo emitir dictámenes efectivos sobre la serie de referéndums autonómicos llevados a cabo por cuatro prefecturas en mayo y junio ni sobre el referéndum revocatorio nacional realizado el 10 de agosto. El 21 de julio, el tribunal intentó suspender el referéndum revocatorio nacional con argumentos constitucionales, pero en última instancia la Corte Nacional Electoral (CNE) desestimó este obstáculo. Grupos de la oposición sugirieron que el poder ejecutivo no había nominado a nuevos integrantes del tribunal para evitar dictámenes adversos a sus acciones potencialmente ilegales o extralegales.
La CNE es la autoridad final sobre todos los asuntos relacionados con las elecciones y ha enfrentado obstáculos. Funcionó con sólo tres vocales o menos de los cinco que la conforman y fue atacada por ser parcial a favor del gobierno y por haber despedido a funcionarios profesionales. Sin embargo, la corte emitió varias opiniones que indicaron su independencia, incluyendo su rechazo de un referéndum nacional planificado para diciembre sobre la constitución propuesta. El 16 de diciembre, después que el mandato del tercer vocal de la CNE expiró, dejando a la CNE sin quórum, el gobierno propuso ampliar su término en el cargo en vez de cumplir el proceso legislativo requerido para nombrar un nuevo vocal de la CNE. El Senado controlado por la oposición derrotó escasamente este esfuerzo y el 20 de diciembre el Congreso en pleno nombró a un nuevo vocal de la CNE.

En un discurso pronunciado el 29 de julio en Cochabamba, el presidente Morales indicó que había dado pasos ilegales para aplicar sus reformas y que sólo después había pedido a sus abogados legalizar tales acciones.

El 3 de diciembre, representantes del poder judicial criticaron públicamente a la administración del presidente Morales por intentar destruir el poder judicial del estado. Los representantes denunciaron la detención ilegal del ex prefecto de Pando Fernández por parte del gobierno y llamaron autoritario y antidemocrático al proyecto de constitución propuesto. Una declaración formal fue firmada por los jueces de la Corte Suprema, el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente y los miembros del Tribunal Agrario Nacional, los presidentes y miembros de las Cortes de Distrito y el presidente y los miembros de la Asociación de Magistrados de Bolivia. La administración del presidente Morales respondió que el poder judicial era corrupto y el Viceministro de Justicia recomendó que todos los firmantes renunciaran inmediatamente si la propuesta de constitución era aprobada.

Procedimientos de Juicio

Las leyes disponen el derecho a un juicio imparcial para todos los ciudadanos, pero los juicios imparciales no siempre ocurren. Los imputados tienen derechos constitucionales a la presunción de inocencia, a un juicio rápido y público por jurado, a permanecer en silencio, a tener un abogado, a confrontar a los testigos, a presentar pruebas a su favor, al debido proceso legal, a la apelación y a confrontar las acusaciones judiciales con los fiscales gubernamentales antes que sea iniciado un proceso formal ante los tribunales. En la práctica, los derechos a tener un abogado y a un juicio rápido no fueron protegidos de manera sistemática, aunque el Código de Procedimiento Penal hizo posible que las investigaciones fueran más eficientes, que los juicios orales fueran transparentes y los veredictos fidedignos. En 2007 Freedom House informó que había sólo 56 defensores públicos, o 0.8 defensores por cada 100.000 habitantes, que estaban disponibles en sólo 11 de los 327 municipios.

La ley dispone un sistema de juicios orales transparentes en los juicios penales, establece el requisito de que ningún período de detención previa al juicio exceda los 18 meses sin acusaciones, dispone un período máximo de detención de 24 meses en casos en que una sentencia esté siendo apelada y ordena que la duración máxima de un proceso sea de tres años. La ley establece que el fiscal está a cargo de la fase de investigación de un caso y que debe dar a los sospechosos una oportunidad para confrontar las acusaciones antes que comience formalmente el juicio.

El fiscal instruye a la policía sobre qué declaraciones de testigos y evidencia se precisan para llevar adelante el proceso. El fiscal procesa casos por delitos de acción privada (con sentencias posibles menores a cuatro años de privación de libertad) ante un juez de instrucción y casos por delitos mayores (con sentencias posibles de más de cuatro años) ante tribunales de sentencia que constan de un panel de cinco miembros que incluye tres jueces ciudadanos y dos jueces colegiados.

La ley también reconoce formas tradicionales de resolución de conflictos (justicia comunitaria) de las comunidades indígenas, siempre que la resolución adoptada no entre en conflicto con los derechos y las disposiciones establecidas por la Constitución.

El sistema de justicia militar fue generalmente susceptible a la influencia de niveles jerárquicos y tendió a evitar que se dictaran fallos que hubieran afectado el honor de las Fuerzas Armadas. Cuando un militar es acusado por un delito cometido en ejercicio de sus funciones militares, el comandante de la unidad afectada designa a un oficial para llevar a cabo una investigación y preparar un informe. Los resultados son remitidos a un asesor jurídico, generalmente en nivel de división, quien recomienda se emita el fallo de inocencia o de culpabilidad. En casos de infracciones graves, el caso es remitido a un tribunal militar, excepto en casos en que personal militar debe ser juzgado en cortes civiles por violaciones de derechos humanos.

Prisioneros y Detenidos Políticos

Hubo denuncias de prisioneros o detenidos políticos, incluyendo las detenciones resultantes del conflicto del 11 de septiembre en el departamento de Pando (ver sección 1.d.).

Procedimientos y Reparaciones Judiciales Civiles

Hay un sistema judicial independiente e imparcial para materias civiles. La ley dispone reparaciones penales para violaciones de derechos humanos y a la conclusión de un juicio penal, el agraviado puede iniciar un juicio civil para exigir reparaciones. Administrativamente, el Defensor del Pueblo puede emitir resoluciones sobre casos específicos de derechos humanos, las cuales el gobierno puede hacer cumplir.

f. Interferencia arbitraria en la Privacidad, la Familia, el Hogar o la Correspondencia

La ley prohíbe tales acciones y el gobierno generalmente respetó dichas prohibiciones.
Sección 2 Respeto a los Derechos Civiles, Incluyendo:

a. Libertad de Expresión y de Prensa
La ley dispone la libertad de expresión y de prensa. Aunque el gobierno generalmente respetó estos derechos, mantuvo una relación antagónica con la prensa. Varias ONG acusaron al Presidente Morales y a funcionarios del gobierno por hacer declaraciones de reproche acerca de la prensa, por avalar actos de violencia contra los periodistas y medios, por politizar los contenidos informativos producidos por los medios del estado y por promulgar leyes destinadas a restringir a los medios de comunicación independientes. Los medios denunciaron que el gobierno también restringió ilegalmente el acceso de los periodistas a las personas detenidas en Pando y a sus familiares tras el conflicto del 11 de septiembre.

El número de medios de comunicación, incluyendo medios impresos, televisión y radio fue amplio y continuó la difusión de varios puntos de vista, muchos de ellos expresando oposición al gobierno. Las estaciones radiales y televisivas en general trabajaron con libertad. Sin embargo, hubo muchos informes de periodistas que al intentar grabar o informar sobre acontecimientos, particularmente aquellos relacionados con los movimientos sociales, fueron amenazados o heridos por individuos particulares o por grupos no gubernamentales. Grupos progubernamentales generalmente atacaron medios de comunicación privados y a sus reporteros, mientras que grupos antigubernamentales concentraron sus ataques en los medios controlados por el gobierno. La Asociación Nacional de la Prensa registró 245 casos de agresión contra reporteros y otros trabajadores de los medios de comunicación durante los doce meses que precedieron a octubre.

En un informe del 30 de marzo, la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) afirmó que las libertades de prensa y expresión estaban "seriamente amenazadas". La SIP hizo notar que el Presidente Morales llamó a la prensa su "principal enemigo" y acusó a los medios de comunicación de mentir, de conspirar con las oligarquías nacionales y de estar "vendidos" a gobiernos extranjeros hostiles. El informe de la SIP citó una carta del Superintendente de Telecomunicaciones que advertía con multas o suspensiones a cualquier medio de comunicación que fuera sorprendido emitiendo propaganda o informaciones que "aún siendo auténticas, puedan dañar o alarmar a la población". El informe denunció que el gobierno había advertido a radioemisoras comunitarias independientes que sus licencias serían renovadas sólo si transmitían el contenido de la estación de noticias del estado, Radio Patria Nueva.

Varias ONG expresaron su preocupación sobre la transformación del canal del estado en una "fuerza proselitista" a favor de la administración de Morales. En su Indice de la Libertad de Prensa la ONG Reporteros sin Fronteras informó sobre un "dramático" deterioro de la libertad de prensa en el país, mencionando específicamente la continua politización de los medios de comunicación. El 23 de julio, RSF publicó una carta haciendo notar su seria preocupación por el nombramiento, por parte del gobierno, de cinco ministros para encabezar la Corporación Nacional de Televisión Boliviana por el potencial de esta medida para transformar a los medios del estado en un medio exclusivamente progubernamental. El 7 de octubre, la SIP criticó al gobierno por la creciente frecuencia de los ataques verbales contra los medios independientes y mencionó los esfuerzos gubernamentales para transformar a los medios del estado en una fuerza proselitista.

Críticos del gobierno denunciaron que la administración Morales usó su cuantioso presupuesto publicitario para controlar a los medios de comunicación privados e imponer una autocensura sobre los contenidos de los medios. También indicaron que el gobierno arbitrariamente llevó a cabo auditorías financieras a periodistas y dueños de medios de comunicación.
Inmediatamente después del conflicto del 11 de septiembre en Pando, los miembros de los medios privados se quejaron de que el gobierno transportó en avión a un grupo de periodistas a Pando la noche del 13 de septiembre, pero sólo se permitió permanecer a reporteros del servicio de noticias del gobierno y a un reportero radial simpatizante de un medio privado. El gobierno presuntamente trasladó a los demás de regreso a La Paz la misma noche aduciendo que el gobierno no podía garantizar su seguridad.

En una concentración realizada en Cochabamba el 23 de agosto, el presidente Morales llamó a los periodistas "sucios", acusándolos de vender sus servicios a funcionarios corruptos de la oposición y en un discurso cuatro días después se refirió a los propietarios de medios de comunicación llamándolos "mentirosos".

La violencia contra los periodistas continuó. Varias ONG no patrocinadas oficialmente por el gobierno ni por grupos de oposición acusaron al gobierno de avalar o alentar ataques e intimidación contra medios opositores. RSF documentó por lo menos 21 casos de periodistas que fueron golpeados severamente, secuestrados, o en un caso, casi linchados. El grupo también registró ocho instancias en las cuales estaciones de radio o televisión fueron objeto de ataques con explosivos, incendiadas o atacadas por otros medios. Un periodista, Carlos Quispe Quispe, fue muerto en un ataque por parte de partidarios del gobierno en el departamento de La Paz el 29 de marzo. La mayor parte de los ataques contra periodistas tuvieron una motivación política; fueron llevados a cabo tanto por partidarios del gobierno como de la oposición. En un caso, el teniente de ejército Georges Nava fue detenido en relación con el ataque con explosivos de la estación de televisión UNITEL en el departamento de Tarija. La oposición acusó al gobierno de estar implicado en el atentado, argumentando que el teniente estaba asignado al palacio presidencial y que estaba utilizando dinero, explosivos y armas proporcionadas por el gobierno. La oposición también denunció que había influencia venezolana, señalando un contrato de alquiler de vehículo suscrito por la embajada venezolana para el vehículo utilizado en el atentado. El 7 de noviembre Nava fue liberado bajo fianza quedando pendientes más investigaciones.

El gobierno emitió una orden de apremio en junio contra Adolfo Cerrudo por ataques dirigidos generalmente contra periodistas de medios privados, por una amenaza específica de violación contra una periodista del prominente periódico La Razón y por una amenaza de muerte contra otro periodista. Varios medios de comunicación privados se habían quejado ante las autoridades de que Cerrudo había estado atacando a periodistas incluso desde el mes de enero. Las autoridades pusieron a Cerrudo bajo arresto domiciliario y le ordenaron permanecer alejado de periodistas y medios de comunicación y de presentarse periódicamente a la policía. Violando la orden que le impedía estar en contacto con los medios, Cerrudo atacó a periodistas el 29 de octubre en las afueras de la cárcel de San Pedro y la policía no intervino. El gobierno sí ordenó arresto domiciliario para Cerrudo nuevamente a mediados de noviembre. Sin embargo, la policía aparentemente no pudo localizarlo. La oposición caracterizó a Cerrudo como una persona que recibió un trato favorable por parte de las autoridades debido a sus vínculos con el partido gobernante, el MAS, y con prominentes funcionarios gubernamentales. El MAS negó tener vínculos con Cerrudo, aunque ha sido vinculado con el grupo radical pro-Morales denominado Comité Cívico Popular de La Paz.
El 1 de diciembre, una bomba explotó en la puerta del periódico El Potosí, desprendiendo la puerta de metal de sus bisagras. Nadie reclamó responsabilidad por el atentado y el gobierno inició una investigación, que se encontraba pendiente a finales del año.

En un acontecimiento público el 10 de diciembre, el Presidente Morales pidió a un periodista que pasara adelante al podio, exhibió una prueba para un reportaje escrito recientemente que implicaba a Morales en un caso de contrabando, llamó al periodista mentiroso y le ordenó irse. Una gran cantidad de medios importantes condenaron las acciones del Presidente considerándolas como intimidación, abuso de poder y como un ataque a la libertad de prensa. Al día siguiente el Presidente Morales dijo que el noventa por ciento de los periodistas "no tenían dignidad" y dijo que él no necesitaba "a los medios para informar" acerca de su gobierno. Subsiguientemente, restringió algunas conferencias de prensa sólo a medios del gobierno y a la prensa extranjera.

El 18 de diciembre, desconocidos hicieron explotar dinamita en una estación de radio de propiedad del Senador disidente del MAS Guido Guardia. Guardia acusó a los ministros de la Presidencia y de Gobierno de organizar el atentado. Una explosión similar ocurrió en el departamento de Guardia en La Paz, en octubre de 2007. La policía estuvo investigando ambos casos, aunque según Guardia esperaron dos meses para tomar su declaración referente al primer atentado. Funcionarios del gobierno no han hecho comentarios sobre el atentado, ni sobre las acusaciones del parlamentario del MAS Gustavo Torrico, quien acusó a Guardia de orquestar los atentados contra sí mismo para lograr beneficios políticos.
A finales del año el gobierno se encontraba investigando 10 casos de atentados contra medios de comunicación, con un sospechoso bajo custodia.

La ley dispone que las personas halladas culpables de insultar, difamar o calumniar a funcionarios públicos por cumplir sus deberes pueden ser encarceladas por un tiempo que varía entre un mes a dos años. Los insultos dirigidos contra el Presidente, el Vicepresidente o un Ministro, incrementan la pena en una mitad adicional al tiempo de la misma. Los periodistas acusados de haber violado la Constitución o los derechos de los ciudadanos, son remitidos al Tribunal de Imprenta, un cuerpo independiente de 40 miembros autorizado para evaluar las prácticas periodísticas aunque los casos rara vez llegan ante este tribunal.

Libertad de Internet

No hubo restricciones gubernamentales al acceso a Internet o informes de que el gobierno monitoreaba la comunicación por correo electrónico o los foros de conversación en Internet. Individuos y grupos pudieron participar en la expresión pacífica de sus opiniones a través del Internet, incluyendo a través del correo electrónico. La Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que en 2007 hubo 198.000 suscriptores a Internet y 2 usuarios de Internet por cada 100 habitantes.

Libertad Académica y de Acontecimientos Culturales
No hubo restricciones gubernamentales en contra de la libertad académica o actividades culturales.

b. Libertad de Reunión y Asociación Pacífica

La ley dispone la libertad de realizar reuniones pacíficas y las autoridades generalmente respetaron este derecho en la práctica. Aunque la ley exige un permiso para la mayoría de las manifestaciones, las fuerzas de seguridad raramente aplicaron la ley y la mayoría de los manifestantes llevaron adelante sus protestas sin obtener permisos, bloqueando frecuentemente las principales avenidas y carreteras. El cumplimiento de los requisitos relativos a permisos en ocasiones pareció estar motivado por razones políticas. Por ejemplo, la policía permitió a manifestantes progubernamentales rodear y bloquear el Congreso a finales de febrero, y no intervino cuando la multitud atacó a legisladores de la oposición y por lo menos a un individuo opuesto a la manifestación, pero en marzo la policía utilizó gas lacrimógeno para obligar a dispersarse a un pequeño y pacífico grupo que defiende los derechos de los animales, Animales SOS, que había estado protestando en la misma plaza. Animales SOS había estado protestando por las acciones del grupo social progubernamental militante denominado Ponchos Rojos, que decapitó públicamente dos perros como advertencia a líderes de la oposición.

Mientras la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, en ocasiones los manifestantes portaron armas, incluyendo palos y machetes, armas de fuego y dinamita. Las fuerzas de seguridad (la policía y en ocasiones los militares) fueron llamadas frecuentemente para dispersar grupos de manifestantes que portaban armas o que amenazaban instalaciones gubernamentales y privadas (principalmente gasoductos para transporte de gas natural y oficinas gubernamentales).

Libertad de Asociación

La ley dispone la libertad de asociación y el gobierno en general respetó este derecho en la práctica.

c. Libertad de Culto
La ley reconoce la libertad de culto y el gobierno en general respetó este derecho en la práctica. El catolicismo romano predomina y la Constitución lo reconoce como religión oficial. Sin embargo, algunos funcionarios de gobierno criticaron a la Iglesia Católica afirmando que es demasiado política y amenazaron con revocar parte o la totalidad de su estatus que la libera de impuestos. A principios de noviembre, el Presidente Morales llamó a la Iglesia Católica "instrumento de dominación que trae injusticia y desigualdad".

El 30 de noviembre, el líder de la Iglesia, Cardenal Terrazas, públicamente expresó su preocupación de que bajo nuevas políticas gubernamentales el país pudiera ser dominado por los narcotraficantes. El 4 de diciembre, en lo que muchos informes noticiosos denominaron una respuesta directa, el gobierno propuso que la Iglesia Católica comience a pagar impuestos por sus actividades "lucrativas". El gobierno también repitió su demanda de que el Cardenal y la Iglesia deberían dejar de hacer declaraciones políticas.

El 23 de octubre, en su informe anual al Vaticano, la ONG Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) dijo que Bolivia era uno de los 60 países en los que la persecución religiosa ocurre.
Las organizaciones religiosas no-católicas, incluyendo los grupos misioneros, deben inscribirse en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos y obtener una autorización para contar con una representación religiosa legal. Hubo cientos de grupos religiosos reconocidos en el registro. El Ministerio no puede negar la inscripción a estos grupos basándose en los artículos de fe de una organización, pero el proceso legal puede llegar a ser lento y costoso, lo cual ocasiona que algunos grupos renuncien a inscribirse y que desempeñen sus actividades informalmente, sin obtener ciertos beneficios impositivos y arancelarios.

Discriminación y Abusos Sociales

No hubo informes de abuso o discriminación social, incluyendo actos de antisemitismo. Hubo una pequeña comunidad judía.
Para una descripción más detallada, consulte el Informe sobre Libertad de Culto Internacional 2008 en www.state.gov/g/drl/irf/rpt.

d. Libertad de Movimiento dentro del País, Personas Desplazadas Internamente, Protección de Refugiados y Apátridas

La ley reconoce la libertad de movimiento dentro del país, el viaje al extranjero, la emigración y la repatriación y el gobierno generalmente respetó estos derechos en la práctica. Sin embargo, a lo largo del año, manifestantes progubernamentales y de la oposición impidieron el movimiento dentro del país al bloquear las carreteras principales, como también lo hicieron grupos sindicales y laborales.

En julio y en agosto, líderes de la oposición impidieron varias veces al Presidente Morales a entrar a las ciudades que controlaban en la parte oriental del país, conocida como la media luna. Según informes de prensa, en agosto y septiembre, hasta 35 bloqueos con motivación política se llevaron a cabo en la media luna, incluyendo el cierre de las fronteras con Brasil, Argentina y Paraguay. En respuesta, el 8 de septiembre la CONALCAM (Coordinadora Nacional por el Cambio), un grupo alineado con el Presidente Morales, declaró su intención de cerrar todas las carreteras hacia y desde Santa Cruz. Cerca de 20.000 trabajadores rurales, muchos de ellos armados, bloquearon efectivamente el transporte vehicular por siete días, causando pérdidas económicas significativas y escasez de agua, gas y alimentos básicos.

Varios cientos de miles de ciudadanos carecieron de documentos básicos de identidad, lo que les impidió obtener documentos para viajes internacionales y tener acceso a otros servicios del gobierno. El gobierno cooperó con la Pastoral de Movilidad Humana, que funciona como representante local de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con otras organizaciones humanitarias que proporcionan asistencia a refugiados y solicitantes de asilo.
La ley prohíbe el exilio forzoso de ciudadanos y el gobierno no empleó esta práctica.

Protección de Refugiados

La ley contempla el otorgamiento de la condición de asilado o refugiado según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 y el gobierno ha establecido un sistema para proporcionar protección a los refugiados. En la práctica, el gobierno proporcionó alguna protección contra la expulsión o devolución de refugiados a países donde sus vidas o libertad podrían encontrarse amenazadas. Sin embargo, un informe de la CIDH de junio de 2007 indicó tres problemas en el sistema para refugiados y asilados: ausencia del debido proceso legal, dificultades en la obtención de documentos legales e inadecuada protección contra la devolución de refugiados a un país donde existen razones para creer que podrían sufrir persecución. En febrero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que el número de personas que solicitaban asilo se incrementó en 200 por ciento en el año 2007.

En enero, el gobierno estableció un departamento encargado de los refugiados para registrar y procesar todos los casos. Aunque los casos estaban siendo procesados, hubo varias quejas de que el período de tiempo necesario para recibir reconocimiento de la condición de refugiado, en algunos casos hasta seis o siete meses, excedía el período de un mes estipulado por las leyes.
ACNUR informó que la población de refugiados reconocidos en el país alcanzaba a poco más de 600 personas pero que estaba creciendo de forma sostenida. El gobierno completó el procesamiento y aceptó otorgar protección de refugiados en 30 casos pendientes, mientras había 35 casos anteriores que se encontraban todavía bajo revisión. Hubo 24 nuevas solicitudes durante el año.

El 17 de octubre de 2008, la Fiscalía General acusó formalmente al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al ex Ministro de Defensa Sánchez Berzaín por cargos penales en relación con la muerte de hasta 60 personas en octubre de 2003 y en noviembre el gobierno presentó una solicitud para que Sánchez de Lozada sea extraditado del país al cual huyó.

En mayo la Corte Suprema votó para negar la solicitud de extradición de Perú concerniente al caso de Wálter Chávez, requerido en Perú por cargos de haber sido un líder terrorista en los años 1980 con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Sección 3 Respeto a los Derechos Políticos: El Derecho de los Ciudadanos a Cambiar su Gobierno

La ley reconoce a los ciudadanos el derecho de cambiar a su gobierno pacíficamente, y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica a través de elecciones periódicas, libres e imparciales llevadas a cabo según los principios del sufragio universal. Sin embargo, muchos ciudadanos en edad de votar carecieron de los documentos de identidad necesarios para votar, aunque la Corte Nacional Electoral anunció que registró 337.000 nuevos votantes desde 2006. El gobierno también emprendió un esfuerzo controvertido por dotar de cédulas de identidad, con ayuda venezolana, con la meta declarada de mejorar el acceso de los ciudadanos a los documentos de identidad. Grupos de oposición argumentaron que el proceso de registro era partidista y que estaba diseñado para incrementar el padrón electoral principalmente con partidarios del MAS. Antes del referéndum revocatorio del 10 de agosto, el presidente de la CNE José Luis Exeni declaró que creía que el padrón electoral era confiable en un 98 por ciento. Después del referéndum, las cortes electorales departamentales, artículos de prensa y líderes de la oposición hicieron un llamado para la realización de una auditoría del padrón electoral para investigar las denuncias de irregularidades. La Organización de Estados Americanos expresó su preocupación acerca de fraude en la votación, declarando que había observado irregularidades de votación en cinco por ciento de los sitios de votación y la ausencia del voto secreto en nueve por ciento de los sitios, pero confirmó los resultados del referéndum.

Un amplio espectro de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas funcionaron libremente. Las elecciones para elegir a los principales cargos nacionales y a los gobiernos municipales están programadas para realizarse cada cinco años.

Elecciones y Participación Política

En mayo y junio, los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija realizaron referéndums sobre autonomías, que el gobierno central se rehusó a reconocer y la comunidad internacional declinó monitorear. Los cuatro referéndums aprobaron con facilidad pero estuvieron marcados por altas tasas de abstención. En un referéndum nacional de revocación de mandato del 10 de agosto que abarcó los cargos del presidente, vicepresidente y ocho de los nueve prefectos, el Presidente Morales y cuatro de los seis prefectos alineados con la oposición retuvieron sus cargos, la mayoría por una amplia mayoría de votos.

A finales de febrero, partidarios del MAS rodearon el Congreso para evitar la entrada de parlamentarios de oposición y de disidentes del MAS que buscaban votar sobre una pieza de legislación disputada. La acción privó del derecho al voto a más de un tercio de los representantes al congreso y a los ciudadanos que representan. El 20 de octubre, el Presidente Morales encabezó a decenas de miles de partidarios progubernamentales en una marcha para cercar el palacio legislativo. Los marchistas amenazaron con encerrar a los miembros del Congreso dentro del edificio indefinidamente hasta que aprobaran cambios significativos al proyecto de nueva constitución. Los miembros del Congreso evitaron el bloqueo y las amenazas de expulsar a los miembros de la oposición del edificio al alcanzar un acuerdo para realizar más de cien cambios al texto del proyecto. Mientras algunos líderes de la oposición públicamente elogiaron los cambios como una mejora, otros calificaron al proceso de ilegal y dijeron que los cambios se habían realizado bajo amenaza. Muchos líderes de todo el espectro político declararon que la única manera legal de introducir enmiendas era a través del proceso de la Asamblea Constituyente.

Las mujeres tuvieron a su cargo solamente el 24 por ciento de los cargos públicos a pesar de una ley que requiere que cada tercer candidato que aparece en las listas de los partidos políticos sea mujer. Mujeres dedicadas a la actividad política informaron que los partidos políticos frecuentemente cumplían con la cuota requerida al momento de presentar las listas de candidatos, pero que subsecuentemente presionaban a las candidatas mujeres a renunciar a sus candidaturas antes de la elección.

De cada dos candidatos en las listas para las elecciones municipales uno debe ser mujer, un requisito que amplió la representación femenina hasta aproximadamente un 30 por ciento de los puestos de concejales municipales. Hubo 23 mujeres entre los 157 diputados y senadores y hubo tres mujeres en el gabinete de ministros que tiene 18 miembros. Se estimó que la cantidad de miembros indígenas del Congreso alcanzó al 17 por ciento. El Presidente Morales se considero indígena. De los nueve prefectos departamentales, una, Sabina Cuéllar, fue una mujer indígena.

Corrupción y Transparencia Gubernamental

La ley establece cargos criminales por actos de corrupción de funcionarios oficiales; sin embargo, el gobierno no implementó la ley efectivamente y funcionarios a menudo llevaron a cabo prácticas corruptas con impunidad. Según los indicadores mundiales de gobernabilidad del Banco Mundial, la corrupción gubernamental fue un serio problema. El Índice Nacional de Corrupción preparado por el gobierno informó que 13 de cada 100 transacciones públicas involucraba el pago de un soborno que le costaba al país aproximadamente 905 millones de bolivianos ($US130 millones) anualmente. Este índice estableció que la corrupción afectó desproporcionadamente a las personas de menores ingresos y clasificó a la Policía Nacional, aduanas y el sistema judicial como las instituciones gubernamentales más corruptas. Según el Indice Internacional de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional publicado en el transcurso del año, Bolivia recibió un puntaje de tres en una escala de uno a diez, señalando una "corrupción galopante".

El 4 de diciembre, el ex presidente de la aduana César López acusó al Ministro de la Presidencia Quintana y al prefecto interino de Pando Rafael Bandeira de permitir ilegalmente que 33 camiones que transportaban mercadería de contrabando cruzaran la frontera boliviana hacia el Brasil. Quintana primero negó su participación, luego admitió haberse reunido con los propietarios de la mercadería, pero sólo para buscar una solución a los problemas relacionados con el control aduanero en la frontera. Quintana también anunció que se presentarían acusaciones contra López por sus declaraciones y por supuestos actos de corrupción. Una investigación del Congreso continuaba hasta finales del año.

Los casos que implican acusaciones de corrupción contra funcionarios públicos requieren la aprobación del Congreso antes que los fiscales puedan iniciar procedimientos de enjuiciamiento.

Una gran cantidad de leyes distintas requieren que los funcionarios públicos informen acerca de potenciales conflictos de interés personales y financieros.
No hubo información disponible sobre leyes que disponen el acceso a la información gubernamental o acerca de si el gobierno otorgó dicho acceso en la práctica.

Sección 4 Actitud del Gobierno Referente a la Investigación Internacional y No-gubernamental de Presuntas

Violaciones a los Derechos Humanos.

Varios grupos nacionales e internacionales de derechos humanos en general llevaron a cabo sus actividades sin restricción gubernamental, investigando y publicando los resultados de sus hallazgos sobre casos relacionados con los derechos humanos. Los funcionarios de gobierno generalmente cooperaron y se interesaron en sus puntos de vista; sin embargo, las ONG y el Defensor del Pueblo se quejaron de que en ocasiones las fuerzas de seguridad y los ministerios del gobierno se negaron a cooperar con sus investigaciones.

El Defensor del Pueblo es un cargo de cinco años establecido por la Constitución. El Congreso elige al Defensor del Pueblo a través de una votación requerida de dos tercios de votos. El Defensor del Pueblo está a cargo de supervisar la defensa y promoción de los derechos humanos, específicamente para defender a los ciudadanos de abusos por parte del gobierno. El Defensor del Pueblo trabajó sin influencias de partidos y con los recursos adecuados provenientes del gobierno y ONG extranjeras. El 18 de diciembre el Defensor del Pueblo terminó su mandato. Se esperaba que un nuevo Defensor asuma el cargo en 2009. El Defensor del Pueblo publica informes anuales y el gobierno generalmente acepta sus recomendaciones. Después del conflicto en Pando en septiembre, el gobierno limitó el acceso a los detenidos, hecho que el Defensor denunció.

Sección 5 Discriminación, Abusos Sociales y Trata y Tráfico de Personas

Aunque la ley prohíbe la discriminación por raza, género, idioma, orientación sexual o posición social, hubo discriminación significativa contra las mujeres, los indígenas y la pequeña minoría afro-boliviana. Las personas con VIH/SIDA, los indígenas, campesinos y homosexuales, en ese orden, experimentaron la mayor discriminación.

Mujeres

El delito de violación fue un problema serio pero no denunciado adecuadamente. La ley define dos tipos de casos penales. En materia penal privada, la víctima presenta su caso contra el acusado; en materia penal pública, un fiscal presenta los cargos penales. El Código de Procedimiento Penal caracteriza a la violación como un delito público. La ley criminaliza el estupro, con penas de 10 a 20 años de prisión por la violación de una persona menor de 14 años. En casos que involucran relaciones sexuales consentidas con un adolescente de 14 a 18 años de edad, la pena es de dos a seis años de cárcel. La violación forzada de una persona adulta es sancionada con sentencias que van de cuatro a diez años de cárcel. Los crímenes sexuales contra menores son automáticamente considerados crímenes públicos. La violación por parte del cónyuge no se considera un crimen.

La violencia contra las mujeres fue también un problema persistente y no denunciado adecuadamente. Según la ONG Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), el 70 por ciento de las mujeres sufrieron algún tipo de abuso. El CIDEM señaló que las estadísticas "no reflejan la magnitud real del problema de la violencia contra la mujer" y que "una gran cantidad de mujeres" no denunciaron la agresión que sufrían de manera diaria.

Las leyes de familia que prohíben la violencia psicológica, física y sexual establecen multas o sanciones de hasta 4 días de arresto, a menos que el caso se convierta en un caso criminal sujeto al Código Penal; sin embargo, estas leyes se cumplieron de manera irregular. El gobierno tomó pocos pasos significativos o concretos para combatir la violencia intrafamiliar. Entre enero y noviembre, la Brigada de Protección a la Familia de la policía atendió 3.592 casos, en comparación con aproximadamente 8.954 en 2006. Sin embargo, la brigada policial careció de apoyo financiero, apoyo estructural y personal para hacer seguimiento y atender a todos los casos reportados. La mayor parte de los casos de violencia intrafamiliar no fueron denunciados.

La prostitución es legal para adultos a partir de los 18 años de edad y hubo informes de trata y tráfico de mujeres con la finalidad de prostituirlas y someterlas a trabajos forzados.
La ley considera al acoso sexual como delito civil. No hubo estadísticas sobre la incidencia de acoso sexual, pero en general se reconoce que este problema está ampliamente extendido.
Oficinas de servicios legales dedicadas a la familia y a los derechos de la mujer funcionaron en todo el país. El programa de seguro de salud materno infantil proporcionó servicios en salud a las mujeres en edad reproductiva y a los menores de cinco años de edad.

Las mujeres tuvieron los mismos derechos legales que los hombres; sin embargo, muchas mujeres no estuvieron informadas de sus derechos legales. En general, las mujeres no gozaron de la misma condición social que los hombres. Los prejuicios tradicionales y las condiciones sociales continuaron siendo un obstáculo para su desarrollo. En áreas rurales, las costumbres tradicionales que restringen el derecho de la mujer a recibir tierras como herencia continuaron siendo un problema. La ley del salario mínimo trata a hombres y mujeres en forma igualitaria; no obstante, las mujeres generalmente ganaron menos que los hombres por realizar un trabajo igual. En ocasiones las mujeres se quejaron de que los empleadores fueron renuentes a contratarlas debido a los costos adicionales (principalmente el de maternidad) en el paquete de beneficios laborales para las mujeres. La brecha de género en la contratación pareció darse en mayor escala en los segmentos con educación superior. La mayoría de las mujeres en las áreas urbanas trabajó en la economía informal y en los sectores de servicios y comercio, incluyendo en el servicio doméstico y en microempresas, mientras que en áreas rurales, la mayoría de las mujeres económicamente activas trabajó en la agricultura. A menudo las jóvenes abandonaron tempranamente la escuela para trabajar en el hogar o en la economía informal.

Los grupos líderes a favor de los derechos de la mujer incluyeron a Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, el CIDEM y la Coordinadora de la Mujer, una red nacional de ONG. Grupos internacionales con presencia en el país incluyeron a la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía, Red Mujeres y Economía Bolivia, AMUPEI y CLADEM. Los grupos institucionales importantes incluyeron a la Unión de Mujeres Parlamentarias, Asociación de Concejalas de Bolivia y el Foro Político de Mujeres. Entre los grupos profesionales estuvieron la Asociación de Mujeres Periodistas y la Asociación de Juezas y Magistradas de Bolivia.

Niñez
El compromiso del gobierno con los derechos y el bienestar de la niñez fue insuficiente para mejorar las condiciones de una manera notoria.

El castigo corporal y el abuso verbal fueron comportamientos comunes en las escuelas. Los niños de 11 a 16 años pueden ser detenidos indefinidamente en centros para menores por presuntos delitos o para velar por su propia protección, por medio de una orden expedida por una trabajadora social. El Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) estimó que aproximadamente 9.200 niños vivían en instituciones donde sus derechos básicos no eran respetados. También hubo muchos niños viviendo en las calles de las ciudades principales. UNICEF estimó que más de 3.700 niños y adolescentes vivían en las calles de las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Sucre.

La prostitución infantil fue un problema, particularmente en áreas urbanas y en la región del Chapare. Hubo reportes sobre la existencia de trata y tráfico de niños hacia países limítrofes para someterlos a trabajo en condiciones de explotación. Según la Pastoral de Movilidad Humana, representante local de ACNUR, cada mes entre nueve y once niños en la región sur del país desaparecieron y presumiblemente fueron víctimas de trata y tráfico. Varias ONG tuvieron programas activos para combatir la prostitución infantil.

Hubo 260 oficinas de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia para proteger los derechos y los intereses de los niños en todo el país. El plan del gobierno para combatir el trabajo infantil incluyó una campaña de información pública contra la prostitución infantil e incursiones en prostíbulos.

Trata y Tráfico de personas

La ley prohíbe la trata y tráfico de personas y específicamente criminaliza la trata y tráfico de personas con el fin de prostituirlas. Sin embargo, hubo informes fidedignos de que hubo personas víctimas de trata y tráfico hacia, desde y dentro del país.

El país fue una fuente de origen para la trata y tráfico de hombres, mujeres y niños con la finalidad de utilizarlos en trabajos forzados y en explotación sexual en países como Argentina, Chile, Brasil, España y Estados Unidos. Al enfrentar una situación de extrema pobreza, muchos ciudadanos se convirtieron en emigrantes económicos y algunos fueron víctimas de tratantes cuando se trasladaban del área rural hacia las ciudades y posteriormente fuera del país. Las mujeres y los niños, especialmente de los grupos étnicos indígenas de la región del altiplano, corrieron un riesgo mayor de convertirse en víctimas. Menores de edad fueron víctimas de trata de personas dentro del país para trabajar en la prostitución, en las minas, en la servidumbre doméstica y en la agricultura, especialmente en plantaciones de caña de azúcar y castaña. Los débiles controles en sus extensas fronteras hicieron que el país fuera un punto de tránsito fácil para inmigrantes ilegales, algunos de los cuales podrían haber sido objeto de trata. La explotación comercial sexual de los niños también continuó siendo un problema.

Aunque hubo denuncias sobre la venta de algunos adolescentes para ser sometidos a trabajo forzado, parece que la mayoría de las víctimas fueron inicialmente personas que emigraban voluntariamente por razones económicas, que fueron engañadas o posteriormente obligadas a aceptar una actividad que se convirtió en trabajo forzado. La embajada boliviana en Buenos Aires indicó que recibió por lo menos una denuncia por día en referencia a ciudadanos bolivianos, incluyendo menores de edad, que estaban siendo víctimas de explotación en Argentina.

La ley criminaliza la trata y tráfico de personas y establece penas de prisión de cuatro años que pueden incrementarse hasta doce años cuando la víctima es menor de 14 años de edad. El gobierno investigó aproximadamente 192 casos de trata y tráfico de personas; si bien hubo algunos arrestos, sólo unos pocos casos recibieron sentencias formales y la mayoría de las personas detenidas permanecían bajo reclusión.

El Ministerio de Justicia, a través de un comité interinstitucional, tiene la responsabilidad de combatir la trata y tráfico de personas. El Ministerio de Gobierno, incluyendo la Policía Nacional y el Servicio de Migración, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo y Desarrollo Sostenible, así como las prefecturas y municipios, tienen una responsabilidad secundaria. La oficina del Defensor del Pueblo señaló, no obstante, que el gobierno tuvo poca presencia en las fronteras para controlar el tráfico de personas y que entidades y agentes sin autorización emitieron documentos de permiso para que menores de edad viajen al extranjero.
Presuntamente algunos funcionarios gubernamentales aceptaron sobornos para facilitar el contrabando y el movimiento ilegal de personas; sin embargo, el gobierno no condonó ni facilitó la trata y tráfico de personas. En 2006 el gobierno abrió una investigación acerca de 18 empleados públicos, incluyendo cuatro miembros del Congreso, sospechosos de participación oficial en trata y tráfico de personas. Sin embargo, el gobierno desalentó la investigación antes que se alcanzara una conclusión y el caso estaba por extinguirse.

Las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia en los municipios, algunas veces en cooperación con algunas ONG, administraron programas dispersos de asistencia para las víctimas. La Prefectura del Departamento de La Paz y el gobierno municipal de la ciudad de La Paz operaron, por separado, dos albergues para menores abusados y explotados.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las ONG Save the Children y Pro-Adolescente llevaron a cabo campañas de concienciación sobre la trata y tráfico de niños.
El Informe Anual sobre Trata y Tráfico de Personas del Departamento de Estado puede encontrarse en www.state.gov/g/tip.

Personas Discapacitadas

La ley prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidades e identifica los derechos y beneficios otorgados a ellas. No hubo discriminación oficial contra las personas con discapacidades en el trabajo, educación, acceso a la atención de salud o la provisión de otros servicios estatales. Sin embargo, la discriminación de la sociedad contra las personas discapacitadas mantuvo a muchas de ellas en sus hogares desde temprana edad, restringiendo su integración a la sociedad. La Ley del Discapacitado prevé la existencia de accesos para sillas de ruedas en todos los edificios públicos y privados, establece la importación libre de impuestos de artefactos ortopédicos, reduce en un 50 por ciento el costo del transporte público y amplía la enseñanza del lenguaje de señas y del sistema Braille.

El 25 de julio la policía de Santa Cruz utilizó gas lacrimógeno y fuerza física para dispersar a un grupo de personas con discapacidades que realizaban una protesta en la entrada a la refinería de petróleo de Palmasola. Cuatro manifestantes fueron hospitalizados y una mujer sordomuda embarazada fue inducida a un trabajo de parto adelantado. Algunos trataron de escapar al gas lacrimógeno en sillas de ruedas, mientras que los policías arrastraron a otros fuera del área donde permanecía el gas. Un viceministro del gobierno arguyó que la policía intervino después que los manifestantes habían usado petardos "de manera irresponsable en un área peligrosa".

La Comisión Nacional del Discapacitado fue responsable de velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidades.

Minorías Nacionales, Raciales y Étnicas

El Defensor del Pueblo ha informado que aproximadamente 70 por ciento de la población consideraba que el racismo era un problema. Hubo discriminación de la sociedad y de tipo sistémico contra la pequeña minoría afro-boliviana, que generalmente permanece en el segmento más bajo de la escala socioeconómica y enfrenta graves desventajas en cuanto a salud, esperanza de vida al nacer, educación, ingresos, alfabetización y empleo. La mayor parte de los 35.000 afro-bolivianos que se estima existen vive en la región de los Yungas en el Departamento de La Paz.

Personas Indígenas

Según el censo del 2001, aproximadamente el 62 por ciento de la población mayor a los 15 años de edad se identificó como indígena, principalmente de los grupos quechua y aymara. La CIDH informó que aproximadamente 70 por ciento de esas personas indígenas vivían en la pobreza o en la extrema pobreza, con poco acceso a la educación o a servicios mínimos para sustentar la salud humana, como agua potable limpia y sistemas sanitarios.
Las tierras indígenas no están completamente demarcadas y la reforma de la posesión de tierras permaneció como un asunto político central. Históricamente, una mayoría de las personas indígenas compartían las tierras colectivamente bajo el sistema del "ayllu", un sistema que no fue legalmente reconocido durante la transición a las leyes de propiedad privada. A pesar de las leyes que ordenaban la redistribución y titulación de tierras, el reconocimiento y la demarcación de las tierras indígenas no han sido resueltas. Los indígenas protestaron por la falla del gobierno en proporcionarles los títulos de todos los territorios que reclaman como suyos; también objetaron la explotación externa de sus recursos. Campesinos indígenas ocuparon ilegalmente varias propiedades privadas, a menudo con respaldo del Movimiento sin Tierra.

Los grupos indígenas aprovecharon la Ley de Participación Popular para formar municipios que les brindaran mayores oportunidades para su autodeterminación. Varios partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y varias ONG promovieron activamente los derechos de las personas indígenas, aunque el progreso fue mínimo. Las personas indígenas continuaron teniendo una representación proporcional baja en el gobierno y en la política y los grupos indígenas soportaron una carga desproporcionada de pobreza y desempleo. Además, los servicios educativos y de salud del gobierno no estuvieron disponibles para muchos grupos indígenas que viven en áreas remotas. El gobierno trató de mejorar la situación con la entrega de pensiones para las personas de edad avanzada y con un bono para que los jóvenes asistan a la escuela.

La discriminación contra los grupos indígenas fue amplia. El 24 de mayo, grandes bandas opositoras, alentadas por líderes cívicos locales de Sucre, capturaron y humillaron a un grupo progubernamental de aproximadamente dos docenas de trabajadores y líderes indígenas, que viajaban hacia Sucre para asegurar que el Presidente Morales pudiera entrar a la ciudad. Una muchedumbre tomó prisionero al grupo, golpeó a varios de sus integrantes y obligó a muchos de los hombres a quitarse las camisas y marchar varios kilómetros hasta la plaza central, donde fueron obligados a arrodillarse y a gritar frases contra el gobierno.

Otros Abusos y Discriminación de la Sociedad

Según un estudio realizado por la Oficina de Empleo del Departamento de La Paz, por lo menos cinco personas en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz fueron muertas en 2007 debido a su orientación sexual. Según la oficina del Defensor del Pueblo la situación no cambió significativamente durante el año. El estudio mostró que aproximadamente 80 por ciento de los homosexuales fueron discriminados en el trabajo, 70 por ciento en el sistema educativo y 60 por ciento en los centros de salud.
El Defensor del Pueblo informó que las personas con VIH/SIDA enfrentaban la mayor discriminación en el país.

Sección 6 Derechos de los Trabajadores

a. Derecho de Asociación
Si bien la ley permite a los trabajadores formar sindicatos y afiliarse a ellos, en la práctica este derecho fue limitado debido a la ineficiencia de los juzgados laborales y a disposiciones inadecuadas del gobierno. Aproximadamente el 25 por ciento de los trabajadores en la economía formal, que dio empleo a aproximadamente 30 por ciento de todos los trabajadores, son miembros de algún sindicato.

Los trabajadores pueden organizar un sindicato en cualquier empresa privada con 20 trabajadores o más; sin embargo, el requisito de contar con un mínimo de 20 empleados constituyó una restricción severa, dado que se estima que 70 por ciento de las empresas tienen menos de 20 empleados.

Los trabajadores del sector público también tienen el derecho a formar un sindicato. La ley requiere una autorización previa del gobierno para establecer un sindicato y confirmar a sus dirigentes elegidos, permite sólo un sindicato por empresa y permite al gobierno disolver los sindicatos mediante una resolución administrativa.

El gobierno central tuvo vínculos cercanos con ciertas organizaciones laborales que agrupan a otras, como la Central Obrera Bolivia (COB) y la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El gobierno ejerció presión sobre algunos de los dirigentes nacionales y entidades locales de algunas de estas organizaciones y financió entidades paralelas en áreas donde el gobierno tenía menos influencia. Como un ejemplo, después de tener desacuerdos con los dirigentes de la CSUTCB, el MAS financió una entidad paralela en muchos departamentos. Aunque la COB oficialmente reconocía al primer liderazgo de la CSUTCB, el MAS financió con grandes recursos al grupo alternativo y muchos medios de comunicación dejaron de dar cobertura al primer grupo de la CSUTCB o a sus dirigentes. La organización patrocinada por el MAS también tomó espacios en la oficina de la CSUTCB, conduciendo en algunas ocasiones a enfrentamientos con la CSUTCB "original".

La ley otorga a la mayoría de los trabajadores el derecho a la huelga pero requiere que los sindicatos primeramente acudan a la mediación del gobierno; la ley exige que los empleadores hagan lo mismo antes de iniciar un lockout.

Los empleados de los servicios públicos, incluyendo aquellos que trabajan en bancos y mercados públicos tienen prohibido realizar huelgas; a pesar de ello, los empleados del sector público (incluyendo maestros, transportistas, y trabajadores del sector de la salud) realizaron huelgas frecuentemente y no fueron sancionados por haber realizado dichas huelgas. Las huelgas solidarias son ilegales, pero el gobierno no enjuició ni impuso sanciones en tales casos.

b. Derecho a Organizarse y Negociar Colectivamente
La ley otorga a los trabajadores el derecho a organizarse y realizar negociaciones colectivas; sin embargo, las negociaciones colectivas o las negociaciones voluntarias directas entre empleadores y trabajadores sin la participación del gobierno, fueron limitadas. La mayor parte de los acuerdos logrados por negociación colectiva se limitaron a temas salariales.

La ley prohíbe la discriminación contra los sindicatos y requiere la recontratación de los empleados despedidos ilegalmente por participar en actividades sindicales. La Corte Nacional del Trabajo atiende las denuncias de discriminación contra los sindicatos, pero puede tardar un año o más en emitir un fallo, debido principalmente a la gran cantidad de casos acumulados. La Corte falló a favor de trabajadores que habían sido despedidos en algunos casos y ordenó exitosamente su reincorporación. Sin embargo, dirigentes sindicales manifestaron que para cuando la corte emitía los fallos, los conflictos a menudo ya estaban resueltos.

No hay leyes especiales o exenciones de las leyes laborales normales en las siete zonas francas del país.

c. Prohibición del Trabajo Forzado u Obligatorio
La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, incluyendo el trabajo infantil; sin embargo, continuaron las prácticas de emplear a los niños como aprendices y de la servidumbre agrícola de los trabajadores indígenas, al igual que algunos casos individuales reportados de trabajadoras del hogar a quienes sus empleadores mantuvieron prácticamente en cautiverio.
En junio la CIDH informó que los indígenas guaraníes seguían viviendo en "un estado de servidumbre análoga a la esclavitud" en la región del Chaco y que el problema había empeorado desde la última visita de la comisión en 2006. En muchos casos las familias guaraníes trabajaron tierras de propiedad de terratenientes a cambio de vivienda y comida pero no percibían el salario mínimo. Como resultado, contrajeron grandes deudas con los terratenientes acreedores y no se les permitía abandonar la propiedad hasta pagar su deuda. Muchas de estas familias vivían en condiciones de mucha pobreza, sin agua, electricidad, atención médica o escuelas. La CIDH reconoció que la servidumbre involuntaria había terminado en algunas grandes propiedades, pero en algunos casos la liberación de la servidumbre significó para esas personas su expulsión sin pago de compensación. En algunos casos en la región de Alto Parapetí, el gobierno compró tierras para darla a los guaraníes que habían sido expulsados de las haciendas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó en 2005 que más de 7.000 guaraníes vivían en esta situación. La CIDH informó que los trabajadores guaraníes estaban sometidos a castigos tales como "latigazos, quema de sus cultivos y muerte de sus animales".
Sin embargo, el tratamiento abusivo contra los guaraníes del Chaco no fue uniforme y la oposición política acusó al gobierno de utilizar los abusos contra algunos guaraníes como un pretexto para irrumpir en propiedades privadas donde no estaban ocurriendo abusos. El asunto dividió a la comunidad guaraní, donde algunos trabajadores se pusieron del lado de sus empleadores contra las acciones del gobierno.

Hubo víctimas de trabajo forzado, la mayoría indígenas, en la cosecha de castaña en el departamento de Beni. El trabajo era estacional, durando aproximadamente tres meses por año. Durante ese tiempo los terratenientes vendían alimentos esenciales a los trabajadores con sobreprecio; en consecuencia los trabajadores contraían grandes deudas y no se les permitía abandonar la propiedad hasta que la deuda fuera pagada. Condiciones similares existieron en la industria de la zafra de caña de azúcar en el Departamento de Santa Cruz.

d. Prohibición del Trabajo Infantil y Edad Mínima para Trabajar
El trabajo infantil constituyó en un serio problema. La ley prohíbe todo trabajo remunerado de menores de 14 años de edad; sin embargo, en la práctica, el Ministerio de Trabajo no hizo cumplir las leyes sobre el trabajo infantil, incluyendo aquellas disposiciones que se refieren a la edad mínima para trabajar y el máximo número de horas autorizado para niños trabajadores, los requisitos de que los niños completen su educación y acerca de las condiciones de salud y seguridad en sus puestos de trabajo. La ley prohíbe una serie de trabajos peligrosos, inmorales e insalubres para menores de 18 años. Las leyes laborales permiten el trabajo de niños entre 12 y 14 años como aprendices, bajo varias restricciones formales, cumplidas en forma muy deficiente, que han sido criticadas por la OIT y que fueron consideradas por algunos como equivalentes a la esclavitud.

El Ministerio de Trabajo es responsable de hacer cumplir las disposiciones sobre el trabajo infantil, pero no las hizo cumplir en todo el país. Según UNICEF, trabajaban aproximadamente 118.000 niños y adolescentes entre las edades de 7 y 13 (o un 8 por ciento de esa población) y 206.000 niños entre las edades de catorce a diecisiete años (o un 28% de ese grupo poblacional). Aunque la ley prohíbe que personas menores de 18 años de edad trabajen en los campos de caña de azúcar, aproximadamente 10.000 migrantes de zonas rurales (7.000 de los cuales eran menores de 14 años) trabajaron en esta actividad. También hubo evidencia de explotación de niños indígenas en las regiones del Chaco, Beni y Santa Cruz y en las ciudades a lo largo del país dondequiera que hubo personas migrando desde el campo. Los niños en el área urbana vendieron mercancías, lustraron zapatos y trabajaron como asistentes de los proveedores de transporte público. Los niños del área rural frecuentemente trabajaron junto con sus padres desde una temprana edad, generalmente en la agricultura de subsistencia. Los niños en general no fueron empleados en fábricas o empresas formales, pero cuando lo fueron, a menudo trabajaron el mismo número de horas que los adultos. Los niños también trabajaron en las minas y en otras ocupaciones peligrosas del sector informal. Narcotraficantes utilizaron niños para transportar drogas. La prostitución infantil continuó siendo un problema. Según un informe del Defensor del Pueblo emitido el mes de abril, 3.000 menores vivían en las calles, muchos de los cuales eran explotados sexualmente. El informe indicó que más de 100.000 niños trabajaban de ocho a doce horas por día. La OIM estimó que 2.000 niñas trabajaban, o eran obligadas a trabajar, como prostitutas.

La costumbre tradicional del trabajo del "criadito" persistió en algunas partes del país. Los criaditos son niños indígenas de ambos sexos, en general de 10 a 12 años, entregados por sus padres a familias de clase media o alta por acuerdo, para que realicen labores en el hogar a cambio de educación, ropa, vivienda y alimentación. Tal trabajo es ilegal, y no hubo controles sobre los beneficios o el tratamiento dado a estos niños.

El gobierno dedicó recursos mínimos a investigar casos de trabajo infantil, pero varias ONG y organismos internacionales, como UNICEF, complementaron los esfuerzos del gobierno.
El gobierno continuó sus esfuerzos para eliminar el trabajo infantil en sus peores formas, trabajando con varias ONG para desalentar el uso del trabajo infantil en los sectores de la minería y la industria del azúcar por medio de programas financiados internacionalmente para proporcionar alternativas educativas a niños que de otra manera trabajarían en las minas o en los campos de caña de azúcar. No obstante, en 2007, según el Defensor del Pueblo, 3.800 niños trabajaban en el sector de la minería.

e. Condiciones Aceptables de Trabajo
Durante el año, el gobierno elevó el salario mínimo mensual a Bs.577 ($US82) para el sector público y privado, que en 2007 era de Bs.525 ($US75). El salario mínimo no proporcionó un nivel de vida decente para un trabajador y su familia. La mayoría de los trabajadores del sector privado ganaron más que el salario mínimo. Si bien el salario mínimo estuvo por debajo de los salarios predominantes en la mayoría de los empleos, ciertos cálculos de beneficios estuvieron incorporados a él. Muchos trabajadores independientes formaron parte de la economía informal y no recibieron el salario mínimo.

Las leyes laborales establecen un máximo de 48 horas de trabajo semanales, limitan la jornada laboral de las mujeres a una hora de trabajo menos que la de los hombres, prohíben que las mujeres realicen trabajo nocturno, ordenan períodos de descanso y establecen el requisito del pago de un monto extraordinario para el trabajo realizado por encima de la norma estándar de trabajo semanal. En la práctica, el gobierno no hizo cumplir estas leyes con eficacia.
La Oficina de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, pero las normas relevantes fueron cumplidas débilmente. Hubo menos de 30 inspectores a lo largo de todo el país. Aunque el gobierno no llevó estadísticas oficiales, hubo informes en sentido de que trabajadores murieron debido a condiciones inseguras de trabajo, particularmente en los sectores de la minería y la construcción. Una comisión nacional tripartita de representantes empresariales, laborales y gubernamentales fue responsable de monitorear y mejorar la seguridad ocupacional y las normas de salud. El Ministerio de Trabajo mantuvo una oficina para responder preguntas de los trabajadores y atender sus denuncias e informes sobre prácticas laborales injustas y condiciones peligrosas de trabajo.

Las condiciones laborales en las minas operadas por cooperativas continuaron siendo malas. Los mineros continuaron trabajando jornadas largas sin períodos de descanso programados en condiciones peligrosas, insalubres y ganaron relativamente poco por sus esfuerzos; algunos ganaron menos de Bs.21 ($US3) por una jornada de trabajo de 12 horas. Las condiciones cambiaron poco en las últimas décadas, ya que las cooperativas de mineros independientes carecieron de recursos financieros y técnicos necesarios para mejorar la infraestructura de las minas. La ley otorga a los trabajadores el derecho a retirarse de situaciones peligrosas sin temor a perder sus empleos.

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