20 de septiembre de 2018

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CRIMINALES DE GUERRA EN PERU Y COLOMBIA

Por: Fortaleza (Colombia).

19 de agosto de 2008

La Corte Penal Internacional (CPI) esta dispuesta sancionar a los políticos que se han visto involucrados con los paramilitares en Latinoamérica. Perú y Colombia son los países donde mejor se ha visto la relacion entre los políticos y las bandas armadas desde los servicios secretos del ejército. En Perú por ejemplo, tendría que ser juzgado Alan García Pérez, actual presidente del Perú quien durante el periodo 1985-1990, puso en funcionamiento el grupo paramilitar “Rodrigo Franco”, organizado en los cuarteles de la policía antiterrorista. El jefe del “Rodrigo Franco” fue el aprista Agustín Mantilla, brazo derecho de García Pérez. Durante el fujimorismo actuo el comando paramilitar “Colina”, que estuvo dirigido por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Pero si estos dos personajes fueron los cabecillas, no faltaron parlamentarios, periodistas y hasta sacerdotes que se vieron involucrados con este grupo criminal que cometió por menos una centena de asesinatos de estudiantes, profesores, campesinos y humildes trabajadores. En perspectiva la decisión del la CPI se torna importante para Perú y Colombiana, donde los criminales de guerra viven en libertad y son protegidos por el poder del Estado y de las Fuerzas Armadas.

La Corte Penal Internacional se creó para juzgar a los criminales de guerra, a los genocidas y a quienes cometen crímenes de lesa humanidad. Funciona cuando la justicia de los países no puede o no quiere hacer justicia. Hasta ahora ha abierto casos en África, y Colombia está en observación. Por ello, carta de la Corte Penal Internacional (CPI) que se hizo pública la semana pasada puso a temblar a varios sectores de la política. Desde su creación se sabe que esta Corte puede juzgar a los grandes criminales de guerra que los tribunales colombianos no sean capaces de castigar con severidad. Se sabía que los ojos de la Corte estaban puestos en los jefes paramilitares como Mancuso y ’Jorge 40’, cuyos actos de barbarie terminarían castigados con exiguas penas de ocho años de cárcel en Colombia. Lo que nadie imaginaba es que la Corte tenía particular interés en conocer el grado de complicidad en la que habrían incurrido congresistas y políticos investigados actualmente por la Corte Suprema y la Fiscalía, en la estrategia violenta de los paramilitares, que les habría permitido construir sobre la sangre derramada un proyecto político.

Por eso la carta, con fecha de junio, anuncia pasos de animal grande. El argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal de CPI, pide en la misiva que se le informe "cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluidos dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados", y pregunta si "la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos presenta algún obstáculo para la investigación de estos políticos".

Hasta ahora las investigaciones demuestran que en algunas regiones los políticos participaron en la creación de los grupos paramilitares, aunque todavía no es claro quién mandaba a quién. Si los políticos a los paramilitares, o éstos a los políticos. O si era un poco de lo uno y de lo otro, según la región. Pero de lo que sí hay evidencia en muchos casos es de que hubo un beneficio mutuo de los crímenes de lesa humanidad. Los políticos ganaron sus elecciones, y los paramilitares se hicieron al control de territorios y capturaron el Estado en las regiones.

La Corte Penal Internacional se creó para juzgar a los criminales de guerra, a los genocidas y a quienes cometen crímenes de lesa humanidad. Funciona cuando la justicia de los países no puede o no quiere hacer justicia. Hasta ahora ha abierto casos en África, y Colombia está en observación

Lo que deja claro el documento es que la CPI no está interesada en los 30.000 combatientes desmovilizados que apretaban el gatillo, y ni siquiera en los 2.000 que están en Justicia y Paz. Lo que trasnocha a la Corte es que se logre saber quiénes orquestaron, diseñaron e hicieron posibles los grandes crímenes contra la humanidad que se han cometido en Colombia, sean estos paramilitares, políticos, empresarios o militares. Esto significa que los tribunales internacionales se centran en los grandes estrategas del mal aunque éstos no necesariamente tengan sus manos manchadas de sangre.

La carta de Moreno Ocampo es un polo a tierra para muchos que siempre han pensado que la Corte es un asunto remoto, aplicable apenas en Estados fallidos de África, o a la que sólo deberían temerle criminales reconocidos como Mancuso, el ’Mono Jojoy’ o ’Jorge 40’. El mensaje cifrado de la carta es que la comunidad internacional toma muy en serio el juzgamiento de los crímenes atroces, y que tiene interés en que se llegue a los centros de poder que los han hecho posibles. En términos domésticos, se podría decir que le interesa saber, por ejemplo, quiénes eran los tristemente célebres seis miembros de la ’comisión de notables’ de Carlos Castaño que guiaban su mano tenebrosa para cometer los peores asesinatos.

No obstante, la Corte sólo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos después de julio de 2002, cuando fue suscrito el Tratado de Roma, al cual adhirieron Colombia y casi todas las naciones democráticas del mundo, con excepción de Estados Unidos. Colombia, sin embargo, pidió una salvaguarda de siete años, que vence en 2009, para los crímenes de guerra. Ese período se supone que serviría para ponerle fin al conflicto armado del país y hacer un acuerdo de paz. La salvaguarda permitiría negociar sin la ’espada de Damocles’ de la justicia global sobre la espalda. Pero la mayoría de los crímenes que cometieron los paramilitares fue de lesa humanidad, y estos ni prescriben, ni están incluidos en la salvaguarda firmada por Colombia. Es decir que todo crimen de este tipo que se cometió en los últimos seis años, si no es castigado aquí, lo será en los tribunales internacionales.

Como se trata de crear una conciencia moral universal, la Corte en principio actúa aunque haya procesos de paz en curso, pues éstos responden más a coyunturas políticas de cada país que a un gran paradigma universal como es la justicia. Esta consideración ha generado múltiples controversias, pues muchos gobiernos consideran que las actuaciones de la Corte impiden llevar a feliz término las negociaciones, ya que nadie abandona la guerra si lo que le espera es la cadena perpetua. De hecho, en el caso colombiano los paramilitares le temen tanto a esta Corte, que aceptaron a regañadientes someterse a la Ley de Justicia y Paz, como único camino posible para evitar ser juzgados por ella.

Hasta ahora el fiscal Moreno Ocampo ha investigado hombres tan temidos como el presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, a quien le dictó orden de arresto por posible genocidio; Joseph Kony, líder del Ejército de la Resistencia del Señor, de Uganda, muy a pesar de que están en medio de un proceso de paz, y criminales de guerra en Congo y en el centro de África. Hombres todos ellos muy poderosos a quienes ni las armas, ni el dinero, ni el poder político les han servido para eludir la actuación de la CPI.

Claro que Colombia no es un país africano donde las instituciones no funcionan y por lo tanto, la intervención de la CPI sería muy distinta. La Corte ha observado con respeto la Ley de Justicia y Paz, que combina un poco de justicia con altas dosis de verdad y reparación. Al menos en el papel.

Sin embargo, al cabo de tres años, los jefes paras están negociando con Estados Unidos, y las víctimas han tenido una verdad a medias y ninguna reparación. Para rematar, las investigaciones por la para-política corren el riesgo de quedar a medio camino con estas extradiciones. A eso se le suma que en Colombia el problema no es tanto la incapacidad del Estado para hacer justicia, sino las agrias disputas que hay entre los distintos poderes en torno a este caso. Por eso otra preocupación de la CPI es la presión política contra la justicia desde el Ejecutivo y el Legislativo, que eventualmente les podría impedir a los jueces conocer la verdad y dictar sus veredictos con libertad.

Analistas consultados por SEMANA coinciden en que la solicitud de Moreno Ocampo es una importante alerta para el gobierno y la justicia. Para el gobierno, porque la CPI está al tanto de las controversias entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia, cuyo origen es justamente la investigación de los congresistas de la coalición del gobierno.

Segundo, porque aunque se ha anunciado muchas veces que los paramilitares podrán seguir confesando sus crímenes desde las cárceles de Estados Unidos, todavía no hay mucha claridad sobre cómo se podrá hacer esto en la práctica. Y a la justicia internacional no le importa cuánto tiempo pasen en la cárcel los paramilitares por haber enviado cocaína a Estados Unidos, sino cómo serán juzgados por sus masacres, y si contarán finalmente quiénes eran sus cómplices desde el poder.

En todo caso, Moreno Ocampo viene por las respuestas la próxima semana, en una visita oficial al país. Para recordar que sobre Colombia pesa la espada de Damocles de la justicia universal, que no entiende de explicaciones políticas ni de atenuantes ideológicos. Y que no perdona.

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