15 de noviembre de 2020

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LA LEY DE LA SELVA

Por: Juan Diego García.

11 de marzo de 2008

El objetivo de Uribe Vélez invadiendo Ecuador se reducía a frustrar una nueva entrega unilateral de retenidos por la guerrilla de las FARC. Probablemente las autoridades de Bogotá nunca se imaginaron que este hecho iba a desatar la tormenta actual y el rompimiento de relaciones diplomáticas con tres países. Pensaron que bastaría una excusa, al tiempo que fortalecerían la estrategia oficial de mano dura con los insurrectos, dando de baja nada menos que al segundo en el mando, el jefe guerrillero Raúl Reyes. Pero los resultados han sido otros y aún queda pendiente el proceso que adelanta la OEA así como la reacción posterior de los vecinos inmediatos, sobre todo de Brasil, cuyo ministro de relaciones exteriores llamó la atención sobre el impacto desestabilizador de la acción colombiana y subrayó cómo este acontecimiento convertía el conflicto interno de ese país en un asunto regional. Más significativas han sido las declaraciones del propio Lula, quien el jueves sostuvo la necesidad de impedir que tales agresiones se repitiesen, pues de lo contrario mañana cualquier gobierno del área podría proceder de la misma forma. O sea, si no hay legislación internacional a respetar, se establece la ley de la selva, el principio del más fuerte, la lógica del pistolero más rápido.

La agresión colombiana coincide sin duda con el principio de la guerra preventiva y refuerza la idea de Colombia como “el Israel de los Andes”. No solo Brasil, sino los demás países del área estarán temiendo que el “plan Colombia” o cualquier otro similar les convierta el día de mañana en objetivos propicios si desde Washington se les incluye en algún “eje del mal”. No es pura coincidencia que el ataque se haya dirigido esta vez contra Ecuador, un país inmerso en un intenso proceso de cambios que afectan de lleno los intereses de las multinacionales gringas y ante la intención de Correa de terminar la presencia extrajera en la base militar de Manta.

Y es que Uribe Vélez no ha decidido solo. En realidad, en la guerra que vive el país Colombia decide cada vez menos si es que decide algo. Sería una tremenda ingenuidad pensar que el operativo contra las FARC se llevó a cabo sin el visto bueno de Washington que entregó a Bogotá las coordenadas del campamento, puso los aviones y las bombas y no sería descabellado pensar que también facilitó los pilotos. Tampoco es “teoría de la conspiración” sostener que desde Manta se dirigió el operativo, dando la razón a quienes en Ecuador sostiene que esa base, en manos estadounidenses, poco o nada tiene que ver con la lucha contra las drogas pero si involucra peligrosamente a Ecuador en un conflicto que no es suyo. O no lo era, hasta la agresión armada de Colombia a su territorio, como tampoco lo era para el resto de países de la zona. Con independencia de la resolución final de la OEA, lo cierto es que de ahora en adelante Uribe recibirá no ya las presiones de Hugo Chávez y Rafael Correa para que se aboque a un proceso de paz y termine con un problema que ya afecta más allá de sus fronteras, sino las presiones de Brasil, Argentina y demás países de la región concientes no solo del desborde del conflicto colombiano sino –y esto es mucho más importante- del nefasto precedente de la agresión, de la flagrante violación de la legalidad internacional y del rol que en todo el asunto está jugando Washington. Ahora no invaden los marines como antes, ahora los Estados Unidos financian sabotajes, promueven la desestabilización de los gobiernos que no le agradan y arma a títeres dispuestos a actuar en su nombre.

Nadie sabe si Uribe previó las consecuencias. Su personalidad parece llevarlo a las decisiones precipitadas, los gestos grandilocuentes y un subjetivismo y empecinamiento que lo pierden en muchas ocasiones aunque alimente el fervor de sus partidarios y en este caso eleve a cotas peligrosas el nacionalismo más ramplón. Pero algo si es seguro: Washington sabía muy bien que el asunto iba mucho más allá de frustrar una entrega de prisioneros (aunque de por medio estuviese el mismísimo Sarkozy). Con el ataque, los estrategas del Pentágono pretendían dar carta de naturaleza a la agresión, a la violación de las leyes internacionales, en armonía con su estrategia de “guerra preventiva”. Hoy ha sido Ecuador, mañana, utilizando cualquier excusa el agredido sería Venezuela, el mayor dolor de cabeza para Washington en la región. Hay demasiado petróleo en juego (también en Ecuador) como para contenerse por consideraciones legales o razones humanitarias.

A estas alturas, Bogotá podrá exhibir el trofeo del jefe guerrillero muerto para alborozo de sus seguidores pero a un precio demasiado alto. Arrinconar a las FARC políticamente, restarles espacio político y reducirlas a un simple grupo de delincuentes comunes es ahora más difícil que antes. Las presiones sobre Uribe por parte de Francia no van a cesar; tampoco la exigencia de sus vecinos que ven con preocupación cómo las cosas se han salido de cauce poniendo en peligro la estabilidad política de la región, afectando negativamente los procesos de integración económica y permitiendo a Washington un juego que solo a los gringos beneficia. La presión nacional e internacional por la liberación de prisioneros irá en aumento y más temprano que tarde la clase dominante colombiana (con o sin Uribe) tendrá que acceder al muy temido proceso de negociación política. Un proceso bastante complicado pero inevitable. Complicado porque (para solo mencionar una condición primera e indispensable) no es probable una disolución de las guerrillas sin un desmantelamiento real del paramilitarismo, sin su desarme, sin la devolución de las tierras robadas a los campesinos, sin la exclusión de la extrema derecha de la administración pública y sin la neutralización efectiva de sus bases sociales. El gobierno no tiene, de momento, un instrumento militar adecuado a tal propósito pues sus fuerzas armadas y de policía y sus organismos de seguridad tendrían que ser renovados radicalmente para confiar en ellos en la tarea de desarmar y desmantelar a las huestes paramilitares.

Por otra parte, disolver realmente el engendro paramilitar tendría que ser una necesidad aunque no existiera la guerrilla de la misma manera que las reformas sociales y económicas que el país tiene como tareas pendientes resultan indispensables pues, aunque el presente movimiento guerrillero fuese derrotado o se disolviese tras una negociación exitosa, si esas circunstancias de desigualdad, injusticia y pobreza permanecen, nuevas formas de violencia aparecerían. Y no necesariamente con connotaciones políticas. Pero este tipo de preocupaciones no parecen quitar el sueño ni a Uribe ni a la clase dominante colombiana, gentes de gatillo fácil que siempre han usado la violencia para “resolver” los problemas del país.

El Juves mismo un acontecimiento vino a demostrar la debilidad del gobierno de Uribe y lo pírrico de sus victorias. Una enorme movilización ciudadana, tanto en Colombia como en el extranjero, comprueba que a pesar del terror, la amenaza, el ocultamiento mediático y el sabotaje empresarial (dieron el día libre para la marcha contra las FARC, pero amenazaron con sanciones a quienes acudieran el jueves 6 a protestar contra el terror paramilitar y el terrorismo de Estado) cientos de miles se atrevieron a inundar las calles de Bogotá y decenas de otras localidades, y cómo a pesar de las dificultades y los “controles” de embajadas y consulados (los mismos que financiaron la anterior marcha contra las FARC en el extranjero) en decenas de capitales de todo el mundo se oyó la voz de la paz, el acuerdo humanitario y la solución negociada del conflicto armado. Los más significativos, sin duda, los encuentros fronterizos con Venezuela y Ecuador, en los cuales gentes sencillas de ambos lados de la frontera se unieron para condenar la agresión, exaltar la paz y unirse a las voces de la movilización mundial contra el terrorismo de Estado.

Las presiones internas y las externas (despertadas de su letargo por la agresión contra Ecuador) terminarán obligando a Bogotá a cambiar de estrategia. Ahora solo falta que la guerrilla acoja sin restricciones las solicitudes que públicamente les ha hecho el presidente venezolano: terminar con la retención de civiles, acogerse de manera estricta al Derecho Internacional Humanitario y avenirse a una negociación seria que les permita defender en la legalidad sus postulados políticos. Entonces si que Uribe se quedaría sin argumentos.

Por esas extrañas paradojas de la política, cuando se restablezcan las relaciones diplomáticas de Colombia con sus vecinos (ahora también con Nicaragua) y las aguas regresen a su cauce, se tendrá que reconocer que la propuesta del presidente Hugo Chávez de dar a las guerrillas el estatus de interlocutor válido, empezar con el intercambio humanitario y seguir luego con un proceso de negociación que lleve a la paz, ha sido lo más sensato, lo más razonable y con toda seguridad lo más adecuado a los intereses de Colombia y sus vecinos. Como en otras ocasiones en Latinoamérica, será un militar patriótico el que encabece el progreso y la reforma, al tiempo que un ranchero encarne el conflicto, la injusticia y el sometimiento.

En efecto, guerreros fueron no solo Bolívar, San Martín y José Martí; también lo eran grandes reformadores como Juan Domingo Perón en Argentina o Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles en México, quienes se enfrentaron a la oligarquía criolla de grandes terratenientes, comerciantes millonarios e intelectuales retardatarios y, naturalmente a sus socios extranjeros del enclave colonial, la multinacional depredadora y la embajada de marras.