24 de agosto de 2019

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LEYES ANTITERRORISTAS EN LATINOAMERICA

Una sombra que se asienta en la región.

29 de julio de 2007

APM
(Rebelión). En Paraguay un proyecto de ley busca penalizar las protestas sociales. En Argentina, el espionaje sobre instituciones sociales se suma a la Ley Antiterrorista ¿Hacia dónde conducen estos mecanismos?

Bajo la excusa de frenar cualquier amenaza del terrorismo y el narcotráfico, en varios países de América Latina se justifica el espionaje y la criminalización de las protestas sociales, como una vía para eliminar esos presuntos focos de peligro. De esa forma, la doctrina de Guerra de Baja Intensidad (GBI), comandada por Estados Unidos, se instala en la región.

La GBI que según el Manual de campo 100-20 del Ejército estadounidense se define como “una confrontación político-militar entre estados o grupos por debajo de la guerra tradicional y por encima de la competencia pacífica entre Naciones”.

Desde Washington se impone hacia la región la cultura del miedo y la necesidad de una seguridad tanto nacional como internacional. El propósito perseguido es llegar a la mente de la población nativa donde se lleva a cabo algún mecanismo de la GBI.

Desde el los hechos del 11 de septiembre de 2001, el país del norte ha invadido y agredido países, ha realizado espionajes hacia ciudadanos, tanto dentro de su territorio como fuera de él. Todo esto, invocando, una y otra vez al fantasma del “terrorismo internacional”.

En ese contexto, la justicia paraguaya podría penalizar las protestas sociales, si el Senado aprueba el próximo 9 de agosto la Ley Antiterrorista, que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados, otorgada el pasado 3 de mayo.

La modificación al capítulo referente a los Hechos Punibles contra los Pueblos, de la Ley Nº 1160/97 del Código Penal, establece que las personas que participen en movilizaciones sociales o reclamos ciudadanos podrían ser condenadas con hasta 40 años de cárcel por considerarse éstas como “prácticas terroristas”.

Organizaciones de Derechos Humanos y diferentes movimientos populares, marcharon hacia el Congreso de Paraguay, con el fin de impedir la aprobación del proyecto. Los manifestantes aseguraron que las modificaciones al Código, afectan seriamente a la ciudadanía y, lejos de resolver el problema de la inseguridad, genera un sistema de violencia, ya que podrían reprimirse derechos fundamentales de los ciudadanos.

En tanto, desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), se explicó que la "Ley Antiterrorista" viola tratados internacionales ratificados por Paraguay. Marcela Zub Cantero, abogada del organismo señaló que la normativa contradice el estatuto de Roma que considera a las cárceles como centros de rehabilitación de los infractores de la ley, y no como establecimientos donde se deban purgar penas máximas que imposibiliten la reinserción social de los reclusos, como lo pretende la normativa.

Si el Senado aprueba la modificación al Código Penal, se dejaría en manos de los jueces determinar si una manifestación o reclamo popular, es o no un “acto terrorista. Esas reformas son vistas como criminales por las organizaciones sociales”, ya que consideran que son contrarias a un sistema democrático por haberse tratado en el marco de un proceso legislativo donde la ciudadanía no tuvo una participación efectiva.

Paraguay no es el único país en la región en donde se encuentra estas “posibles amenazas” a la democracia neoliberal. En Argentina, el pasado 6 de junio, el Senado aprobó la Ley Antiterrorista con 51 votos a favor y 1 en contra. La legislación, firmada por el presidente Néstor Kirchner, era algo imprescindible si la nación no quería ser declarada como lugar poco seguro por no tener medidas contra el financiamiento de grupos terroristas. Y por ende, poco confiable para las inversiones extranjeras.

La Ley castiga con cinco a veinte años de reclusión o prisión a quien tomara parte de una asociación ilícita destinada a "aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Ese tipo de legislación, guiada por el concepto de la GBI, no sólo instala la persecución en la sociedad civil, sino que aprueba la vigilancia ilegal de organismos y/o militantes de la lucha popular, bajo las exusas del terrorismo y el narcotráfico.

En ese contexto, organizaciones sociales argentinas fueron objeto de espionaje interno por “presunta conectividad con el terrorismo”. En este caso, la inteligencia fue hecha por fiscales y policías federales, quienes entregaron informes a la Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (Ufidro) sobre la “presunta amenaza del narcoterrorismo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

El texto del informe reproducido por el diario Página 12 dice: “25 de marzo de 2004, a las 18.00 horas, en la sede de la biblioteca de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, (…)se efectuó un evento conmemorando los 40 años de la creación de las FARC (...) hicieron uso de la palabra Rubén Batallares (miembro del PRT-ERP), Eduardo Soares (ex montonero y abogado defensor del integrante de ETA detenido por Interpol en Argentina, Jesús Iriondo), Patricio Echegaray (secretario general del Partido Comunista). Herman Schiller (miembro del Partido Izquierda Unida) dio comienzo al acontecimiento conmemorando los 40 años del grupo terrorista (...) Se proyectó una película en VHS que contenía imágenes de la acción psicológica de las FARC, escenas de combate nocturno y diurno y en la selva, el ataque a una comisaría del interior de Colombia”.

El otro documento, proveniente de la sección Triple Frontera del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), afirma que “la modalidad de los secuestros en esa zona desde 2001 es una forma de financiamiento político”. Y comprueba la conexión de las FARC con el Partido Patria Libre (PPL) de Paraguay y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile.

Al respecto, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), advirtió que esos espionajes atentan contra lo que dictan la leyes Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional. José Schulman, abogado de la LADH, sostuvo que con el pretexto del combate contra el narcoterrorismo se persigue al campo popular y “lo grave es que esto ya ocurría aun antes de la sanción de la Ley Antiterrorista”.

Bajo este marco, que significado tienen estas leyes aprobadas en los países del bloque regional ¿Es un simple guiño hacia Washington, quién hace de la “lucha contra el terrorismo internacional” su bandera político-militar?

Lo cierto es que, estas leyes sumadas a la GBI y la militarización de la región son mecanismos estratégicos de los cuales Estados Unidos se vale para controlar países y con ello tener acceso directo a los recursos naturales necesarios para sus planes imperiales.