23 de abril de 2017

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Bélgica: el fin del Estado de derecho.

Juicio de Bahar Kimyongur y la criminalizacion de la lucha popular.

11 de noviembre de 2006

Articulo traducido por Luis Arce Borja.

Bahar Kimyongur, belga de origen turco ha sido condenado a 5 años de prisión en un veredicto de la Corte de Justicia de Gant, una ciudad nerlandofona de Bélgica. Los magistrados belgas, para llegar a esta sanción, calificaron al acusado de “jefe de una organización criminal de vocación terrorista”. Con esta sentencia, Bélgica se pone a la cabeza de los países más represivos de la comunidad Europea. En efecto, Bahar no es ningún terrorista, y su labor política se desarrolla en el marco de acciones de apoyo a los revolucionarios que en Turquía luchan contra el régimen corrupto y represivo de ese país. En ese terreno, Bahar ha participado en diferentes manifestaciones públicas, que nada tienen que ver con “acciones terroristas”, y que han estado desarrolladas en repudio de los representantes del gobierno de Turquía.

En efecto Bahar Kimyongur es un simpatizante del DHKP-C un movimiento popular revolucionario de Turquía. Esta organización marxista-leninista, lucha desde hace 35 años contra el Estado y el régimen de opresión de este país. La lucha de este grupo revolucionaria es bajo el objetivo estratégico de liberar las clases oprimidas, y establecer un sistema socialista. En lo inmediato lucha para liberar las minorías nacionales tales como los kurdos, árabes, bosnios, georgianos, y otros que componen los pueblos oprimidos por los grupo de poder de Turquía. El DHKP-C, desde el 2002 es considerado por la Comunidad Europea como una organización terrorista. Bélgica que ha hecho suya la campaña internacional antiterrorista impuesta por George Bush, ha dictado una serie de leyes que ponen en duda la vigencia del Estado de derecho, y que muestra que el sistema demoliberal, del que tanto se vanengloriaban los burgueses en el siglo pasado esta llegando a su fin.

Este hecho, afecta no solo a los ciudadanos belgas, sino también a todos los que no sentimos implicados en la lucha por un mundo mejor. Como se dice en el comunicado que a continuación publicamos, el juicio penal contra los 9 camaradas turcos del DHKP-C tiene alcances políticos que van más lejos de la frontera belga, y en lo inmediato se busca con ello crear una juridisprudencia para criminalizar toda solidaridad con una organización designada como “terrorista”. Sobre este hecho, publicamos parte de un comunicado de prensa del Comité por la Libertad de Expresión y de Asociación. El texto original ha sido difundido en francés, y su traducción al español recoge íntegramente el sentido y la naturaleza política del comunicado de prensa.

COMITÉ POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE ASOCIACIÓN (CLEA).

Comunicado de prensa.

Con el veredicto de la Corte de Justicia de Gand del día 7 de noviembre, la justicia belga y la ministra Laurette Onkelinx, miembro del Partido Socialista (PS) finalmente se llega a los resultados judiciales exigidos por el gobierno de Turquía: hacer callar mediante la prisión a Bhar Kimyongür, opositor del gobierno turco, además de criminalizar el movimiento revolucionario de oposición al régimen de Ankara.

Siete años después de haberse iniciado el « affaire Erdal », al cual se añadió el “affaire Kimyongur”, se conoció el epilogo provisional. Ese epilogo ha significado severas penas de encarcelamiento para las siguientes personas:

- Sukriye Akar : 4 años.
- Musa Asoglu : 7 años.
- Fehriye Erdal : 4 años.
- Dursun Karatas: 7 años.
- Bahar Kimyongür : 5 años.
- Zerrin Sari: 4 años.
- Kaya Saz : 4 años.

Hay que refirmar que el proceso de Gant (Bélgica) concierne a todos los ciudadanos, no solo europeos sino también de otras latitudes. Este juicio compromete nuestras libertades. Por esas razones capitales, el Comité por la Libertad de Expresión y de Asociación (CLEA) llama a todos los progresistas y al conjunto de las organizaciones democráticas a denunciar este juicio ilegal.

De la misma forma se llama a sostener las movilizaciones y todas las vías para contestar y luchar contra una sentencia ilegal y de pura complacencia pronunciado por los tribunales belgas. Así se convoca a luchar contra las leyes de seguridad en Bélgica como en los demás países de la Unión Europea. Dichas leyes apuntan contra las libertades democráticas conquistadas en un siglo y medio de luchas sociales. Debemos apuntalar nuestra solidaridad con las fuerzas políticas, sindicales y asociativas que combaten el autoritarismo, el despotismo y la violencia del Estado del régimen Turco.

El proceso de Gant amplia ciertas condenaciones pronunciadas en primera instancia por el Tribunal de Bruges el 28 de febrero de este año. En esa primera sentencia no figuraba ningún elemento respecto a actos de violencia que habrían cometido en Bélgica o en Turquía, solos en grupos, los acusados mencionados. Hay que subrayar que el 26 de septiembre con la arrestación en Knokke (ciudad de la costa Belga) de Fehriye Erial, se da inicio al proceso penal contra 9 presuntos miembros del DHKP-C. Este proceso concluyó en Gand en medio de un verdadero naufragio judicial. La justicia belga, en ese caso, habría aceptado desde el inicio al fin de estar sumisa a una instrucción de excepción, una legislación de excepción y a un tribunal de excepción, todo ello para culminar en un veredicto de excepción. En este juicio “antiterrorista” se ha ejercido una verdadera coalición de intereses para decididamente poner la realidad de rodillas y poner la ley fuera de ley.

El Contexto.

Guerra contra el terrorismo o atentado contra el derecho legitimo a la protesta. Estos 5 últimos años, bajo la cobertura de la “lucha antiterrorista”, una serie de leyes especiales ha sido adoptadas en Bélgica. Bajo el pretexto de « resguardar los derechos de los ciudadanos », como dicen las autoridades belgas, se han dictado leyes que tiene por objetivo restringir los derechos de los ciudadanos.

En Bélgica como en todo el mundo se asiste a un ataque frontal contra las libertades individuales. Desde el fin de los años 90, mucho antes de los atentados del 11 de septiembre 2001 en Nueva York, Bélgica había ya decidido hacer cambios radicales en el sistema jurídico legal, sobre todo cuando se dio la ley “sobre las organizaciones criminales. Con esta legislación se aplico el « delito de asociación » mediante la cual la justicia podía perseguir a ciudadanos, que a pesar que no habían cometido ningún delito material, pero que hacían parte de una organización que la ley había definido como delictiva y fuera de la ley, como por ejemplo, una organización revolucionaria.

De todas maneras en nombre de la lucha antiterrorista, las cosas se han acelerado bastante rápido. Bélgica ha integrado en su Código Penal, dos decisiones europeas particularmente ilegales y peligrosas para las libertades individuales. Una de ellas es la ley relativa a las organizaciones terroristas y la otra es la legislación respecto a las organizaciones criminales y su pertenencia a ellas. Con estas leyes se permite atacar directamente a los movimientos políticos sociales. Se considera un “acto terrorista” toda accion dirigida a hacer presión sobre un gobierno o sobre una organización internacional ligada a los estados.

Esta ley es aplicable también al movimiento sindical. Así por ejemplo si un grupo de huelguistas bloquean una administración o un grupo de manifestantes impide la circulación de los trenes, será considerado como una forma de terrorismo y sobre estos trabajadores caerán las leyes antiterroristas de excepción. Así los trabajadores catalogados de terroristas serán drásticamente sancionados.

Además, desde la aprobación de la ley “sobre las organizaciones criminales”, los tribunales tienen la posibilidad de generalizar las procederás de excepción a todos los niveles penales desde la investigación policial hasta la detención del sospechoso. Así lo autoriza la “ley sobre los métodos particulares de investigación” del 2003, mediante la cual se legaliza las técnicas mas reaccionarias. En ese terreno desaparece el derecho a la defensa y las personas sospechosas de un eventual delito, no puede responder a las “pruebas” en tanto dichas “pruebas” son manejadas en secreto sin que el acusado tenga acceso a ellas. Estas disposiciones ilegales han sido denunciadas a la corte de arbitraje, organismo que ha puesto en dudas la legalidad de dichas leyes. Por esta razón el gobierno se vio obligado a modificar ligeramente estas leyes, y las volvió a someter al voto en 2005 bajo la cobertura de la “lucha contra el terror”.

En conclusión las leyes antiterroristas son completamente perniciosas y vulneran la naturaleza del Estado democrático. Ellas autorizan todo los abusos, y pone en ejecución los tribunales de excepción. Estas leyes mezclan voluntariamente les combates sindicales radicales con actos de pura criminalidad o de bandidismo. Estas leyes se atribuyen sin limites poderes de competencia universal, desligitimizando, en países terceros, toda lucha política que utilizaría medios violentos para defenderse de la violencia de los estados dictatoriales.

Jean Flinker,
membre du Comité pour la Liberté d’Association et d’Expression
jeanflinker@swing.be
www.leclea.be

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