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Amplían investigaciones acerca del genocidio contra los Prisioneros Políticos.
GARCIA SERA JUZGADO POR LOS CRIMENES DE EL FRONTÓN
Por: Carlos Rivera Paz.
La campaña desatada desde Palacio de Gobierno contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad y el proceso de judicialización por los crímenes contra los derechos humanos, puede encontrar una razón más en la reciente decisión de la Fiscalía Superior Penal Nacional a cargo de la fiscal Luz del Carmen Ibáñez, emitida en el caso seguido por la matanza en el penal de El Frontón en junio de 1986.
Como se sabe, este caso está virtualmente dividido en dos. Luego de varios años de investigación la fiscalía supraprovincial de Lima denunció sólo a un grupo de efectivos militares por este caso y archivó la investigación fiscal sobre García Pérez, Giampietri Rojas, Mantilla Campos y otros.
En enero del 2005 se abrió proceso penal contra diez efectivos de la Marina de Guerra por su participación en la matanza perpetrada en el ex establecimiento penal de El Frontón, en condición de autores materiales del crimen.
En el proceso penal seguido ante el primer juzgado penal supraprovincial de Lima, en los últimos dos años se ha desarrollado una intensa actividad probatoria la cual ha permitido demostrar de manera fehaciente la comisión del delito y la responsabilidad de los efectivos militares que se encuentran en condición de procesados. Pero, además, el proceso judicial ha permitido poner en evidencia la existencia de múltiples indicios de responsabilidad penal de Alan García, Agustín Mantilla, Luis Giampietri, Víctor Nicolini y otros ex mandos de la Marina de Guerra de ese entonces. Todos ellos tienen la condición de testigos en el proceso penal.
Justamente uno de los elementos de juicio que permite poner en evidencia la existencia de responsabilidad penal son las graves contradicciones de estos personajes en el curso de sus declaraciones prestadas ante el Ministerio Público y ante el Juez Penal de la causa. De hecho, las más importantes contradicciones se han presentado en relación al conocimiento que Alan García tenía de los hechos, y a la presencia de Mantilla en la isla durante los dos días que duró el operativo militar, curiosamente es nada menos que el ahora congresista Luis Giampietri Rojas el que ha brindado las declaraciones más comprometedoras tanto para Mantilla Campos como para el mismo Alan García. Giampietri -quien, como se sabe, fue en la isla y en una primera etapa, el jefe de las operaciones militares de la Marina de Guerra- ha declarado de manera reiterada que él recibió órdenes de sus superiores para atender los requerimientos de Mantilla. ¿Por qué lo hizo? Dice que lo hizo porque era un personaje representativo del gobierno.
Luego de dos años de investigaciones judiciales el plazo de la instrucción había culminado, y por tal razón el expediente fue remitido a la Fiscalía Superior Penal Nacional para que emita pronunciamiento sobre si procede el inicio del juicio oral, pero a criterio de la Fiscal Luz de Carmen Ibáñez las graves contradicciones de los testigos García Pérez, Giampietri Rojas, Mantilla Campos deben ser esclarecidas, razón por la cual ha solicitado que la Sala Penal Nacional autorice un plazo ampliatorio de la instrucción de 30 días. Efectivamente, la Sala Penal Nacional ha autorizado esa ampliación del plazo de la instrucción para que el Juzgado Penal Suprapovincial realice tales diligencias judiciales y otras, como la realización de una inspección ocular en el lugar de los hechos.
En los próximos días veremos cuál es el nivel de reacción que desde Palacio de Gobierno se presenta contra esta disposición judicial, la misma que sin duda puede brindar a la justicia la posibilidad de determinar o individualizar no sólo a los autores materiales del crimen, sino también a quienes tomaron las decisiones y emitieron órdenes directas para se cometa.
Por lo pronto este asunto debe enfrentar una dificultad importante. En diciembre, la Fiscalía de la Nación desactivó la Fiscalía Penal Supraprovincial encargada del caso y hasta la fecha no ha designado al nuevo fiscal encargado del caso.
(Fuente: Instituto de Defensa Legal. N° 518, 19 de enero de 2007).