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EL AS DE REYES DEL BÚFALO GARCÍA
Por: Gabriel Adrián.
La derecha más rancia, encabezada por Rafael Rey, el Ministro de Producción del régimen de García Pérez, la ha emprendido contra Diego García Sayán, ex-Ministro de Justicia del gobierno de Alejandro Toledo, por haber firmado amnistías contra presos acusados de “terrorismo”. Rey y secuaces la emprenden contra el ex-Ministro por haber hecho realidad tan sólo migajas de una justicia exigida a gritos por cientos de ciudadanos desde las mazmorras peruanas.
La iniciativa de Rafael Rey no llama la atención en tanto es el representante más punzante de la extrema derecha peruana. Para refrescar la memoria en torno a este nefasto personaje aquí se incluyen algunos de sus hitos biográficos:
Rafael Rey fue uno de los pocos parlamentarios que aprobó el autogolpe de Fujimori en abril de 1992 y apoyó desde el Parlamento durante los noventa la política fuji-montesinista. Defendió a capa y espada la política neoliberal que terminó de hundir en la miseria a millones de peruanos, y sustentó la política antisubversiva a través de la cual decenas de miles de peruanos fueron asesinados, desaparecidos, torturados y encarcelados sin fundamento alguno.
Rey apoyó la Ley de Impunidad que dejaba la puerta abierta a la excarcelación de los asesinos del Grupo Colina en 1995.
Exigió limitar el desenvolvimiento de la prensa extranjera que cubría la toma de rehenes en la residencia del Embajador de Japón en el Perú por el MRTA en 1997, atentando de esta manera contra la libertad de expresión y de prensa.
Hizo vista gorda de la clamorosa corrupción en la que se enlodaban Fujimori, Montesinos, Boloña y cía. Siendo Rafael Rey parlamentario cercano a la égida fujimorista estuvo al tanto, más que otros, de lo que se cocinaba en Palacio de Gobierno y en el “Pentagonito”.
Rey es uno de los más incisivos críticos de la Comisión de la Verdad y Reconcialición (CVR). A Rey no le basta que la CVR tergiverse la realidad pretendiendo hacer recaer la responsabilidad en las guerrillas por las mayores violaciones de derechos humanos. No, Rey quiere la exculpación total de militares, policías y paramilitares asesinos.
Rey es uno de los eximios representantes del Opus Dei, secta ultra conservadora y hegemónica de la Iglesia Católica. Rey ha defendido más de una vez posiciones del Opus Dei especialmente respecto al control de la natalidad y la prevención del SIDA oponiéndose a la educación sexual y al uso del preservativo. De esta manera, Rey ha apoyado y apoya políticas que matan al pueblo de enfermedades y atentan contra el derecho de la mujer de decidir sobre cuántos hijos quiere tener y cuándo. En el estilo más lumpen que desdice la imagen de niño bien que pretende transmitir, Rey compró testigos en el caso de la falsificación de firmas de Perú Posible. Aquí no se trata de defender el partido del huarapero Toledo, sino de enfatizar el carácter lumpen de este hijo de la Iglesia católica.
Este prontuario desdice la imagen de inmaculado e incorruptible que pretende transmitir Rey. El hecho que este personaje sea hoy Ministro del gobernante partido aprista es una muestra palpable de la reaccionarización constante de este partido. Si bien es cierto el APRA nunca fue un partido que representó los intereses del pueblo, siempre intentó utilizar la careta popular. Con Rey se le cayeron hasta los últimos afeites. No es de sorprender que el gobierno de García Perez prosiga su política vejatoria de Derechos Humanos a través de la que se asesinó, desapareció y torturó a miles de peruanos durante su primer gobierno. La posición de Rey manifiesta que el gobierno pretende aniquilar todo movimiento de oposición. Cabe preguntarse, sin embargo, ¿por qué el gobierno del genocida García se la emprende contra presos acusados de terrorismo en un país prácticamente sin guerrillas?.
La respuesta la encontramos, por un lado, en el carácter ultra reaccionario de la camarilla aprista. García y secuaces quieren terminar con los restos de aquel movimiento que lo puso en jaque y les enrostró su ineptitud para gobernar y su carácter antipopular y genocida del pueblo. Tienen, pues, una cuenta que terminan de saldar con los maoístas. Por otro lado, el gobierno apunta a mantener una legislación draconiana, que niega principios fundamentales del Estado de derecho, y una política vejatoria de Derechos Humanos para intimidar y reprimir todo movimiento de protesta y a potenciales opositores. Esta política tiene el apoyo de la oposición, la misma que cierra filas en torno a la defensa del carácter represivo del Estado peruano.