El pueblo resiste contra la masacre de Boluarte

Suman ya más de 30 muertos luego de una semana de protestas tras ser vacado Pedro Castillo de la presidencia en el Perú. A la usurpadora presidenta, Dina Boluarte, quien llegó a la vicepresidencia levantando las banderas de la izquierda, no le tiembla la mano para mandar a las Fuerzas Armadas y la policía a matar indefensos manifestantes que no tienen más que sus cuerpos y piedras para enfrentar las balas de los fusiles FAL.

Las manifestaciones se vienen expandiendo por todo el Perú, demostrando mayor combatividad en el interior del país. El pueblo sale a las calles, bloquea carreteras, toma instalaciones mineras y de empresas como Coca Coca, Laive y el Grupo Gloria, incendia comisarías y toma universidades.

El Estado, esta vez con Dina Boluarte a la cabeza como testaferra del gran empresariado peruano, reprime a sangre y fuego a los y las manifestantes. Entre los muertos se cuenta a dos menores de edad y un bebé. Según fuentes no oficiales, ya habría más de 50 muertos, cientos de heridos y detenidos. A estos últimos, se les abrirá proceso por terrorismo. Todos estos hechos representan una masacre social que corresponde denunciar internacionalmente.
Las Fuerzas Armadas y policiales actúan amparadas por el actual estado de emergencia, en cuyo marco una serie de derechos son suspendidos; como no ser detenido sin causa justificada, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y seguridad personal, y el derecho a reunirse pacíficamente en público. Esto da carta blanca para que las FFAA y FFPP violen los derechos humanos de los y las manifestantes. Las familias de quienes fueron detenidos y detenidas ya dan cuenta de torturas, y múltiples maltratos y abusos.

Son esas mismas Fuerzas Armadas las que masacraron a la población en su guerra sucia contra el Partido Comunista del Perú, durante el conflicto armado interno de los años 80-90. Esas mismas gloriosas FFAA que nunca ganaron ni una sola guerra contra países vecinos, pero que se envalentonan cuando se trata de disparar contra campesinos, obreros y estudiantes, y hoy también contra los miles de manifestantes; o cuando se trata de violar a indefensas campesinas y jóvenes estudiantes.

Y es también esa misma policía que se ha hecho famosa asesinando, torturando y desapareciendo a sospechosos e inculpados. La misma que fue maquillada como héroe en la lucha contra la insurgencia armada de aquellos años de la guerra interna en el Perú. Hay que llamar a las cosas por su nombre: la policía contribuyó a vencer a las guerrillas maoístas en los años 90 con trabajo de inteligencia, pero que fue sostenido en sacar informaciones mediante torturas y amenazas nunca sancionadas. Esa gloriosa policía peruana hoy vuelve a reprimir, a asesinar y torturar a peruanos y peruanas.

En suma, son esas mismas Fuerzas Armadas y policía peruanas que, la otrora Comisión de la Verdad y Reconciliación, intentó salvar de la responsabilidad de ser los mayores violadores de derechos humanos en el marco del conflicto armado. Por lo que resulta indignante que la prensa mercenaria intente estigmatizar a los y las manifestantes como “terroristas”. Esta conocida práctica del terruqueo mediático la practica también César Hildebrandt, quien desde hace tiempo ya fomentó el golpe contra Castillo. Este periodista, que se vende como último reducto moral del periodismo local, siempre ha sido un alfil asolapado del gran empresariado, y en esta oportunidad pontifica y enfila contra los y las manifestantes descalificándolos: “Las turbas no son el pueblo, el pueblo es el que queda horas y días secuestrado por un camino bloqueado”. Los sectores progresistas deben rechazar en boque este terruqueo sistemático, que criminaliza las manifestaciones, y se tiene que defender el derecho del pueblo a protestar.

Desde esta tribuna saludamos al pueblo peruano y su gloriosa lucha en medio de horas difíciles como las que se viven actualmente. Respecto de las autoridades encaramadas en el gobierno, no cabe esperar sino mayor impunidad para soldados y policías asesinos: estamos seguros de que ninguno irá a la cárcel por la muerte de los hijos e hijas de nuestro pueblo. La justicia solo puede venir desde las mayorías trabajadoras y sus movilizaciones en cada rincón del territorio peruano. Y así será, como enseña siempre la historia universal. La sangre derramada jamás será olvidada.