19 de septiembre de 2021

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Gobierno de Castillo: Más de lo mismo

Gabriel Adrian; Santiago La Chira

19 de septiembre de 2021

I.
El 28 de julio, y luego de un prolongado e insufrible tira-afloja electoral, Pedro Castillo Terrones, candidato del Partido Perú Libre, asumió la presidencia del Perú. La juramentación se realizó después de semanas de dilación, a causa de recursos interpuestos por el partido de la candidata perdedora, Keiko Fujimori, y por otros partidos y personajes de la derecha más rancia. Pocas veces se ha visto, en este país, tan desesperada a la derecha por evitar que suba un candidato supuestamente contrario a sus intereses.

A más de un mes de haber asumido el mando, el nuevo gobierno de Pedro Castillo muestra aspectos interesantes en lo referido a dos áreas: 1) La correlación de fuerzas políticas, sobre todo respecto a la derecha, y 2) La posible transformación de estructuras de poder económico y político en el país. Veámoslos más de cerca.

En relación al primer aspecto, desde la asunción de Castillo como presidente, la derecha y sus aliados no han cesado de embestir contra el nuevo gobierno, sobre todo vinculando a sus representantes con el denominado terrorismo. Acusar a alguien de terrorista se llama, en la jerga cotidiana del Perú, “terruquear”. El primero en caer víctima del “terruqueo” fue el ex canciller Héctor Béjar, quien fue guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que emprendió una fugaz lucha armada en 1965. Béjar había declarado que quien había iniciado el terrorismo, en el país, era la Marina de Guerra del Perú. Se refería a atentados que habría realizado esta fuerza del Estado para desestabilizar el gobierno del General Velasco Alvarado (1968-1975), así como también el siguiente gobierno presidido por el General Morales Bermúdez (1975-1980).

Ante dicha campaña político-mediática, César Hildebrandt, reconocido periodista anticomunista, respaldó a Béjar afirmando que él mismo había investigado los casos de sabotaje de la Marina, y que bien pueden ser considerados como métodos terroristas. De nada valieron declaraciones objetivas como esta. Al modo de tiempos inquisitoriales, la Marina ya había pedido la cabeza de Béjar; debido a lo cual, fue conminado a renunciar por el presidente Castillo. En su lugar, fue nombrado Oscar Maúrtua: diplomático de carrera totalmente ajeno a un gobierno que se reputa de izquierda.

II.
Otro caso, en lo que venimos exponiendo, es el del Ministro de Trabajo, Iber Maraví; sobre quien los medios informativos publicaron que había sido incluido en una investigación por terrorismo, en 1981, en Ayacucho. Ante esto, los consorcios mediáticos y partidos de derecha han exigido su renuncia. Cuando el premier Guido Bellido se lo pidió, dicho ministro puso su cargo a disposición del presidente. Es verdaderamente un escándalo político que Maraví no reciba el apoyo del actual gobierno, como corresponde, sino que más bien se calle ante el carácter autoritario y golpista de la derecha y su prensa servil.

El Poder Judicial no encontró responsabilidad alguna a Maraví, excluyéndolo del proceso. Sin embargo, de manera obtusa y manipuladora, la información mediática y la derecha aseguran que otros procesados habrían inculpado a Maraví, lo que sería suficiente como prueba. ¿Es que quienes siempre se reputan de democráticos no quieren reconocer una decisión del Poder Judicial? ¿Ignoran acaso que las declaraciones de los investigados por terrorismo, durante el período de guerra interna de los años 80 y 90, literalmente se las arrancaba la DIRCOTE (que luego pasó a ser la DINCOTE: Dirección Nacional Contra el Terrorismo) por la vía de torturas? Los investigados eran torturados hasta que “canten” o hasta que murieran, porque a los policías “se les pasaba la mano” según se decía. Así que tales atestados policiales no valen ni el papel en los que están escritos.

La DINCOTE tiene también un conocido prontuario de sembrar pruebas falsas, especialmente a través de los llamados “colaboradores eficaces” o “arrepentidos”. Esto se muestra en el caso del congresista Guillermo Bermejo, de Perú Libre, a quien la policía y los medios informativos acusan de terrorista con la única prueba de declaraciones de “testigos”.

En suma, tanto el despido del ex canciller Béjar, como el pedido de renuncia ministerial a Maraví por parte del premier Bellido, demuestran la debilidad de este régimen ante los ataques de la derecha, su órganos serviles de informacion y las Fuerzas Armadas (hasta ahora, la Marina). Representantes del gobierno podrían argumentar que se trata de concesiones a la oposición, para así conseguir su apoyo en determinados proyectos. Tales concesiones no se pueden hacer, sin embargo, ante los sectores más reaccionarios a costa de seguir falseando la Historia, y negando sentencias firmes del Poder Judicial del Estado que representan.

Si el gobierno del profesor Pedro Castillo retrocede ante tales trivialidades de la derecha, ya podemos ir imaginando qué hará si desea llevar a cabo reformas importantes: tales como, por ejemplo, la nacionalización del gas de Camisea.

III.
El gobierno de Pedro Castillo ha expresado su carácter autoritario y el mayor servilismo ante la derecha y la izquierda caviar en su trato miserable y oportunista respecto a la muerte de Abimael Guzmán Reynoso. Castillo y partidarios de Perú Libre, no solo se han desgañitado condenando el “terrorismo”, callando rastreramente sobre las razones que dieron origen a la lucha armada, su justeza y las masacres llevadas a cabo por el Estado peruano. Lo peor, este gobierno viola sus propias leyes y promulga la ley 31352 por la cual los condenados por el delito de terrorismo que mueran en la cárcel serán cremados inmediatamente. El gobierno ha promulgado esta ley “express” para evitar entregar el cadáver a la viuda de Guzmán, Elena Iparraguirre. De esta manera, más allá de sus discursos y ofrecimientos [en el colmo del cinismo Castillo ha declarado en la Cumbre CELAC en México que “hay que luchar por la protección de los derechos humanos”], el actual régimen viola el ordenamiento jurídico vigente para congraciarse con las élites, la derecha y su prensa servil.. Con lo que en la práctica se evidencia, una vez más, que no son un gobierno para el pueblo y que solo está para hacer más viable el sistema capitalista; es decir, para que los grandes empresarios puedan seguir explotando sin temor a que el pueblo se levante.

IV.
El segundo aspecto a analizar, como queda dicho, es la performance del gobierno hasta hoy. En términos de medidas orientadas a cerrar la brecha social, las inmensas desigualdades entre ricos y pobres, no se ha hecho ni por asomo nada. Tampoco ha habido ningún anuncio serio. Por el contrario, el actual canciller ha renovado un acuerdo con la agencia de desarrollo de los Estados Unidos, USAID, para continuar con proyectos en el Perú. USAID tiene una larga historia como instrumento del imperialismo yanqui para ejercer influencia en los países oprimidos. Durante la referida guerra interna en el país, USAID hacía, por ejemplo, ingentes donaciones de alimentos que eran distribuidos en las zonas más pobres de las ciudades, especialmente en Lima, para contener los avances del Partido Comunista del Perú (PCP). USAID siempre ha sido un instrumento del imperialismo yanqui en su guerra de baja intensidad (manida estrategia para “ganarse los corazones” de la población).

Otro anuncio oficial que llama la atención es el que hizo el Ministro de Economía, Pedro Francke, sobre que no se elevará el sueldo mínimo ya que este se encuentra a un nivel razonable. El sueldo mínimo es, desde el 2018, de 930 soles: unos 230 dólares. ¿Alguien puede pensar, en su sano juicio, que una persona o familia pueden vivir en el Perú con ese ingreso mensual? Como para justificar su rótulo de izquierdista (afín al frente liderado por Verónika Mendoza), Francke ha anunciado que se subvencionará el gas para hacerlo más asequible. En realidad, el único proyecto que sigue en voces de los representantes de Perú Libre es el de una nueva Constitución. Pero esta medida tiene más que nada un carácter simbólico: traerse abajo la actual Constitución sancionada, en 1993, por el régimen criminal de Alberto Fujimori. Una nueva Constitución no terminará, sin embargo, con la desigualdad social ni la explotación de las amplias masas empobrecidas de la población. Eso lo saben perfectamente los representantes del partido en el gobierno.

También llama la atención que, aunque ganó la presidencia del país, Perú Libre no muestre significativas diferencias con los partidos tradicionales que han hecho del Estado su botín desde hace décadas. Más bien, está llenando las oficinas estatales con familiares y allegados que, además, tienen procesos abiertos por corrupción y delitos comunes como falta de pago de alimentos. Aunque es lógico que el partido gobernante ponga a su gente, en puestos estratégicos de la estructura estatal, para garantizar que las reformas prometidas se hagan realidad, esto no puede implicar darle trabajo remunerado a familiares y allegados para pagar favores políticos. De ese modo, lejos de practicar la ofrecida renovación en el país, Perú Libre sigue fomentando el viejo y criticable nepotismo.

V.
Así las cosas, estas primeras semanas del gobierno de Pedro Castillo dejan atisbar que las esperanzas de las mayorías explotadas de la población han sido, una vez más, traicionadas. Da la impresión que Castillo y su gabinete van a ceder a todo lo que irá imponiendo el neoliberalismo, con tal de seguir gobernando y con reformas más bien simbólicas antes que reales cambios estructurales, principalmente en la economía. En buena cuenta, están demostrando ser más de lo mismo; ya que, aun cuando se tenga a la derecha y los medios informativos en contra, no se está dando señal alguna de cambios fundamentales.

Por su lado, el partido Perú Libre, con el reconocido neurocirujano Vladimir Cerrón a la cabeza, tampoco da señales de tener una visión de sociedad y poder. Si fuese así, estaría concentrado en solidificar su movimiento para defender en la calle las reformas prometidas en su campaña. Como estas últimas elecciones ya mostraron, las masas hace tiempo que están hartas de promesas grandilocuentes y tibias reformas. De todo lo cual no queda sino concluir, una vez más, que los auténticos y urgentes cambios estructurales, es decir revolucionarios, nunca se han logrado a través de las urnas. El actual gobierno peruano se lo viene demostrando a cabalidad, mediante sus gestos y prácticas políticas, a toda la población: principalmente, a las masas trabajadoras, que son quienes hacen la historia y, por tanto, la verdadera transformación hacia una democracia popular para una sociedad solidaria, justa y emancipada.