10 de abril de 2021

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El facismo peruano sigue vivo

Perú.Comuna

6 de diciembre de 2020

Tomado de: https://www.facebook.com/perucomuna

FRANCISCO SAGASTI: GRAN BURGUÉS, PROIMPERIALISTA Y ANTIPOPULAR

El 2 de diciembre, en Lima, la policía detuvo a 72 personas acusándolas de pertenecer al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) y al Partido Comunista del Perú (PC del P) “Sendero Luminoso” (https://bit.ly/3lL08Bc). Las fuerzas policiales imputan a los acusados hacer actividades de proselitismo, “infiltrarse” en universidades y organizaciones sociales, y realizar apologías a la violencia política. También afirman que las detenciones se llevaron a cabo tras cinco años de trabajos de inteligencia, y que cuenta con las pruebas necesarias. El 3 de diciembre ha sido detenido, además, Alfredo Crespo: abogado de Abimael Guzmán (quien cumplía años en esa fecha), y se espera más detenciones en los siguientes días. Como veremos a continuación, la cruda realidad es que, en la más rancia tradición aprofujimorista de los 90, la policía continúa fiel a su naturaleza de criminalizar las protestas y negar los derechos fundamentales a la ciudadanía peruana. Y es así como el flamante Presidente Francisco Sagasti quería mostrar que no le tiembla la mano para resguardar, con la ley y la guadaña, el viejo orden público en favor de las élites económicas quienes verdaderamente detentan el poder. A poco más de dos semanas, el anuncio de mayor endeudamiento público por más de 30 000 millones de dólares (una deuda que recaerá, cuando no, sobre los hombros del pueblo: https://bit.ly/33Nrssv) y el asesinato de un trabajador agrícola por la policía en Chao-Virú revelan el verdadero carácter de su gobierno.

Es bien sabido que el MOVADEF, desde su fundación el 2009, reniega de la lucha armada e hizo de la “reconciliación” con militares y policías genocidas su caballito de batalla político. Nunca ha llamado a acciones armadas ni alabado acciones que el Estado peruano considera “terroristas”. Es decir, son blancas palomas en el sentido estricto de la palabra, que inclusive busca insertarse en el régimen electoral. El investigador Esteban Valle Riestra (quien se tituló en politología con una tesis sobre el MOVADEF denominada: “Movadef, el pensamiento Gonzalo y la reaparición de Sendero Luminoso: 1992-2012”, PUCP 2015: https://bit.ly/33H0qTC) afirmó, en el Instituto de Estudios Peruanos (2018), que aquella organización se quedaba sin jóvenes porque estaban cansados de que los envíen con planillones a recolectar firmas, en vez de hacer trabajo político. La policía y los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas saben muy bien esto.

¿PERO, ENTONCES, QUÉ PASA? ¿POR QUÉ AHORA SE LLEVAN A CABO ESTAS DETENCIONES? ¿POR QUÉ NO LAS HICIERON HACE UNOS MESES, O UNO O MÁS AÑOS ANTES? Hay razones estructurales y coyunturales para ello. La primera es que el Estado y sus fuerzas represivas quieren reaccionar al costo político que les supusieron las masivas jornadas de protesta, que condujeron a la dimisión del fantoche ex-presidente Manuel Merino y su gabinete. Gran parte de los manifestantes no militan en organizaciones políticas, ni en grandes centrales sindicales ni en los partidos de la izquierda electorera (que, más bien, estuvieron ausentes o con escasa convocatoria). Con la súbita acción represiva de esta semana, el Estado quiere mostrar (exhibir) que aún tiene la capacidad de detener a cualquier ciudadano sin evidencia alguna que lo incrimine: para ello basta con “sembrarle pruebas”.

Es decir, la razón más obvia es lavarle la cara a la policía, que se halla desprestigiada hasta el hueso por la represión desplegada en las recientes jornadas de protesta en Lima: con dos jóvenes manifestantes muertos, y decenas de heridos y detenidos de forma cobarde, abusiva y clandestina. El descontento y la condena en gran parte del país, por tales sucesos represivos, es superlativo; y, como hace tiempo no ocurría, crece el consenso popular para levantar la voz por todos los heridos, por los abusos sexuales, por las torturas.

La policía ha mostrado su verdadero rostro, una vez más: ser brazo armado de un Estado que defiende el gran capital y que explota y oprime a los trabajadores, desempleados y jóvenes del país. Es la misma policía que, durante la guerra interna de los años 80-90, hizo de los asesinatos, desapariciones y torturas su deporte favorito. Así que, ante el resquebrajamiento de su imagen oficial (en algo levantada, mediáticamente, por su trabajo social durante la actual pandemia), el Estado y sus fuerzas represivas tenían que “reconciliarse” con la población, mostrándoles “autoridad” y “eficiencia”: aquello que no mostraron cuando fueron rebasados por las jornadas de protesta más recientes.

Otra razón está en el absurdo que Sagasti fue vinculado por la derecha con la izquierda caviar, atribuyéndole incluso simpatías con la desaparecida guerrilla castrista del MRTA a raíz de que el actual presidente fue uno de los rehenes en la célebre toma de la embajada de Japón que ejecutó dicha organización en 1996 (https://bit.ly/36GAaKY. Nada más ridículo, porque Sagasti tiene más bien una impecable trayectoria en defensa de la gran propiedad privada y sus intereses (como, por ejemplo, haber sido jefe de la división de planeamiento estratégico del Banco Mundial de 1987 a 1990). A lo anterior, como escandalete propio de la mermelera prensa local, se suma la revelación que su ex-Ministro del Interior, Rubén Vargas, es medio hermano de Zenón Vargas: otrora alto mando del PC del P. Por todo lo cual, no se puede descartar que, a la dupla Sagasti-Vargas, no se le ocurrió nada mejor que aprovechar la persecución contra ciudadanos progresistas y militantes de izquierda para limpiar su falsa imagen de “filo-izquierdistas”.

LOS SECUESTROS (“DETENCIONES”, LES LLAMA EUFEMÍSTICAMENTE LA POLICÍA) DE ESTOS DÍAS, TESTIMONIAN UNA VEZ MÁS EL RASERO DEL ESTADO Y CUÁLES INTERESES DEFIENDE. Como consecuencia de la pasada guerra interna, miles de presos y presas políticos acusados de terrorismo llenaban las cárceles peruanas. ¿Cuántos militares, policías y paramilitares se halla en esas cárceles por el asesinato y tortura de miles de peruanos durante la denominada “guerra sucia”? No llegarán ni a cincuenta, y si pasaron por prisión lo hicieron en cárceles doradas colmadas de privilegios (como sucede con Fujimori y Montesinos: las cabezas más visibles de dicho período color rata).

Estamos ahora ante la detención de 73 personas, presuntamente miembros de una organización, el MOVADEF, a la cual no se le puede imputar acto ni apología a la violencia alguno. Para ello, según las versiones oficiales, se hizo un despliegue de más de mil policías y decenas de fiscales. Sin embargo, han pasado casi tres semanas del asesinato de los dos estudiantes en las jornadas de noviembre, Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo (https://bit.ly/37CBiyv): ¿Cuántos sospechosos están presos? ¿Cuántos mandos policiales han renunciado y están siendo investigados? ¿Quién investiga, con objetividad, las detenciones arbitrarias e irregulares, los abusos sexuales, las torturas? ¿Dónde están los detenidos, los investigados y responsables de esos asesinatos y los múltiples heridos, algunos de gravedad? No se ha avanzado absolutamente nada y es casi seguro que será otro caso más de impunidad. Este solo hecho pinta de cuerpo entero el Estado peruano y sus fuerzas represivas.

La policía quiere hacernos creer que los detenidos son peligrosos “terroristas”, utilizando la vieja retórica del terruqueo como medio para acallar la protesta popular; algo que, cada vez, engatusa a menos población porque esta ha despertado. Como siempre, se ha detenido a personas que, quizás, tengan familiares o amigos implicados en el proceso de la violencia política vivido en el país; pero que de ningún modo son militantes de organización política alguna. Tal como en la época de la guerra interna se desaparecía, torturaba o encarcelaba por 10 años por poseer un panfleto o hacer una pinta callejera, hoy se persigue y reprime a peruanos y peruanas por el solo hecho de pertenecer a un entorno de izquierda o participar en movilizaciones de protesta ciudadana.

Y, ahora, ¿dónde están los defensores de derechos humanos? Es un escándalo internacional que ni la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ni la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) ni la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) se hayan pronunciado sobre las detenciones arbitrarias de 73 ciudadanos y ciudadanas peruanos, ni tampoco contra el atentado jurídico que hace el Estado a las libertades de opinión y expresión consagradas en la actual Constitución. Esas organizaciones saben perfectamente, aunque acostumbren esconder sus cabezas bajo tierra como el avestruz cuando arde la pradera, que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario; así que lo que correspondería es que protesten contra esta persecución política.

PERO SOLO CUNDE UN FRÍO SILENCIO EN LOS ELEGANTES SALONES Y ALFOMBRAS DEL PODER. ¿Dónde están los izquierdistas Rocío Silva Santiesteban, Verónica Mendoza y Marco Arana? Al igual que durante los años del conflicto armado interno, las organizaciones de derechos humanos y sus acólitos solo sirven de pantalla legitimadora del sistema y para forrarse los bolsillos con dinero del extranjero, por lo que jamás abrirán la boca ante las masacres cometidas por sus fuerzas represivas, siendo cómplices por omisión. De igual manera, en la coyuntura actual, se callan ante otra clamorosa violación de derechos fundamentales en un Estado de derecho que dicen defender. En el Perú, las organizaciones de derechos humanos y la izquierda parlamentaria han virado tanto a la derecha, y desde hace décadas además, que ya no se puede esperar nada de ellas ni de elección alguna. Todo sistema político necesita de una “voz crítica” que lo justifique, que lo haga aparecer como democrático. Las organizaciones de derechos humanos y la izquierda parlamentarista han cumplido ese triste rol, al ser funcionales al Estado neoliberal autoritario del Perú.

Al pueblo no le queda otro camino que continuar saliendo a las calles y denunciar colectivamente un sistema injusto, que hace posible que el Perú siga siendo la chacra de unos cuantos millonarios entreguistas y un apéndice más del gran capital transnacional. La lucha popular debe continuar, también, para que se investigue y sancione a los mandos policiales y la Fiscalía responsables por estas nuevas detenciones ilegales, exigiendo su inmediata liberación. Al mismo tiempo que no cesar en el reclamo por las muertes y detenciones arbitrarias de las últimas jornadas de protesta; las mismas que han proseguido esta semana con los trabajadores agroindustriales, en la costa norte del país, exigiendo la derogación de la Ley Agraria. Estas movilizaciones, contra una vieja ley que amparaba el abuso contra el proletariado agrícola, tuvieron como desenlace su derogatoria hace unas horas, el día sábado 5. Sin embargo, como fruto de la nefasta represión policial (esta vez bajo el flamante e inflamable gobierno del retórico-vallejiano presidente Sagasti), nuevamente fue al trágico costo de otra víctima joven: el obrero agroindustrial Jorge Yener Muñoz Jiménez (https://bit.ly/3oskMIq). La gran lección a extraer es que, ante los abusos, asesinatos e impunidad oficiales, no hay lugar para continuar asumiendo las estrategias distractoras y persuasivas del poder; sino que la única respuesta efectiva es fortalecer la organización y activismo populares que conduzcan a que, más pronto que tarde, el país se halle en manos de sus propios trabajadores y de quienes mejor los representen.

[*] Perú.Comuna colectivo de creación & crítica
diciembre 2020
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