15 de agosto de 2020

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Bolivia: Radiografía de una crisis política, sanitaria y social

Por: Colectivo Perú.Comuna

15 de agosto de 2020

Bolivia ha ingresado a un bucle epidemiológico y político que se enmaraña y enrevesa, y que cada vez resulta aún más complejo detener o neutralizar. En dicho país se ha armado un cóctel explosivo próximo a estallar y cuyas consecuencias resultan insospechadas. Las características más resaltantes son las siguientes: el galopante incremento de contagiados y fallecidos por el COVID-19, los bloqueos de caminos y carreteras en 77 puntos de todo el territorio boliviano, los pedidos de no postergación de las elecciones (ya que, por segunda vez, el Tribunal Supremo Electoral las difirió del 6 de septiembre al 18 de octubre de este año), los pedidos para que renuncie la presidenta transitoria Jeanine Áñez, la estigmatización de los medios de comunicación contra quienes bloquean carreteras, el clamor con tinte miserabilista del gobierno de Áñez recurriendo al expediente fácil del victimismo, el alistamiento de fuerzas de choque paramilitares para reprimir a los bloqueadores, y en general la extremada policialización y militarización del país.

En pleno corazón de Sudamérica, Bolivia ha ingresado, entonces, a una crisis política que lo está llevando en caída libre; la cual pone, inexplicablemente, en segundo plano el incremento de contagiados y fallecidos por el COVID-19. Es evidente que todo el sistema de salud nacional ha colapsado, a la par que la gestión de cadáveres rebalsa la habitual capacidad de atención sanitaria. Las cifras de fallecidos, hallados con muerte súbita en sus hogares por los equipos de rastrillaje en diversas ciudades del país, son notoriamente contradictorias con las cifras que, cual heraldos negros de la muerte, anuncian cada noche las autoridades de salud pública bolivianas.

Asimismo, las calles de distintas zonas de Bolivia están colmadas por vendedores de hierbas medicinales: una clara señal de la desesperación galopante en una población que, indefensa y desprotegida por el Estado, va a la búsqueda de placebos, paliativos o curas alternativas de larga data, ya que es lo único conocido a lo que pueden aferrarse. Casi una cruel variante contemporánea de la religión en tiempos de crisis e indefensión.

Todas son realidades que evidencian no solo la fragilidad y precariedad del sistema de salud pública boliviano, sino que también ponen al descubierto la inexistencia de un cuerpo de científicos que encaren la epidemiología y la virología con propiedad, así como que no existe un prestigio mínimo de la ciencia entre la población. De ahí que campeen exóticas y surrealistas salidas “médicas”, como el consumo por gran parte de la población boliviana del dióxido de cloro como pócima mágica: tan desesperada como espontánea salida a la estela de contagiados por el COVID-19. En el colmo del populismo, que siempre juega con la credibilidad y salud populares para tapar ineficiencias del poder, el actual Parlamento boliviano (con mayoría del partido del ex presidente Evo Morales, que ha impulsado esta insólita medida) ha legalizado recientemente el uso de este seudo medicamento.

La reciente micro historia del dióxido de cloro es, en realidad, una simplona cruzada propagandística a la que, inexplicablemente, se han sumado algunos profesionales y docentes de universidades, así como ha gozado de cobertura mediática en los tradicionales medios de comunicación de Bolivia que ensalzan como neogurú,e impulsor del consumo de la mencionada solución, a un individuo de nacionalidad alemana llamado Andreas Kalcker.

Sin embargo, este preocupante panorama social no ha sido óbice para que otra buena parte de la población retome las banderas de las batallas políticas que se produjeron entre octubre y noviembre del año pasado, cuando hubo presión para la dimisión del presidente Evo Morales, quien debió huir a México y, luego, instalarse en Argentina. En aquel entonces, una agrupación que no sobrepasó el 4% de votos válidos en el año 2014, el Movimiento Democráta Social, se encaramó en el poder teniendo de cabeza principal a la presidenta transitoria Jeanine Áñez. A diferencia de octubre y noviembre del 2019, las protestas contra el actual gobierno transitorio se han extendido en alrededor de 77 puntos de bloqueo en todo el territorio boliviano.

Se atribuyen dichos bloqueos a la mano del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del ex presidente Evo Morales, cuyos militantes se debaten en la consigna de pedir que ya no se posterguen las elecciones generales para elegir al nuevo presidente de Bolivia y los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en principio debían realizarse el 3 de mayo. A raíz de la pandemia actual, se aplazaron para el 6 de septiembre. Recientemente, el Tribunal Supremo Electoral ha planteado que no existen condiciones de salud pública para que se realicen en esa fecha, y por ello se anunció una nueva postergación hasta el 18 de octubre de este año. Tal historia de vaivenes, al mejor estilo del realismo mágico en la literatura latinoamericana, ha provocado la sorna de algunas personas que, con ironía, señalan “dime cuándo serán las elecciones y te diré cuándo será el pico de la pandemia”; en clara alusión a que incluso las cifras del Coronavirus están supeditadas a las conveniencias políticas del actual gobierno.

Lo que también complica más el panorama social, de salud, económico y político, en Bolivia, es que al parecer no todos los movilizados simpatizan con el MAS de Evo Morales, y en cambio tienen una agenda propia entre las movilizaciones y los bloqueos. Su consigna no pasa por las elecciones, sino por el pedido de renuncia de la presidenta transitoria Jeanine Áñez. Este reclamo, sin embargo, tropieza seriamente con los intereses del MAS, al considerar que el pedido de renuncia de Áñez puede ocasionar que se instale un segundo gobierno transitorio en Bolivia y que las elecciones se aplacen otro año.

Mientras tanto, los medios de comunicación de Bolivia dan cobertura a los enfrentamientos entre policías y bloqueadores en distintas carreteras del país, propalando imágenes, comentarios y criterios que deshumanizan, animalizan y refuerzan un discurso de supuesta insensibilidad como imagen de los bloqueadores. Se les culpa, inclusive, de la precariedad del ya colapsado sistema de salud pública boliviana; algo que, si bien es parte de un discurso tergiversador de la realidad, ha calado sensiblemente en un sector de la población debido a la desaceleración del flujo de medicamentos y tanques de oxígeno como consecuencia de los bloqueos.
Como corolario de esta campaña de desprestigio mediático, se está llamando a una extrema intervención militar en los puntos de bloqueo: un clamor por represión que ya no extraña, viniendo de quienes viene; pero la saña ideológica con que se exige dicha intervención podría estar justificando, ideológicamente, una intervención sangrienta con previsible masacre de grandes proporciones.

De hecho, en sus discursos, los voceros del gobierno de Áñez, y ella misma, en repetidas ocasiones agitan un clamor miserabilista recurriendo al viejo arte de la victimización: frases simplonas y populistas, como que “el gobierno está por la vida y los bloqueadores por la muerte”, evidencian la intentona de generar un panorama que justifique una masacre represiva, al margen del diálogo que fue convocado sin mucho éxito por el oficialismo. Inclusive, el gobierno de Áñez, sorprendentemente, intenta endosarles a los bloqueadores el rotundo fracaso de sus medidas para contener la expansión del contagio y las muertes por el Covid-19.

A esta situación, se suma también el alistamiento de fuerzas de choque paramilitares para enfrentar a los bloqueadores y a quienes protesten por la postergación de las elecciones. Estos grupos represivos tienen su centro en las tres ciudades del eje principal de Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con grupos autodenominados como “Resistencia Juvenil” en los dos primeros, y la Unión Juvenil Cruceñista en la tercera ciudad mencionada. Se caracterizan por extender sus agresiones y enfrentamientos contra pobladores campesinos o de barrios periféricos de aquellas tres principales ciudades en Bolivia, con discursos racistas y aporofóbicos.

En semejante escenario político, de por sí ya muy complejo y peligroso, se añade la extremada policialización y militarización del país; las mismas que ya se expresaban desde octubre y noviembre del 2019, y que la pandemia ha dado la excusa perfecta para profundizarlas. Es decir, medidas tales como la cuarentena ha venido acompañada del control de las calles por la policía y las fuerzas armadas, así como de diversas restricciones al libre tránsito ya sea de personas o vehículos.

Todos estos elementos, entre otros, dan cuenta de un cóctel explosivo en Bolivia próximo a estallar, cuyas consecuencias pueden convertirse en un alto número de más contagiados por el COVID-19, además de múltiples heridos y víctimas fatales por una posible intervención policial con ribetes de masacre. Pero, además, ello vendrá aparejado de una inestabilidad como las que ha vivido Bolivia entre las décadas de 1960 y 1970; es decir, de un periodo de preocupante inviabilidad política, económica y social.

Una vez más, en el escenario boliviano se expresa aquella histórica y espectacular energía insurreccional; pero, a la vez, se avizoran viejos nubarrones que podrían llevar a que esa potencia popular termine siendo apropiada por demagogos y politicastros del momento; o que, peor aún, sea aplastada por intervenciones militares, esta vez posiblemente barnizadas con la marca de misiones humanitarias como los “Cascos Azules” de las Naciones Unidas, algo que ya se viene insinuando en los cables noticiosos Es decir, se cierne, como un deja vú, el triste hecho que los mayores momentos épicos del pueblo boliviano suelen tener desenlaces sin final feliz, sin las urgentes tareas y metas cumplidas. Así lo entendieron James Malloy y James Dunkerley, en sus obras respectivas, significativamente tituladas Revolución Inconclusa y Rebelión en las venas.

ÚLTIMO MINUTO: El jueves 13 de agosto, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley que fija las elecciones hasta el 18 de octubre y, por la tarde, la presidenta y candidata Jeannine Añez la promulgó. Según dijimos, la fecha fue aprobada por el Tribunal Supremo Electoral hace unas tres semanas y en esencia no ha sufrido modificación alguna. Así, los movilizados por el MAS tomarán decisiones en las próximas horas sobre si levantan o continúan los bloqueos, luego de haber denunciado traición de parte del poder legislativo.

De esta manera, queda suficientemente claro que la pandemia pasó a segundo plano, sin importar la salud de la población, y vuelven a aflorar las mezquinas ambiciones electoreras. ¿Qué se logró en toda esta historia reciente? Únicamente sumergir aún más la situación económica de los sectores populares, que deben lidiar contra la escasez y alza de precios de los productos alimenticios, además de cargar a diario con sus muertos: el fruto más dramático del Covid-19, la falta de oxígeno medicinal y, en fin, las inequidades e improvisación históricas del Estado boliviano.

Como lo venimos reiterando, en múltiples oportunidades y coyunturas de crisis y luchas, al pueblo solo le queda organizarse de manera independiente frente a las organizaciones políticas que operan en el espectro electoral de este país; pues, como muestra la última escaramuza entre populistas y conservadores, a ninguno de ellos les importa un bledo defender los intereses populares, sino tan solo medrar en función de sus intereses grupales cabalgando siempre sobre las cansadas espaldas de los sectores más pobres y excluidos.

Tomado de Peru.Comuna colectivo de creación & crítica
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