15 de julio de 2017

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BOLIVIA: PROCESO ABIERTO.

Por: Raquel Gutiérrez, Luis. A. Gómez.

9 de junio de 2006

El gobierno de Evo no es el titular ni el sujeto del cambio y eso va quedando claro de manera vertiginosa. El sujeto del cambio de cualquier transformación posible son, como ayer, como siempre, las múltiples iniciativas tejidas desde abajo.
1. El curso de los acontecimientos

Bolivia vive hoy, a cuatro meses de gobierno de Evo Morales, un momento desconcertado y pleno. Continua abierto un intenso proceso político plagado de conflictos y está en el horizonte la Asamblea Constituyente que, de acuerdo a ley, debe iniciar sus trabajos el 6 de agosto próximo. En este escenario, el Presidente Evo Morales ha reprimido a uno de sus más claros y vigorosos aliados de batallas pasadas, Oscar Olivera, por exigir al gobierno escuchar las voces de los trabajadores de Lloyd Aéreo Boliviano (1), quienes por su parte insisten en comenzar “de una vez” el proceso de “nacionalización” de las empresas públicas privatizadas en la orgía liberal de fines del siglo pasado durante la primera presidencia de Sánchez de Lozada (2). Mientras tanto, las elites dominantes -la derecha que se recupera de la herida electoral arropada en sus “agrupaciones ciudadanas” y se atrinchera en las Prefecturas que conquistó en los comicios generales- conspiran abiertamente y producen una versión alterada de la realidad a través de sus medios de comunicación. Esta derecha estridente e histérica todavía no ha sido tocada y más bien de diversas maneras se le hacen concesiones.

Por su parte, la gente de a pie, la que ha luchado todos estos años en las calles y en los caminos, la que ha recogido los heridos y enterrado a los muertos, observa atenta los pasos del gobierno. Se siente entre ella una gran simpatía por Evo, continúa flotando en el ambiente un cierto sentimiento de revancha contra las elites, que hoy no ocupan el aparato de gobierno. Sin embargo, esa misma gente comienza a mirar con desconfianza algunos de los pasos del presidente y sus colaboradores. En la calle, en las plazas y en las casas se discute sobre política cada vez que se reúnen más de dos personas. Se percibe que en Bolivia sigue abierto el amplísimo proceso deliberativo desde abajo que se inauguró en el 2000 y que ha permitido la formación de los vastos acuerdos generales a partir de los cuales han ocurrido las grandes movilizaciones de los últimos años. Hay confianza en que se pueden transformar muchas de las opresivas relaciones sociales heredadas, aunque no hay mucha claridad acerca de cuáles son los pasos adecuados para conseguir esto.

Para entender cómo está constituido el presente en Bolivia e intentar indagar en sus potencialidades, vale la pena bosquejar brevemente el conjunto de luchas y acontecimientos previos que hoy, anudados en una resultante poco previsible, configuran el espacio y el tiempo político del corazón de América del Sur.

i) En primer lugar, la Guerra del Agua que ocurrió en la ciudad Cochabamba en el año 2000, cuando la gente de la ciudad y del campo oriunda o acogida en ese valle, expulsó con movilizaciones a la transnacional Bechtel, concesionaria de los servicios de agua potable y saneamiento básico en esa región. En este primer triunfo, que fue tal vez la primera derrota del modelo neoliberal en el mundo, fue determinante la participación de los cocaleros del Chapare, los campesinos regantes de los valles y de todos los sectores populares urbanos (3).

ii) Dicha movilización ocurrió simultáneamente al levantamiento indígena aymara de abril y septiembre de ese mismo año, que se repitió en junio de 2001. En aquellos momentos volvió a utilizarse la antigua forma guerrera de “cerco” ahora con el nombre de “bloqueo de caminos”... las movilizaciones de 2000 y 2001 ocurrieron en medio de un clima de agudo descontento y tuvieron como detonante inmediato la amenaza de privatización del agua, esto es, floreció entonces la necesidad social de establecer un límite al saqueo liberal de los bienes comunes, exhibiendo una contundente “capacidad social de veto” a las acciones contrarias al interés colectivo (4).

iii) En febrero de 2003 ocurrió el “motín civil” conocido como “Febrero negro”. Por un lado en El Alto, el antecedente más inmediato de esta movilización fue la amenaza por parte de la alcaldía de imponer un plan de regularización catastral e impositiva a los ciudadanos. Y en La Paz, inmediatamente antes del 13 de febrero, se había promulgado un decreto que imponía una tasa de hasta 8 % de impuestos directa al salario; a raíz de ello, los efectivos policiales se insubordinaron y presentaron un "pliego de peticiones" al gobierno. En esa movilización lo que se hizo evidente fue el grado de fractura y debilidad de las instituciones gubernamentales. Así, una parte importante de la tercera ciudad de Bolivia, El Alto, prendía fuego a los edificios públicos, pues no estaba dispuesta a someterse a los controles, registros y trámites que se le imponían desde arriba. Y mientras, elementos de las dos instituciones estatales que detentan el monopolio de la fuerza, la policía y el ejército, se agarraban a balazos en la sede misma del poder central: la Plaza Murillo de La Paz (5).

iv) Un poco más adelante, en septiembre y octubre de 2003 vino la “guerra del gas”: una serie de bloqueos y paros cívicos en contra de la venta del gas a los Estados Unidos, planificada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que terminó en una insurrección en contra del mandatario boliviano por las masacres ocurridas en las comunidades aymaras y los barrios de la ciudad de El Alto (6). La movilización de cientos de miles de personas, que se extendió a varias ciudades del país, impuso desde abajo un nuevo itinerario político (la llamada “Agenda de Octubre”), que con el transcurrir de los meses se convertiría en el horizonte político de muchos movimientos sociales. Los dos pilares de este horizonte son la nacionalización de los hidrocarburos y la realización de una Asamblea Constituyente, para refundar el país, sin la intermediación partidaria.

v) Finalmente tras un periodo de relativa calma social durante 2004, podríamos decir de repliegue, en enero de 2005 la derecha cruceña volvió a la carga y realizó una serie de movilizaciones y amenazas colocando en la agenda pública el tema de la “autonomía departamental”. Posteriormente, las movilizaciones de mayo y junio dieron fin al gobierno de Carlos Mesa y provocaron que la clase política llamara a elecciones generales el pasado 18 de diciembre. Tales acciones sociales fueron detonadas por la aprobación de la actual ley de hidrocarburos, pero sobre todo por la incapacidad de políticos y gobernantes para atender las demandas de la “Agenda de Octubre”. Estas movilizaciones incluyeron el rechazo a un eventual gobierno del presidente del Senado (o del de la Cámara de Diputados), desplazando inclusive el campo de batalla a la ciudad de Sucre, donde la población urbana y campesinos locales unieron fuerzas con mineros y activistas de otras partes de Bolivia. El acuerdo electoral, logrado en semanas de asedio al poder en La Paz, redujo a la clase política, a los partidos y al Estado, a su mínima expresión.

En medio de todos estos sucesos de resistencia, levantamiento, movilización y deliberación social, ocurrieron dos eventos electorales. En el primero, las elecciones general del 30 de junio de 2002, fue electo presidente Sánchez de Lozada, con menos del 25 por ciento del total de la votación, y Evo Morales quedó en segundo lugar, a menos de dos por ciento de distancia. En el Congreso Nacional, por primera vez en la historia, la representación popular, indígena y campesina, era de más del 20 por ciento de los diputados y senadores: el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales tenía 27 diputados y ocho senadores, y el Movimiento Indígena Pachakuti, liderado por Felipe Quispe, seis diputados más.

Además, en diciembre de 2004, hubo elecciones municipales. Los resultados de estos comicios mostraron la expansión de la influencia del MAS hacia el oriente de Bolivia (incluida la ciudad de Santa Cruz), así como la ocupación de diversas alcaldías por partidos políticos de reciente creación y más cercanos a la base movilizada, lo que ha permitido intentos de gestión municipal más transparentes o de atención real de las necesidades sociales.

Después de este conjunto de sucesos, que exhiben no sólo el grado de polarización social y de fragilidad institucional que se alcanzó en Bolivia en los últimos años, sino sobre todo la contundente capacidad social para intervenir en el asunto público de manera directa, vetando los planes de los gobernantes y dibujando su propia agenda política, tuvieron lugar las últimas elecciones.

2. El escenario tras las elecciones: iniciativas y desconciertos

El 18 de diciembre de 2005 Evo Morales ganó las elecciones con el 54 por ciento de la preferencia electoral; la votación proporcional y absoluta más alta alcanzada por candidato alguno tras la “apertura democrática” de 1982, y logrando la mayor ventaja sobre su oponente que se conoce (más de 20 puntos). Este contundente triunfo abrió un escenario imprevisto y relativamente inédito. En las últimas dos décadas de vigencia de la democracia procedimental, la elección presidencial se ha realizado en el congreso de manera indirecta, después de los comicios, a través de acuerdos y “pactos” entre los distintos partidos y fracciones de la clase política boliviana. Nadie, ningún candidato hasta ahora había alcanzado la mayoría absoluta en las urnas.

Por tal razón, según la ley boliviana los partidos, una vez elegidos los congresistas, negociaban entre sí las “cuotas de influencia” -léase cargos públicos y prerrogativas- que correspondían a cada quien, y una vez de acuerdo, nombraban al nuevo presidente escogiendo entre los dos postulantes con votación directa más alta. No fue así en diciembre pasado, pues el alto porcentaje de votación favorable fue suficiente para que Morales ingresara al gobierno sin tener que hacer acuerdo alguno con otras fuerzas. Este resultado fue una sorpresa para los propios militantes del MAS y quizá esto continúe contribuyendo a generar parte de la confusión que se percibe dentro del propio gobierno.

En aquellos momentos de diciembre y enero, la derecha quedó arrinconada en las Prefecturas, los Comités Cívicos y los medios de comunicación. Era de suponerse que todos sus cuadros saldrían de la administración central que pasarían a ser ocupadas por los partidarios de Morales. Sin embargo aquí comienzan algunas de las acciones gubernamentales que promueven el desconcierto entre la sociedad.

Si bien el gobierno del MAS nombró como ministros a algunos personajes de la lucha popular como Abel Mamani, Casimira Rodríguez o Andrés Solíz Rada; en la conformación de su gabinete, Morales y su equipo en el gobierno también han incluido como ministros, viceministros y otros cargos, a personas surgidas de los partidos de la derecha o de sus grupos “técnicos”. Es el caso del actual ministro de Defensa, Wálker San Miguel, uno de los abogados detrás del proceso de privatización de las empresas estatales. O el de Salvador Ric, un miembro de la élite de Santa Cruz nombrado ministro de Desarrollo Económico, quien ostenta la etiqueta de “empresario de izquierda” y una fortuna personal de 40 millones de dólares en un país donde la renta per cápita anual no pasa de 1.500 dólares (7).

Hasta ahora las medidas más importantes del presidente Morales pueden resumirse en tres acciones -calificadas como “jacobinas” por Adolfo Gilly (8):

• El nombramiento de algunos ministros provenientes del movimientos social y con amplia experiencia de lucha.

• El paso a retiro de 28 generales vinculados a la represión entre 2000-2005 y envueltos en el escándalo de entrega de misiles bolivianos al ejército de Estados Unidos.

• La rebaja de salarios de los más altos funcionarios del gobierno a fin de utilizar los fondos así ahorrados para tareas de educación y salud.

[N del E: Artículo escrito antes de la "nacionalización" de los hidrocarburos]

Por lo demás, todos los temas importantes y sensibles se remiten a la Asamblea Constituyente. La estructura de la tenencia de la tierra altamente concentrada en las zonas más fértiles tras una contrarreforma agraria impulsada por el primer gobierno de Sánchez de Lozada; la propiedad de la riqueza anteriormente pública y de los bienes comunes -o recursos naturales en lenguaje tecnócrata- en disputa; la decisiva cuestión de las formas admisibles y legítimas de representación política en un país con una composición étnica compleja y donde un 70 por ciento de la población se auto-adscribe como “indígena”; la álgida problemática de la carencia de derechos sociales y laborales para más del 50 por ciento de la población trabajadora.

Hasta ahora, el Poder ejecutivo boliviano no ha intervenido prácticamente en este conjunto de problemas, eludiendo sistemáticamente anteriores compromisos para dedicarse a administrar febrilmente lo que existe y contestando a quienes lo interpelan con la consigna de que todo será discutido en la Asamblea Constituyente. En lo que parece una apuesta de casino, el gobierno actual en Bolivia pretende llegar hasta ese evento sin mayores transformaciones y en él, “echando su resto” hacia adelante, modificar el Estado, las formas de producción y hasta las relaciones sociales y políticas. Analicemos entonces brevemente el escenario posible de la Constituyente.

3. La Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente

El 4 de marzo se aprobó en el Congreso la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y dos días más tarde Evo Morales la promulgó en el Palacio Quemado. Dos cuestiones de fondo presentes en dicha ley han sido objetadas por la población cuya movilización y esfuerzo abrieron la posibilidad misma de una Constituyente.

• La primera objeción es la relativa a la forma de elección de los constituyentes, que entraña un debate sobre la más fundamental cuestión de la forma legítima de la representatividad política.

• Lo segundo es el hecho de que la Asamblea Constituyente ha quedado, en los hechos, vinculada al tema de las “autonomías departamentales”, consigna producida por las elites agroexportadoras del oriente del país, fuertemente ligadas al mercado externo, a los intereses norteamericanos y a la prestación de servicios para las transnacionales de los hidrocarburos que operan en Bolivia. Es decir, las “autonomías departamentales” son el nombre de la aspiración de los sectores más ligados y más beneficiados por el modelo neoliberal todavía vigente, quienes en el último año han amenazado con el desmembramiento del país y la secesión.

En relación a la cuestión de la forma de elección, la Ley de Convocatoria especifica en su artículo 7, inciso 5, “los requisitos para ser elegido constituyente”, indicando que cualquier hombre o mujer que pretenda participar en la Asamblea debe:

Ser postulado por un partido político, una agrupación ciudadana y/o un pueblo indígena, o por los frentes o alianzas que se establezcan entre estos...

Esto ha causado gran malestar pues, desde que se puso en el tapete de la discusión pública la cuestión de la Asamblea Constituyente en el 2000, la consigna fue: “Asamblea Constituyente sin intermediación partidaria para refundar el país”. Y hasta hace apenas tres años, el propio MAS sintonizaba con tal aspiración, haciendo eco del hartazgo social reinante hacia los partidos políticos tradicionales, entendidos sobre todo como franquicias para hacer negocios. Sin embargo, en la Ley de Convocatoria los partidos políticos vuelven a ser reconocidos como el sujeto político por excelencia, acompañados en esta ocasión por las “agrupaciones ciudadanas” y por los no definidos en ningún lugar, “pueblos indígenas”.

Ahora bien, las "agrupaciones ciudadanas" son grupos semipartidarios de recambio que fueron legalizados mediante una acotada reforma democrática en enero de 2004, de cara a las elecciones municipales y luego de un intenso debate para modificar la Consitución Política del Estado. Tales agrupaciones son entidades similares a los partidos sólo que más pequeñas y, de hecho, constituyeron la válvula de escape ante el inminente colapso del sistema de partidos que se produjo por la insistente y expansiva movilización y levantamiento indígena popular entre 2000 y 2005. Los dos adversarios electorales de Morales, por ejemplo, participaron en los comicios de diciembre pasado a través de agrupaciones ciudadanas, es decir, de organismos diseñados durante el gobierno de Carlos Meza para facilitar la recomposiciones de las elites amenazadas.

La Ley de Convocatoria entonces no ha abordado la crucial cuestión de la representatividad política, que hasta ahora ha sido monopolizada por estructuras partidarias. Y no lo ha hecho en un país donde existen un sinnúmero de federaciones, sindicatos, juntas vecinales, comunidades, asociaciones y grupos no sólo diversos, y política y socialmente muy activos, sino que son justamente tales entramados organizativos variados y plurales los que han sostenido la movilización y han desplegado el esfuerzo que ha producido la actual coyuntura política.

Los términos del debate sobre Asamblea Constituyente, soberanía y representatividad política, desde 2004, se produjeron en medio de un ambiente de gran confusión. El ex presidente Carlos Mesa nombró a un “Delegado del gobierno para organizar la Asamblea Constituyente” que privilegió la polémica en torno al carácter limitado o no del poder constitutivo de la Asamblea Constituyente, esto es, a la cuestión de si en ella podía ponerse a discusión todo el andamiaje normativo e institucional del Estado o si solamente tenía prerrogativas para realizar reformas menores. En medio de esta polémica académica y burocrática, las cuestiones de fondo de si la representatividad política podía seguir siendo monopolizada por entidades partidarias pasaron a segundo plano, debatiéndose simplemente lo relativo al derecho de los pueblos indígenas a que una parte proporcional de los constituyentes fueran elegidos por usos y costumbres.

En la Ley de Convocatoria que finalmente resultó promulgada no sólo se desconoció el derecho colectivo a representación por usos y costumbres, tal como ya mencionamos sino que además, tal lamentable concesión obligó a diversas organizaciones y movimientos sociales a tramitar su legalización como “agrupaciones ciudadanas” o a buscar acuerdos con las ya existentes -a alquilar la sigla, como se dice en Bolivia, y claro que este alquiler es a cambio de “algo”-, o, sencillamente, a negociar con el propio MAS las listas de representantes.

El otro gran problema que encontramos en la Ley de Convocatoria es la imposibilidad de presentar candidatos para una sola circunscripción, que podría ser el caso de algunos “pueblos indígenas”. Si bien no existe una definición explícita para este término, en Bolivia existen grupos etnoculturales territorialmente asentados que han estado reivindicando el nombre de “pueblos indígenas” y que bien podrían participar en la Constituyente de esta manera. Sin embargo, en el artículo 17 se establecen requisitos para la presentación de candidatos, estipulando que esto puede hacerse sólo a nivel nacional o departamental. De esta forma se cierra la otra manera autónoma de participación que podría haber sido posible: abrir la presentación directa de candidatos a nivel de circunscripción a las fuerzas sociales organizadas en dicha delimitación territorial.

Es claro, pues, que tales diseños institucionales dificultan y/o inhiben la participación ciudadana no mediada por partidos políticos y formalidades inalcanzables. Es decir, en la Ley de Convocatoria se asumen y prácticamente se replican algunas de las más eficaces estrategias de la dominación colonial que persiste en Bolivia: se establecen derechos en la apariencia cuyo ejercicio se inhibe y se entrampa mediante el procedimiento que rige su goce.

Pero además esta forma de elección delimita y cercena parte del supuesto poder soberano y fundacional de la propia Asamblea Constituyente, sobre todo porque el gobierno ha estipulado unos plazos muy breves para que la población organizada de otras maneras -por ejemplo, la población que responde de manera no institucional a la Coordinadora del Agua en Cochabamba-, pueda satisfacer autónomamente los requisitos estipulados (9).

En los términos en los que se ha dado el debate político en Bolivia, podría concederse al Presidente del Congreso Alvaro García Linera, a cargo de la negociación y redacción de la Ley de Convocatoria, el argumento de que el voto corporativo era inadmisible desde el punto de vista del Estado, y de que sólo se podía partir del principio de “igualdad ante la ley”. Pero lo que no se puede admitir es que en el diseño de las modalidades de participación no se asuma que son unos y no otros quienes tienen la posibilidad de ejercer el derecho a ser constituyentes, pues son unos y no otros los que tienen ya a su disposición las mencionadas “agrupaciones ciudadanas”, listas para postular constituyentes. Bajo este diseño, a los movimientos sociales una vez más se les negó el reconocimiento estatal como sujetos legítimos de derechos políticos, y se les obliga a ceñirse a la intermediación partidaria.

En relación a la segunda cuestión planteada, es decir, lo relativo a que la Constituyente queda amarrada al referéndum sobre las “autonomías departamentales”, lo preocupante desde nuestra perspectiva es sobre todo lo confuso de la pregunta que será sometida a referéndum:

¿Está Ud. de acuerdo en el marco de la unidad nacional, en dar a la Asamblea Constituyente el mandato vinculante, para establecer un régimen de Autonomía Departamental, aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en los departamentos donde este Referéndum tenga mayoría, de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del Estado Nacional competencias ejecutivas, atribuciones normativas administrativas y los recursos económico-financieros que les asigne la nueva CPE y las leyes?

En vez de abrir un espacio en la propia Constituyente para discutir el tema de si a Bolivia le conviene seguir siendo una república central y unitaria, o si le conviene más dotarse de una estructura institucional federal, se admite esta confusa pregunta que amparará con seguridad futuros pataleos y amenazas de las elites cambas. Si algo hay que criticar al gobierno de Morales en relación al referéndum autonómico, o más bien al extendido sentimiento en todo el oriente de que el “centralismo paceño” es perjudicial, es no haber sido capaz de articular una postura política que no simplemente concediera lo que la oligarquía cruceña ha ido repitiendo, sino que asumiera el problema hasta el fondo y presentara su propia iniciativa política.

Determinar las prerrogativas de la nación, así como discutir la cesión de ciertas atribuciones que no requieren gestionarse centralmente, es lo que se reclama en Santa Cruz a diversos niveles. Por ello, tomar como única legítima la posición del Comité Cívico pro Santa Cruz en torno a la “autonomía departamental” es un error político del gobierno del MAS, sobre todo después de obtener el respaldo electoral de más de la mitad de la población boliviana y de más del 30 por ciento de la de Santa Cruz.

4. Varias amenazas y una interpretación

En Bolivia está abierto, según esta interpretación, un vasto abanico de posibilidades. Hemos presentado elementos que explican por qué la simple elección de un indígena ni determina ni garantiza una transformación de las estructuras políticas y económicas de dominación, es decir, “gobierno de Evo Morales” no es inmediatamente igual a “proceso de cambio”.

Más bien, en Bolivia se vive actualmente una aguda tensión entre lo que podemos llamar “gobernabilidad heredada” y “transformación autónoma”. Esta tensión abarca tanto al gobierno del MAS como a la propia sociedad boliviana organizada. Por el lado del gobierno, aludir a la tensión que se manifiesta en la frecuentemente confusa acción de poder cotidiana busca expresar la oscilación entre mantenerse en la administración de lo heredado, aceptando toda la inercia asentada en las instituciones, y la voluntad de modificar, hasta donde sea posible desde el gobierno, ciertos aspectos de las relaciones sociales, incluida aquella entre la sociedad y el gobierno.

Por el lado de las múltiples organizaciones sociales, es decir, de la gente que ha luchado en estos últimos cinco años aglutinándose en sus diversas asociaciones, juntas, sindicatos y grupos, la tensión pasa por tomar el riesgo de asumirse como titulares de la soberanía social o por aceptar una vez más, después de tanta lucha y tras las elecciones de 2005, el papel de "gobernados", de “obedientes”, de personas cuyos destinos e intereses tienen que ser gestionados por otros.

La fractura atraviesa a toda la sociedad. El gobierno de Evo no es el titular ni el sujeto del cambio y eso va quedando claro de manera vertiginosa. El sujeto del cambio de cualquier transformación posible son, como ayer, como siempre, las múltiples iniciativas tejidas desde abajo. La cuestión aquí es que todo este torrente de energía encuentre un lugar desde el cual hablar, proponer e intervenir. La parálisis es, en este sentido, la mayor amenaza. Por suerte no parece haberse apoderado de la sociedad llana, pese a los insistentes llamados que en marzo ha hecho el gobierno del MAS para que los gobernados de una vez “se aquieten”. En cierta medida, si recurriéramos a una imagen para dibujar lo que hoy sucede en Bolivia, sin duda habría que representar a Evo Morales intentando montar y apaciguar a una yegua indómita que amenaza salirse una vez más del establo.

El telón de fondo de esta imagen es, sin embargo, preocupante. La derecha atrincherada, resentida y activa comienza a tejer sus nuevas amenazas. Exhibe todo tipo de chantajes y apuesta a dos salidas: o bien atemorizar al gobierno obligándolo a seguir un camino parecido al de Lula, de diligente administrador de la herencia política y económica liberal, o bien prepararse -que ya lo está haciendo- para barrer del escenario al gobierno si es que éste se radicaliza.

El proceso político boliviano, complejo, desconcertante y exigente sigue, sin duda, abierto.

Mexico-Tenochtitlán y La Paz-Chuquiagu Marka, abril de 2006.


Notas

1) Línea aérea que en alguna época fue propiedad estatal.
2) En vez de negociar o atender a los trabajadores, que sin cobrar sueldo durante varios meses tomaron las pistas de algunos aeropuertos como medida de presión, el gobierno de Morales ordenó su desalojo por la fuerza y se quejó de que las protestas sociales emergentes en marzo y abril eran simplemente “un carnaval de protestas”.
3) Sobre la "Guerra del agua" en Cochabamba se pueden consultar entre otras, las siguientes publicaciones: Oscar Olivera y Tom Lewis, ¡Cochabamba! Water war in Bolivia, South End Press, Cambridge, Massachusetts, 2004. Gutiérrez Raquel et al, Tiempos de Rebelión, Comuna, La Paz, 2001.
4) Sobre los levantamientos aymaras en 2000 y 2001 puede revisarse, Pablo Mamani, Geopolíticas indígenas, CADES, La Paz, 2005. También el artículo de Felix Patzi en, Patzi-Hylton-Serulnikov-Thomson, ¡Ya es otro tiempo el presente!, Muela del Diablo, La Paz, 2003.
5) Para entender lo que sucedió en "Febrero negro" puede consultarse, Jim Shultz, Lecciones de sangre y fuego, The democracy center, Cochabamba, 2005.
6) Una meticulosa crónica que permite entender cómo se gestó y desarrolló la Guerra del gas puede encontrarse en, Luis Gómez, El Alto de pie. Una insurrección aymara en Bolivia, Comuna-Indynedia-HdP, La Paz, 2004.
7) Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril de 2005.
8) Gilly, Adolfo. “Los jacobinos bolivianos en su primera semana”, en La Jornada, 30 de enero de 2006.
9) Entre la promulgación de la Ley de Convocatoria el 6 de marzo y el cierre de la inscripción de candidatos el 3 de abril no hubo ni un mes. A lo largo de ese tiempo, cualquier organización social que deseara enviar a un constituyente de manera autónoma tendría que ocuparse de reunir al menos el número de firmas correspondiente al 2% de la votación departamental o nacional. Es decir, algo casi imposible.

Raquel Gutiérrez Aguilar es miembro del Comité de Redacción de SINPERMISO en México. Luis A. Gómez es un analista político que colabora regularmente con el boletín electrónico The Narco News Bulletin.
www.sinpermiso.info, 30 abril 2006

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