15 de julio de 2017

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EL GOBIERNO VIOLA SU PROPIO DECRETO DE “NACIONALIZACIÓN”.

5 de agosto de 2006

Por: ECONOTICIAS.
Un informe oficial del Ministerio de Hidrocarburos confirmó públicamente este viernes que la empresa estatal del petróleo violó el decreto de “nacionalización” de hidrocarburos, al firmar un irregular contrato para la exportación de petróleo con un cuestionado consorcio privado y que fue frenado por la Superintendencia por ocasionar un daño de 38,5 millones de dólares al Estado.

“Sin duda que hubo una infracción al decreto de nacionalización”, dijo el viceministro de Exploración y Explotación, Julio Gómez, en base a un informe preliminar del Ministerio de Hidrocarburos, que establece que el contrato suscrito entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la firma Iberoamérica Trading SRL para la exportación de 2.000 barriles de petróleo al Brasil vulneró el artículo 2 del Decreto Supremo 28771, que prohíbe desde el primero de mayo la contratación de empresas intermediarias para la comercialización de hidrocarburos.

El viceministro Gómez aseguró, además, que “no es aceptable que empresas que están cuestionadas por corrupción o que en este momento están en litigio jurídico por contrabando y por evasión de impuestos (como Iberoamérica y otras vinculadas a la operación) sigan teniendo contratos con el Estado boliviano”.

Gómez dijo que en el caso que involucra a YPFB no habrá impunidad y se sancionará a los responsables. La declaración del viceministro coloca, sin embargo, en una incómoda situación al propio ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, que inicialmente respaldó en forma pública ese contrato, pero que después intentó tomar distancia del escándalo al pedir un pronunciamiento de la Contraloría General de la República.

El pasado 26 de julio, en conferencia de prensa, el ministro Soliz Rada, —acompañado del presidente de YPFB, Jorge Alvarado, el principal artífice del negocio cuestionado—, negó que el contrato de venta de crudo a la empresa Iberoamérica Trading SRL, que a su vez exportaría el petróleo a la empresa brasileña Univen Petroquímica a cambio de diesel oil para el noreste del país, cause un daño económico al Estado boliviano y, por el contrario, aseguró que la operación permitiría un ahorro de 4 millones de dólares para las arcas nacionales.

En esa oportunidad, Soliz Rada y Alvarado, a nombre del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB dieron a conocer un comunicado público, estableciendo que: “(...) se ratifica que el contrato firmado por YPFB con la empresa Iberoamérica es plenamente beneficioso para el país, ya que en definitiva permite la importación de diesel oil a precios menores a otras alternativas y permite el abastecimiento del noreste del país en condiciones adecuadas”.

Soliz Rada y Alvarado intentaron mostrar que en este caso la “Superintendencia de Hidrocarburos ha cometido un error” al negar viabilidad al contrato, según señala el comunicado, emitido poco después de que fracasaran las presiones que sometieron a los técnicos y autoridades de la Superintendencia, a los que exigieron su retracción, tal como denunciaron los afectos.

’Nos querían obligar a que vayamos a firmar un documento, que es el que han leído, que dice que reconocemos que nos hemos equivocado’, dijo el director de Comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos, Jorge Téllez.

’Ellos querían que nosotros firmemos y leamos en esa conferencia de prensa, reconociendo que nosotros nos habíamos equivocado, y no nos hemos equivocado en nada. El análisis técnico administrativo que hemos hecho está cien por ciento correcto y ha sido hecho por expertos de alto nivel profesional y moral, cosa que escasea al otro lado de YPFB’, agregó Téllez que fue respaldado por el superintendente, Víctor Hugo Sainz, colocado en el cargo por el propio presidente Evo Morales, al igual que todas las otras autoridades vinculadas a este escándalo.

Esta decisión de la Superintendencia, que mantiene una cierta independencia del gobierno, a pesar de estar bajo la tuición del Ministerio de Hidrocarburos, obligó a Soliz Rada a pedir una investigación a la Contraloría.

Hasta ahora, Soliz Rada no se pronunció sobre el informe de su propio Ministerio que cuestiona la legalidad del contrato, que él aseguraba que era “plenamente beneficioso para el país”.

Todos estos informes y cuestionamientos pusieron en posición incómoda al propio Evo Morales, quien deberá optar por respaldar a su ministro Soliz Rada y al presidente de YPFB, además de validar el contrato de exportación, que viola su propio decreto o, por el contrario, respaldar a su Superintendente, que frenó el negocio por irregular y lesivo a los intereses nacionales. En cualquier caso, Morales deberá dar un voto de confianza a uno de los dos bandos enfrentados. Todos los involucrados en este tema son hombres de confianza del Presidente.

Los protagonistas del escándalo

Iberoamérica • Propuso el negocio a YPFB para la exportación diaria de 2.000 barriles de petróleo al Brasil. El comprador iba a ser la brasileña Univen.

Univen • Firmó un contrato con Iberoamérica para la provisión de crudo. El acuerdo establece que, luego del proceso de refinación, Univen entregaría a YPFB diesel para el mercado interno.

YPFB • El contrato establece que la estatal boliviana iba a vender petróleo crudo a Iberoamérica y ésta, a su vez, la comercializaría a la brasileña Univen. YPFB recibiría a cambio diesel oil, aunque no los otros subproductos (gasolina, nafta, querosén, GLP y otros).

Vibrapar • La Superintendencia de Hidrocarburos reveló el jueves que esta empresa fue subcontratada por Univen para realizar la refinación del crudo en Brasil.

Superintendencia • Observó la firma del contrato entre Yacimientos e Iberoamérica

Trading SRL. Cuestionó a la estatal boliviana por haber utilizado a una empresa intermediaria.

Comunicado conjunto de aclaración pública

En relación a la Resolución Administrativa SSDH No. 1014/2006 emitido por la Superintendencia de Hidrocarburos, se aclara lo siguiente:

“La Superintendencia de Hidrocarburos ha cometido error de interpretación del artículo 56, inciso a) de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 8 del D.S. 28222”.

“En base a este error en la referida resolución administrativa SSDH No. 1014/2006 deduce equivocadamente que producto del contrato de venta de crudo por parte de YPFB a la empresa Iberoamérica se produce un daño económico al Estado de tres millones 800 mil dólares”, señala el comunicado conjunto.

“Se ha establecido que por el mecanismo de cálculo de regalías e IDH definidas en dichas disposiciones legales, basados directamente en el precio internacional WTI y no así en el precio real, efectivo y pactado en contrato, ni YPFB ni el Estado sufren el menor daño económico”.

“Por el contrario, se ratifica que el contrato firmado por YPFB con la empresa Iberoamérica es plenamente beneficioso para el país, ya que en definitiva permite la importación de diesel oil a precios menores a otras alternativas y permite el abastecimiento del noreste del país en condiciones adecuadas”.

“De acuerdo a los nuevos datos proporcionados por la Superintendencia de Hidrocarburos el día de hoy (miércoles) que corrigen los errores de cálculo cometidos anteriormente, con esta importación el Estado e YPFB ahorran más de cuatro millones de dólares anuales, en relación a otras alternativas de suministro de Diesel Oil”, concluye el comunicado conjunto.

La Paz, 26 de julio de 2006

Firman: Andrés Soliz Rada, ministro de Hidrocarburos. Jorge Alvarado, presidente de YPFB.

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