24 de agosto de 2019

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Las reformas: Vizcarra vende humo

Por: Gabriel Adrian

24 de agosto de 2019

Desde que se instaló usurpadoramente en el poder, Martín Vizcarra ha implementado la estrategia de vender humo para distraer a la población de los graves problemas que acosan al país. En diciembre del año pasado, propuso reformas que supuestamente acabarían con la corrupción en el Poder Judicial y el Congreso. Un par de meses después, ante el aparente bloqueo de las reformas por parte del Legislativo, Vizcarra planteó la cuestión de confianza al Congreso, el que, a su vez, ratificó al presidente. Los congresistas no querían realmente dar su respaldo al gobierno, sino, simplemente, no perder sus curules y abultados sueldos. En julio, el Congreso aprobó las reformas modificándolas sustancialmente para que no afectaran los intereses de los congresistas y sus redes mafiosas. En respuesta, Vizcarra propuso, en su mensaje presidencial del 28 de julio, adelantar las elecciones. Con esta propuesta, Vizcarra pretende mantener su popularidad en la población, pero sobretodo distraer de la entrega que está haciendo de nuestras tierras y recursos naturales al gran capital chupasangre.

Siguiendo la pauta planteada por gobiernos anteriores, especialmente por el de Fujimori, antes del autogolpe de 1992, Vizcarra pretende hacer creer, con el apoyo de la prensa lumpen y servil, que, cerrando el Congreso, se solucionarán los problemas del país. Claro está que el Congreso es un lodazal en que se juntan personajes hundidos hasta el cuello en la corrupción. Los congresistas modificaron, por ejemplo, la reforma propuesta por el Ejecutivo, según la cual un órgano independiente decidiría sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Evidentemente, los parlamentarios evitaron esta reforma. De igual manera, el Congreso cambió la propuesta referida a la financiación de los partidos para evitar aportes irregulares. Estas reformas fueron bloqueadas fundamentalmente por las bancadas fujimorista y aprista, en un contexto en que congresistas de estas bancadas tienen abiertas investigaciones por diversos delitos, siendo el caso más popular el de Becerril, de la bancada fujimorista.

Vizcarra ha sido muy audaz en presentar al Congreso como el causante de todos los males y en usar el descontento en la población, que no se ve representada por esta hedionda institución. Vizcarra dice que el clamor popular es que el Parlamento peruano se cierre y no se equivoca. El problema reside en que, si se disuelve el Congreso y/o se llaman a nuevas elecciones, serían elegidos los mismos parlamentarios o parecidos de las mismas bancadas políticas. El APRA y el fujimorismo son las dos únicas organizaciones que tienen estructuras partidarias, además de cuantiosos recursos financieros, y lo más probable es que vuelvan a obtener un número nada despreciable de curules parlamentarios, aunque menos que los que tienen en el actual Parlamento. El otro problema radica en que parlamentarios probos harían quizás del Congreso una institución más decente, pero no garantizarían que este promulgue leyes que resguarden los intereses de pueblo, pues ese Congreso seguiría dando leyes que favorezcan los intereses de las grandes empresas mineras, que sirvan para pisotear los derechos de los trabajadores y campesinos y para continuar depredando nuestros recursos naturales.

La corrupción es un grave problema. Eso no lo negamos, sobretodo la corrupción a gran nivel,que hace posible que las grandes empresas obtengan las leyes que les favorecen, que las exceptúan de impuestos, que permiten explotación minera o petrolera en zonas protegidas, o que recortan aún más los derechos de los trabajadores. Si no existiese corrupción, las grandes empresas encontrarían otras formas de obtener sus prebendas. En países del centro capitalista, como Alemania o Francia, las grandes empresas obtienen las leyes que les convienen a través de mecanismos “legales”: mediante la cercanía de los partidos a consorcios empresariales, o con contratos de los altos funcionarios de los partidos con las empresas, entre otros. Por ello, tampoco la propuesta de reforma que apunta a un mayor control de los partidos políticos garantiza que los mismos no se sigan vendiendo al gran empresariado. En Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, los partidos reciben legalmente financiamiento del gran empresariado, con lo que se asegura que las leyes que se aprueben beneficien a sus intereses. En Alemania, ocurre lo mismo; es más, el partido gobernante de la Democracia Cristiana Alemana (CDU) recibió ingentes donaciones, y el excanciller Helmut Kohl, “Héroe de la Reunificación Alemana”, se negó a dar el nombre del donante: este era, de seguro, un grupo empresarial al que su gobierno favoreció.

Vizcarra ha sido tan astuto, pues ha hecho creer a la población que, con estas reformas, él y su gobierno luchan contra la corrupción y acabarán con todas las deficiencias del país. Vizcarra cuenta, de seguro, con buenos asesores que le han dicho que esta es la manera de mantener tranquila a la población, y subir en los índices de popularidad. Pero lo cierto es que estas reformas significarían solo un retoque al sistema de explotación vigente en el Perú, pues, aunque la corrupción es uno de los más grandes problemas del país, no es el principal, ya que el mayor problema del Perú es hallarse gobernado por grupos de poder económico de la gran burguesía, que se recambian en el poder cada cierto periodo y coyuntura. Esto se ha hecho más que evidente en los últimos años, sobre todo desde el primer gobierno de Fujimori en adelante, ya que todos los gobiernos de turno han mantenido el modelo neoliberal, y, en este marco, se han mantenido también las desigualdades.

Según estudios realizados por Oxfam, el 10% más rico de la población tiene una participación de más del 33% del PBI del país. 4 millones de peruanos viven en la pobreza, pero 12 millones se encuentran al margen de la pobreza (1). Con el cuentazo del crecimiento económico, se engaña y chantajea al pueblo, y se oculta que ese crecimiento favorece a una pequeña parte de la población: la gran minería da trabajo solamente al 2% de la población económicamente activa (PEA), y es, precisamente, bajo este sistema neoliberal que se favorece a las grandes empresas nacionales y extranjeras, sobre todo a la gran minería. Desde los años 1990, se ha lotizado el país y se lo ha entregado a la gran minería e inversión petrolera. El entreguismo cobra su mayor expresión en el hecho de que las grandes mineras pagan bajos impuestos: de los más bajos del continente, en realidad, y, para colmo de males, estas empresas tienen acumuladas deudas con el Estado que no pagan por años.

Así que estas ingentes ganancias no recalan en el bienestar del pueblo (algo, por lo demás, usual en la historia peruana desde la Colonia hasta los tiempos republicanos, como ahora). Segúnlas estadísticasdel estudio “Brechas latentes: índice de avance contra la desigualdad en el Perú 2017-2018” que considera, entre sus parámetros, la pobreza extrema y la miseria, de la organización internacional Oxfam,la pobreza en el Perú aumentó y la lucha contra la desigualdad se estancó en los dos últimos años.

Ante estos hechos, queda en evidencia que las reformas planteadas por Vizcarra no traerán beneficios a la población. Ya lo escribimos en un artículo anterior con respecto al referéndum, cuando dijimos que las propuestas del Ejecutivo daban risa, ya que, además de las arriba mencionadas, Vizcarra propuso otras reformas que no le hacen ni cosquillas a los poderosos del Perú, que se enriquecen con este sistema de explotación, y una de las propuestas más publicitadas fue que los congresistas no podrán ser reelegidos. Pero ¿acaso alguien cree, realmente, que esto elevará la calidad de los parlamentarios? Los partidos buscarán otras personas, quizás con un prontuario mayor que el de los actuales, para que ocupen las curules parlamentarias, por lo quepensar que esto contribuirá a acabar con la corrupción puede ser ingenuidad, o cinismo.

Otra de las más sonadas propuestas es que no podrán candidatear al Congreso quienes hayan sido condenados por más de 4 años por acto doloso. No obstante, bien sabemos que el Parlamento peruano está lleno de delincuentes de cuello y corbata, y con mucha influencia en el Poder Judicial. Por ello, pueden delinquir de manera impune, como sucede hasta la actualidad. Esta medida puede servir, en cambio, para excluir a activistas sociales que han sido condenados por dirigir una huelga, por bloquear una carretera, o que han sido inculpados de pertenecer a una organización guerrillera.

Asimismo, la propuesta de que los partidos políticos realicen elecciones internas para elegir a sus candidatos no garantiza en lo absoluto que los candidatos elegidos no sean corruptos, pues bien sabemos que los políticos tienen su clientelaje en el interior de sus partidos, que los mantienen a punta de puestitos, prebendas y sacos de comida, según la necesidad de los miembros de su partido que los apoyan.
Vizcarra ha pretendido distraer a la población acerca de los agudos males que afectan el país. Por ejemplo, se pretendió imponer el proyecto minero Tía María a sangre y fuego, pero, ante las masivas protestas generadas, se dio marcha atrás y se declaró la suspensión del proyecto minero. De igual manera, Vizcarra ha pretendido colar por la puerta falsa, con la represión correspondiente, la construcción del aeropuerto de Chincheros, que incluso pone en peligro las ruinas de Machu Picchu, con lo que se da cuenta de que el Ejecutivo, con Vizcarra, toma una y mil medidas para favorecer al gran capital, como lo hizo en diciembre del año pasado al exonerar a las mineras de impuestos.

Por otro lado, el hecho de que aparezca un audio revelado hace unos días en que se escucha a Vizcarra sugerir que “van a revertir” el proyecto Tía María no significa un vuelco hacia la izquierda en la posición de Vizcarra, como lo señalan los fujiapristas, sino que lo único que está haciendo es recular, porque la situación se le va de las manos yporque la protesta popular en el sur lo puede debilitar aún más. Lo mismo hizo Alejandro Toledo en 2002, cuando, ante masivas protestas, dio marcha atrás en la privatización de las empresas eléctrica EGASA y EGESUR. Pero estas maniobras no hicieron ni hacen a Toledo ni a Vizcarra izquierdistas ni mucho menos, sinoque muestran que solo dieron y que está dando marcha atrás ante situación que se torna insostenible, pero garantizando, no obstante,la continuidad del modelo neoliberal que propugnan.

Vizcarra podría rechazar las reformas modificadas por el Ejecutivo y cerrar el Congreso. La ley lo permite, el Tribunal Constitucional lo permite, pero no lo hace y, como siempre, sale con su frasquito de cebo de culebra y propone adelantar las elecciones. De esta manera, Vizcarra promete, indirectamente, que el Congreso cambiará y, a la vez, renuncia a sus supuestas reformas que transformarían el sistema político peruano, ya que da la oportunidad a los congresistas a que regresen remozados, legitimados por nuevas elecciones, lo que demuestra que Vizcarra capitula ante el fujiaprismo.

Con todo lo expuesto,se demuestra que las pomposas reformas, publicitadas por todo lo alto por el régimen del actual presidente peruano, no representan ninguna solución real ni efectiva en relación con las necesidades e intereses de los sectores populares, porque las grandes empresas y la gran burguesía siempre encuentran su camino (su otro sendero) para recibir favores de los gobiernos de turno. Por ello, una vez más, no queda sino alentar a la organización de los trabajadoresdesde el campo, para hallar y recorrer juntos un camino autónomo e independiente, y a que no se dejen embaucar ni comprar por las promesas retóricas de quienes han demostrado, de un sinfín de modos, políticas y experiencias, a quiénes sirven en la práctica. Además, se requiere que las masas generen en sus luchas un Partido Comunista que sea capaz de erigirse como vanguardia de las luchas populares y servir a su triunfo.

Fuentes:
(1) Oxfam (2019) Riqueza y desigualdad en el Perú. Visión panorámica; (2019) Brechas latentes. Índice de avance contra la desigualdad en el Perú 2017-2018