9 de diciembre de 2018

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Álan García Pérez

Un delincuente ejemplar

Fuente original: Colectivo Perú Comuna

9 de diciembre de 2018

Al Capone tenía en jaque a la justicia gringa. Aunque se había convertido en jefe de la mafia de Chicago, no había manera de probarle los delitos y muertes que llevaba en su cuenta. A un agente del FBI se le ocurrió una idea que, al principio, pareció inocua: hacerle un proceso por evasión de impuestos. Y dio resultado. Al Capone fue procesado y condenado por evasión de impuestos. El paralelo con la historia de Alan García Pérez es evidente. Su prontuario es comparable al del mafioso de Chicago. Al ex-presidente se le acusa de genocidio, asesinato, malversación de fondos públicos, corrupción de funcionarios, robo, entre muchos otros actos delictivos. García siempre se pudo salvar por su confabulación con el fujimorato y otras fuerzas políticas -Izquierda Unida incluida-, y por el apoyo de un sector de la gran burguesía.

Esta vez, García podría por fin ser juzgado por un caso, digamos, menor dentro del amplio prontuario que tiene. Se le está investigando por donaciones ilegales recibidas de la empresa brasilera Odebrecht. En otros países, no existen límites para donaciones partidarias. En casi todo el mundo, también en los Estados Unidos y en Europa, los partidos políticos son financiados por grandes empresas para que, después, los gobiernos de turno promulguen leyes que las beneficien. Los políticos, a su vez, se benefician con las prebendas individuales que obtienen de aquellas empresas, y todos contentos. Así funciona el verdadero juego de la democracia liberal, en Perú, Alemania, Estados Unidos y demás países. La diferencia es que, en el Perú -país de los vivos-, la crisis política que asfixia a quienes siempre han gobernado hace que estos se disputen la repartija del botín; pero, al temer una escalada de insurgencia popular, buscan formas de dorar la píldora y engatusar con que el sistema imperante, corrupto por antonomasia, funciona.

García está en apuros por haber recibido “donaciones” y “pagos” para, después, beneficiar a la empresa Odebrecht con millonarias licitaciones públicas. Sin embargo, cabe recordar que García no está procesado por su peor crimen: los asesinatos que ordenó, durante su primer gobierno, en el marco de la lucha contrasubversiva contra el Partido Comunista del Perú-PCP (también conocido como “Sendero Luminoso”) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). García dio la orden directa a la Marina para asesinar a presos políticos (la mayoría de los cuales no tenían sentencia) acusados de integrar “Sendero Luminoso” en las cárceles de Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón el 18-19 de junio de 1986. Según testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), quienes se rindieron en El Frontón fueron ejecutados a balazos y con armas blancas. El semanario “Hildebrandt en sus trece” publicó, además, un reportaje con las declaraciones de José Francisco La Madrid -un mayor retirado del Ejército Peruano-, quien reveló que Alan García ordenó la ejecución de presos. En aquella oportunidad, para querer salvar su responsabilidad, este dijo: “O se van ellos o me voy yo”, refiriéndose a los perpetradores de la masacre. Al final, nadie se fue, y continuó la guerra sucia contra ambos movimientos subversivos. Desde el Estado, asimismo, se aplicó una guerra de arrasamiento inclemente contra el movimiento popular: lo prueba una serie de matanzas como las de Cayara, en 1989, con 70 campesinos asesinados por el Ejército; y la de los Molinos, en el mismo año, con 70 militantes del MRTA asesinados. Ambas constituyeron las mayores masacres de aquel momento.

Sin embargo, como queda dicho, el prontuario de García es inagotable y da para sendos volúmenes sobre la historia de la infamia en el país (una historia aún no escrita, en búsqueda de autor, dicho sea de paso). Su comprobada voluntad autoritaria, de vocación fascista y genocida, también la puso en práctica durante su segundo gobierno (2006-2011: considerado, por todas las tiendas políticas, como mejor que el anterior) con “El Baguazo”.El 5 de junio del 2009, sendos decretos legislativos aprobados por aquel régimen provocaron protestas y una sangrienta represión de la policía contra pobladores indígenas, en la zona denominada Curva del Diablo (Bagua). Murieron 22 policías, 10 civiles y desapareció el mayor PNP Felipe Bazán (inclusive, familiares de los policías fallecidos denunciaron penalmente a García por homicidio culposo). Los decretos que desencadenaron la violencia pretendían promover la inversión en la Amazonía peruana; pero las comunidades indígenas alertaron que se violaban sus derechos, y se opusieron organizadamente. El mismo día de los sucesos y matanza en Bagua, Alan García declaró ante la prensa, muy suelto de huesos, que los pobladores indígenas no eran “ciudadanos de primera clase”.

Así y todo, el bufalesco líder del Apra quiso llegar a la presidencia de la República por tercera vez. Su votación, sin embargo, fue tan ridícula que apenas alcanzó para cinco parlamentarios, quienes hoy son sus fieles escuderos ante la cobarde huida a la embajada de Uruguay solicitando “asilo político” (algo que es rechazado por una amplia mayoría de este país).

Por otro lado, Alan García afronta cuatro acusaciones constitucionales que están paralizadas, entre las cuales se halla el caso de los “Narcoindultos”. Durante su segundo gobierno, este sujeto dio curso a más de 5000 conmutaciones de penas y más de 200 indultos a narcotraficantes, todo lo que se halló condicionado a retribuciones económicas. Asimismo, recordemos que los “Petroaudios” (llamado también “Petrogate” en medios internacionales) fueron, sin duda, el mayor escándalo de corrupción de su segundo gobierno; donde figuraron dos patéticos personajes, mil veces satirizados por las mayorías. A través de unos audios (una de las más recientes y eficaces maneras para testimoniar la corrupción en las altas esferas del poder, junto con las intervenciones en comunicaciones privadas o grupales por Internet), se escucha al aprista Rómulo León informar a Alberto Químper, ex director de Perú-Petro, que la compañía Discover Petroleum estaba dispuesta a pagar 5000 dólares mensuales por ayudarla a ganar los contratos. Ambos estuvieron presos tres años. Durante las investigaciones, Alan García dijo desconocer las negociaciones con Discover. Esta afirmación fue desmentida por Rómulo León, quien aseguró que el líder aprista sí estaba al tanto.

En fin, hay que sumar a dicha lista de desfalcos, desde el poder político, los casos investigados de “Business Track” donde se reveló que Alan García, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca habrían formado parte de una “organización delictiva” para evitar que se esclarezcan las actividades ilegales de esa empresa. García Pérez es también investigado por haber recibido cuantiosos y desproporcionados pagos de empresas brasileras, en miles dólares, para dar conferencias: empresas que, después, obtuvieron suculentas licitaciones durante su segundo gobierno. Aun así, esta acusación es nimia en comparación con la larga lista de acusaciones de las que García siempre se supo librar, y que empezaron con el caso del banco BCCI durante su primer gobierno. En aquella oportunidad, ordenó transferir fondos del erario nacional a esta entidad financiera, la misma que luego se evidenció como un banco chatarra y donde se lavaba dinero (procedente de los carteles colombianos de la droga y del General Noriega en Panamá). García se salvó de ser juzgado de esta, así como de otros casos ya referidos.

Queda en evidencia que García Pérez ha sido blindado, también, por grupos empresariales nacionales y extranjeros, en agradecimiento por sus servicios prestados haciendo aprobar leyes y licitaciones que los favorecieron. El corrupto ex-presidente aprista fue un fiel sirviente de la gran minería; y ha recibido el apoyo fiel del imperialismo yanqui que siempre vio en él a un aliado.

Pero Alan García también ha presumido del grado académico de doctor sin tenerlo; e incluso firmó documentos de la Universidad de San Martín de Porres con ese título, cuando solo es magíster. El exmandatario fue denunciado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de autoridad. Ante el escándalo, dio la cara y reconoció que no ostenta el grado de doctor; sin embargo, fiel a su estilo, calificó la denuncia como una “tontería” minimizando su delictiva acción.

Alan García está a la cabeza de un partido en franca retirada, golpeado constantemente por denuncias contra sus integrantes y principales dirigentes, a quienes desafilia cuando se descubren sus vínculos con la corrupción o el narcotráfico. Entre los personajes que pertenecieron al partido de la estrella se encuentran Aurelio Pastor, sentenciado a cuatro años de prisión por tráfico de influencias; Facundo Chinguel, preso en el penal Ancón II, acusado de montar una red criminal; y el citado Rómulo León, quien estuvo preso por el caso ‘Petroaudios’. A ellos se suma Gerald Oropeza, quien sigue prófugo y es investigado judicialmente por el presunto delito de tráfico de drogas.

UNA NUEVA CONVIVENCIA PARA UN NUEVO SIGLO

Es justamente su búsqueda por la impunidad, ante todo este tipo de miserias en su trayectoria política y personal, lo que llevó a García y el Apra a su alianza con el fujimorato. Cuando esta bancada pretendía aprobar, en 1991, un paquete de leyes que incrementase el poder del Presidente en la lucha antisubversiva, y que profundizase el modelo neoliberal, recibió el apoyo de la bancada aprista. Este fue el agradecimiento del partido de Haya de La Torre al fujimorato, al haber bloqueado la investigación contra García Pérez por la masacre de los presos políticos en 1986. Y fue el inicio de una alianza, a veces conflictiva, pero alianza al fin y al cabo, entre ambas tiendas (o bandas) políticas.

García Pérez niega este contubernio, afirmando que fue perseguido por Fujimori y que tuvo que exiliarse en París. Sin embargo, cuánto lo benefició salir del país, cuando había una andanada de denuncias en su contra y que al fujimorato no le interesaba investigar. Quién puede creer, entonces, la historia que se escapó con su voluminosa y poco cimbreante figura, a lo James Bond, por el techo de su mansión de Chacarilla del Estanque, al estar rodeado por unidades de la policía e inteligencia, muy similar al escape que tuvo el colombiano Pablo Escobar, sólo que el llamado “Patrón del mal” tuvo menos fortuna que García, fue acribillado a balazos en su intentona de fuga.

En todo este oscuro camino recorrido, además de los soportes económicos y políticos, hay un tercer factor que es el Poder Judicial. Es vox populi que, en este poder del Estado, las repartijas se dan en contubernio y lucha entre fracciones (mafias) en su interior; las que se benefician con los fallos para uno u otro partido. Las fracciones más influyentes en el Poder Judicial fueron, hasta hace pocos años, las del Apra y el fujimorato. Ambas blindaron con sus fallos no sólo a García Pérez, sino también al clan Fujimori y otros políticos. No es de extrañar que, en la actualidad, la bomba haya reventado no por investigaciones en el Perú, sino en Brasil. Si hubiera sido en el Perú, nada hubiera pasado.

En resumen, García Pérez tenía un buen andamiaje que se armó desde su partido, el Apra, y a través de sus dos gobiernos que favorecieron a grupos empresariales y al imperialismo yanqui. Por esta práctica y estilo, encarna el modus operandi de hacer política en el Perú: la lumpen-política. Es decir, la política que se hace desde los acuerdos a puerta cerrada, cambiando leyes al antojo del cliente de turno, amañando sentencias judiciales, llenando el bolsillo propio, dejando en el camino a amigos y enemigos (como la traición de García Pérez a Rómulo León Alegría), y comprando lealtades. Es decir, la política del “pendejazo criollo”, del lumpen. Alan García Pérez personifica esta política a cabalidad. Pero no está solo. Todos los presidentes y candidatos presidenciales siguen este modelo. Kuczynski (PPK), el típico gamonal amigazo de las transnacionales; el borrachín Alejandro Toledo, y el “Capitán Carlos”: Ollanta Humala, están investigados por actos de corrupción con la empresa Odebrecht. Lo mismo sucede con “la señora K” (hoy en merecida prisión preventiva, junto con algunos de sus cómplices, por la decidida acción conjunta del fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho), Keiko Fujimori, hija del ex dictador, ex primera dama de la nación y actual lideresa de Fuerza Popular: se trata de una dirigente política que nunca trabajó, pero que siempre ganó como nadie, y quien está siendo investigada en diversas fiscalías por el dinero utilizado en sus dos campañas presidenciales, presuntos vínculos con la constructora Odebrecht y como parte del Caso Joaquín Ramírez. Esto es lo que sabemos ahora; mas cuántos otros casos seguirán empolvados en el Poder Judicial por las criolladas de los ex-presidentes, y sus jueces y fiscales lacayos.

SALVO EL PODER TODO ES ILUSIÓN

El hecho que todos los presidentes, desde 1980 en adelante, estén hundidos hasta el cogote en la corrupción demuestra que esta es funcional al sistema político. El gran capital transnacional se ha valido de la corrupción para facilitar su penetración en países como el Perú. La gran burguesía peruana ha actuado de aliada en este proceso, compartiendo dividendos. No han bastado leyes que favorezcan las grandes empresas, regalen los recursos naturales y loticen el país. El gran capital ha contribuido a estructurar un sistema político, legislativo y judicial favorable. No se trata solamente de los mencionados ex-presidentes y del actual mandatario Vizcarra, quien tiene 17 procesos judiciales pendientes. Se trata de un sinnúmero de congresistas, altos funcionarios de ministerios, jueces, fiscales e incluso comunicadores sociales, a los que debemos sumar las raterías que sistemáticamente se han venido constatando en los gobiernos regionales peruanos y en los más recónditos municipios distritales y provinciales del Perú, donde el latrocinio, la concusión, el peculado y la coima se tornaron una actividad rutinaria y cotidiana, situación evidenciada por centenares de procesos judiciales y el desfile carcelario de estos personajes parroquiales.

Así que la mesa está servida para el festín de la expoliación (y esto viene de antiguo). Es de ingenuos, o cínicos, afirmar que esta situación se va a cambiar con una nueva Constitución o una cámara de senadores. El cambio no vendrá por las urnas, lo que es una irrefutable lección de la historia universal. Hace falta un cambio radical que remeza los cimientos del poder en el país. El gran drama es que no existe una vanguardia capaz de organizar y movilizar el creciente descontento popular. Lo único digno, ahora, es rechazar aquellas propuestas reformistas lanzadas por la remozada izquierda del Frente Amplio, cuyos integrantes, aliados y adeptos principales, apoyaron en el pasado a aquellos sátrapas; y, al mismo tiempo, tomar las calles, plazas y caminos de todo el territorio nacional para traerse abajo mediante sucesivas movilizaciones organizadas los nuevos montajes del gobierno que, como ha sido la práctica habitual, pretende volver a engañar a las mayorías populares.

Perú.Comuna colectivo de creación & crítica diciembre 2018

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