14 de octubre de 2018

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JUICIO DE TARATA: LEYES Y JUECES DE LA CORRUPCION

Por: Gabriel Adrián.

18 de septiembre de 2018

Ayer, la Sala Penal Nacional para casos de Terrorismo declaró culpable a miembros del Partido Comunista del Perú (PCP), conocido como Sendero Luminoso por el coche bomba que explosionó en la calle Tarata, Miraflores, Lima, el 16 julio de 1992. Abimael Guzmán Reynoso fue condenado a cadena perpetua y los demás acusados a 25 años de cárcel. En este juicio se ha puesto en evidencia una vez más que el Estado peruano no respeta sus leyes ni principios fundamentales de un Estado de derecho. El Poder Judicial, que nada en las aguas putrefactas de la corrupción, es una mera arma del poder político y económico.

La Procuradoría y Fiscalía no presentaron ninguna prueba para sustentar su acusación, ningún documento del PCP en el cual se asegure haber planeado tal atentado, ni ninguna declaración seria de algún miembro de la cúpula del PCP. La Fiscalía usó argumentos que no resisten la más mínima lógica y sustentó su acusación en documentos del PCP en los que se sostiene que el trabajo en las ciudades adquiría ya una importancia mayor hacia fines de los años ochenta. No presentaron ningún documento que acredite que la muerte de civiles ajenos a la lucha militar fuese parte de la estrategia de la guerrilla maoista.

Los miembros del PCP han repetido durante y antes del juicio que el coche bomba debía explotar delante del Banco de Crédito, que era una acción contra el gran burguesía financiera. Un grave error de cálculo de los militantes a cargo de la acción llevó a que el coche bomba explote en la calle Tarata causando la muerte de 25 personas. La Comisión de la Verdad da, en su Informe Final, fe de esta versión del PCP: "(...) según Guzmán, la posterior explosión del coche bomba en la calle Tarata, que contradecía el interés por ganar a la burguesía nacional" . Aquí cabe destacar que la Comisión de la Verdad se esforzó por presentar una imagen negativa del PCP, sindicándolo como el principal violador de DDHH durante el conflicto interno, restandole responsabilidad a las fuerzas militares, policiales y paramilitares que fueron que tenían una política de exterminio y que fueron largamente responsables por la mayor cantidad de muertos.
Dentro de la estrategia del PCP no se consideraba causar la muerte de civiles ajenos a la confrontación militar. La explosión del coche bomba de la calla Tarata constituye el único acto de su naturaleza durante el conflicto armado. Esto se debe a que fue un error como lo manifiesta el propio Guzmán Reynoso. Si el PCP hubiera querido golpear a la gran burguesía hubiera buscado otro objetivo realmente idóneo. El matar a personas de la gran burguesía que no tuviesen responsabilidad política no pertenecía a la estrategia de la guerrilla maoista. Además, en la calle Tarata no se golpeaba la gran burguesía y el PCP lo sabía.

Otro aspecto que evidencia el carácter político de la acusación fiscal es que se sostiene que todas las decisiones eran tomadas verticalmente por el Comité Central. Eso contradice los documentos del PCP, todos los estudios sobre la guerrilla maoista e incluso informes de la policía e Inteligencia. El PCP era una organización altamente descentralizada. El Comité Central desconocía de las acciones específicas que realizaban los destacamentos del Ejército Guerrillero Popular. El Comité Central sólo daba los lineamientos generales y cada Comité Regional los implementaba de manera independiente.

Este juicio viola principios fundamentales del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal. El principio in dubio pro reo, en caso de duda se favorece al acusado, ha sido obviado ampliamente en este proceso. La Sala Penal ha dictado su sentencia basándose en suposiciones que no tienen asidero en los hechos, no se han presentado pruebas fehacientes.

El Estado peruano quiere retener a sus mazmorras a acusados que ya han cumplido sus condenas y que, a pesar de ello, no son liberados. El caso más escandaloso es el de Osmán Morote Barrionuevo que fue condenado por terrorismo en 1988 a 25 años de prisión. El debería haber sido puesto en libertad en 2013. Contrariando todo principio jurídico de un Estado de derecho y convenios internacionales suscritos por el Estado peruano, Morote Barrionuevo fue puesto en arresto domiciliario en abril de 2018. La Fiscalía sostiene que Morote Barrionuevo tiene responsabilidad porque coordinaba desde la cárcel. Al respecto hay que sostener que los presos del PCP fueron aislados desde el 5 de abril de 1992, día del autogolpe de Alberto Fujimori. Morote fue herido en la masacre que cometieron las Fuerzas Armadas el 5 y 6 de mayo de 1992 . Como pudo ser Morote responsable por la fallida acción de Miraflores que tuvo lugar el 16 de julio de 1992 ¿ por telequinesis? No hay papel que aguante este argumento.

La sentencia condenatoria a los miembros del PCP devela el carácter antidemocrático del Estado peruano y el carácter político del Poder Judicial del cual no se puede esperar justicia. Los jueces y fiscales no tienen ninguna autoridad ética para dirimir juicion alguno porque están hundidos hasta el cuello en las heces de la corrupción. No se puede esperar nada más de estos jueces lacayos del poder.

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