4 de junio de 2017

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TERRORISMO. PERU. DERECHOS HUMANOS.GUZMÁN

Por Juan Olórtegui Pazos (Johannes) Generaccion.com.

24 de octubre de 2016

¿Quiénes son los auténticos terroristas en Perú?: son los políticos integrantes de la clase política dominante, defensores de su modelo "demoliberal". Los secundan todos sus ayayeros que medran de las granjerías que reciben de su "sistema democrático", y los guardianes cancerberos de su modelo demoliberal (militares):

LAS DESAPARICIONES FORZADAS Y LAS TORTURAS, APLICADAS POR EL ESTADO:

Por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Perú, guardianes del viejo y caduco orden, siempre aplicaron torturas a los enemigos políticos del sistema de opresión, aunque solamente fueran sospechosos de ser subversivos. Vea usted lo que hacían las Fuerzas Armadas de Perú en la década de los ’80, en el cuartel Los Cabitos, en Ayacucho, en lo que ellas llamaban "lucha anti-subversiva": Siendo jefes supremos del Comando Político Militar de la zona de Ayacucho, los generales Ejército Peruano Clemente Noel, Wilfredo Mori Orzo y Adrián Huamán Centeno, los militares del ejército peruano bajo sus órdenes, se cuestraban a civiles considerados por ellos "sospechosos de ser terroristas" (esto, de 1,983 a 1,985): los militares, sin portar orden judicial de arresto, penetraban en sus viviendas, y los conducían a viva fuerza a los interiores del Cuartel "Los Cabitos", de la ciudad de Ayacucho.


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A los militares no les importaba secuestrar a escolares. A Edy Sulca Gómez de 17 años, lo detuvieron en una batida, y lo asesinaron. Eloy Barrón, era un escolar de 19 años. Una patrulla militar lo sacó de su domicilio en la madrugada del 27 de Julio de 1,984, se lo llevaron y lo asesinaron. Su madre, recuerda sus últimas palabras: "mamá, no llores; soy inocente".Otro escolar: Gregorio Canchari: fue detenido por los militares, el 12 de Marzo de 1,984, cuando salía de su colegio luego de rendir su examen; se lo llevaron a la "Casa rosada" donde lo torturaron, y nunca más se supo de él.

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Cuando los familiares acudían a preguntar por sus seres queridos, los oficiales los negaban. Ninguna autoridad civil podía ingresar al cuartel, porque la zona se encontraba en "estado de emergencia", y toda la zona estaba bajo el control político de la Fuerza Armada. Los militares los sometían a los secuestrados a torturas, para luego asesinarlos. Casi ningún secuestrado salía con vida del cuartel, a fin de que no denunciara lo sucedido dentro. Los cadáveres de los civiles asesinados, eren cremados por los militares en un horno crematorio al interior del cuartel, que para el efecto había hecho construir Wilfredo Mori Orzo. Otros cadáveres, eran enterrados por los militares en fosas comunes cavadas al interior del cuartel. Según versiones de algún testigo, habían alrededor de quinientos cuerpos enterrados al interior del cuartel, en estas fosas comunes. Cuando se han efectuado las excavaciones, se han hallado restos de escolares de diecisiete años de edad, inclusive con la chompa gris de su uniforme.

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La imagen de la izquierda, corresponde a una exhumación llevada a cabo en el interior del cuartel "Los Cabitos". La imagen de la derecha, corresponde a un cráneo exhumado en estas fosas, y corresponde a un escolar de diecisiete años de edad. Adviértase el impacto de bala en el frontal. La imagen de la izquierda, corresponde a la exhumación de cinco esqueletos, efectuada en una diligencia judicial de cateo: se trata de una fosa de la cuadrícula 54, a ochenta metros de distancia del horno crematorio. Los restos presentaban impactos de bala, y estaban cubiertos con cal y yeso, para acelerar su descomposición, y así, desaparecer todas las huellas del delito..

Este anti-social, Fernando Belaúnde, en Diciembre de 1,982, delegó a sus fuerzas Armadas, amplias facultades para combatir a la guerrilla, aplicando su estrategia política de "quitarle el agua al pez". Su ministro de guerra fue Luis Cisneros Vizquerra, quien declaró "todas las guerras son sucias", y "nosotros sí sabemos matar".Así, los militares se constituyeron en dueños absolutos de la vida de la gente, en las zonas declaradas en emergencia, y eran también los dueños absolutos de la verdad. Los fiscales y periodistas que se atrevían, eran corridos a balazos por los militares, o desaparecidos.Ni la autoridad civil, ni la Cruz Roja, ni la Iglesia, ni la prensa, podían interferir para fiscalizar las matanzas que cometían los militares contra la población civil, al amparo del "estado de emergencia". Siendo Belaunde Comandante Supremo de la Fuerza Armada uno de sus matarifes fue el General Clemente Noel. Bajo su gobierno, los militares cometieron la matanza de Putis, mas él, "Comandante supremo", simuló ignorarlo. Jamás cayó sobre este terrorista el peso de la justicia.

A estos personajes, Clemente Noel, Fernando Belaunde Terri, Wilfredo Mori, Adrián Huamán,, autores mediatos o directos de este genocidio, el estado peruano genocida jamás los investigó, ni menos castigó. Por increíble que parezca, a 30 años de lo sucedido, no hay ninguno de estos terroristas genocidas que alguna vez haya sido detenido. Esto prueba la autoría del estado peruano en esta política de exterminio contra todos aquellos opositores políticos al sistema político imperante, política de exterminio fríamente diseñada en las más altas esferas políticas del país. Es el libreto del Pentágono, aplicado también en el Viet Nam, en la Franja de Gaza, y otros lugares. ¡Cómo contrasta la sonrisa y el aire de satisfacción de estos personajes, con la angustia que marca el rostro de aquella madre cuyo hijo lo desaparecieron los militares para nunca más poderlo ver ni abrazar, dolor que marcará a esa madre por el resto de su existencia!!

Jesús Sosa Saavedra, un ex-miembro del Ejército peruano que participó en las torturas que aplicaba el Ejército en la ciudad de Ayacucho, narra el caso de uno de los prisioneros: se llamaba "Javier"; tenía 30 años de edad, y fue capturado en 1,984. En los primeros días de cautiverio, los militares lo colgaron de los brazos; casi lo ahogan en una tina de aguas infestadas de suciedad, y le colocaron cables eléctricos en sus zonas genitales, pero pese a estas torturas, el detenido no confesó nada. Fue entonces cuando el Comandante E. P. Jorge Contreras decidió aplicarle "el suero de la verdad": una inyección letal que, según él, podía acabar con la víctima en cinco minutos. El detenido interrogó: "¿me van a matar?", a lo cual, el Comandante Contreras respondió: "no; sólo te vamos a inyectar esto, que es el ’suero de la verdad’, porque queremos saber si nos has dicho la verdad" (mintió el militar cínicamente) Según Sosa, el "suero de la verdad" fue inyectado en el brazo derecho del detenido. Las convulsiones comenzaron con violencia, y cayó por tierra; emitía gemidos y se contorsionaba con dolor. Se arrastraba por el piso en medio de vómitos y alaridos. Había perdido todo control de sí mismo, y en ese trance miraba con desesperación. Daba saltos, y sus movimientos eran tan violentos, que entre todos los militares torturadores, lo sacaron afuera, dado que la pieza en la que estaba, quedaba pequeña para sus violentas contorsiones.

Así estuvo por más de diez minutos, y no moría; por el contrario, parecía que el sufrimiento era cada vez peor. Jesús Sosa cuenta, que se acercó al agonizante, le buscó el rostro, y lo que vio fue, una mirada llameante tan intensa, que lo persiguió durante años; sus ojos sin parpadear, lo buscaban con desesperación: sus órbitas estaban completamente abiertas, mientras continuaba sacudiéndose. Sosa, que nunca había sentido compasión para con sus víctimas, sacó su pistola y sin pensarlo,le disparó en la cabeza, diciendo: "no hay por qué joderlo tanto". Lo más indignante: este crimen jamás fue investigado por el Ministerio Público, que supuestamente, está para defender los derechos de la sociedad. Peor aun: el genocida cabecilla, Jorge Contreras, no sólo jamás fue investigado ni menos castigado, sino que el estado peruano lo premió con el asenso al grado de General de División. Por su parte, el Ministerio Público, parte de este estado genocida, se niega a denunciar estos cientos de crímenes contra la población civil.

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LA MASACRE DE TOTTOS

En Abril de 1,983, Santiago Picón pesantes, apodado "El chacal", hizo arrestar a 27 pobladores, sacándolos de sus chacras, donde se encontraban laborando pacíficamente, y sin previa orden judicial. Luego los hizo asesinar, y los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes.

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Este sujeto está prófugo. La policía hasta hoy no lo captura, pudiendo hacerlo.

LA MATANZA EN LA IGLESIA DE CALLQUI:

La noche del 1 de Agosto de 1,984, estaban al interior de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Callqui, veintisiete feligreses entonando sus himnos. De pronto, irrumpieron en el templo un comando de infantes de marina: seleccionaron a seis de estos feligreses indefensos, entre los cuales habían jóvenes de 16 y 18 años de edad, y los asesinaron luego con armas de fuego en el patio del templo.

Al año siguiente, la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, falló a favor de que el caso sea visto en el fuero militar. En consecuencia, el Consejo Supremo de Justicia Militar liberó de toda responsabilidad a los marinos asesinos.

Con esto queda comprobada la maniobra vergonzante del estado peruano terrorista, para exculpar a sus matarifes.

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El Capitán de Corbeta, Álvaro Artaza Adrianzén, apodado "Camión", quien tenía bajo su mando la Base de La Marina en el Estadio Municipal de Huanta. Este temerario terrorista dirigió secuestros y horrendas matanzas de civiles indefensos (por ejemplo, los cincuenta cadáveres hallados en las fosas de Pucayacu, civiles previamente secuestrados por los marinos y policías, con huellas de haber sido torturados). Su institución, la Marina de Guerra, para evadirlo de la justicia, lo destacó como "médico" en el Hospital Naval de la Avenida Venezuela: este asesino se paseaba por los pasillos de dicho nosocomio, vistiendo mandil blanco. Posteriormente, esta institución, simuló un "secuestro" para evadirlo de la justicia como "no-habido", y por último, con el mismo fin, lo declaró "difunto" y lo sacó del país.

EL GENOCIDIO ESTATAL Y LAS MATANZAS COLECTIVAS:

Estos crímenes, responden a una política de estado. Los autores mediatos de los 70,000 muertos en Perú, sépalo usted, son esa cúpula política, y los autores directos, son los militares y policías. Pruebas al canto: Uchuraccay,las fosas del cuartel Los Cabitos, Putis, los penales, Accomarca, Umaru, Bellavista, Llocllapampa,Tottos,Aucayacu, Pomatambo, Parcco Alto, las fosas comunes de Pucayacu, el cuartel Los Cabitos, Cayara, los sobres-bomba contra los periodistas independientes, Barrios Altos, La Cantuta...

LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ: INSTITUCIÓN GENOCIDA: PUCAYACU:

Durante el año 1,984, un destacamento de la Marina de Guerra del Perú, al mando del capitán de corbeta Álvaro Artaza Adrianzén ("Comandante Camión"), se estableció en el estadio de Huanta. en ese lugar, los marinos cometían muchas torturas y crímenes contra civiles indefensos a los que sacaban de sus domicilios. Estos carniceros son autores, por ejemplo, de la matanza de los evangélicos encerrados en el templo de Callqui, el secuestro y asesinato del periodista Jaime Ayala Sulca. Lo más indignante: las fosas de Pucayacu: en este lugar, ubicado en Marcas, Huancavelica, fueron halladas en Agosto de 1,984, cuatro fosas comunes llenas de cincuenta cadáveres,en estado de descomposición. Todos estaban desnudos; cuarenta de ellos, estaban vendados y con las manos atadas; la mayoría tenía heridas de bala en la cabeza, lesiones producidas con armas punzo-cortantes, y además, presentaban huellas de tortura.

Una de las fosas de Pucayacu

En las inmediaciones de las fosas, se hallaron casquillos de bala, de las que usa la Marina de Guerra del Perú. Un ex-infante de marina que había participado en estas matanzas, brindó su testimonio a la "Comisión de la Verdad y Reconciliación": dijo: "La Marina tiene sus sistemas de eliminar: los matan desnudos para que no los reconozcan, ni sortijas ni aretes, ni zapatos, ni ropa interior y las prendas las queman (...) y la forma era amarrados, no los desataban (...) los mataban y los enterraban lejos (...) Ellos salían a las 11 de la noche y regresaban a las tres de la mañana. Y las zanjas en las tardes las mandaban hacer, una patrulla mandaban para eso (...)".

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En el plano superior: una de las fosas halladas en Pucayacu, conteniendo decenas de cadáveres de civiles torturados y luego asesinados por los marinos de la Base Militar asentada en el Estadio Municipal de Huanta. Es sólo una de las decenas de fosas comunes regadas en todo el territorio de Perú, conteniendo restos de los civiles asesinados por los militares de la Fuerza Armada de Perú, y dan cuenta de la barbarie genocida desatada por el estado peruano. La autoría de la Marina de Guerra del Perú es evidente: entre Julio y Agosto de 1,984 (el mismo año en el que fueron halladas las fosas), 57 pobladores de diversas comunidades de la provincia de Huanta, fueron detenidos por efectivos policiales y de Infantería de Marina de Huanta. Dichas personas fueron conducidas por la fuerza, al Estadio Municipal de dicha ciudad, sede del Destacamento de Infantería de Marina. Desde entonces, cincuenta y siete personas se encuentran en condición de desaparecidas.

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General Ejército Peruano Adrián Huamán Centeno. Se desempeñó como Jefe Político-militar de Ayacucho durante el año 1,984,hasta fines de Agosto. Comía y dormía en el cuartel Los Cabitos, mientras que sus subalternos torturaban, asesinaban y enterraban los cadáveres de sus víctimas en fosas comunes al interior del cuartel, y torturaban y asesinaban a civiles en la Casa Rosada, en Ayacucho. Pero él dice no saber nada!! Durante su jefatura fueron halladas las fosas comunes de Pucayacu, conteniendo cincuenta cadáveres de civiles torturados y luego ultimados por los marinos acantonados en el Coliseo Municipal de Huanta. Durante su jefatura se produjo la matanza de los seis miembros de la Iglesia Presbiteriana de Callqui, por órdenes del Capitán de Fragata Álvaro Artaza Adrianzén, pero él, elude su responsabilidad por estos crímenes. Jamás ha sido castigado, y goza de la libertad que les concede el estado peruano genocida, a sus genocidas ejecutores.

LA MATANZA DE ACCOMARCA:

El 14 de Agosto de 1,985, arribaron a la quebrada de Huancayoc y Lloqllapampa, la patrulla "Lince 6" al mando del Teniente Juan Manuel Elías Rivera Rondón, y la "patrulla Lince 7", al mando del sub-teniente Telmo Hurtado Hurtado. La patrulla de Telmo Hurtado, lo que halló fue, pobladores civiles pacíficos y sin armas, sin ningún elemento que pudiera significar el menor peligro para los militares. Muchos, eran mujeres, ancianos y niños. Lo que hicieron los militares de esta patrulla fue, reunir por la fuerza, sacándolos de su domicilio, a los pobladores en Hatunpampa, incluidos los niños. Allí, golpearon a los hombres y violaron a las mujeres. Luego de este hecho, los militares introdujeron por la fuerza, a las mujeres y a los niños en una casa en Apuspata, y un grupo mayor de personas fue introducido también por los militares, en una casa de adobe.

Una vez encerrada toda esta población civil, el teniente Telmo Hurtado ordenó a la tropa disparar contra ellos, así encerrados como estaban, y sin poder defenderse. Despés de la balacera, Hurtado les lanzó una granada. Una vez hecho esto, los integrantes de la patrulla de Hurtado, revisaron nuevamente las chozas y casas para asegurarse de que no quedaran testigos de lo sucedido. Hallaron a una persona de avanzada edad, a la cual asesinaron. En la búsqueda, estos militares hallaron también a tres niñas hermanas a las cuales asesinaron, y luego, incendiaron la casa donde estaban. Acto seguido, los victimarios, en el sector de Yanacocha, festejaron lo sucedido bebiendo, bailando, matando animales de los pobladores. En cuanto a la desaparición de los testigos:el 8 de Setiembre, efectivos militares dieron muerte a Brígida Pérez Chávez y a su hijo Alejandro Baldeón, testigos de la matanza. El 13 de Setiembre de 1,985, fueron hallados, en el cementerio de Accomarca,los cadáveres de cinco personas: aun sangrantes,mostraban las huellas de haber sido muy recientemente asesinadas a balazos, poco antes de la llegada de la Comisión Investigadora del congreso de la República.

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Quien fuera el Teniente E. P. Juan Rivera Rondón: dirigió la Patrulla Lince No. 6, y mató a 69 civiles en Accomarca, incluidos ancianos y muchos niños: todos ellos, sacados de sus viviendas a viva fuerza, y luego encerrados. La justicia peruana, por increible que parezca, lo absolvió. Es más: el estado peruano luego de la matanza, lo ascendió al grado de Capitán, y a fin de que evadiera la justicia, el estado le dio dinero para que se vaya del Perú. Es así que este personaje se fue a vivir a los Estados Unidos: compró una lujosa residencia en el Condado de Montgomery, Maryland, con dinero de todos los peruanos.

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Teniente Coronel Ricardo Sotero Navarro: fue el que organizó las patrullas que incursionaron en Accomarca en 1,985. Este terrorista genocida, no solamente nunca fue castigado, sino que el 1 de Enero de 1,988, posteriormente a la masacre, el estado peruano lo premió, ascendiéndolo al grado de Coronel Ejército Peruano. Está libre.

LA MATANZA DE LOS PENALES:

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Presos políticos recién llegados al muelle de "El Frontón". Así trataban las fuerzas del orden a los inculpados e investigados por "terrorismo". Muchos de éstos eran inocentes, encarcelados por una simple sospecha o referencia, sin pruebas. Las imágenes no muestran los puntapiés y los vejámenes morales que estos cobardes infligían a los presos.

En Junio de 1,986, cuando el develamiento de los motines en tres penales de Lima,las fuerzas policiales y las fuerzas militares atacaron los penales donde se encontraban los presos amotinados, desarmados e indefensos, incapaces de defenderse. Por orden de Alan García Pérez, presidente de la republiqueta de Perú, el Gobierno se negó al diálogo con los amotinados. Las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, cumpliendo órdenes del Gobierno de Alan García Pérez, asesinaron a cerca de trescientos presos encerrados, indefensos, e incapaces de defenderse.

En el "Pabellón industrial" del penal de Lurigancho, los policías los obligaron a los presos rendidos e indefensos, a sentarse o hecharse boca abajo, y los asesinaban de uno en uno con un tiro en la nuca. en "El Frontón", luego del develamiento, los marinos seleccionaron a los presos, los condujeron indefensos a la parte trasera del local, y los ejecutaron de uno en uno, a sangre fría. Los victimarios torturaron a los sobrevivientes, no permitió el Gobierno que ninguna institución imparcial verificara las causas de los decesos ni ordenara el levantamiento de los cadáveres.Que conste que la inmensa mayoría de estos presos, estaban en la condición de inculpados: o sea que jurídicamente, era presumible su inocencia.

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Alan García: este personaje, sin escrúpulos morales, ordenó la matanza de cerca de 300 presos políticos encerrados e indefensos en los penales de Lima, por ser enemigos políticos e ideológicos del sistema. Jamás fue encarcelado por sus crímenes. Cuenta con toda la protección del estado peruano genocida: el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la prensa mercenaria adicta al sistema, la Conferencia Episcopal...en fin, todo el aparato represivo del estado peruano genocida. Por eso sigue libre. No bien producido el develamiento, García Pérez, declaró los penales intervenidos, "zona militar restringida", hasta el 31 de Diciembre de ese año: significa que durante ese lapso, ninguna autoridad civil ni religiosa, ni la Cruz Roja, ni menos los familiares, podía acercarse a socorrer a los sobrevivientes ni a fiscalizar lo sucedido: solamente los victimarios:en otras palabras, García dejó a los sobrevivientes a merced de sus victimarios: los militares. Al amparo de esta granjería, los marinos en el penal "El Frontón" continuaban torturando y asesinando a los sobrevivientes, y borrando todo indicio que pudiera comprometer su accionar criminal, sabedores de que eran dueños de vidas y de que nadie iba a acercarse a interferir su accionar criminal. Las Fuerzas Armadas también se aprovecharon del "toque de queda" decretado por el Gobierno de García Pérez, para desaparecer a los cadáveres de sus víctimas: en altas horas de la noche, conducían los cadáveres en los camiones del Ejército rumbo a los cementerios de El Zapallal, Pachacamac, Puente Piedra, y los inhumaban con el anónimo "N.N.". Estos genocidas contaron con seis meses, para ultimar a los sobrevivientes, y desaparecer las huellas del delito. Esto, ante el clamor, la angustia y la desesperación de las madres, desesperadas por no saber nada de la suerte de sus hijos.Todas las instituciones oficiales del estado, cerraron filas para no dar razón a estas desesperadas madres, de la suerte de sus hijos masacrados en los penales, por las fuerzas del orden. Aun más: cuando los policías sorprendían a estas madres en los cementerios buscando entre las osamentas los restos de sus hijos asesinados, estas madres angustiadas eran detenidas y conducidas a los calabozos de la DIRCOTE. Todo eso, bajo las órdenes de Alan García. Estos genocidas, tanto los autores directos como los autores mediatos, nunca fueron juzgados en el fuero civil (dado que sus víctimas fueron civiles), nunca purgaron prisión ni siquiera de un día. Hoy en día, todos estos terroristas genocidas están gozando de libertad. Alan García Pérez, Luis Giampietri (el que dirigió el genocidio de "El Frontón"), Agustín Mantilla, y otros genocidas, están andándose por las calles.¡¡ Inclusive han ocupado cargos políticos!!

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Esta hiena se llama Luis Giampietri Rojas: ejecutó las órdenes macabras de Alan García Pérez. Hizo colocar potentes cargas explosivas (cohetes para destruir acorazados) con las que logró demoler el "Pabellón azul" del penal El Frontón, estando los presos amotinados dentro. Una vez sofocado el motín, ordenó la ejecución extra-judicial de los presos rendidos. Pese a ello, nunca fue castigado. Está libre, andándose por las calles.

LOS COMANDOS DE LA MUERTE

En la foto Mantilla y Alan Garcia, fundadfores y dirigentes del Comando Rodrigo Franco.

Durante el primer gobierno de Alan García Pérez, el estado peruano creó el Comando Rodrigo Franco: era un comando destinado a asesinar a todo aquél ciudadano que por sus actividades, fuera incómodo para la estabilidad del denominado "sistema democrático". En ese sentido, dicho comando se encargaba de asesinar a dirigendes, activistas, líderes, abogados, estudiantes universitarios, profesores universitarios. Decenas de ciudadanos fueron secuestrados y luego asesinados por este comando genocida. Los cadáveres eran luego hallados en los descampados o en el mar. Este comando asesinó al abogado del Dr. Abimael Guzmán Reynoso, simplemente por ejercer su derecho a la defensa de un procesado. Este comando era dirigido por el entonces Ministro del Interior Agustín Mantilla (ex-hombre de confianza del genocida Alan García), y estaba integrado además, por los siguientes criminales: Miguel Jesús Ríos Sáenz ("Chito Ríos"), Jorge Huamán Alacute, Miguel Aurelio Exebio Reyes, Alberto Aoun Chong, Moisés Palacios Yamunaque, Manuel Alzamora, Carlos Oliva, Baltazar Ramírez, oswaldo Seguil Márquez, Carlos del Pozo, Gino Fiori, Miguel Pincelotti, Lacunza, y otros.


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Esta hiena, Agustín Mantilla, no solamente lideró el "Comando Rodrigo Franco", sino que ejecutó las órdenes de Alan García de asesinar a los presos del Pabellón Azul de "El Frontón". Está libre, gracias a la protección del estado peruano terrorista.

Durante el gobierno aprista, tanto ekl Ministerio del Interior como el Ministerio Público, se negaron a efectuar la respectiva investigación, y los miembros de la comisión investigadora del congreso, fueron amenazados y hostilizados. Todos estos asesinos están libres, jamás fueron investigados por sus crímenes, y gozan de la protección del estado peruano.

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Jesús "Chito" Ríos, uno de los asesinos, integrantes del Comando Rodrigo Franco: está libre, y goza de la protección del estado peruano.

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Miguel Aurelio Exebio Reyes, otro de los criminales integrantes del Comando Rodrigo Franco. Está libre, y jamás fue ni siquiera procesado.

LA AUTORÍA DEL ESTADO PERUANO TERRORISTA Y GENOCIDA:

Estas matanzas de civiles indefensos, respondían a la estrategia política aplicada por el estado peruano: "quiarle el agua al pez": bajo el supuesto de que los subversivos tenían como "bases de apoyo" a los civiles, y que se ocultaban entre los civiles de las comunidades, la lógica del estado era aislarlos de la población civil; de qué manera: abatiendo a la población civil, a la vez que con esto se amedrentaba a los civiles que quisieran apoyar a los subversivos. De esta forma, pretendía el estado peruano terrorista pretendía dejar aislados a los subversivos. Esto explica la impunidad de que gozan las Fuerzas Armadas genocidas, cuyos efectivos han sido premiados y galardonados por sus matanzas, por el estado peruano. Esa estrategia política de "quitarle el agua al pez", y que empezó a aplicar el estado peruano a partir de 1,982, coincide con la misma estrategia aplicada por el genocida estado guatemalteca, en Guatemala, por estos mismos años.

Las matanzas de civiles en Perú, ni son excesos, ni se deben a la iniciativa de uno que otro militar desquiciado: hay miles de ejecuciones extra-judiciales efectuadas por los militares de las fuerzas Armadas de Perú, hay cientos de fosas comunes repartidas en las zonas convulsionadas. Y nótese que el patrón de exterminio utilizado siempre fue el mismo: torturar a los secuestrados, desaparecer los cadáveres, bien sea incinerándolos, o enterrándolos en fosas comunes, o llevándolos a los cementerios como N. N., usar cal en las fosas comunes, para acelerar el proceso de descomposición de los huesos, a fin de que no se pueda usar la prueba del ADN, asesinar a la totalidad de los testigos. El Partido Comunista del Perú (denominado por la prensa mercenaria "Sendero Luminoso"), jamás empleó este patrón. La consecuencia lógica que se deriva de esto es, que esas matanzas de los 70,000 muertos, por responder al mismo patrón, no se pueden atribuir a uno que otro militar desquiciado: no: es una política de estado bien planificada, diseñada en los más altos niveles políticos del estado peruano.

Una prueba más de que la autoría de estas matanzas es del estado peruano: la impunidad de sus ejecutores. Los policías asesinos, para ser eximidos de toda responsabilidad penal, luego de sus crímenes, la superioridad, con el aval del estado peruano, los ha destacado a otra jurisdicción. Con respecto a los autores directos de genocidio: cuando estos militares o policías han sido denunciados ante el fuero civil por sus crímenes de lesa humanidad cometidos en agravio de civiles, la Corte Suprema se ha apresurado a pasar el caso al fuero militar, o al fuero policial respectivamente; si son policías los investigados, el caso lo pasan a la Zona Judicial de la Policía Nacional del Perú. Esto, con el obvio propósito de exculpar a los militares o policías investigados. Así sucedió por ejemplo, en la investigación de la matanza de 42 internos encerrados, en el penal Castro Castro, en Mayo de 1,992, a manos de la policía: siendo las víctimas 42 civiles presos asesinados, el caso fue derivado a la Zona Judicial de la PNP, como si fuera un lío entre policías !!! Obviamente, este organismo falló archivando el caso, exhimiendo a los policías asesinos de toda responsabilidad, y más aún, acusando a los presos. Ahora bien: ¿ quién es la Corte Suprema?: el estado. El Poder Judicial, que cumple órdenes del Ejecutivo, y el ordenamiento jurídico de clase por el cual se rige, ¡¡ es el estado!! Más allá de la voluntad del magistrado, está la institucionalidad del estado!!

El estado, para proteger a los militares genocidas, les ha cambiado de identidad y los ha mandado a residir a Europa o los Estados Unidos para evadir la justicia, como sucedió con el chacal de Accomarca, Teniente Juan Rivera Rondón, o el terrorista Wilfredo Mori Orzo, enviado al extranjero como Agregado Comercial del Perú. O bien, el estado los ha declarado civilmente "muertos" y los ha mandado al extranjero con identidad falsa, para evadir la justicia. Es emblemático, el caso del capitán de corbeta Alvaro Artaza Adrianzén, llamado "Comandante Camión": este chacal, que había encabezado las matanzas en el estadio de Huanta, y que hizo enterrar a sus víctimas en las fosas comunes de Pucayacu, este chacal, contando con la protección de La Marina de Guerra del Perú, se hacía pasar como médico en el Hospital Naval de la Avenida Venezuela, y vestía mandil blanco; por último, simuló un secuestro: se hizo "secuestrar",y se lo tragó la tierra: nunca se supo más de él. Entonces,. el estado peruano, lo declaró civilmente "muerto" (en los hechos, lo envió al extranjero con identidad falsa).

Otro caso indignante de encubrimiento es el caso de Putis: los militares asesinaron allí a cerca de cuatroscientos civiles, y la superioridad de las Fuerzas Armadas, al ser requerida para que revele los nombres de los integrantes de la patrulla, responde que no sabe, porque "los archivos del caso ya han sido destruidos". Cómo se explica que la policía es tan eficiente en otras capturas: cuando se proponen, lo logran: disponen de los servicios de inteligencia, de agentes infiltrados, la intervención de celulares, el chuponeo, la confesión sincera, y tantos otros recursos; y los criminales de Putis: no hay ni uno solo identificado. Lo que pasa es, que no hay voluntad política, porque las órdenes vienen desde las más altas esferas políticas.

Otro caso de encubrimiento: el del chacal de Accomarca: Telmo Hurtado: el estado peruano no solamente no lo sancionó, sino que lo mantuvo en ejercicio de sus funciones en el Ejército por varios años, ganando haberes, e inclusive lo ascendió al grado de teniente, y luego a capitán, posteriormente a mayor...Es más: el jefe Supremo de la Fuerza Armada, Alan García Pérez, está libre.

De otra parte, tanto Alan García como Alberto Fujimori, siendo jefes de estado en más de una oportunidad felicitaron a sus esbirros luego de haberse producido las matanzas: el caso de los penales, el caso de Barrios Altos, las desapariciones de los estudiantes de la Universidad del Centro...por su supuesta "eficiencia" en su accionar !!! Luego del genocidio perpetrado por la Policía Nacional en el penal Castro Castro en Mayo de 1,992, en el que la policía asesinó a 42 presos encerrados y rendidos, El mandatario Alberto Fujimori los felicitó a los policías. El General Jorge Flores Torres, luego de conocerse la matanza de Accomarca, felicitó al genocida Telmo Hurtado, calificándolo de "luchador por la democracia", y ofreció mandarlo al extranjero a perfeccionarse.

El estado peruano, el 16 de Junio de 1,995, promulgó la ley de amnistía 26479, por la cual quedaban exculpados todos los militares y policías que a partir de 1,980, hubieran cometido crímenes de lesa humanidad en la "pacificación", ¡ aunque no hubieran sido identificados ni denunciados!! Es más: la amnistía era únicamente para ellos !! Por sí sola, esta promulgación habla de que este terrorismo estatal fue una política de estado.

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Personajes de este tipo son, quienes perteneciendo a la clase política dominante, y dueños del estado burgués y genocida, diseñan en las más altas esferas políticas, los planes de exterminio dentro de la política de estado. Son los que elevan a la condición de "valerosos héroes" a sus militares matarifes. Estos políticos, suelen estar libres.

LAS DESAPARICIONES FORZADAS Y MATANZAS EN LA UNIVERSIDAD DEL CENTRO:

En la Universidad Nacional del Centro (Huancayo), los militares son causantes de la ejecución extra-judicial de más de trescientos estudiantes y algunos catedráticos; esto, entre 1,992 y 1,993. He aquí los altos mandos, de los genocidas responsables: Gral. E. P. Manuel Jesús Delgado Rojas Gral E. P. Luis Augusto Pérez Documet Gral. E. P. Carlos Torres Rodríguez Gral. E. P. David Jaime Sobrevilla Tnte E. P. Bacilio Rodríguez Espinoza Las víctimas eran sacadas a viva fuerza de sus domicilios o secuestradas, por los efectivos militares, y luego ejecutadas.

Estos militares carniceros, operaron desde el Cuartel "9 de Diciembre", la Base Contrasubversiva de Carhuamayo, y el Destacamento Militar de la Universidad del Centro. Fueron ellos quienes ordenaron los operativos de exterminio, pero están libres, riéndose del dolor de sus víctimas. con fecha 21 de Febrero del 2,003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación cursó al Ministerio de Defensa, el Oficio 081-2003-CVR-P, requiriendo los nombres de los efectivos que operaron en la región entre 1,992 y 1,993. Hasta el día de hoy, han transcurrido ya 10 años, y el Ministerio de Defensa se niega a revelar los nombres de sus genocidas. Es evidente el espíritu de cuerpo que hay no solamente entre los castrenses, sino al interior del estado peruano.

LA MATANZA DE PUTIS:

Igualmente, en el caso de la matanza perpetrada en la comunidad andina de Putis: en Diciembre de 1,984, siendo el Jefe Político-militar de la zona de Ayacucho, el General Ejército Peruano Wilfredo Mori Orzo, una patrulla del ejército incursionó en la pacífica comunidad andina de Putis. Los militares del Ejército Peruano congregaron con engaños a más de un centenar de civiles, supuestamente para "protegerlos frente a la subversión". Obedientes, los civiles bajaron desde las alturas de los cerros, abandonando sus chozas, trayendo a sus mujeres, a sus niños, y a sus animales. Una vez reunidos, los militares de la patrulla separaron a las mujeres y a los hombres. A los hombres, les obligaron a cavar una fosa, supuestamente para construir una piscigranja para el bien común. Mientras los varones cavaban la fosa, los militares en otro ambiente violaban a sus mujeres encerradas. Una vez terminada de cavar la fosa, los militares asesinaron a todos los civiles de uno en uno, de un tiro en la cabeza, y enterraron sus cuerpos en la fosa cavada. Entre las víctimas, habían no solamente mujeres, sino numerosos niños, la mayoría, menores de cinco años; inclusive, se han encontrado fetos, prueba de que los victimarios habían asesinado inclusive a mujeres embarasadas. En total, se cuentan más de cuatroscientos pobladores asesinados aquella vez por los integrantes de la patrulla. Consumado el hecho, los militares victimarios se llevaron el ganado de sus víctimas y lo vendieron en otro lugar. El Ministerio de Defensa se niega a revelar los nombres de los efectivos militares destacados en la zona en la época. A 29 años de la matanza, los militares victimarios jamás han sido llamados a juicio, y están libres, andándose por las calles, y riéndose de sus víctimas. El Ministerio Público no acusa a nadie, la Defensoría del Pueblo no defiende a nadie. La prensa vendida no habla del asunto, tampoco la jerarquía eclesiástica, y toda la clase política dominante espera que pasen los años, hasta que no haya a quién acusar y todos se olviden del asunto. Es obvio que los autores mediatos y directos de esta masacre,gozan de la protección del poder estatal; es más: ellos son el estado.

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El General Wilfredo Mori Orzo: habiéndose desempeñado como Jefe Político-militar de Ayacucho, este carnicero, sin escrúpulos morales, hizo construir el horno crematorio en el cuartel "Los Cabitos", para desaparecer los cuerpos de los civiles secuestrados y luego asesinados por los militares bajo sus órdenes. Más tarde, en 1,985, aprobó el plan del operativo para la masacre de Accomarca, ordenando asesinar a los civiles. Luego de la matanza, ordenó a sus subalternos, borrar las huellas y asesinar a los testigos de la masacre. Esta hiena, jamás fue juzgada ni menos castigada. El estado peruano lo premió, designándolo como Agregado Comercial del Perú en el extranjero, a fin de evadirlo de la justicia.

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La sonrisa burlona de este personaje, delata que es un personaje despiadado y frío. Fue él quien habiendo ordenado el "Plan Mudanza I", sobrevolando a bordo de un helicóptero, dirigía la matanza de los presos encerrados en el penal de Castro Casro en la masacre del 6 al 9 de Mayo de 1,992. Bajo sus órdenes, efectivos de la Policía Nacional del Perú, asesinaron a 41 presos políticos, rendidos: primeramente acribillados, y luego fusilados selectivamente los sobrevivientes. Él dirigió toda esta matanza durante los tres días, sobrevolando desde un helicóptero: estaba siendo informado paso a paso, de todas las acciones. Esta hiena, condecoró a Telmo Hurtado, el chacal de Accomarca, por su "proeza".

Fue él quien además, organizó el grupo paramilitar denominado "Plan Cipango", en Agosto de 1,991, y que se continuó en el escuadrón de la muerte denominado "Destacamento Colina", responsable del secuestro y/o ejecución extra-judicial de decenas de civiles, simplemente por serle políticamente incómodos. La crueldad y sangre fría de este hombre, no tienen límites: en el año 1,995, promulgó la ley de amnistía, por la cual quedaban amnistiados todos los militares y policías que habían cometido crímenes, con retroactividad a 1,980 !!

Esa sonrisa, es una bofetada a las decenas de madres que aun lloran el asesinato impune de sus hijos. El estado peruano lo premió a este frío asesino por sus crímenes: lo mantiene a salvo en una extensa casa de reposo en Barbadillo, donde recibe visitas de los políticos, hace política, e inclusive se le permite dirigir la política nacional y difunde sus mensajes a la nación. Y es más: para tranquilizar a la gente ignorante, el estado peruano les hace creer que eso es una "cárcel".

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Otro furioso genocida, que implementó el macabro plan fujimorista "Mudanza I", pese a tener en su haber 41 crímenes, goza de libertad, y es un "demócrata honorable"

LA AUTORÍA DEL ESTADO PERUANO GENOCIDA:

Y que no se diga que esas matanzas se debieron a la iniciativa privada de uno que otro militar desquiciado: no: fue el mismo patrón de exterminio en todos estos lugares; luego, respondió a una misma política de exterminio diseñada en las más altas esferas políticas. Es el mismo patrón de exterminio aplicado en todos estos lugares, e igualmente es la común protección del estado, de la que gozan los autores directos. La evidencia más clara de que la autoría mediata de estas matanzas es del estado peruano es, que los militares autores de estas matanzas, están libres, andándose por las calles; y por el contrario, todos aquellos que han sido consioderados sospechosos de colaborar con la guerrilla, aun sin pruebas, han sido desaparecidos, encarcelados a cadena perpetua, enterrados en fosas comunes. con estas pruebas, podemos concluir que el único autor de las matanzas de estos 70,000 muertos en Perú, es el Estado peruano.

LA MATANZA DE CAYARA

El carnicero de la ilustración, es el chacal de Cayara: el General E. P. José Valdivia Dueñas: está libre, y nunca fue castigado. Su arrogante sonrisa esconde las lágrimas de esa madre cuyo hijo lo asesinaron los militares, de esa madre que tocó puertas e imploró justicia ante un sistema demoliberal indolente e inhumano. El estado peruano, siempre participó protegiendo a los ejecutores de las matanzas por él diseñadas. En el caso Cayara: Mayo de 1,988, el General José Valdivia Dueñas dispuso el "Plan Operativo Persecución", al mando del carnicero Mayor Miguel Nájar Acosta: los militares conformados por diez patrullas, llegaron a la localidad andina de Cayara, y aesinaron a 74 civiles, sacándolos de sus domicilios y de sus chacras, y estando desarmados e indefensos. No bien ocurrida la barbarie, el entonces presidente Alan García viajó a la zona, y le ordenó al coronel Rafael Córdova, desaparecer los cadáveres, y borrar todos los vestigios de sangre, a fin de no inculpar a los militares victimarios, y así se hizo.

Aún más: el caso de la matanza lo estaba viendo el Fiscal Carlos Escobar Pineda. Vladimiro Montesinos, adjunto de Fujimori, se reunió con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y con el Fiscal de la Nación Hugo Denegri: les ofreció mandar asesinar a todos los testigos de la matanza y a Escobar. Y así se cumplió. Escobar se salvó de ser asesinado, porque huyó. El plan también comprendía sacarlo a Escobar del caso, y así se hizo: El fiscal de la Nación cerró su oficina, y lo destacó a la localidad de San Martín. Aun más: toda vez que se presentaron denuncias ante el Ministerio Público por las matanzas cometidas por los delincuentes militares de las Fuerzas Armadas, la Corte Suprema resolvía las contiendas de competencia, a favor de que el caso sea visto en el fuero militar, pese a ser las víctimas, civiles, secuestrados por los efectivos de las Fuerzas Armadas. Esto, con el obvio propósito de exculparlos a los delincuentes militares. Así ocurrió por ejemplo, con los militares genocidas del Frente Mantaro, que cometieron desaparición forzada, secuestro y asesinato en agravio de trescientos universitarios de la Universidad del Centro del Perú. El estado peruano, con estas sucias maniobras, los absolvió.

LOS SUPUESTOS "ENFRENTAMIENTOS" EN EL VRAEM:

En la foto Alan Garcia y el nuevo presidente, Garcia tiene expreriencia na matanzas.

Hoy en día, el estado peruano sigue ejerciendo su política genocida, de exterminio de los opositires del sistema: en el VRAEM, las fuerzas combinadas del ejército y de la policía nacional, asesinaron en Setiembre del 2,012, al ciudadano Víctor Hugo Castro Ramírez: primeramente lo acusaron , lo juzgaron, y luego lo sentenciaron como culpable de supuestos crímenes, y lo condenaron a la pena de muerte; esto, en ausencia del inculpado, y sin darle opción para defenderse. Luego, ejecutaron la sentencia, asesinándolo, estando desarmado, y cogido por sorpresa . Esto lo hicieron las fuerzas combinadas, usurpando funciones que sólo corresponden al fuero civil. Los organismos de la clase política, le llaman a este crimen de lesa humanidad, con ventaja, "enfrentamiento". La derecha se ufana de la caída de "William": un ciudadano indefenso, incapaz de defenderse, ante militares asesinos con la consigna de matarlo por sorpresa y con ventaja. Pregunto: ¿está probado que ese ciudadano estuviera incurso en los delitos que se le imputan? Los militares victimarios, ni siquiera estaban seguros de su identidad ¿Qué indicios o pruebas objetivas existen para inculparlo? T

odo estudiante de abogacía sabe, que mientras no existan pruebas, se presume la inocencia. Y la acusación fiscal, solamente pueda hacerla la autoridad civil, según el sistema que los mismos "demócratas" defienden. Es el caso que los militares, siendo parte del conflicto, no obstante, ellos acusan, juzgan, condenan, y ejecutan la sentencia: son juez y parte. Luego está la prensa para aplaudir, y el Ministerio Público, recién entonces se hace presente, para avalar el crimen. Es indignante que ante el asesinato del ciudadano apodado "William", a manos del militar Eddy Saavedra, el Fiscal de la 40 Sala Provincial Penal, en lugar de formular acusación penal contra este militar asesino, se presenta en la morgue de Lima para avalar este homicidio. Lo propio hicieron estas fuerzas genocidas, en Agosto del 2,013, con los ciudadanos Orlando Borda Casafranca y Antonio Quispe Palomino: les hicieron seguimiento de inteligencia y planificaron una operación para asesinarlos. Luego, en ejecución de su plan, y estando estos ciudadanos descansando en una cabaña, pacíficamente, en compañía de unos niños y menores, fueron atacados por las fuerzas combinadas, en ejecución de su macabro plan. El sorpresivo ataque, redujo a los ocupantes y a su vivienda, a cenizas.

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Los medios oficiales celebran este crimen premeditado, como un "enfrentamiento" y "un triunfo contra el narco-terrorismo". Cómo puede ser enfrentamiento un ataque sorpresivo contra unos civiles desarmados, reunidos pacíficamente y sin armas, dentro de una vivienda, y que además, está garantizado por la Constitución!!: fue una ejecución extra-judicial. Para empezar, si supuestamente estos ciudadanos fueron "terroristas" como se les atribuye, eso debió ser probado, y en el fuero civil. Es un principio jurídico que a nadie se le puede condenar sin pruebas, y cuando no hay pruebas, se presume la inocencia. En consecuencia, para inculparlos, los atacantes debieron capturarlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público para que los investigue, y que sea el fuero civil el que decida de su suerte. Los atacantes les imputaron aquellos cargos, sin pruebas, y en aplicación de esta imputación, decidieron sentenciarlos a muerte y ejecutar la sentencia. Si supuestamente vivimos en un estado de derecho, debieran respetarse los fueros. En consecuencia, el abatimiento de estos ciudadanos, fue una ejecución extra-judicial, con ventaja, alevosía, y sin pruebas: fue un crimen cobarde y excecrable que permanece en la impunidad de sus autores. Esto pone al desnudo, que el verdadero terrorista en Perú, es el estado peruano. Si el estado peruano no respeta su propia Constitución, su propio ordenamiento jurídico, con el fin de perpetrar sus crímenes de lesa humanidad contra los opositires del sistema, eso pone de manifiesto no sólo que carece de reservas morales, sino que el cacareado "sistema democrático" que sustenta al estado peruano es en realidad un sistema dictatorial ejercido por la burguesía, basado en la mentira.

Los delincuentes militares y los delincuentes policías que protagonizan estos cobardes asesinatos en el VRAEM, ellos son, además de "juez y parte", dueños de la verdad: el comunicado oficial que da la Policía o la Fuerza Armada, y que malintencionadamente difunde la prensa adicta, es aceptada por todo el mundo como si fuera la verdad indiscutible. No se respeta la presunción de inocencia, prescrita por la Constitución Política. Ningún organismo oficial e imparcial investiga los hechos, y verifica si realmente se trató de un "enfrentamiento" como refieren los delincuentes militares, o fue un asesinato a sangre fría, de gente desarmada e incapaz de defenderse.

Por si fuera poco, los militares destacados en el VRAEM aplican torturas a los detenidos: con el fin de arrancarles información, los torturan; para esto, los uniformados se drogan previamente, a fin de hacerse insensibles ante el dolor. La tortura de los detenidos consiste en arrancarles las uñas. Cuál será el grado de deshumanización de estos uniformados, que una vez que cumplen su servicio en el VRAEM, terminan con serios problemas de salud mental. La prensa mercenaria silencia estos actos terroristas, ya sabemos por qué. Ahora bien: si la Constitución Política del Perú prohíbe las torturas, ¡¡de qué "democracia" hablan estos políticos!! De qué terrorismo hablan, si son ellos y sus esbirros, los únicos terroristas!!

LA ESTRATEGIA MACABRA DEL ESTADO TERRORISTA

El estado peruano, valiéndose de su poder omnipotente, se vale de sus grupos paramilitares para asesinar y desaparecer a todos aquellos intelectuales o activistas incómodos para su "sistema democrático": el "Comando Rodrigo Franco", el "Destacamento Colina". Estos grupos paramilitares, no solamente asesinaban a sus objetivos, sino también a los testigos, con la exclusiva finalidad de no tener a nadie quien los acuse ante los tribunales. Es así que asesinaron al periodista Luis Morales Salcedo, por denunciar el crimen estatal de Uchuraccay. Alberto Fujimori igualmente, asesinó en 1,992, a Janeth Talavera Sánchez, directora del periódico de oposición "El Diario", por denunciar los crímenes que cometían los militares conra la población civil.

Es el mismo patrón de exterminio, empleado por el estado peruano terrorista: sus militares asesinaron a los testigos de la matanza de Uchuraccay, los de la matanza de Cayara, los que presenciaron el asesinato de Luis Morales ortega, los testigos del cuartel Los Cabitos... Todo esto, para eliminar las pruebas del delito (y esto, a través de diversos gobiernos que se han sucedido, de 1,983 a 1,995). Es obvio pues, que se trataba de toda una política de estado

En 1,991, los servicios de inteligencia del estado peruano terrorista, asesinaron al periodista Luis Morales Ortega, corresponsal del diario "Marka". Todos los testigos del hecho, fueron también asesinados por estos servicios de inteligencia: Francisco Solier García, Celestina Huallanca Hinostroza, su hijo de 14 años de edad, Waldin, y su sobrino Rubén Gallo, de 17 años de edad. Estos mismos servicios de inteligencia del estado, a través de su "Destacamento Colina", asesinaron, en 1,991, a la ex-alcaldesa de Huamanga Leonor Zamora Concha. Los responsables mediatos: los oficiales del Ejército Peruano Juan Rivero Lazo, Hugo Martínez Loja, Carlos Alberto del Bustio. Los autores directos: Abraham Francisco Reyes, Ewest Ventocilla, Favio Javier Urquizo Ayma, José Armando Tello Tandazo: todos ellos, oficiales o sub-oficiales del Ejército Peruano, dirigidos por los servicios de inteligencia del estado peruano.

La Corte Suprema falló absolviendo a todos estos criminales, pese a que la defensa presentó la agenda personal del sub-oficial E. P. Fabio Urquizo, en la que se describe con detalles cómo ejecutaron a las víctimas. Es más: el documento tenía los sellos de membrete de los Servicios de Inteligencia y del Cuartel General del Ejército Peruano, con los escudos nacionales, y con un grabado de "secreto".

Se cumplió el propósito de los terroristas: asesinar a los testigos de sus crímenes, para que después el tribunal los absuelva por "falta de pruebas". Mas cómo es que asesinaban a los testigos, y cómo se explica la absolución: valiéndose del poder del estado: estado de emergencia, portar armas, comandos de la muerte, periodismo que guarda silencio cómplice, Poder Judicial intervenido políticamente, es decir, todo el aparato del estado terrorista. En consecuencia, los criminales están libres. Es obvio que el asesinato de los testigos y la absolución, así como el silencio cómplice de la prensa, era la norma, y respondía a una política de estado bien planificada.

LA PERSECUCIÓN CRIMINAL CONTRA LOS MAGISTRADOS Y LETRADOS QUE HAN DENUNCIADO AL TERRORISMO DE ESTADO O HAN RESULTADO INCÓMODOS PARA EL ESTADO:

El fiscal Ismael Gutiérrez Vílchez, habiendo tenido a su cargo la investigación del genocidio de "El Frontón", e incluyó al mandatario Alan García Pérez, como presunto responsable de la matanza. Por tal motivo, en Octubre de 1,986, la Fiscalía de la Nación, a cargo de César Elejalde, lo apartó del caso.

En el caso de la matanza de Cayara, efectuada por el General José Valdivia Dueñas: el fiscal Carlos Escobar, era el fiscal especial, comisionado por el Ministerio Público, para investigar la matanza. A cuatro días de haber elevado el informe, responsabilizando a José Valdivia, el estado le cerró la oficina alegando "falta de recursos". Aun más: habiendo presentado en la fiscalía de Cangallo, 600 expedientes conteniendo pruebas y fotografías que daban cuenta de la autoría de las matanzas en Cayara, el Ejército simuló un "ataque terrorista" en la oficina, con lo cual logró apoderarse del expediente, y lo desapareció. Pero es más: el fiscal Carlos Escobar, al cabo de tres meses de lo ocurrido, fue cesado sin exponerse los motivos en la resolución de cese. El fiscal Escobar entonces inició una acción de amparo contra el cese, y su abogado, Augusto Zúñiga, recibió un sobre-bomba que le arrancó un brazo.

Estas órdenes de remover y destituir magistrados incómodos, venían de las altas esferas políticas, y lo que es más, contaban con la complicidad complaciente de toda la clase política y de las instituciones públicas del estado.

Más tarde, el Dr. Febres, por defender al investigado Abimael Guzmán Reynoso, fue asesinado. El siguiente defensor del mismo investigado, Dr. Crespo, sufre una persecución implacable por parte del estado.

Bueno, hay que ser muy ingenuo o muy fanático, para no ver en todo esto la mano negra del estado para eliminar a todo elemento peligroso para la perpetuidad de su "sistema democrático"

LAS CÁRCELES DORADAS Y "ARRESTOS DOMICILIARIOS":

Para nadie es un secreto, que una vez que un delincuente es sentenciado, no es el Poder Judicial el que decide a qué penal va a ir: ¡es el Poder Ejecutivo!! Y bien sabemos que el Poder Ejecutivo, se conduce políticamente. Por eso es que el delincuente Fujimori, está en una "cárcel" dorada en Barbadillo: Fujimori tiene las manos manchadas de sangre: La Cantuta, Barrios Altos, Canto Grande, los estudiantes de la Universidad del Centro, las esterilizaciones forzadas...Y no obstante, Barbadillo no es cárcel: es una casa de reposo. Cuántos quisiéramos disfrutar de la tranquilidad de la que disfruta este "interno", que no se preocupa ni de cocinarse, ni de lavarse su ropa, porque hasta se ha dado el lujo de hacer política!! Dicho sea de paso, la clase política no le llama "el delincuente Fujimori", sino "el ex-presidente", y hasta difunde por la prensa televisiva sus mensajes. Acá se pone de manifiesto, cómo es que el estado peruano, genocida, protege a los suyos.

LA "REPARACIÓN CIVIL" PARA LOS DEUDOS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA ESTATAL:

El estado peruano, pretende comprar el silencio de los deudos de sus víctimas, entregándoles diez mil soles - o colocando servicios asistenciales materiales en las comunidades. Es como si dijera: bueno, te destruí tu choza, pero ahora te la construyo. La vida humana, a diferencia de cualquier objeto, es irremplazable, insustituible. Para ese niñito de nueve años a quien los militares le arrancaron a su madre, entre llantos desgarradores, para nunca jamás poder verla, ese dolor no se lo borra nadie, aunque le clonaran una madre igual. La vida humana, repito, es insustituible.

El estado peruano terrorista y genocida, mientras por una parte dice querer reparar el daño causado por sus esbirros, por otra parte, se niega a revelar los nombres de los militares ejecutores de estas matanzas -como el caso de Putis, y el caso del Cuartel Los Cabitos- .Esto pone de manifiesto la actitud hipócrita , farisaica, del estado peruano, que trata de proteger a toda costa a quienes ejecutaron su política de exterminio.

La oferta del estado peruano terrorista y genocida, es, definitivamente, un insulto: es como si le dijeran a ese deudo: la vida de tu madre vale diez mil soles. Toma, y quedamos en paz. Olvida lo pasado. Precisamente, dentro de la escala axiológica que manejan los defensores de este falso "sistema democrático", la vida del pobre puede comprarse como una mercancía, y lo material vale más que lo espiritual y los sentimientos. Lo que quieren estas gentes es, que nos callemos. Borrón y cuenta nueva. Tienen la esperanza de que a medida que pasan los años, los genocidas y los deudos van muriendo, y los que vendrán los verán estos hechos con indiferencia como algo lejano en el tiempo.

Los deudos, deben de rechazar ese dinero insultante. Por el contrario, deben exigir:

1-Que el estado reconozca su autoría en este terrorismo genocida, como manifestación de

una política de estado.

2-Que el estado terrorista y genocida presente ante la opinión pública a los autores directos y

los mediatos de estos crímenes.

3-Que los autores tanto directos como mediatos de estos crímenes, sean castigados por los

Tribunales del fuero civil.

EL PAPEL SUCIO DE LA PRENSA VENDIDA Y MENTIROSA:

La población, desorganizada como está, acepta esta barbaridad que la prensa le impone en sus cerebros. Para lograr tal aceptación, la clase política dominante primeramente lava los cerebros de la población, criminalizando las protestas populares contra el sistema de opresión: la logra poner a la población civil, en contra de las protestas populares. Una vez hecho esto,efectúan sus crímenes valiéndose de estos esbirros delincuentes. Luego, constituyéndose en juez y parte, y dueños absolutos de la verdad,dan sus parcializadas versiones sobre supuestos "enfrentamientos". Lo hacen, seguros de que la población, ya previamente concientizada, las va a asimilar como verídicas. El Ministerio Público se constituye en el lugar de los hechos, sólo para el levantamiento del cadáver, pero no para investigar las circunstancias del deceso.

El fiscal, asume la versión de los militares homicidas, como cierta. La gente no lo ve así, porque la prensa vendida le ha lavado el cerebro. La gente en el Perú, por su escasa formación política, es manipulable, acrítica, y acepta todas las consignas que la prensa vendida le introduce a cada hora en su subconsciente. La clase política dominante en Perú, terrorista y genocida, tiene los mejores acesores en psicología social y mecanismos de control social: saben cómo hacer que la población civil acepte sus masacres y crímenes: para lograrlo, previamente le lavan el cerebro a la gente políticamente atrasada, criminalizando las protestas populares, pintándolas como un peligro para la "paz social". Después, cometen sus masacres, seguros de que la población civil, con su cerebro lavado, las va a aceptar. Para este papel sucio se presta la prensa vendida. Esta prensa mercenaria, pone como bandera Lucanamarca y Tarata, para hacer creer a la gente políticamente atrasada, que los "terroristas" son los militantes del Partido Comunista del Perú.

El papel sucio de la prensa vendida: esta prensa, debe sumas millonarias a la SUNAT, y cada gobierno de turno le condona estas deudas, que es dinero del erario público. Aun más: los órganos oficiales del Gobierno, colocan publicidad en estos medios de prensa, de manera, que a éstos no les conviene perderlos como clientes: tienen que portarse bien para con el cliente. Es por estas razones que, en reciprocidad de favores, los medios de prensa en Perú, son franeleros de los gobiernos de turno, y se prestan para lavar los cerebros, y difundir las mentiras que impone la clase política dominante: es una prensa mercenaria, sin honor y sin-bandera. Pero hay otra razón que explica su cerrada defensa del sistema demo-liberal: sólo en este sistema puede la prensa vendida conseguir todas sus granjerías. Por ejemplo, la cacareada "libertad de prensa", es en el fondo, la libertad que tienen los magnates para lavar los cerebros, manipular ideológicamente a la gente políticamente atrasada, e imponer la ideología perversa de la clase política dominante y de los grupos de poder económico. Por otra parte: la "libertad de empresa", es otra granjería que el sistema concede a los magnates del poder económico (la gran burguesía): los medios de prensa son intocables en cuanto al contenido de sus programas, al amparo de la "libertad de empresa". Hay razones poderosas pues, para que la prensa mercenaria sea adversa a los enemigos del sistema demo-liberal. Por eso, no nos llame la atención que esta prensa vendida y mentirosa, seleccione la información a favor de la impunidad de los militares genocidas. Su impudicia llega al extremo de calificarlos a estos criminales, como "valerosos héroes de la democracia".

PERO ¿CUÁL ES EL FAMOSO "ORDEN DEMOCRÁTICO" QUE DEFIENDEN CON ESTOS CRÍMENES, LOS ADALIDES Y AYAYEROS DEL SISTEMA?

Los genocidas militares y policías, declaran sentirse orgullosos de asesinar a los enemigos de la "patria". Se sienten orgullosos de sacrificarse por la "patria". ¿Cuál "patria": Cómo los trata su querida "patria" cuando quedan inválidos en sus acciones de combate: los abandona como perros. Ahí tenemos el caso del efectivo Eddy Saavedra, el que asesinó a William en el VRAEM: no obstante haber quedado lisiado, los "demócratas" del sistema democrático, no se acuerdan de él ni con las medicinas. Cómo los trata el "estado democrático" a los "héroes" del Cenepa: los trata como perros. Es tal la estrechez mental, que estos militares no se dan cuenta que sólo son utilizados por un puñado de ricos, pues defendiendo la perpetuidad del "sistema democrático", defienden la perpetuidad de sus privilegios.

Estos militares que se fajan por "la democracia", deberían de ser conscientes de que ese puñado de ricos -de la alta burguesía-, se aferra al sistema porque ahí están sus granjerías mal-habidas. Un modelo político diferente, no les permitiría a estos sinvergüenzas, sus granjerías: ministros, congresistas y altos funcionarios que se auto-asignan sueldos exhorbitantes en un pueblo que sufre hambre; la inseguridad ciudadana persistente, sin que haya voluntad política para combatirla; la propia ley burguesa, protege a los delincuentes con una serie de "beneficios penitenciarios", de manera que los asaltantes son varias veces puestos en libertad, al amparo de la ley burguesa.

Quiénes son los que sufren las consecuencias: ¿los ricos?: no: la gente de a pie. Los altos funcionarios efectúan robos y desfalcos millonarios en agravio del estado, y la propia ley burguesa les permite burlarse de la justicia (inmunidad durante el ejercicio del cargo, prescripción del delito, "prisiones" domiciliarias...). Estos delincuentes de la alta clase burguesa gozan de inmunidad parlamentaria, se hacen internar en clínicas, o se van al extranjero, y luego que haya prescrito el delito, regresan al país, y no pasó nada; ¿por qué? porque la ley burguesa así lo dispone: las estructuras del sistema demo-liberal, preservan premeditadamente, privilegios de la burguesía burocrática, la burguesía financiera (banqueros), la gran burguesía exportadora: es su sistema, hecho por ellos, y a la medida de sus gustos. Los banqueros (gran burguesía financiera), pagan intereses írritos por los depósitos, pero eso sí, cobran intereses usurarios por los empréstitos, y no van a la cárcel, porque la ley burguesa los faculta. Es más: cuando sus empresas bancarias están en quiebra, su estado burgués, con dinero del erario público, de todos los peruanos, la saca a flote la empresa bancaria.(Por ejemplo, Toledo, sacó a flote el Banco Wiesse, a cambio de los jugosos sueldos que este banco le pagaba a su esposa, en un cargo fantasma).Los alcaldes y regidores se fijan las dietas a la medida de sus apetitos, y no van a la cárcel, porque la ley burguesa así lo faculta. Los directivos de los medios de comunicación mienten y contaminan las mentes, evaden impuestos y no van a la cárcel, porque la ley los faculta. El trato que da el estado burgués a los ciudadanos en los hospitales del pueblo, es humillante. Y en las comunidades rurales tal es el abandono, que los niños mueren por una simple diarrea que se pudo haber curado con una pastilla: no solamente la falta de medicinas, sino la falta de centros asistenciarios.

Los miembros de la gran burguesía, defensores de este viejo orden "demoliberal", saben que un sistema político alternativo como el socialismo, no les va a permitir estos privilegios, porque el socialismo es adversario de los privilegios y del robo y el abuso legalizados, por ser atentatorio contra la dignidad humana. Por eso es que estos políticos, temerosos de perder la mamadera, se aferran a la defensa de la perpetuidad de su "sistema democrático". Y valiéndose de la prensa vendida, hábil en lavar los cerebros, arrastran tras de sí a toda la gente políticamente atrasada, en la cruzada por la defensa del "sistema democrático". Los militares genocidas, declaran orgullosos que "exponen su vida" (¡cobardes!) en defensa de la "patria". Debieran ser conscientes de que "patria", en este país de pendejos, no es sino los privilegios de un puñado de ricos, y que los militares son vilmente utilizados como perros guardianes de sus privilegios. Pregúntenle a Eddy Saavedra, el que asesinó a William en el VRAEM.

LA OBSECUENCIA DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES:

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen pleno conocimiento de esta barbarie de impunidad en la que está incurso el estado peruano. Estos organismos, por cosas menores, han aplicado severas sanciones y/o bloqueos a los gobiernos implicados: ahí tenemos el caso de Cuba, Afganistán, Viet Nam, Irak, Libia, Egipto. Nos preguntamos, por qué es que no aplican sanciones y bloqueo al estado peruano genocida y terrorista? ; los miles de torturados y muertos a manos de las fuerzas militares y policiales, aunado a la impunidad oficial de que gozan los autores mediatos y directos, impunidad efectuada por el estado peruano que abiertamente los declara a sus esbirros "héroes de la democracia", ¿eso no es suficiente para aplicar bloqueo y sanciones al estado peruano terrorista? Considero que la parcialización de los organismos internacionales, salta a la vista: aplican bloqueos y sanciones, solamente a aquellos estados que atentan contra la perpetuidad del modelo demoliberal del capitalismo:por eso, Cuba, Afganistán Libia, Irak...han sufrido severísimas represiones por parte de estos organismos del imperialismo, a través de su cancerbero que es el gobierno de los Estados Unidos. Al estado peruano, no lo pueden tocar; ¿por qué?: porque el estado terrorista peruano implementa el modelo demoliberal; y obviamente, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, partes de este estado genocida, pelean en defensa de este su estado demoliberal. Es el mismo caso del Chile del dictador Pinochet, de la Argentina del dictador Videla, el gobierno del dictador Alfredo Stroessner en el Paraguay, y otros criminales protegidos por el gobierno norteamericano, la ONU y la OEA. Está clarísimo: cómo estos organismos internacionales van a sancionar a gobiernos que están en su misma línea||| Tendrían que estar locos ||| Otorongo no come otorongo. Esto explica la osada soberbia con la que las autoridades políticas del estado peruano mantienen en la impunidad a sus verdugos: es la seguridad que les dan los organismos internacionales, organismos de fachada del imperialismo.

EL GLORIOSO PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ:

Es verdad que el Partido ha producido una que otra ejecución: pero se trataba de juicios populares:una autoridad corrupta, un militar genocida con deudas de sangre para con el pueblo, degollador del pueblo, un genocida impune que se ríe del dolor de sus víctimas, un abigeo, un soplón infiltrado que colaborara con el estado..., a quien el estado le va a permitir impunidad...con justa razón, ante la inoperancia de un sistema social incapaz de poner orden, o que protege a sus esbirros genocidas, al pueblo no le quedaba otra alternativa que hacerse la justicia por sus propias manos. Hoy vemos cómo los políticos corruptos evaden la acción penal y se ríen de la ley penal. Repito: lo que hacía y hace el partido, no son crímenes, sino ejecuciones de merecidos juicios populares de elementos anti-sociales, enemigos de la convivencia social. Ante la inoperancia del estado para poner orden, no cabe otra alternativa.

Estas medidas aplican los gobiernos asiáticos; y aquí en Perú también las aplicó Túpac Amaru, ejecutando al abusivo corregidor Arriaga. Sin embargo, la clase política dominante en Perú, no lo califica a Túpac Amaru de "terrorista", porque ya está muerto, y no representa ningún peligro para el actual sistema de opresión. Pero además, es bueno decir, que la política punitiva mencionada no era todo el accionar del Partido, en las zonas liberadas: la mayor parte era, la labor constructiva:por ejemplo,la labor organizativa, y el elevar el nivel político de la conciencia de clase de las masas: esas masas embrutecidas por los medios de comunicación masiva, que les lavan el cerebro imponiéndoles las mentiras y mitos de las clases dominantes.

ES PRECISO ANALIZAR LA SUBVERSIÓN, DENTRO DEL CONTEXTO DEL NEXO CAUSAL:

Es explicable la respuesta contestataria que da el pueblo cuando su respuesta es violenta: hay diversas formas de violencia. El estado peruano, desata la violencia estatal contra el pueblo, imponiendo medidas gubernamentales, políticas y decretos sin previa consulta, imponiendo la dictadura de la clase política dominante. Es un estado inepto, inoperante, corrupto. Por ejemplo, el problema de la inseguridad ciudadana; el problema de la ineptitud de las instituciones estatales. Cómo están los hospitales del pueblo; cómo los tratan a los pacientes: peor que a perros. Las madres gestantes de las zonas empobrecidas, sufren de desnutrición, con las secuelas que ello conlleva para el tejido cerebral del niño. En las zonas rurales más alejadas del país, la más cercana posta médica se encuentra a decenas de kilómetros de distancia. Los niños mueren allí por una simple infección perfectamente curable con una simple pastilla. Los dineros del erario público que se roban los corruptos, como León Alegría, Nicolás Hermosa Ríos, Fujimori...con esos dineros podrían haberse implementado hospitales, asilos, postas médicas, comedores populares... para que no mueran tantos infelices. Se mata no solamente con balas: se mata también con hambre, con enfermedad, con exclusión... como lo hace el estado terrorista de Perú Ante estos hechos, cuando el pueblo reclama, se burlan de él; sus reclamos, la clase política dominante los deriva a trámites burocráticos y promesas interminables. en consecuencia, al pueblo no le queda otra alternativa que optar por la única vía que le deja la clase dominante: la violencia política contestataria: clandestinizarse. Tal violencia, la prensa vendida nos la hace ver sectorialmente.

Tal violencia sin embargo, debe ser vista desde la perspectiva dialéctica de la causa y el efecto: la violencia del pueblo armado, es efecto de la violencia terrorista estatal. Dice la dialéctica, no hay efecto sin causa. Y mientras el estado peruano siga siendo el estado que gobierna tan sólo para la clase política dominante, será ello el humus de la subversión: hoy derrotarán al Partido, mañana surgirá otro movimiento subversivo, y pasado mañana otro...Recuerde usted: quien vientos siembra, cosecha tempestades. Paulo Freire escribía: "Son los que oprimen quienes instauran la violencia (...). Quienes instauran el terror no son los débiles, no son aquellos que a él se encuentran sometidos sino los violentos quienes con su poder, crean la situación concreta en la que se generan los ’dimitidos de la vida’, los desarrapados del mundo. "Quien instaura la tiranía no son los tiranizados, sino los tiranos. "Quien instaura el odio, no son los odiados sino los que odian primero. "Quien instaura la negación de los hombres no son aquellos que fueron despojados de su humanidad sino aquellos que se las negaron negando también la suya. "Quien instaura la fuerza no son los que enflaquecieron bajo la robustez de los fuertes sino los fuertes que los debilitaron" (P. Freire, Pedagogía del oprimido, 1,995,P. 42).

Analicemos la historia: hubieron levantamientos en el Perú y en el mundo: Manco Inca, Túpac Amaru, Luis de la Puente Uceda, los zelotes de Galilea, los insurrectos franceses de la Revolución de 1,848 contra el verticalismo de Guizot, el Frente de Liberación Nacional argelino, el pueblo vietnamita, Avelino Cáceres...Todo levantamiento popular, fue una respuesta contestataria frente al abuso, y por supuesto, siempre generó la criminalización verbal por parte de los opresores. El gobierno romano, calificaba a los zelotes de Galilea, de "bandidos"; los conquistadores españoles que sometieron por la fuerza a los nativos peruanos a la servidumbre y al genocidio, calificaron a Túpac Amaru II, "traidor al Rey de España"; los sionistas invasores de Palestina, califican al movimiento HAMAS que reclama su territorio usurpado, de "terroristas".

Asimismo, los militantes del Frente Nacional de Liberación de Argelia, que batallaban contra la dictadura impuesta por la dominación francesa, eran calificados de "terroristas" por los usurpadores franceses. Toda víctima que se opone al abuso impuesto por el imperio del sistema, es calificado de "radical", "extremista", "terrorista". Los opresores se valen de estos epítetos, contando con el apoyo sucio de la prensa vendida, para justificar ante las masas políticamente atrasadas, la represión y el terrorismo de estado. Tomasa Tito Condemayta, Cahuide, Titu Cusi Yupanqui, Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Pumacahua, las hermanas Toledo, Mariano Melgar, Andrés A. Cáceres, hicieron uso de la violencia luchando contra el sistema de opresión, y en defensa del derecho a la vida de los más humildes.

Sin embargo, los políticos defensores de su estado, del estado peruano, no los califican de "terroristas". ¿Se ha preguntado usted por qué?: sencillamente porque estando muertos, aquellos subversivos ya no representan ningún peligro para la estabilidad de su sistema de opresión. En consecuencia, este comportamiento oportunista de la clase política de Perú, lo que pone en evidencia es, que a lo que se opone nio es a la violencia: ellos son los causantes de toda forma de violencia, con su violencia de hambre, enfermedad y muerte: a lo que la clase política se opone es, al peligro que representan los subversivos para la estabilidad de un sistema político que consagra y perpetúa sus privilegios de clase.

REFERENCIAS:

- Uceda, Muerte en el pentagonito

- Comisión de la Verdad y Reconciliación

- Asociación pro-derechos humanos, Cuartel Los Cabitos: lugar de horror y muerte

- La tortura en el Perú a través de sus víctimas

www.caps.org.pe/portal/index.php?option=com_docman...

- Ütero de Marita: Mythbusters: el comando Rodrigo Franco.

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