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BALANCE DE LAS LUCHAS POPULARES Y EL ESTADO ASESINO EN PERÚ
Por: Franz García Uceda.
Sobre la consolidación del modelo neoliberal y la represión al avance popular :: Panorama general y perspectivas de lucha popular y libertaria. Perú atraviesa una dura crisis tanto en el plano social como político, lo que trae desde luego, una crisis económica que ya se deja sentir a lo largo del territorio.
Pues afrontamos una situación de vulnerabilidad de los derechos humanos por parte de un gobierno prepotente y autoritario que no ha reparado en aplastar del modo que sea las disidencias sociales y los aires de rebeldía, ya sea por los medios de incomunicación al servicio del poder que se han ofrecido una vez más como ventana para lanzar dardos contra el movimiento popular en general en cuanto a las luchas de los campesinos de Ayacucho y los pobladores del Cuzco que luchan contra las privatizaciones de los atractivos turísticos de la zona y por defender sus patrimonios, lo que les ha valido calificativos como “vándalos”, “agitadores” y otros de peor calibre por parte del presidente Alan García, tan cínico, déspota y fascista como siempre.
Hemos sido testigos de las jornadas de lucha protesta de febrero en el interior del país contra las políticas económica que se vienen aplicando en nuestra región, contra el alza en los productos y en el costo de vida, contra la represión indiscriminada contra los sectores más pobres de la sierra y la amazonia y contra las medidas y leyes anti-populares que arremeten desde los poderes del estado, en resumidas cuentas han sido luchas contra el estado y el modelo capitalista que se han manifestado a través del Paro Nacional Agrario y que una vez más ha desnudado la violencia estatal en contra de los justos reclamos populares.
El Paro Nacional Agrario convocado por la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP) y las Centrales Campesinas realizados el lunes 18 y el martes 19 de febrero, cuyas reivindicaciones se centraban en la Revisión y Modificación del Proyecto de Ley de Aguas por su carácter privatizador, así como contra la privatización de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, había dejado hasta el día miércoles 20, a cuatro campesinos muertos por las balas de la policía nacional, como afirman los propios campesinos que han defendido sus medidas de lucha frente a la opinión pública.
Rojas Roca, Rubén Pariona Camposano y Emiliano García Mendoza, fueron las victimas de la represión de las fuerzas policiales quienes al parecer tenían órdenes de despejar las carreteras a cualquier costo. Los tres tienen impactos de bala en el cráneo. El primero de ellos murió en Barranca el lunes. Pariona y García fueron ultimados en Ayacucho el martes. A estas muertes debemos sumar la de un poblador de Caylloma que, huyendo de la represión y los gases lacrimógenos, cayó por un barranco.
El mismo Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho en un comunicado emitido a raíz de los violentos sucesos señalan que el “(…)19 de febrero, cuando se venía desarrollando el Paro Agrario en nuestra Región, (…) se venían movilizando los campesinos en pie de lucha, cuando fueron atacados por efectivos policiales, quienes haciendo uso de sus armas de reglamento, dispararon a quema ropa a los marchantes, con objetivo directo a la cabeza, ocasionando la muerte instantánea de los hermanos campesinos Rubén Pariona Camposano y Emilio García Mendoza, pertenecientes a la comunidad de Suso del distrito de Quinua.”
En medio de la violencia social desatada en el marco del Paro Agrario, el Premier Jorge del Castillo invocó a los fiscales a actuar “con firmeza” y a “no ser complacientes” contra los que llaman “elementos vandálicos”, los “grupos de agitadores”. Por el contrario, a los policías nadie les ha dicho nada porque finalmente ellos están cumpliendo su deber: proteger el “orden público” y la “gobernabilidad”. Pese a que el día martes 19 la congresista Fabiola Morales, Presidenta de la Comisión de Ética del Congreso denunciaba a la prensa nacional, la actitud reprochable de la policía al actuar sin contemplaciones contra los campesinos ayacuchanos y manifestó que se denunciará ante las instancias necesarias a estos “malos efectivos policiales por algunos excesos”
Se ha señalado que el gobierno, en lugar de acceder al diálogo, ha respondido con la represión indiscriminada, la declaratoria en Estado de Emergencia de ocho provincias del norte y la orden de intervenir al Ejército lo cual ha resultado en los hechos, una provocación clara a las demandas populares incrementado la violencia que ha sido usado por sectores de la prensa para desprestigiar a los campesinos.
Sin embargo, debemos resaltar que ese mismo gobierno difunde mensajes de democracia y mejor participación, mientras implementa leyes para favorecer a las empresas transnacionales, la privatización de las aguas, la concesión de la Amazonía y las zonas arqueológicas, así como el remate de tierras para favorecer a los inversionistas extranjeros. Y quienes hacen valer sus derechos son reprimidos y judicializados.
Según Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Andinas CAOI, “este accionar represivo se enmarca en el acelerado proceso de criminalización de las demandas sociales, una de cuyas expresiones fue la dación de once decretos legislativos que aumentan las penas por bloqueos de carreteras y otras acciones justas de protesta, por cuya declaración de inconstitucionalidad y derogatoria se han unido los movimientos sociales en una campaña nacional de recolección de firmas que serán presentadas al Tribunal Constitucional”.
Esta criminalización, sin embargo, no se inicia con esos decretos legislativos, pues hasta la fecha existen más de setecientos comuneros e indígenas procesados judicialmente bajo cargos graves, incluido el de terrorismo, solo por defender los derechos de sus comunidades contra los efectos destructivos de la minería. A ello se agrega la persecución, acoso y amenazas permanentes a sus dirigentes.
Paro Nacional Agrario: el gobierno en acción contra el pueblo
Amparados en el Decreto Legislativo Nº 982, emitido por el Gobierno Central, las Fuerzas Policiales hicieron uso de sus armas de reglamento, disparando contra la población indefensa, ocasionando la muerte de manifestantes, asesinados vilmente con cargo a quedar en la impunidad y en el olvido. Estos crímenes no son casualidades ni hechos aislados ni producto de excesos de las fuerzas policiales, ya que estas muertes ocurrieron bajo la misma modalidad en Arequipa y Barranca, lo que permite inferir que fueron ordenes del Gobierno Central a través del Ministerio de Interior, implementando la política de criminalizar, penalizar y reprimir la protesta del pueblo, declarando inimputables a los culpables de estos crímenes, lo que significa la legalización de la impunidad de estos hechos que atentan contra la vida y dignidad de nuestro pueblo.
Por su parte, Alan García Pérez, irresponsablemente está confundiendo a la opinión pública, señalando que "Los responsables de las muertes producidas son los pseudos dirigentes y agitadores extremistas", con la clara intención de ocultar a los verdaderos responsables de estos asesinatos, quienes son las Fuerzas Policiales. Estas versiones que vienen siendo repetidas por el Ministro del Interior, usando a medios periodísticos serviles al Estado que tergiversan la verdad de los hechos y las declaraciones de los dirigentes populares, lo que significa que todo obedece a una estrategia del gobierno para desarticular las organizaciones del pueblo que vienen reclamando sus justas demandas.
Sobre las versiones que desde el gobierno peruano en complicidad con los aparatos de desinformación se han vertido son que las muertes en el paro agrario mencionado no han sido causadas por las fuerzas policiales, sino por los mismos campesinos (¡vaya ironía!). Ésa es la versión del Ministro del Interior, Luis Alva Castro ante el Congreso de la República. Para “demostrar su verdad”, el ministro aprista exhibió fotografías de los manifestantes donde él dice identificar un arma “hechiza” en manos de un “delincuente terrorista infiltrado entre los manifestantes”. Si claro, como no.
Entonces solo dentro de este Paro Nacional se han podido registrar 6 MUERTOS, 420 HERIDOS y 350 DETENIDOS. Unas cifras escalofriantes si consideramos el carácter “democrático y social” con que se presenta ante el mundo el gobierno aprista. Ante esto podemos deducir que el rostro genocida y violento de García Pérez y su camarilla aprista, no ha cambiado en nada respecto al gobierno del 85-90 con asesinatos, desapariciones, violaciones de derechos humanos, etc., en su haber.
Es necesario recalcar una vez más que aquí estamos hablando ya no solo de represión policial o resguardo de la paz social en un país o zona de convulsión, sino que estamos hablando de asesinatos a mansalva, a sangre fría y por la espalda a comuneros desarmados e indefensos que solo protestaban por sus justos derechos. De lo que se trata, es de denunciar una vez más el Terrorismo de Estado que estamos viviendo. Y no solo denunciar, sino que crear conciencia y memoria histórica para organizarnos y plantarle cara a este Estado pro-imperialista y enemigo del pueblo, pues no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las muertes de estos campesinos pobres queda impune, mientras los pueblos indígenas de la amazonia están siendo expulsados de sus tierras para que estas sean vendidas al mejor postor transnacional (solo recordemos que semanas atrás el presidente peruano se paseaba por Europa promocionando nuestra selva para su pronta venta), mientras las otras provincias del país que acataron el Paro son castigados y perseguidos, mientras el avanzada privatizadora de la educación en el Perú arremete sin piedad.
En Cuzco también se lucha y resiste
Este año está siendo llamado el año de las “Cumbres Mundiales” de manera pomposa e irónica. Sin duda estas cumbres de jefes de estado y hombres poderosos del mundo, quieren expresar la consolidación de la imposición del modelo neoliberal en el Perú, pero mostrándonos su alcance global y que quede claro que el neoliberalismo no es sólo un modelo económico, es también social, cultural y político. Y su consigna principal es: “Todo el poder a las transnacionales, todo para las ganancias de las grandes empresas y las élites políticas que les sirven”. Desde los recursos naturales hasta el patrimonio cultural, los alimentos, las medicinas, todo entra en esa (i)lógica. Sin importar que estas ganancias perjudiquen a los pueblos indígenas, a los proletarios, a los agricultores pobres, a los pequeños comerciantes, a la misma naturaleza. Perpetúan la sociedad de clases y la división entre dominadores y dominados, entre ricos y pobres, se crea un ambiente donde ser libre es estar acosado, perseguido, silenciado, golpeado y encarcelado y la democracia significa autoritarismo, fascismo, violencia, muerte y destrucción.
Sin embargo, así como parece consolidarse este modelo excluyente, antipopular y empobrecedor, en el Perú; diversos sectores populares avanzan en su organización y van resistiendo cada vez más. Es cierto, todavía demasiado dispersos, fragmentados en demandas que parecen particulares, pero sin embrago como vemos, exigen cada vez más una articulación no sólo de los diversos sectores, sino también más allá de lo local y lo regional. Esto para los libertarios no solo significa un buen síntoma de avance popular, sino que se avizora como terreno fértil para las luchas organizadas desde abajo y sin tregua contra nuestros enemigos de clase.
Es en este contexto que las luchas del pueblo del Cusco se hacen justas. Pero, al igual que en otros lugares, no basta la lucha reivindicativa y parcial, confrontada sólo contra la dinámica del gobierno, sino que debe enfocar al Estado y al Capital en si.
Ahora, frente a la ola privatizadora de patrimonios en todo el Perú que arremete contra el Cuzco y contra toda la Amazonía con la denominada “Ley de la Selva”, para quitarle sus tierras y propiedades a las comunidades indígenas y pueblos originarios y venderlos al mejor postor transnacional.
El pueblo cuzqueño ha respondido con huelgas, paros, toma de locales y bloqueo de carreteras para hacer sentir su clamor popular, teniendo como única respuesta la agresión verbal y policial del estado que ha decidido quitar a Cuzco como sede del APEC a realizarse en el Perú durante el mes de noviembre, pues le temen al desborde popular y saben que protestas como esta es una mala imagen para nuestro querido país, frente a ello el presidente ha decidido borrar del mapa financiero a esta región que atenta contra sus planes de mercantilización de patrimonios culturales e históricos.
En medio de este panorama surgen preguntas para el campo popular y socialista en general y que como libertarios también nos hacemos parte de estas interrogantes: ¿Cuál es nuestra alternativa a la privatización del patrimonio? ¿Sólo que quede en manos del Estado o como en otras regiones andinas o experiencias históricas podemos avanzar hacia la autogestión social y democrática de los mismos por parte de los pueblos y las comunidades involucrados en estos hechos, para que estas se beneficien? ¿Es posible tener una agricultura sostenible, libre de alimentos transformados genéticamente y soberana frente a los negocios de las trasnacionales y frente a la mano autoritaria del estado? ¿La democracia sólo implica votar cada cinco años para que después los elegidos hagan lo que les da la gana? ¿Es ese el modelo que planteamos los comunistas libertarios o luchamos por la destrucción de toda relación mercantilista, excluyente y competitiva como parte de las estructuras capitalistas?
Panorama general y perspectivas de lucha popular y libertaria
Las luchas del pueblo oprimido tienen fuertes costos. Varios de nuestros hermanos campesinos que participaron en el Paro Agrario han sido asesinados por este criminal gobierno, porque ellos nos temen. Por eso criminalizan la protesta, y le han dado carta blanca a los policías y militares para disparar a la gente. Por eso sus medios de comunicación pretenden pintarnos como irracionales, como delincuentes.
Tampoco podemos dejar de citar una vez más que la estupidez del ministro Alva Castro nos hace recordar a las épocas de la dictadura cívico-militar de Fujimori y Montesinos, sobre todo cuando la congresista fujimorista Marta Chávez alegaba que los cadáveres hallados en las fosas comunes de Vitarte eran restos arqueológicos. Y cuando entre los restos humanos calcinados apareció el llavero de un estudiante universitario, Marta Chávez no supo qué decir. Ahora dicen que las balas asesinas provinieron del lado campesino y que los policías fueron agredidos por estas hordas violentistas.
Hoy no es diferente la situación. Podemos afirmar que el presidente aprista Alan García, gran socio del ex dictador Fujimori (¿a quien le quepa la menor duda?), inició su segundo gobierno prometiendo un gran baño de sangre para preservar el principio de autoridad (ver Qhispikay Nº 3). Al día siguiente de juramentar, estaba pidiendo la pena de muerte para violadores y terroristas. En agosto del año pasado, dictó decretos para que las fuerzas armadas y fuerzas policiales pudieran hacer uso de sus armas cuando les diera la gana y disparar contra población civil sin consecuencias judiciales. También en sus decretos penaliza la toma de locales y bloqueos de carreteras, criminalizando la protesta popular. En pocas palabras, fascismo puro y duro.
Paralelamente y en el mismo día en que la los sindicatos de la capital salen a las calles a manifestarse en apoyo a las luchas populares, regionales y a los gremios en conflicto, en el mismo día de las declaraciones increíbles de Alva Castro, el sicario del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Santiago Martín Rivas (jefe del grupo paramilitar “Colina”) declara en el juicio a Fujimori que el escuadrón de aniquilamiento paramilitar del que era jefe, jamás existió. Que sus declaraciones filmadas por el periodista Humberto Jara, en donde reconoce su autoría en crímenes de lesa humanidad y la responsabilidad del ex dictador, eran “ensayos” entre él y Jara para prepararse a un futuro juicio.
Ahora el jefe de sicarios ensaya cómo dejar bien librado a Fujimori, con la anuencia del tolerante juez César San Martín Castro y de fiscales inoperantes, ¡que tal descaro! Lo peor es el orden de aparición en TV: cada vez que un asesino de la dictadura es interrogado por el abogado del dictador, goza de toda la mañana para ser televisado. Una vez que la fiscalía inicia su interrogatorio, la transmisión gratuita va culminando; y acaba sorpresivamente, casualmente, milagrosamente cuando va a interrogar al asesino el abogado de la parte civil. Ya gozó de este beneficio otro asesino (Pichilingue) y seguidamente le ha tocado la misma facilidad al criminal Martín Rivas.
Es decir vivimos en medio de una bazofia total, donde el juicio que se le sigue al ex dictador Fujimori demora una eternidad y con toda la comodidad del caso, mientras en las calles se balea y tortura quienes piden pan y libertad.
Entonces podemos concluir que el asesinato y la mentira, cuando proceden del Estado, gozan de absoluta impunidad en el Perú y se le llama orden y democracia. La democracia burguesa es complaciente con los asesinos de uniforme ahora y siempre. La democracia burguesa es tolerante con el ex dictador Alberto Fujimori, a quien siguen llamando ex -presidente. Por eso tenemos un ministro que miente acerca del Paro Agrario, inculpando a los campesinos por sus propias muertes. Por eso tenemos un juicio de excesiva cortesía y tolerancia con los paramilitares del grupo Colina; y a todos los miembros del Comando Rodrigo Franco (grupo paramilitar aprista que operó en el primer gobierno de García 1985-90) usted querido lector los encontrará trabajando con buenos puestos en instituciones del Estado. ¿Volverán los desaparecidos a ser confundidos con momias precolombinas?
Por eso tenemos encima una “Ley de la Selva”, que es parte del centralismo democrático burgués que se aplica en este país, por eso tenemos las privatizaciones corruptas, los abusos de las mineras contra los agricultores, el TLC, etc., que son parte de un mismo modelo que se aplica a nivel mundial. La contundencia del reciente paro agrario, la reacción del pueblo cusqueño frente a la pretensión de privatizar su patrimonio cultural, las consultas populares en Piura en la que los pueblos les dicen no a las mineras, expresan el creciente descontento que muchas veces no consigue expresarse en aparentes luchas puntuales.
Hemos salido de una época de violencia política donde hemos tenido una Comisión de la Verdad y tenemos ya varios casos judicializados por violaciones contra los derechos humanos. ¿Los nuevos policías de la “democracia” tienen las mismas nociones que Martin Rivas, que Telmo Hurtado o que el almirante Giampietri respecto de los derechos de las personas? ¿Hasta cuando va a seguir vigente la noción según la cual el Estado puede reprimir a gente desarmada para “garantizar la paz social”? Que no nos impongan sus tratados comerciales y sus políticas de hambre a punta de balazos, con mentiras y brutalidad que el pueblo ya no tiene más paciencia.
Por último, como anarquistas queremos dejar una vez más en claro que la lucha no pasa por ser coyuntural como algunos grupos políticos asumen y presentan, que las violaciones de derechos humanos en este país no son patrimonio solo de este gobierno y que la solución no pasa por transar con tal o cual grupo de poder en busca de un frente común que solucione todos los males sociales. Seguimos planteando la lucha por la organización y la concientización desde abajo, seguimos apostando por la construcción del poder popular libertario, seguimos creyendo que no hay ninguna lucha sin solidaridad, seguimos manteniendo nuestras convicciones de revolucionarios en pos de destruir lo que es (sociedad capitalista) para construir lo que de ser (sociedad libertaria).