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REPRESIÓN PREVENTIVA DE GARCÍA PÉREZ: FASCISMO
Por: Carlos Angulo Rivas.
Libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de organización, libertad de reunión, libertad de movilización ¿son o no son libertades públicas de cualquier democracia? por supuesto que sí, pero en el Perú de Alan García Pérez NO, rotundamente NO; pues todas ellas no simplemente están convertidas en una caricatura de carta mayor sino en una ilusión. En consecuencia, resulta un espejismo tenerlas en cuenta frente a la arbitrariedad y el estado totalitario impuesto por la mafia ultraderechista comandada por este presidente nominal; y todo esto a pesar, inclusive, que esas libertades fueron acogidas en el estatuto de Fujimori, el mismo que todavía rige desvergonzadamente de constitución política peruana.
La detención y enjuiciamiento de los siete delegados peruanos al Segundo Encuentro de la Coordinadora Continental Bolivariana realizada en Quito, resume precisamente la violación de los derechos ciudadanos expresados en las libertades públicas señaladas. Y acusamos directamente a García Pérez porque él se ha constituido, por sí y ante sí, en el Adolfo Hitler peruano que hace lo que le viene en gana con los otros llamados poderes del Estado. Digita al Congreso a través de las marionetas apristas y los inmorales congresistas de Lourdes Flores, el fujimorismo y los fraccionalistas de la UPP, un ejemplo elocuente de esta digitación vía teléfono es la expulsión de la congresista aprista Tula Benitez, a quien el propio García Pérez ordenó salvar para luego de la crítica pública ordenó expulsar del Congreso y el partido; asimismo, también ordena a fiscales y jueces timoratos tomar las decisiones que él promueve, de lo contrario pueden tener ’tropiezos’ en sus carreras de magistrados, además, a veces ni siquiera aquello es necesario por ellos mismos andan en busca de prebendas, gollerías y oportunidades de ascenso. Hablar de los aparatos represivos del Estado, Fuerza Armada y Policial, no tiene sentido, pues los oficiales de cualquier rango y cualquier arma están sujetos a la manipulación anual de los nombramientos, sin méritos profesionales, manejados por el poder político supremo del fuhrer peruano.
El fascismo criollo de Alan García no es nuevo, le viene de raza, la arbitrariedad y la prepotencia aplicada en su partido, la aplica ahora al país entero. Hoy en día, él mismo está organizando el Estado no con tendencia u olor a fascismo como advierten algunos analistas, sino en el orden fascista a secas. El manejo arbitrario del poder político y económico, no tiene otro nombre; el totalitarismo de las leyes que impulsa e impone, todas en el mandato centralizado, en la represión y la imposición tampoco. Así lo está instituyendo García Pérez y así debe funcionar. El decreto legislativo 982, para asesinar impunemente a los dirigentes populares en sus movilizaciones no es una casualidad; la agresión a los trabajadores organizados en la CGTP y el SUTEP, tampoco; declarar ’terroristas’ a sus opositores y vincularlos a organizaciones armadas que en el Perú dejaron de existir menos; querer destituir a los presidente regionales, quienes democráticamente se deben a sus electores y a nadie más, interviniéndolos por ’ley’ es otro de los avances fascistas. En pocas palabras todo el país debe estar bajo el control del Hitler criollo, cuyos pasos han de continuar, por supuesto, sí lo dejan.
La verdad, el carácter fascista del régimen actual es una necesidad, no puramente un capricho de Alan García Pérez el fuhrer criollo, aunque el papel le caiga como anillo al dedo, además del gusto personal por desempañarlo. Desde el juramento asumido para continuar la obra privatizadora de Fujimori y Toledo, de rodillas ante la Casa Blanca, lo que viene ocurriendo era de esperarse. El 75% de la población peruana, incluidas las huestes apristas votaron contra lo que García Pérez está haciendo. Su labor de escudero de las empresas transnacionales y protagonista principal de la gran estafa nacional que significa su gobierno, sólo puede cumplirla, a cabalidad, a través de la represión activa y preventiva. Totalitarismo inevitable de prohibir las libertades públicas y sobre todo la discusión de alternativas distintas a la suya, vale decir imponer la persecución ideológica y la ’casa de brujas.’ En este sentido, García Pérez no necesita pruebas de nada sino acusaciones sustentadas en mentiras mediáticas e inventos de conspiraciones nacionales e internacionales. Campañas de odio, malevolencia y xenofobia contra la izquierda nacional que por poco arrebata a la derecha en su conjunto la manija del poder político administrativo. Alan García Pérez y la ultraderecha que él comanda desde el gobierno lo conocen perfectamente y no se quitan el clavo de encima.
Los siete detenidos y enjuiciados de la Coordinadora Continental Bolivariana, los bolivarianos todos y el conjunto de la izquierda nacional no necesitamos de un grupo armado para derrotar y sepultar a la putrefacta clase política tradicional inmersa en la corrupción y sus vínculos con el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito, el crimen y la venta del país por gananciales personales y de grupo y de ninguna manera públicos. No, de forma alguna, necesitamos de una guerra popular o lucha armada o guerra de guerrillas o como quiera llamársele. En Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua; y en menor grado de radicalidad en Brasil, Argentina, Uruguay y hasta incluso en el timorato Chile, los líderes sociales y las masas populares han destituido a los traficantes de la política y ese nada más que ese es el pánico de Alan García Pérez, Unidad Nacional, el Fujimorismo y los corruptos de la UPP; pánico de perder sus nefastos apetitos pecuniarios y sus privilegios derivados. De ahí la imposición del terrorismo de Estado, donde la represión preventiva aplicada a los siete compañeros de la CCB significa meter miedo, miedo y miedo a los dirigentes políticos y gremiales, atemorizar a la población frente a ese despertar continental de decir ¡BASTA! ¡SI SE PUEDE!
Libertad inmediata a los siete delegados de la CCB, enjuiciados despótica y arbitrariamente al regresar de una reunión internacional representativa y convocada de acuerdo a ley y a todos los requisitos para este tipo de eventos.