12 de marzo de 2017

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El Papa Francisco y la pederastia clerical

Por: Emilio Godoy.

21 de enero de 2014

El Vaticano enfrenta una sesión inquisitiva.

(Prisma Internacional). El Vaticano quedó bajó presión para cambiar la forma en que aborda la pederastia clerical y su trato hacia las víctimas de ese flagelo, por lo cual organizaciones de defensa de los derechos de la niñez y de víctimas esperan que un comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) empuje esas transformaciones.

Así quedó evidenciado durante la sesión de evaluación del jueves 16 sobre el cumplimiento de la Santa Sede con la Convención de los Derechos del Niño de 1990, escenificada en Ginebra. Fue la primera vez que el Vaticano debió responder a fondo sobre ese fenómeno que ha provocado una seria crisis desde su explosión en 2010.

Delegados de organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, México y Europa expusieron ante el Comité de los Derechos del Niño -integrado por 18 expertos independientes y cuyo mandato es supervisar el apego de los Estados parte al instrumento internacional-, una situación caracterizada por cientos de miles de casos y una política de encubrimiento, complicidad e impunidad.

“Hay más que el Vaticano pudo responder. Su mensaje era evadir las preguntas y colocar la culpa en la jurisdicción de los Estados”, dijo a Proceso Bárbara Blaine, fundadora de la Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes (SNAP por su sigla en inglés) y quien asistió a la audiencia.

Blaine fundó la red en 1988. Tiene más de 12 mil miembros en EU y otros más en 64 países, con delegaciones en México, Chile, Perú, Canadá, Alemania y Australia. Su creación fue, luego de que el sacerdote Chet Warren abusó sexualmente de ella en 1969 cuando estudiaba en una escuela católica en Toledo (Ohio).

El Comité, comandado por Hiranthi Wijemanne, de Sri Lanka, cuestionó duramente a la delegación vaticana, encabezada por el monseñor Silvano M. Tomasi, observador permanente ante la ONU, sobre datos específicos de casos de pederastia, la protección a los infantes y las medidas de prevención y persecución de los autores.

La vicepresidenta del comité de la ONU, la ecuatoriana Sara Oviedo, exigió al Vaticano más detalles sobre los casos de abuso y las medidas exigidas por ese organismo.

“¿Por qué no hacer un esfuerzo para ser más transparente?”, cuestionó, al criticar que “los castigos que se impusieron no parecen reflejar la magnitud o alcance de los delitos”, en alusión a acciones como el retiro de los involucrados o su traslado a otras parroquias.

El Comité indagó en casos como el del nuncio apostólico en República Dominicana, el arzobispo Josef Wesolowski, acusado de abusos sexuales en la nación caribeña y a quien el Vaticano sacó de allí en agosto último para juzgarlo bajo sus propios cánones.

En su alocución ante el organismo de la ONU, el exsacerdote jesuita Alberto Athié declaró que “la Santa Sede tiene responsabilidad institucional sobre las formas en las que encubrieron a muchos sacerdotes, obispos y cardenales pederastas”.

Athié, quien renunció al ministerio en 2003 luego de que el cardenal Norberto Rivera y el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, se negaran a atender las denuncias de abuso sexual cometidas por Marcial Maciel, señaló que el Vaticano “maneja un lenguaje formal de no responsabilidad de jurisdicción formal general, pero no con capacidad coercitiva ni impositiva a las iglesias locales”.

La Santa Sede se escudó en las reformas en marcha impulsadas por el Papa Francisco y en que es jurisdicción primordial de los Estados perseguir los crímenes cometidos localmente.

“Los sacerdotes no son funcionarios del Vaticano. Son ciudadanos de sus propios estados y quedan bajo la jurisdicción de su propio país”, contestó Tomasi.

En las 13 preguntas que hizo a la Santa Sede en julio de 2013 en relación con su informe frente a la Convención de los Derechos del Niño, el Comité quiso ahondar en asuntos como las medidas introducidas para que ningún miembro del clero acusado actualmente de abusos sexuales pueda seguir en contacto con niños, los casos específicos en los que se adoptaron acciones inmediatas para evitar que siguieran en contacto con menores y los casos en que los sacerdotes fueron trasladados a otras parroquias o a otros Estados donde siguieron teniendo acceso a niños y abusando de ellos.

Además, inquirió sobre las instrucciones impartidas en todos los niveles del clero para que se cumpliera con la obligación de notificar a las autoridades nacionales competentes todos los casos de abusos sexuales y los casos en que se dieron instrucciones de no denunciar esos delitos y en qué nivel del clero.

También cuestionó el apoyo y protección prestados por la Santa Sede a los niños víctimas de abusos que testificaron contra quienes los habían agredido sexualmente y los casos en que se silenció a los infantes para reducir el riesgo de que éstos se conocieran.

“Las investigaciones y las acciones legales incoadas en virtud del derecho penal canónico contra los autores de delitos sexuales y sus conclusiones, así como la cooperación prestada por el Estado parte en las causas abiertas en los países en los que se cometieron abusos”, preguntó el Comité.

Además, quiso saber el número de niños víctimas que han recibido asistencia para su recuperación e indemnizaciones y si se impuso confidencialidad para obtenerlas y las medidas adoptadas para prevenir esos delitos.

Durante la audiencia, los representantes de la sociedad civil reafirmaron su conclusión de que el Vaticano quebranta la convención citada.

Demanda de cambios profundos

En septiembre de 2011, el Vaticano presentó, con retraso, su segundo reporte sobre la Convención, de 44 páginas de largo, y en el cual abordó superficialmente la pederastia clerical.

Por ejemplo, citó como medios de acción la exhortación, la predicación, el buen ejemplo, la enmienda, el sacramento de la penitencia y la reconciliación.

Dentro de las penas mencionó la excomunión, el entredicho, la suspensión, la expulsión del estado clerical, la pérdida del cargo y la prohibición o el mandato de residir en un lugar determinado. Además, defendió la confidencialidad de esos procesos.

En sus respuestas del 2 de diciembre de 2013 a las preguntas del Comité, el Vaticano señaló que “es importante enfatizar que, de acuerdo con los procedimientos acostumbrados previstos por la ley internacional, no es usual que la Santa Sede revele información sobre la disciplina religiosa de miembros del clero o religiosos según la ley canónica, a menos que haya un asunto relacionado con la cooperación judicial internacional con un Estado”.

En su reporte al Comité Luchando por el futuro. Sobrevivientes adultos trabajan para proteger a la niñez y terminar con una cultura de abuso sexual clerical, de febrero de 2013, SNAP y el estadunidense Centro para los Derechos Constitucionales (CCR por su sigla inglesa) pidieron adoptar medidas disciplinarias para los altos funcionarios, incluyendo obispos y cardenales que se involucren en el encubrimiento de casos de abuso sexual y quienes incumplen el reporte a las autoridades seculares.

Las organizaciones solicitaron requerir reportes obligatorios ante las autoridades seculares y pedir revisión de antecedentes y evaluaciones psicológicas de especialistas independientes antes de admitir a clérigos para puestos de contacto cercano con niños y adultos vulnerables.

Asimismo, recomendaron abrir los procedimientos eclesiásticos al público, con respeto a las situaciones en las cuales las víctimas piden confidencialidad.

Por su parte, una coalición de organizaciones mexicanas ha pedido en su reporte de diciembre último Pederastia clerical de mexicanos en México y en otros países 1944-2013, que se consideren delitos de Estado, por la implicación directa del Vaticano.

“En el fondo se trata de crímenes de Estado, pues las conductas pederastas fueron auspiciadas, toleradas, protegidas y encubiertas desde la cúpula misma de la estructura organizada del poder vaticano”, subraya el documento, de 29 páginas, y entregado al Comité.

El colectivo solicita la publicación de todos los documentos y expedientes en posesión de los distintos dicasterios y órganos de la Santa Sede y de los archivos de los papas, desde Pío XII hasta Francisco, sobre abusos sexuales contra niños perpetrados por religiosos católicos en México, desde los casos de Maciel hasta nuevos que no hayan trascendido.

“Que se le recomiende a la Santa Sede que actúe de manera diligente para favorecer que los miembros de la iglesia católica responsables de actos de abuso sexual en México, respondan ante las autoridades civiles de los países en donde ocurrieron dichos abusos”, clama el reporte.

Además, pide que se esclarezca si hubo participación de la Santa Sede en los acuerdos entre el entonces cardenal de Los Ángeles, Roger Mahony, y Rivera para gestionar la fuga del sacerdote Nicolás Aguilar de la ciudad californiana en 1989, cuando enfrentaba 26 denuncias de ataque sexual a menores.

Los alegatos contra sacerdotes católicos de abusar sexualmente de niños y adolescentes estallaron en EU en 2002 y luego proliferaron en países europeos, como Alemania, Irlanda y Bélgica, así como en América Latina, especialmente en México y Chile.

A la luz de las revelaciones e investigaciones recientes, se ha estimado que el número de víctimas de violencia sexual entre 1981-2005 ronda las 100 mil y posiblemente aumenten mientras más datos surgen de Latinoamérica y África.

A 2012, el Vaticano había documentado 612 casos de abusos sexuales que involucraban a miembros del clero, de los cuales 418 fueron contra menores.

El informe de la coalición mexicana se concentra en los casos de Maciel, Aguilar y el párroco Carlos López Valdez, acusado de abusar de niños que fueron invitados a ser acólitos de la parroquia de San Agustín en la ciudad de México.

Maciel, fundador de la Orden de los Legionarios de Cristo, abusó sexualmente de dos de sus hijos y de varios seminaristas de esa agrupación entre 1941 y 1970. En mayo de 2010, el Vaticano calificó su conducta de criminal, “grave y objetivamente inmoral” y lo acusó de haber vivido sin escrúpulos. En 2006, Benedicto XVI le ordenó retirarse y vivir en penitencia, pero sin proceder más allá de esas medidas tibias.

Respecto a Carlos López, en 2007 la Arquidiócesis Primada le pidió que atendiera sus “conductas inadecuadas”, pero no hizo caso y continúo ejerciendo su ministerio, a pesar del llamado de atención del obispo auxiliar de México y Vicario Episcopal, Jonás Guerrero, el 13 de septiembre de ese año. Se esperaba que el Vaticano fallara en contra del sacerdote en noviembre de 2010, pero a la fecha eso no ha ocurrido.

Las ONG señalan que en Canadá, Estados Unidos, Australia, Alemania e Irlanda cada indagatoria ha identificado las mismas políticas y prácticas que permitieron la proliferación de la violencia sexual y que agravó el daño a las víctimas directas.

“Sin excepción, cada pesquisa llegó a la misma conclusión: la preocupación primordial de los funcionarios de la iglesia en estos casos ha sido proteger su reputación y sus sacerdotes, pero no en el interés superior de la infancia”, concluye el reporte de SNAP y CCR.

En el patrón hallado identificaron políticas como la negativa a cooperar con las autoridades civiles, la práctica de “mover sacerdotes”, en la cual obispos, cardenales u otros altos funcionarios han transferido transgresores conocidos a otros sitios donde continuaron teniendo acceso a niños o adultos vulnerables, la destrucción de evidencia y obstrucción de justicia, así como culpar a las víctimas de las ofensas padecidas.

En mayo de 2011, la Congregación para la Doctrina de la Fe instruyó a todos los episcopados del mundo a contar con procedimientos claros sobre el manejo de las agresiones. Además, se reformó el Código de Derecho Canónico para endurecer las penas contra los curas pederastas.

El 5 de diciembre último, el Vaticano anunció que el Papa Francisco I creó una comisión para asesorarle sobre la crisis de violencia sexual dentro de la iglesia, la cual estaría integrada por clérigos y laicos, con más énfasis en la respuesta pastoral y menos en las partes jurídicas.

El argentino Jorge Mario Bergoglio, quien asumió el papado en marzo de 2013 bajo el nombre de Francisco I, ha tenido que enfrentar algunos escándalos, aunque sean la derivación de la crisis heredada por Juan Pablo II y Ratzinger (Benedicto XVI).

En septiembre del 2013, Francisco I retiró al entonces obispo auxiliar de Ayacucho (Perú), Gabino Miranda, por acusaciones de agresión sexual contra un monaguillo de 14 años y de una novicia; no ha respondido ante la justicia civil local.

Si bien Francisco I censuró la pederastia clerical y cuestionó que la iglesia no se avergüenza por esa conducta en su homilía del pasado jueves 15, ha cometido resbalones, como reunirse en privado con Mahony ese mismo día, a pesar de su rol de encubridor de pederastas en la Arquidiócesis de Los Ángeles que presidió entre 1985 y 2011. El propio Mahony reveló el encuentro en su blog.

“El nuevo papa parece estar haciendo gestos incitantes en muchas áreas, pero no está haciendo nada incluso para empezar a exponer, muchos menos revertir, décadas de encubrimiento clerical que arriesga a los niños y protege a los depredadores. Es decepcionante y es aún otra razón por qué aquellos que ven, sospechan o sufren crímenes sexuales del clérigo deben contactar a las autoridades seculares, no a las figuras de la iglesia”, señaló Bárbara Blaine.

La activista no ve ningún tipo de cambio sustancial que haga a los niños más seguros. “El Comité no hará cambiar al Vaticano, será la presión de la comunidad internacional”, recalcó.

Alberto Athié espera que “en el cúmulo de preguntas y en los vacíos de algunas de las respuestas de la Santa Sede se inicie ya un proceso de mejoramiento de la forma en la cual el Vaticano tendrá que ir respondiendo cada vez con mayor claridad”.

El 5 de febrero próximo, el Comité emitirá sus conclusiones sobre los exámenes al Vaticano, Congo, Alemania, Portugal, la Federación Rusa y Yemen, analizados durante su 65 periodo de sesiones del 13 al 31 de este mes.

Otro caso es el del reverendo Jesús P. Garza, ordenado el 9 de mayo de 1979, y quien renunció al sacerdocio en julio de 2000 por las acusaciones de pederastia en su contra.

Entre 1979 y 1981 trabajó en la Parroquia de San Casimiro en Chicago y entre 1981 y 1986, en la de San Sebastián.

Entre 1984 y 1985 estuvo en la Preparatoria Quigley Seminary-North, de 1986 a 1989 fue asignado a la Parroquia de St. Ita y de 1989 a 1994, a la de San Aloisio.

De 1995 a 1996 permaneció en la Parroquia de Santa Margarita María, entre 1996 y 1997 en la Preparatoria Edgewood y fue administrador de la Parroquia Resurrección entre 1997 y 1998. En todos esos sitios tuvo contacto con niños y adolescentes.

A esa historia se suma la del reverendo Eusebio Pantoja, a quien un hombre de 48 años, identificado solo como “John Doe”, lo demandó, con su orden de los Misioneros Claretianos, en octubre de 2003 por abuso sexual.

El acusador denunció que fue atacado por Pantoja cuando tenía 14 años en la casa del sacerdote y en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en el sur de la ciudad de Chicago.

Pantoja predicó en esa iglesia, rebautizada como la Capilla Nacional de St. Jude, en 1970 y también lo hizo luego en parroquias en Perth Amboy (Nueva Jersey), Texas y México.

El párroco fue removido del ministerio en marzo de 2003, luego de que su acusador presentó una queja contra el sacerdote en la Arquidiócesis de Chicago.

Finalmente, en junio de 1993 un joven de 16 años denunció al diácono Juan Francisco Hinojosa de haberlo asaltado sexualmente en el apartamento del religioso.

Hinojosa, que entonces contaba con 28 años de edad, estudiaba en el seminario “Santa María del Lago” en la localidad de Mundelein (Illinois).

Pantoja e Hinojosa habrían escapado a México. La Arquidiócesis de Chicago informó de que todos los curas involucrados en los papeles están fuera del ejercicio religioso y 14 ya murieron.

La institución aseguró que ningún sacerdote con el menor alegato de abuso sexual de un menor practica en esa arquidiócesis, que enlistó 65 clérigos, pero la organización independiente BishopAccountability.org enumeró 121.

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