15 de noviembre de 2020

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PERU: VIOLADORES DE DDHH BUSCAN ANULAR SENTENCIAS

Por: Carlos Rivera Paz.

17 de febrero de 2009

Consorcio Justicia Viva (*).

El Presidente de la Sala Penal Nacional, magistrado Pablo Talavera Elguera, acaba de hacer un anuncio verdaderamente preocupante para la justicia: las sentencias condenatorias impuestas contra militares y policías violadores de derechos humanos podrían ser anuladas, debido a que recientemente dichas personas han interpuesto procesos de Habeas Corpus contra los magistrados que dictaron las sentencias.

El magistrado Talavera ha informado que ello ya ha ocurrido en los casos de la desaparición del estudiante universitario Ernesto Castillo Páez, el asesinato del periodista Hugo Bustíos, el asesinato de Efraín Aponte y el caso de la desaparición de los pobladores de Chuschi. En todos ellos los militares y policías condenados han interpuesto Habeas Corpus contra los integrantes de los tribunales que los condenaron bajo el argumento de que fueron condenados sin que existiera una suficiencia probatoria y una correcta valoración de las pruebas presentadas al proceso judicial.

Esta seguidilla de Habeas Corpus interpuestos contra los integrantes de un mismo tribunal, la Sala Penal Nacional (instancia encargada del juzgamiento de crímenes contra los derechos humanos), da cuenta de que se ha dado inicio a una estrategia legal coordinada desde los violadores de derechos humanos con el claro y evidente objetivo de anular las sentencias condenatorias impuestas contra aquellos entre el 2006 y 2007.

De esta manera se está copiando lo que hace más de un par de años atrás ocurrió contra los jueces del sistema judicial anticorrupción, a quienes también se les interpuso diversas acciones de habeas corpus para impedir o entorpecer las investigaciones judiciales por corrupción de funcionarios. Desde allí, los procesos de Habeas Corpus se perfilaron como un valioso instrumento para interrumpir la acción de la justicia.

Los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos -según Talavera- habrían encontrado el fundamento para presentar los referidos procesos de Habeas Corpus, en la sentencia que el Tribunal Constitucional dictó el año pasado en el caso del parricidio cometido por Giuliana Llamoja Hilares, en la cual se presenta un análisis de la suficiencia probatoria y la valoración de la prueba indiciaria como asuntos de los cuales aparentemente carece la sentencia condenatoria impuesta contra dicha persona, razón por la cual la Sentencia del Tribunal Constitucional (del 13 de octubre de 2008) ha ordenado la nulidad de la sentencia dictada por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de enero de 2007.

Pero no necesariamente el hecho de que algún condenado interponga una acción de Habeas Corpus es un hecho que deba preocuparnos en demasía, salvo que los jueces penales que han recibido tales Habeas Corpus decidan declarar fundados dichos procesos y consecuentemente ordenar la anulación de las sentencias. Aquí estamos advertidos que cualquier cosa puede ocurrir.

Lo que realmente preocupa, inclusive al mismo magistrado Talavera, es que debido a los procedimientos legales establecidos es muy probable que estos procesos lleguen al Tribunal Constitucional y este decida ingresar a un terreno reservado a la justicia penal y pretenda redefinir o cuestione los criterios de valoración probatoria considerados en las sentencias de dichos casos -al estilo del caso Llamoja- por una aparente insuficiencia probatoria o debido a una aparentemente inadecuada valoración de las llamadas pruebas indiciarias.
Eso sería sumamente grave para la justicia, pero también sumamente indignante para los familiares de las víctimas de aquellos casos.

La preocupación debe acrecentarse si en diciembre del año pasado hemos verificado que la nueva composición del Tribunal Constitucional estableció, en el caso de la matanza de El Frontón, una grave desvinculación del ordenamiento constitucional y de las normas internacionales de protección a los Derechos Humanos otorgando calidad de cosa juzgada a una resolución abiertamente ilegal que declaró que este crimen de lesa humanidad perpetrado en 1986 había prescrito.

Con dicha resolución, el Tribunal Constitucional marcó un punto de inflexión respecto de su vinculación a los casos de graves violaciones a los derechos humanos que son parte del proceso de judicialización que desde el año 2001 se inició en el Perú. Si es cierto que el TC con esa sentencia marcó un antes y un después en su papel de promotor de la justicia y de la eliminación de las causas de impunidad, y si es cierto que el TC pretende someterse al discurso que desde el Poder Ejecutivo se mantiene contra la judicialización de violaciones a los DDHH, entonces en el momento que los procesos de Habeas Corpus que estamos comentando lleguen al Tribunal Constitucional, la justicia será nuevamente confrontada con un novedoso mecanismo de impunidad que surge del ejercicio manipulador de los procedimientos legales.

Esto ocurre en un momento en el que una simple constatación nos indica dos cosas importantes: La primera es que hay significativa desaceleración del proceso de judicialización de violaciones a los derechos humanos, debido a que en los últimos dos años pocos casos han llegado al Poder Judicial. La segunda, es que hasta la fecha los tribunales de justicia han emitido pocas sentencias condenatorias contra perpetradores de violaciones a los derechos humanos. Muy por el contrario, con excepción de la sentencia condenatoria recientemente emitida por la Sala Penal Nacional, contra un oficial retirado de la Marina en el caso del asesinato de Indalecio Pomanta Albarrán, las sentencias de ese órgano judicial han sido mayoritariamente absolutorias.

En medio de ello un persistente discurso político, cuyo origen es el Poder Ejecutivo, que cuestiona y critica frontalmente el proceso de justicia. Al final pareciera que hay un juego en pared. El discurso político presiona para que no se inicien nuevos procesos y los Habeas Corpus buscan anular los procesos judiciales que ya están terminados.
¿Qué cosa es lo que puede impedir que este crítico panorama empeore? Nuevamente solo la independencia de los jueces.

(*). Justicia Viva es un proyecto de "Participación y Fiscalización Ciudadana en la Reforma Judicial", que ejecuta un consorcio integrado por la Facultad y el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto de Defensa Legal (IDL).