10 de noviembre de 2019

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COMISIÓN DE INDULTOS: PROYECTO DE IMPUNIDAD

Escribe: Dante Castro.

13 de noviembre de 2008

"La esperanza de los genocidas"

Los niños, mujeres embarazadas y ancianos asesinados en Putis eran enemigos de la democracia y del estado de derecho. Los infames "adversarios de la patria" yacen en fosas comunes, víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de torturas previas al último balazo. Esos cementerios clandestinos que abundan en las cercanías de los cuarteles del glorioso ejército peruano, similares a los creados por la marina de guerra en Huanta o en Ucayali, por citar dos sitios solamente, serían creaciones fantasmagóricas de quienes habitualmente desprestigian a las instituciones castrenses. Ergo, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, son nidos de agentes de la subversión enmascarados tras una careta humanista de la cual se valen para acosar a valientes soldados.

Volvamos al caso de las fosas de Putis. El ejército se niega a suministrar datos acerca de quiénes cometieron la masacre. La institución en pleno cierra filas con los asesinos, preservando el anonimato de sus colegas, fingiendo que no se llevaba un registro pormenorizado de movilización de tropas, itinerarios y jefaturas. Se preserva el "espíritu de cuerpo", lo que para nosotros, felizmente civiles, equivale a complicidad entre criminales de la misma especie.

Y nos pronunciaremos siempre sobre la verdad de los hechos: un operativo sin sangre fue el que puso fin a la guerra, no así las masacres que generaban odio, resentimiento y candidatos a la violencia entre los familiares de los asesinados. El equipo del GEIN que en 1992 detuvo al Camarada Gonzalo sin hacer un solo disparo, fue el que logró la derrota. No mientan más los asesinos en serie: valientes para matar, cobardes para morir. Las matanzas de humildes pobladores no condujeron a la paz que tanto ansiaban.

INDULTANDO AL TERRORISMO DE ESTADO

Por una ley de indulto, Santiago Martin Rivas y sus secuaces salieron en libertad. El pretexto de toda ley de impunidad fue que los acusados eran héroes que habían combatido a la subversión y salvado a la democracia. Esta democracia que engorda los bolsillos de la clase política necesita de la impunidad de sus defensores contra todo lo que establece el estado de derecho. Es decir, tiene todas las prerrogativas totalitarias de cualquier dictadura militar.
No es necesario que defiendan democracia alguna, sino que la violación de derechos humanos ha sido moneda corriente en democracias y en dictaduras. Recordemos el caso de Fernando Lozano, estudiante de la Pontificia Universidad Católica, secuestrado por tres miembros de la extinta Guardia Civil en 1976. Lo detuvieron cuando trasladaba un mimeógrafo para imprimir panfletos trotskistas. Lo torturaron hasta quitarle la vida. La abuela de Fernando Lozano, a pesar de su avanzada edad, recorrió comisarías y pasillos judiciales, hasta que logró identificar y procesar a los culpables. Fueron sentenciados a penas benévolas, pero a los dos años de carcelería, la dictadura del general Morales Bermúdez los indultó. Hoy deben estar rumiando su vejez en familia, con la pensión de retiro que el Estado les otorga.

El burladero tras el cual se han refugiado militares y policías violadores de derechos humanos siempre fue, en primer lugar, el tribunal militar. Pocos casos pasaban al fuero común y en el fuero privativo (militar) gozaban de la complicidad de jueces castrenses y de un Código de Justicia Militar que no sanciona el genocidio ni el asesinato de civiles. En segundo lugar, fueron auxiliados por leyes de indulto, sea en democracia o en dictadura. Los indultos más descarados los dio la dictadura cívico-militar de Fujimori y Montesinos. Un caso emblemático es el del grupo paramilitar Colina, grandes "defensores" de todos nosotros.

GARCIA PEREZ Y OLLANTA: EN EL DOLOR HERMANOS

El segundo gobierno del APRA tiene porqué preocuparse por un proyecto de indultos masivos. Su presidente y vicepresidente están acusados por graves violaciones a los derechos humanos. Su agente Agustín Mantilla, ex viceministro de Interior y ex jefe del comando paramilitar Rodrigo Franco, fue filmado recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos en la famosa sala del Pentagonito. Cuando fue extraditado Fujimori, el presidente Alan García clamó porque se le trate de acuerdo a su investidura. Y no lo llamó dictador, como corresponde, sino "ex -presidente". En síntesis, el APRA cogobierna con los partidos conservadores y con la ultraderecha fujimorista. Juntos están por la penalización de la protesta popular y por la actual impunidad para soldados y policías que hagan uso de sus armas.

Igualmente venal fue el pacto previo a la polémica entre dos candidatos presidenciales el 2006: el nacionalista Ollanta Humala y el aprista Alan García, acordaron no tratar el tema de los derechos humanos. Y cumplieron. El APRA tenía un naipe bajo la manga y era el historial del capitán E.P. Ollanta Humala en la guerra contrasubversiva. Información seria sobre violaciones a los derechos humanos en las zonas de emergencia por las que transitó este insigne soldado de la patria. Si el nacionalista acusaba a García por la matanza de presos políticos en 1986, aparecía el expediente de Madre Mía y del "capitán Carlos". Recordemos que el 2006 Ollanta se manifestó porque "cese la persecución a los militares que combatieron a la subversión". Grabado está para quien lo dude.

No en vano, este sábado 8 de noviembre, en la Asamblea Nacional de los Pueblos, Ollanta Humala le dedicó buena parte de su discurso a "explicar" pobremente su rol de soldado en las zonas de emergencia. Sonó a justificativo delante de un público de izquierda que le reclamaba que, como orador, no hiciera abuso de su tiempo para autoproclamarse el único candidato del pueblo.

QUIÉNES COMPARTEN ANSIAS DE IMPUNIDAD

El estado peruano, sus fuerzas armadas y policiales, han practicado una estrategia sistemática de torturas, desapariciones forzadas, guerra sin prisioneros, asesinatos en masa y/o genocidio. Los partidos políticos que han gobernado las tres últimas décadas, están de acuerdo con una ley de impunidad a favor de los "defensores de la patria" (léase: malos militares y policías) que cortaría procesos iniciados por violaciones a los derechos humanos. Cualquier precisión que diferencie "culpables" de "inocentes" constituye un antejuicio extrajudicial sin pruebas ni testimonios. En síntesis: una aberración contra legem. El candidato nacionalista Ollanta Humala (a) "Capitán Carlos" como hemos visto, siempre estuvo interesado en la impunidad para sus compañeros de armas y para él mismo. Y aunque usted no lo crea, Abimael Guzmán Reynoso, el camarada Gonzalo, es un prosélito de la misma causa con su famosa "solución política a los problemas derivados de la guerra" que concluiría con una "amnistía para todos".
Mientras tanto, siguen apareciendo fosas comunes después de la Comisión de la Verdad, y los deudos continúan clamando por justicia ante un estado constituido de espaldas a los más humildes.