24 de mayo de 2019

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PUEDEN SER SOCIALISTAS LAS FUERZAS ARMADAS EN UN ESTADO BURGUÉS?

Por: Simón Rodríguez Porras.

27 de mayo de 2008

Unas fuerzas armadas socialistas y revolucionarias no pueden estar al servicio de mantener el orden económico y social capitalista, consagrado como ley en un Estado como el que tenemos hoy en Venezuela.

Las recientes declaraciones del Ministro de la Defensa, en las que reivindica que las Fuerzas Armadas en Venezuela están ganadas para la construcción del socialismo, y sus ataques a los sectores que se hacen llamar "institucionalistas"; las protestas de la derecha frente a estas declaraciones, así como los reiterados pronunciamientos del presidente Chávez, en este contexto, acerca de la unidad del estamento militar; todos estos elementos plantean la necesidad de ofrecer una perspectiva del asunto que critique las manipulaciones de la derecha y del reformismo. Las Fuerzas Armadas no pueden ser simplemente "institucionalistas", en la medida en que como institución tienen una finalidad que va más allá de su propia existencia. Pero tampoco esa finalidad puede tener nada de socialista cuando la institución está definida en el marco de un Estado capitalista, al cual sirve.

Federico Engels observó que el Estado, como la expresión institucionalizada del poder que la clase dominante ejerce sobre las mayorías trabajadoras y explotadas, se reduce en última instancia a cuerpos de hombres armados. Cuando la agudización de las contradicciones sociales y el auge de las luchas populares llegan a poner en jaque al sistema mismo de explotación económica, la clase dominante descansa exclusivamente sobre los pilares de su ventaja militar.

El Estado burgués es un instrumento que sirve para mediar entre una minoría propietaria y explotadora, y las mayorías populares, con el sentido de mantener las relaciones de explotación. En estos tiempos de capitalismo globalizado, estamos ante un conjunto de sociedades cuya organización económica se fundamenta en la apropiación privada de la riqueza creada socialmente, a través de una operación hecha posible gracias a la propiedad privada de los medios de producción, así como el comercio, la banca, y la tierra. Dada la enorme desproporción numérica entre explotadores y explotados, este sistema sólo puede sostenerse, en última instancia, en virtud de una desproporción en el dominio de los medios para el ejercicio de la violencia. Los ejércitos son esos cuerpos de hombres armados a los que se refiere Engels, esa última reserva del capitalismo.

Esta función estructural de las Fuerzas Armadas, como gendarmería de los explotadores, no significa que no existan contradicciones de clase y luchas políticas a lo interno de ellas, y que se puedan llegar a expresar en la forma de rebeliones, o en la participación de determinadas franjas del estamento militar en revoluciones sociales. Pero cuando estas situaciones se presentan, producto de condiciones sociales excepcionales, es porque hay sectores que reniegan del rol institucional de la fuerza armada, entra en crisis el principio de la obediencia ciega, y la incapacidad de la clase política para dirigir un orden represivo lleva al rompimiento de las filas de quienes están llamados legalmente a ejercer esa represión.

El reformismo plantea que Venezuela es una excepción histórica. Supone esta corriente política, dominante en el gobierno nacional, que se puede construir el socialismo por medio de acuerdos progresivos con la burguesía nacional, que el socialismo “del siglo XXI” se expresa en una economía mixta, en otras palabras, se reduce a un capitalismo con barniz popular. En lo militar, proponen que las Fuerzas Armadas venezolanas representan una excepción a la tradición represiva y fascistoide de los ejércitos de Latinoamérica. Si bien la extracción militar del presidente Chávez ha sido manipulada por la derecha para efectos propagandísticos, en sus ataques al proceso revolucionario, tampoco se ajusta a la realidad aquella propaganda oficial que presenta hoy a las Fuerzas Armadas como socialistas y revolucionarias. El revisionismo histórico, que ha acompañado a esta maniobra, se refleja con claridad en la película dirigida por Román Chalbaud, “El Caracazo”.

Aunque las Fuerzas Armadas fueron el principal ejecutor directo del asesinato de más de 3000 personas, luego del levantamiento popular de febrero de 1989, en la película de Chalbaud el Ejército no aparece reprimiendo ni masacrando. La única secuencia en la que los militares aparecen disparando es aquella en la que responden al disparo de un francotirador, por el cual cae muerto un comandante de tropa. Paradójicamente, la versión de Chalbaud, ajustada al libreto político del actual gobierno, se compagina con la historia fabricada por el entonces ministro de la defensa, el genocida Del Valle Alliegro, según la cual los militares no dispararon contra la población de los barrios, sólo respondieron a los disparos de francotiradores.

Aún cuando la composición social de las fuerzas armadas venezolanas es más amplia que en otros países de sudamérica, donde incluso incluso se han aplicado criterios racistas para restringir el ingreso a los ejércitos, esto no implica que se trate de una estructura castrense más democrática en su modo de organización o en sus objetivos. Las Fuerzas Armadas venezolanas fueron las primeras en Latinoamérica en derrotar militarmente a un amplio movimiento insurgente, la guerrilla venezolana; estrenaron métodos que luego se extendieron al resto de Latinoamérica, como la desaparición forzada de personas, y la amputación de las manos de los guerrilleros ejecutados, para su identificación.

En masacres como las de Cantaura y El Amparo, y luego en el Caracazo, las Fuerzas Armadas demostraron su fiel obediencia a los dictámenes de la degenerada clase política adeca y copeyana. Aquella época no se parece en nada a la "era dorada" de la que hablan los voceros de la derecha, en la cual los militares eran apolíticos y obedecían sólo a su "vocación institucionalista". La política y los partidos siempre han tenido un peso determinante en el mundo militar, aunque la ley consagre el principio del apoliticismo. Esto en realidad no es más que otra muestra más del carácter profundamente hipócrita y mentiroso de la burguesía, y sus códigos legales.

Por otro lado, aunque realicen juramentos socialistas, o se declaren antiimperialistas, las fuerzas armadas en un Estado burgués no tienen otra función que la protección del orden de dominación capitalista. En Venezuela se ha logrado avanzar en cierta independencia con relación a los EEUU: ya no hay oficinas manejadas por oficiales estadounidenses en las instalaciones militares venezolanas, y los oficiales venezolanos no reciben adiestramiento en la infame Escuela de las Américas. Pero aún se está muy lejos de un modelo militar socialista, y no hay, en las políticas del gobierno, ninguna evidencia que apunte a la construcción de tal modelo. El gasto en equipos militares y armamento sofisticados, si bien no es una muestra de la cacareada carrera armamentista de la que hablan el imperialismo y la derecha criolla, sí demuestra que el modelo militar tradicional está plenamente vigente, y que no se está evolucionando hacia una doctrina militar popular.

La función procapitalista y reaccionaria sigue vigente en estos cuerpos armados. Para ello basta ver la represión ejercida por la Guardia Nacional en contra de las luchas obreras como las de Sanitarios Maracay Sidor, o los trabajadores petroleros en Anzoategui, así como su participación en desalojos en contra de campesinos sin tierras, o su rol en territorios indígenas en conflicto, como la Sierra de Perijá. En todos estos casos se pone claramente de manifiesto el carácter, desde el punto de vista de clase, de las Fuerzas Armadas.

La creación de un Consejo Suramericano de Defensa, que levanta expectativas en quienes lo entienden como una instancia de integración regional, debe entenderse en el contexto político apropiado. Las fuerzas armadas latinoamericanas, en su gran mayoría al servicio de gobiernos proimperialistas, no pueden articularse y por ese hecho adquirir una cualidad independiente. El caso de la fuerza internacional que ocupa actualmente Haití, la Minustah, demuestra hasta que grado las fuerzas armadas de países cuyos gobiernos se dicen de izquierda, o de centroizquierda, como los de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Chile, están al servicio de políticas imperialistas.

Unas fuerzas armadas socialistas y revolucionarias no pueden estar al servicio de mantener el orden económico y social capitalista, consagrado como ley en un Estado como el que tenemos hoy en Venezuela. Para que efectivamente puedan tener ese carácter socialista, las fuerzas armadas tendrían que formar parte de un Estado revolucionario, que expropie el gran capital privado y ponga las empresas bajo control obrero, que haga lo propio con la banca y las tierras, y establezca un orden económico democrático, sin explotadores ni explotados.

La democratización de la fuerza es la primera condición para la superación de la función conservadora del ejército: para que la violencia deje de ser un instrumento de dominación de clase, debe dejar de ser el monopolio de la clase dominante, y pasar a ser un medio para derrocar a los explotadores y defender la democracia revolucionaria, tarea que tiene que extenderse a la clase trabajadora en su conjunto. Si el propósito es democrático, los métodos no pueden contradecirlo: tiene que superarse la obediencia ciega en función de una jerarquía antidemocrática; el pueblo en armas debe escoger democráticamente a sus oficiales y deben desaparecer los privilegios de la oficialidad. Finalmente, con la superación de la división en clases de la sociedad, desaparecerá la necesidad de la violencia organizada, y del Estado mismo. Hacia allá debe apuntar un cuerpo armado socialista, hacia lograr las condiciones de su propia disolución.

La Haine