10 de noviembre de 2019

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LA PAMPA: ABORTO

Por: Irina Santesteban (LA ARENA)

31 de diciembre de 2007

El veto a la ley 2.394 está a tono con la intolerancia religiosa

Los argumentos sostenidos por el gobernador Oscar Jorge al vetar la ley que reglamenta los abortos no punibles, y que fuera votada por una contundente mayoría de 18 votos contra 5 en la Legislatura pampeana, son los mismos que sostiene la Iglesia Católica.

El principal argumento utilizado por Jorge, es que la ley 2394, que fuera apoyada mayoritariamente por legisladores y legisladoras, incluso del propio Partido Justicialista, ’es inconstitucional porque modifica la ley de fondo’. Pero de la atenta lectura de los fundamentos del veto, surge que quien intenta modificar el actual Código Penal, a tono con las declaraciones del abogado Héctor de la Iglesia, es la propia decisión gubernamental.

Dice la Iglesia a través del abogado homónimo que el artículo 86 del Código Penal ha quedado ’virtualmente derogado’ por los tratados internacionales firmados por la Argentina, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero se cuida muy bien este abogado de mencionar la extensa jurisprudencia que existe en la materia, sobre todo la muy reciente proveniente de los máximos tribunales de justicia de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Mendoza. En diferentes fallos, estas cortes resolvieron casos ocurridos en el presente año, en los cuales los médicos o las autoridades hospitalarias, por propia decisión o presionados por los mismos sectores que hoy lograron este veto en La Pampa, no querían aplicar el artículo 86 del Código Penal, a pesar que se configuraban los presupuestos previstos en esa norma.

Historia tenebrosa

No debería sorprendernos la posición de la Iglesia Católica, institución que a lo largo de su historia mandó a la hoguera a miles de personas invocando el nombre de Dios, condenó a un científico como Galileo para perdonarlo 500 años más tarde, fue sostén filosófico del genocidio de pueblos aborígenes en la conquista de nuestro continente y más recientemente, de la dictadura militar que secuestró y desapareció a 30 mil personas en nuestro país. Con esa trayectoria, es esperable que su jerarquía sostenga posiciones tan retrógradas como las manifestadas en su oposición a la reglamentación de una norma que tiene más de 80 años de vigencia en nuestra legislación penal.

Que el jefe de gobierno de una provincia, a ocho días de asumida su función, haga uso de una facultad excepcional como el veto, para anular una ley que busca bajar los altos índices de mortalidad materna, y peor aún, que utilice los mismos argumentos de aquellos sectores, es lamentable. Pero hay que reconocer que en esta decisión, Jorge ha estado a tono con la presidenta Cristina Fernández, quien aunque recibió el bastón de mando de manos de su marido, en algunas cosas se ha diferenciado y lamentablemente, no para mejorar la situación de las mujeres. Fue bien conocida durante la campaña electoral, su posición contraria a la despenalización del aborto, coincidiendo en esa postura con la otra candidata presidencial y ferviente católica, Elisa Carrió.

Cediendo a las presiones

A pocos días de asumir, la flamante presidenta recibió al cardenal Jorge Bergoglio, quien había mantenido duras polémicas con el ex presidente Néstor Kirchner. En esa reunión Bergoglio le entregó a Cristina un ejemplar de la exhortación pastoral sobre el compromiso ciudadano y el bien común, que el plenario episcopal difundió en abril pasado, en la cual, entre otras cosas, se pide el ’respeto al derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta su fin natural’.

Atrás quedó la polémica de la jerarquía eclesiástica con el gobierno nacional a propósito del proyecto de reforma al Código Penal dado a conocer el año pasado, de marcado sesgo progresista, y que preveía la posibilidad de interrupción del embarazo efectuado por un médico con consentimiento de la mujer y antes de las doce semanas de gestación. Ese proyecto fue duramente cuestionado por la derecha y la jerarquía de la Iglesia y a raíz de esa resistencia, la misma que generó la ley 2394, hoy duerme en algún cajón del ministerio de Justicia.

Pero la realidad de todos los días, no deja dormir ni a los jueces ni a los legisladores. Durante 2007 hubo muchos casos que obligaron a la Justicia a resolver sobre la posibilidad de interrumpir embarazos, dentro de los supuestos que prevé el artículo 86 del Código Penal. Por ello, y lo dice claramente la declaración del abogado de la Iglesia, su próxima meta ahora es lograr la derogación lisa y llana de esa norma.

No piensan en los pobres

Como lo hemos puntualizado en varias oportunidades en esta columna, el artículo 86 está vigente desde 1921 y permite realizar un aborto en dos circunstancias: cuando corre peligro la vida de la madre (inciso 1º) y cuando el embarazo es fruto de una violación y la mujer es discapacitada mental (inciso 2º). No se exige el requisito de la autorización judicial, como pretende la Iglesia en sus argumentos para calificar a la ley 2394 de ’inconstitucional’, y sólo requiere el consentimiento de la mujer. Si ésta es discapacitada mental, el consentimiento estará a cargo de su representante legal.

Aunque el número de legisladores que votaron la ley alcanza para mantener su vigencia, pues superan los dos tercios de la Cámara, la muy mentada ’lealtad’ partidaria y el deseo de no enemistarse con el flamante gobernador o incluso con la presidenta, conspiran contra la necesidad de miles de mujeres que necesitan la seguridad de que serán atendidas en los hospitales públicos, si se encuentran dentro de los casos de abortos no punibles.

Es muy necesario que estos legisladores y legisladoras justicialistas, que votaron concientemente la aprobación de la ley 2394 y hoy no se animan a sostener esa decisión, piensen por un momento en las miles de mujeres que se someten a abortos clandestinos con peligro para sus vidas. Que se acuerden de la joven santafesina Ana María Acevedo, quien murió en mayo de este año porque los médicos de un hospital se negaron a practicarle un aborto. Ana María estaba embarazada de 3 semanas, y necesitaba tratamiento oncológico para un cáncer de maxilar que padecía. La joven murió 21 días después que su beba, quien había nacido a las 24 semanas de gestación. Tenía 20 años y era madre de 3 pequeños hijos, hoy huérfanos y al cuidado de su abuela materna.

Piensen que la reglamentación de los abortos no punibles y la despenalización del aborto, es una necesidad de la sociedad, no sólo de las mujeres, sobre todo de los sectores más vulnerables.

No ser hipócritas

En un país donde se realizan entre 500 mil y 700 mil abortos clandestinos por año, y donde la muerte materna es la principal causa de mortalidad femenina, está claro que estas intervenciones quirúrgicas se practican sin que el Estado pueda evitarlas. Miles de esas mujeres que se someten a un aborto y otros tantos médicos que los practican son católicos. Son los casos como el de Ana María los que busca evitar la ley 2394.

El resto de los abortos sigue siendo un privilegio de las mujeres que pueden pagarlos, a médicos que no se niegan a practicarlos a cambio de altos honorarios. Cuando se asume una posición a favor o en contra de la despenalización del aborto, se trata simplemente de no ser hipócritas.