25 de octubre de 2018

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ALAN GARCIA: NO LE CONVIENE LA EXTRADICION DE FUJIMORI

Por: Andrés López Vergara.

18 de septiembre de 2007

(Nota de redacción). Si hay un interesado especial para que Fujimori no sea extraditado al Perú, ese es Alan García Pérez. El temor de que Fujimori sea extraditado al Perú y aterrice en Lima, es que el “chinito”, tiene varias maletas repletas de videos comprometedores. Muchos de esos videos contienen filmaciones de los altos dirigentes del APRA cuando eran asiduos visitantes del Servicio de inteligencia Nacional (SIN). No fue solo Agustín Mantillla el que recibía dinero del SIN para financiar el partido y la campaña electoral de Alan García. Para evitar que la extradición se concretice, el gobierno está usando un método que en ultimas instancia les podría dar buenos resultado. Cuando ya los jueces chilenos se han decidido por la extradición el Perú va a presentar una nueva demanda de extradición de Fujimori, lo que en términos legales significa que Fujimori debe permanecer en Chile hasta ventilar las nuevas acusaciones. Así se deduce de la nota periodística del diario La Nación que mas abajo reproducimos.

Sala Penal de la Corte Suprema se habría inclinado por extradición de Alberto Fujimori

(La Nación, Chile 14 de septiembre). El fallo aún no está firmado porque uno de los ministros disidentes, Nibaldo Segura, estará fuera de Santiago hasta el próximo jueves. El nuevo pedido de extradición que sería enviado por Perú la próxima semana podría variar el panorama.

La suerte de Alberto Fujimori parece estar echada. Una fuente cercana al caso señaló a La Nación que los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema habrían votado a favor de la extradición del ex Presidente peruano en dos casos de violaciones de los derechos humanos y uno de corrupción.

Los trascendidos indican que los magistrados Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros fueron los votos disidentes en estos tres casos, pues habrían tomado en cuenta los argumentos sobre prescripción y la falta de pruebas que acrediten la participación directa del ex Mandatario en los delitos.

El análisis de los casos no estuvo exento de polémica, puesto que durante las sesiones de votación caso por caso, la indecisión de un ministro dejaba las cosas empatadas. Incluso hubo un acuerdo preliminar el pasado lunes que negaba la extradición, pero al otro día se llegó al consenso de que Fujimori deberá enfrentar la justicia peruana.

Los casos por los que sería extraditado correspondería a las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, mientras que el de corrupción sería el soborno a parlamentarios peruanos por parte de Vladimiro Montesinos. Los demás cuadernos de extradición fueron rechazados y los argumentos serán dados a conocer caso por caso en las 150 páginas que tendrá el fallo.

Según el expediente, el grupo Colina, liderado por Montesinos, mató a 15 personas en la región de Barrios Altos y detuvo en la Universidad de la Cantuta a un profesor y nueve estudiantes, que fueron torturados y asesinados.

En principio la resolución se iba a dar a conocer ayer jueves, pero un magistrado se opuso con el argumento que quería estar seguro que su voto disidente estuviera bien redactado. Finalmente se acordó como fecha tope el próximo jueves, debido a que todos los ministros querían leerlo antes de estampar su firma.

La Sala Penal está integrada, además de Ballesteros y Segura, por Jaime Rodríguez Espoz, Hugo Dolmestch, y Alberto Chaigneau.

Nuevo Pedido de extradición

En tanto, Perú presentará una nueva demanda de extradición de Fujimori, por el delito de homicidio en agravio de un recluso acusado de integrar la guerrilla Sendero Luminoso durante un motín carcelario en 1992.

De concretarse el envío del nuevo pedido, el panorama podría cambiar a causa de que se comenzaría un nuevo juicio en Chile del otrora jefe de Estado, con lo que tendría que pasar todo el proceso experimentado hasta ahora y dejaría en espera su envió a Perú.

En 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación resolvió que 42 internos de la cárcel Castro Castro, entre ellos Bardales, fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado, en el sofocamiento de un motín.

La matanza se produjo entre el 6 y 9 de mayo de 1992, un mes después del autogolpe de Estado perpetrado por Fujimori el 5 de abril de ese año en que clausuró el Congreso e instauró un "gobierno de emergencia y reconstrucción nacional".

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