7 de octubre de 2023

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CEPAL: EL HAMBRE Y LA POBREZA SIGUE CRECIENDO EN AMERICA LATINA

En 2007 se incrementaron más de 4 millones de pobres extremos.

13 de diciembre de 2008

El alza del precio de los alimentos del año 2007 y parte de este año habría impedido que unos 4 millones de personas salieran de la pobreza e indigencia en América Latina, contrarrestando parcialmente los avances logrados en crecimiento y distribución de ingresos.

Así lo asegura el Panorama Social 2007 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presentado hoy aquí, precisando que la pobreza ya afecta en la región a 182 millones de personas, un 33,2% de la población, y la indigencia aumentó en el último año de 68 millones a 71 millones de personas.

Indica que pese a que se ha mitigado la espiral de precio de alimentos y combustibles, "el impacto de la crisis financiera internacional hace prever una desaceleración del crecimiento de la región, lo que a su vez implicaría un comportamiento aún menos favorable de la situación de pobreza el próximo año"

Para 2009, el organismo anticipó un pronóstico sombrío, al prever que el empleo se estancará y golpeará duramente a los trabajadores por cuenta propia y a los asalariados informales. Por ello, la pobreza aumentará probablemente, prolongando la tendencia negativa iniciada este año.

La elevación de los precios acumulada en 2007 y 2008 estaría teniendo "su mayor impacto sobre la indigencia en Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela y Uruguay. En estas naciones, además de Costa Rica, "el alza de los precios de los alimentos sería la causa de un incremento del 15% o más del número de personas pobres".

Señala que hasta el 2007, América Latina se encontraba bien encaminada para cumplir con la primera meta de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio referida a la pobreza. El porcentaje de indigentes era de 12,6% y estaba cerca de la cifra-meta que es de 11,3% para el 2015.

Hasta ahora, Brasil, Chile, Ecuador y México han alcanzado esa primera meta de la ONU, a los que podría sumarse Costa Rica, que presenta un 95% de avance de cumplimiento.

Por su parte, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú y Venezuela han avanzado a un ritmo similar o superior al esperado, con porcentajes de progreso de entre un 65% y un 90%. El resto de los países latinoamericanos muestran retrasos en la consecución de ese objetivo.

De acuerdo con el informe, las mayores brechas entre la situación actual y el umbral propuesto se observan en Bolivia, Guatemala, Honduras y Paraguay.

CEPAL advierte que la crisis financiera y la desaceleración de la economía mundial generan dudas respecto a la factibilidad de alcanzar dicha meta de pobreza en el 2015.

Otro tema que se aborda es la desigualdad en la distribución del ingreso, siendo América Latina "la región más desigual del mundo", donde el promedio de ingreso per cápita del quintil más rico de la población supera en promedio 20 veces al del más pobre, con un rango que oscila entre 10 veces (Uruguay) y 33 veces (Honduras).

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela presentan una importante reducción de la brecha en la distribución, tanto por el aumento en la participación en los ingresos de los sectores más pobres como por reducción registrada en los hogares ricos.

En este rubro se registraron mejoras también en Bolivia, Brasil y Nicaragua, mientras que el grupo formado por Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay manifestó un estancamiento relativo en su estructura distributiva.

A su vez, Guatemala, Honduras y República Dominicana aumentaron las brechas entre los grupos más ricos y más pobres de la escala de distribución.

Para hacer frente a los efectos sociales de la crisis financiera, CEPAL recomienda a los gobiernos sostener los niveles de gasto social, reforzando el apoyo a los grupos vulnerables y luchando contra la desnutrición infantil.

Además sugiere dar apoyo para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a los créditos y enfrentar el desempleo y la disminución del ingreso con programas de inversión pública en infraestructura, ampliar el seguro de desempleo y desarrollar otras medidas de protección social.